I. ANTECEDENTES:

1. El 15 de abril de 1991 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia.

2. En la denuncia se sostiene que entre 1970 y 1978 el Juez Fred G. DiBona emitió órdenes de arresto fraudulentas contra miembros de la Move Organization. (Se alega que "MOVE" es una Organización Revolucionaria motivada por las enseñanzas de su fundador John Africa, cuyo propósito es enfrentar y demostrar la injusticia existente). Ello permitió que se cometieran diversos actos de brutalidad por parte de la policía y del Gobierno contra miembros de la Move Organization, incluyendo mujeres, mujeres embarazadas y niños, con el propósito de eliminarlos. Estos actos de brutalidad culminaron con la muerte de varios niños de Move.

II. HECHOS DENUNCIADOS:

1. Con anterioridad al 13 de mayo de 1985, el Alcalde de Filadelfia afirmó en la radio pública que quería "eliminar en forma permanente" a "Move". Luego de varios meses de planificación por parte de funcionarios públicos de Filadelfia, del Estado de Pennsylvania, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Agentes del FBI y de ATF, del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Oriental y de miembros del Departamento de la Policía, el 11 de mayo de 1985 se emitieron órdenes de arresto contra varios miembros de Move Organization a raíz de incidentes no violentos ocurridos el 29 de abril de 1985.

2. El 12 de mayo de 1985, miembros de la fuerza policial comenzaron a evacuar las viviendas de la Avenida Osage al 6200, residencia y sede de la Move Organization, con el pretexto de ejecutar esas órdenes de arresto, y en las primeras horas del 13 de mayo de 1985, más de 100 policías rodearon la residencia de los miembros de Move. En ese momento se encontraban en la casa 13 miembros de la organización, incluidos seis niños. En los primeros 90 minutos, la policía empezó a atacar la casa con gases lacrimógenos, mangueras de alto poder, granadas especiales, 10.000 balazos y explosivos. La policía luego arrojó en el techo de la casa una bomba C-4, suministrada por el Gobierno Federal. La bomba inició un incendio, no obstante lo cual, ni la policía ni los bomberos tomaron medida alguna para sofocarlo.

3. Los miembros de la organización gritaron reiteradamente que querían retirar a los niños y la señorita Africa trató de sacar a los niños de la casa, pero enfrentaron una lluvia de balazos de la policía, lo que los obligó a volver al incendio. Por último, la señorita Africa y Birdie Africa lograron atravesar el fuego y los balazos de la policía. La señorita Africa fue inmediatamente arrestada por la policía y Birdie Africa quedó también bajo custodia. Ellas sufrieron quemaduras graves y debieron ser hospitalizadas. La señorita Africa se enteró luego de que seis adultos, cinco niños, sus perros y sus gatos, habían muerto.

4. La señorita Africa fue acusada y procesada por conspiración y provocar disturbios, recibiendo una sentencia de 16 meses a siete años de cárcel. Sin embargo, ninguno de los funcionarios públicos fue procesado o responsabilizado por la muerte de los miembros de "Move". Dos grandes Tribunales, a nivel del Estado y a nivel Federal, se negaron a encausarlos, y el Fiscal de Distrito de Filadelfia se negó a procesarlos.

III. EN LA DENUNCIA EL PETICIONARIO SOLICITA QUE:

1. Se responsabilice a los funcionarios públicos por el asesinato premeditado de 11 miembros de "Move", incluyendo a cinco niños, muertos el 13 de mayo de 1985, y que la Comisión haga lo que es justo y correcto. Los funcionarios públicos que en la denuncia son acusados de cometer las violaciones son Wilson Goode, Alcalde de Filadelfia; Gregore Sambor, Comisionado de la Policía; William Richmond, Comisionado del Cuerpo de Bomberos; el ex Director de Administración, General Leo Brooks; el Teniente Frank Powell, del Departamento de Policía de Filadelfia, y Harvey Clark, Maida Odom y Bill Steinmetz.

IV. A ESTE RESPECTO, LA SOLICITANTE DENUNCIA LA VIOLACIÓN DE:

1. Los artículos I a V, VII, VIII, IX, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

2. Los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 16, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

V. PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN:

1. Al recibo de la denuncia el 15 de abril de 1991 y hasta el 4 de agosto de 1992, la Comisión, por conducto de su Secretaría, cumplió todos los requisitos de procedimiento que estipulan los artículos 30 a 35 de su Reglamento. A este respecto, la Comisión se comunicó con la peticionante y con el Gobierno de los Estados Unidos y estudió, consideró y examinó toda la información presentada por las partes.

2. La Comisión envió siete notas y recibió otras cinco del Gobierno de los Estados Unidos. Dos de las notas del Gobierno abordaban los temas presentados en la denuncia. Las mismas contenían argumentos afirmando que la petición es inadmisible debido a que la peticionante no ha demostrado la invocación y el agotamiento de las vías jurídicas nacionales y que éstas no se habían agotado.

3. La Comisión transmitió cinco notas y recibió otras cinco de la peticionante y varios adjuntos abordando la cuestión planteada en la denuncia. En una de las notas, la peticionante enmendó la queja para sostener que todos los recursos penales nacionales habían sido invocados y ahora estaban agotados.

VI. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES

A. Primera presentación del Gobierno demandado (contenida en nota recibida el 3 de diciembre de 1991) afirmando que:

Los Estados Unidos sostienen que la petición debe considerarse inadmisible por la Comisión en razón de lo siguiente:

La petición es inadmisible porque la peticionante no ha invocado el agotamiento de los recursos jurídicos de la legislación nacional

1. La peticionante no ha invocado el agotamiento de los recursos de la legislación nacional y en su petición no ha proporcionado información respecto de si los recursos previstos en la legislación nacional se han agotado. De manera que la petición es inadmisible de acuerdo con los artículos 32 y 37 del Reglamento de la Comisión.

La petición es inadmisible porque la peticionante no ha agotado los recursos jurídicos que pone a su disposición la legislación nacional

2. La peticionante, en efecto, no ha agotado los recursos jurídicos de la legislación nacional. La peticionante se encuentra en la actualidad (y se encontraba en momentos en que presentó su comunicación a la Comisión) en el curso de una acción civil, Acción Civil N 87-2768, entablada en 1987, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Oriental de Pennsylvania.

3. Este litigio fue entablado contra el Municipio de Filadelfia y contra los siguientes ex funcionarios y empleados municipales: W. Wilson Goode, Alcalde; Leo Brooks, ex Director de Administración; Gregorio Sambor, ex Comisionado de Policía; Williams Richmond, ex Comisionado de Bomberos; Edward Powell, Departamento de Policía de Filadelfia, y Albert Revel, Michael Tursi, William Klein y el Procurador Adjunto de la Municipalidad de Filadelfia. Todas estas personas están incluidas en la petición como autores de las presuntas violaciones.

4. Las denuncias de la reclamante surgen de la misma cuestión, el enfrentamiento entre la organización "Move" y el Municipio de Filadelfia, el 13 de mayo de 1985, y conforman la sustancia de la denuncia presentada ante la Comisión. Las causas de la acción planteada en la petición son violaciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. SS 1983 y 1985, así como diversas reclamaciones pendientes por negligencia contra individuos que la peticionaria identifica en su comunicación.

5. La peticionante no puede afirmar que se le esté negando o se le haya negado el debido proceso o el acceso a recursos de la legislación nacional para invocar la jurisdicción de la Comisión. Los literales a) y b) del párrafo 2 del artículo 37 del Reglamento de la Comisión. Aún está abierta la etapa de deposiciones del litigio, aunque ha vencido el plazo para nuevas solicitudes de deposiciones.

6. Además, esta acción se lleva adelante en los tribunales estadounidenses sin demoras indebidas. El tribunal ha establecido un calendario para la presentación de escritos antes del juicio que exige que los acusados presenten todas las peticiones antes del 31 de diciembre de 1992 y que la demandante responda, a más tardar, en enero de 1992.

7. La exigencia del agotamiento de los recursos jurídicos de la legislación nacional ha sido reconocida y bien establecida en la práctica de la Comisión. (Véase, por ejemplo, Wilfong contra los Estados Unidos (Caso 7967) (30 de junio de 1983); Soto contra Estados Unidos (Caso 1773) (Octubre de 1974). De manera que la petición es inadmisible en virtud de los requisitos estipulados por el artículo 37 del Reglamento de la Comisión y según las disposiciones del artículo 20 del Estatuto de la Comisión.

8. La petición es incompleta y, por tanto, inadmisible, porque la peticionante no ha proporcionado información respecto de si ha agotado los recursos jurídicos de la legislación nacional. El literal d) del artículo 32 del Reglamento de la Comisión exige que las peticiones incluyan "información sobre la circunstancia de haber hecho uso o no de los recursos de jurisdicción interna o sobre la imposibilidad de hacerlo".

9. Conforme al literal a) del artículo 41 del Reglamento de la Comisión, ésta debe declarar que una petición es inadmisible en los casos en que "falte alguno de los requisitos establecidos en el artículo 32 de este Reglamento" (énfasis del autor). Dado que la peticionante no ha agotado totalmente los recursos jurídicos de que dispone en la legislación de los Estados Unidos, la petición evidentemente no satisface el requisito de agotamiento, por lo cual en esta comunicación no se abordan en detalle las interpretaciones de la ley y las afirmaciones fácticas presentadas en la petición.

B. PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA PETICIONANTE (Recibida el 10 de febrero de 1992), en la que afirma:

Debe permitirse que la peticionante enmiende su petición para argumentar sobre los aspectos vinculados al agotamiento de los recursos jurídicos de la legislación nacional

1. La peticionante sostiene que entabló el presente juicio pro se, y que recurrió a la defensa letrada varios meses después de presentada la demanda. La legislación nacional establece claramente que las peticiones pro se habrán de juzgarse con normas menos rigurosas que las que se aplican a las preparadas por letrados. Heines contra Kerner, 404 U.S. 519. La política y la práctica de la Comisión ha sido también la de permitir cierta benevolencia a este respecto para con los peticionantes pro se.

2. Además, la peticionante no ha tenido ninguna formación jurídica formal, particularmente en la especializada esfera del derecho internacional sobre derechos humanos. Tampoco ha contado la peticionante con un inmediato acceso a material jurídico internacional, debido a su encarcelamiento, lo cual le hubiera dado mayor orientación sobre las exigencias específicas en la preparación de la petición. De manera que no debiera aplicarse a la peticionante la rigurosa norma que el Gobierno afirma se debe aplicar.

3. Por último, los demandados no se verán perjudicados por la inclusión en esta etapa de las argumentaciones de la peticionante respecto al agotamiento de los recursos jurídicos internos. En efecto, los demandados ya han anticipado los argumentos de la peticionante y han proporcionado su respuesta a los mismos. Debiera permitirse ahora que la peticionante presente su alegato y su argumentación respecto de la cuestión del agotamiento de los recursos jurídicos nacionales.

La peticionante ha agotado todos los recursos de la vía penal

1. Es incuestionable por los demandados que la peticionante fue declarada culpable de disturbios y conspiración el 9 de febrero de 1986. También es incontrovertible que el 18 de febrero de 1986 la peticionante presentó peticiones posteriores al veredicto que le fueron denegadas el 14 de abril de 1986. Las partes también concuerdan en lo siguiente:

2. La peticionante se presentó a la Corte el 22 de abril de 1986 solicitando la reconsideración de su sentencia. La peticionante apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones el 25 de abril de 1986. La Corte de Apelaciones denegó la solicitud de la peticionante el 11 de mayo de 1987. La peticionante presentó entonces su petición de autorización de la apelación ante la Corte Suprema el 9 de octubre de 1987, lo cual también le fue denegado el 19 de febrero de 1988.

3. De manera que la peticionante ha agotado todas las vías del derecho penal nacional. La legislación nacional dispone que sólo por la vía antes mencionada una persona convicta de un delito en los Estados Unidos de América puede obtener un alivio de la pena y así ser liberada de la cárcel.

4. La peticionante solicita que se le libere a ella y a los demás miembros de la organización "Move" que se encuentran injustamente encarcelados. (La peticionante fue liberada de la cárcel el 13 de mayo de 1992, por lo cual ese argumento no se aplica a su caso. La peticionante alegó asimismo que otros miembros de "Move" que estaban encarcelados habían también agotado los recursos jurídicos de la legislación nacional y citó sus nombres, que se omiten porque todos tienen fechas de arresto previas al 13 de mayo de 1985).

La peticionante ha agotado todas las vías jurídicas que permitirían el encausamiento de los demandados

1. La peticionante ha agotado todas las vías que permitirían el encausamiento penal de los demandados y, como parte de su petitorio, solicita que se determine la responsabilidad penal de los demandados por sus actos. Con respecto a los hechos del 13 de mayo de 1985, el Gran Jurado de Investigación del Condado y el Gran Jurado Federal no instruyeron ninguna acción penal contra ninguno de los demandados.

2. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también llegaron a la errónea conclusión de que no correspondía instruir una acción penal contra los demandados. Además, la Comisión investigadora especial de Filadelfia no tenía autoridad para instruir cargos contra nadie.

3. Con respecto a los reiterados incidentes de brutalidad policial contra mujeres embarazadas de la organización Move", en ningún caso se consideró acusación alguna contra la policía. Tampoco se instruyeron cargos por el asesinato del bebé Life Africa.

Las vías de acción civil de la peticionante son insuficientes para proporcionar reparación

1. La citada acción civil N 87-2678 se refiere únicamente a las violaciones de los derechos civiles de la peticionante protegidos a nivel nacional que fueron perpetradas por los mencionados acusados en relación con los hechos en torno del ataque a la casa "Move" el 13 de mayo de 1985.

2. Ello no se relaciona con otros hechos presentados como violaciones a las normas de los derechos humanos internacionales citados en la petición a consideración de la Comisión. Tampoco se relaciona su reclamación civil con las violaciones de los derechos civiles de otros miembros de "Move". De manera que los demás miembros de "Move" y la peticionante están fuera del plazo estatutario para iniciar una acción civil en su propio nombre.

3. Además, si la peticionante insiste en la acción civil, la única forma de reparación será una compensación monetaria por la herida que se le infligiera. No se impondrá ninguna condena criminal contra los acusados mencionados en esa acción por su violación de la ley.

La peticionante no puede obtener un proceso debido adecuado en ninguna acción nacional

1. La Comisión ha sostenido en el pasado que en los casos en que autoridades de alto nivel del Gobierno hayan formulado declaraciones que exoneran a los involucrados, existen serios indicios de una actitud negativa respecto a imponer el castigo que los responsables de un delito merecen. Esa actitud negativa constituye un indicio firme de que se ha negado a la víctima el debido proceso en lo que se refiere al agotamiento de los recursos de que dispone por la vía jurídica nacional. Literal b, párrafo 2), artículo 37 y Resolución N 01a/88, caso 9755, Chile, 12 de septiembre de 1988.

2. Tales indicios existen en el caso en consideración. Los jueces, los procuradores de distrito, el Alcalde y el Gobernador han demostrado todos en sus acciones y en sus declaraciones que en lo que respecta a "Move" no fueron capaces de adoptar decisiones imparciales. Además, los responsables y potencialmente posibles de sanción son altos funcionarios de Gobierno que en última instancia controlaban los órganos investigadores con autoridad para instruir acciones penales.

C. Segunda presentación del Gobierno demandado (Recibida el 30 de julio de 1992) en la que se afirma:

La peticionante no ha agotado los recursos jurídicos de la legislación nacional, conforme lo exige el artículo 37

1. El Gobierno demandado reiteró su primera respuesta y sostuvo que la reclamación de la peticionante no debe considerarse en virtud del artículo 37 del Reglamento de la Comisión puesto que no ha agotado la vía jurídica en la legislación nacional. Los incidentes que forman la base de la denuncian de la peticionante son objeto de un litigio en curso, la Acción Civil N 87-2678, en los tribunales nacionales de los Estados Unidos.

2. La peticionante procura una reparación monetaria, entre otras cosas, por presuntas violaciones de sus derechos civiles al amparo de la Ley de derechos civiles de 1964, 42 U.S.C. SS 1983 y 1985, en las cortes federales, y por negligencia de parte del Municipio de Filadelfia y de varios actuales y ex funcionarios municipales.

3. Se encuentran actualmente pendientes varias peticiones de procedimiento ante el Magistrado Federal, que se espera fije fecha para el juicio a mediados de septiembre de este año. Una vez concluido el actual litigio, la peticionante dispone todavía de recursos en la legislación nacional, pues podría apelar una decisión desfavorable de la Corte de distrito ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el tercer circuito.

4. El artículo 37 del Reglamento de la Comisión no distingue en modo alguno entre las vías legales que ofrecen el derecho penal y el derecho civil de la nación. El Reglamento simplemente exige el agotamiento de todos los recursos jurídicos de la legislación nacional, y no meramente de aquellos recursos que la peticionante afirma preferir y que unilateralmente ha considerado "adecuados".

5. Los Estados Unidos señalan que ninguno de los instrumentos jurídicos a que ha recurrido la peticionante - ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ni la Constitución de los Estados Unidos - confieren a la peticionante el "derecho" a hacer que el Gobierno de los Estados Unidos inicie acción penal contra las personas a quienes ella acusa. El hecho de que la peticionante evidentemente prefiera este "recurso" particular no es pertinente al requisito de agotamiento de las vías jurídicas de la legislación nacional.

6. Los Estados Unidos rechazan enérgicamente la afirmación de que los diversos recursos civiles a que tiene derecho la peticionante en virtud del derecho estadounidense sean insuficientes para proporcionar reparación a alguna de sus reclamaciones en caso de que en última instancia se pruebe tiene mérito.

Las excepciones a la exigencia de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales contenida en el párrafo 2) del artículo 37 no son aplicables a la reclamación de la peticionante

1. El literal a), párrafo 2) del artículo 37 dispone que el requisito de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales no se aplicará en los casos en que "no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal, para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados". (Se omite este argumento del Gobierno dado que es incuestionable por ambas partes que efectuaron investigaciones la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Gran Jurado del Condado y el Gran Jurado Federal y que no se instruyó acción alguna contra ninguno de los funcionarios públicos involucrados.)

2. Que la peticionante no esté de acuerdo con los resultados de cuatro de estas investigaciones no significa que la legislación nacional no baste para ofrecerle un debido proceso legal que proteja un "derecho" que no existe.

3. La exigencia de agotamiento de los recursos jurídicos nacionales es evidentemente aplicable puesto que no se ha producido ningún retraso indebido en la emisión del fallo definitivo en la acción civil pendiente que entabló la peticionante contra el Municipio de Filadelfia.

4. Por tanto, no son aplicables las disposiciones del literal c, párrafo 2) del artículo 37, en razón de lo cual esta comunicación no aborda en detalle las interpretaciones de la ley ni las afirmaciones fácticas presentadas en la petición.

ASPECTOS JURÍDICOS:

La peticionante y el Gobierno demandado plantean tres cuestiones cruciales:

1. a) Debe darse una interpretación literal a la disposición del párrafo 1) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, que dispone que "se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos", en el sentido de que ello incluye los recursos penales y civiles?

b) O debe interpretarse que en este caso el requisito de "agotamiento de los recursos previstos en la jurisdicción nacional" sólo exige el agotamiento de los recursos penales previstos en la jurisdicción nacional?

c) Se han agotado en este caso los recursos de la jurisdicción nacional, o alguna de las excepciones establecidas en el artículo 37 del Reglamento eximen a los solicitantes de agotar los recursos de la jurisdicción nacional?

2. Los presuntos hechos, presentados por las partes, constituyen violaciones prima facie por un Estado miembro de la OEA de los derechos humanos conforme están reconocidos en la Declaración Americana?

3. En caso afirmativo, puede la Comisión:

a) Considerar intra vires que el Gobierno demandado y los demás demandados tienen responsabilidad penal por las presuntas violaciones? o

b) Ello está ultra vires las potestades de la Comisión?

ANÁLISIS:

a) SE DEBE INTERPRETAR EL PÁRRAFO 1) DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EN FORMA LITERAL EN EL SENTIDO DE QUE INCLUYE LOS RECURSOS CIVILES Y PENALES

1. La peticionante ha presentado argumentos conforme a los cuales sostiene que ha agotado todas las vías previstas en la legislación penal nacional. El demandado Gobierno de los Estados Unidos presentó dos escritos en los que argumenta que no debe hacerse lugar a la solicitud de la peticionante porque no se han agotado todos los recursos de que dispone la peticionante en la legislación nacional.

2. El Gobierno argumenta que la peticionante participaba y participa en una acción en curso por las cuestiones que plantea en la denuncia presentada a la Comisión. En ese litigio la peticionante inició una acción por presunta violación de los derechos civiles y por negligencia contra distintos funcionarios y personas que nombra en la petición como presuntos violadores de sus derechos humanos.

3. El párrafo 1 del artículo 37 del Reglamento de la Comisión dispone que "para que una petición pueda ser admitida en la Comisión, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos".

4. De la lectura del párrafo 1 del artículo 37 del Reglamento de la Comisión parece desprenderse que la intención de los redactores del artículo es que el mismo se lea en forma literal, a efectos de significar que los "recursos" de que se dispone en la jurisdicción nacional tendrán que ser invocados y agotados.

5. De manera que si en la jurisdicción nacional de un Estado se dispone solamente de recursos penales, entonces tendrán que invocarse y agotarse los recursos penales. Si, por el contrario, un Estado ofrece solamente recursos civiles, habrán de invocarse y agotarse los recursos civiles. Pero en el caso de un Estado que ofrece recursos civiles y penales para la misma presunta violación, el peticionante tendrá que invocar y agotar ambos tipos de recursos.

6. Quienes formularon el artículo no establecieron distinción alguna al redactar esta parte entre recursos civiles y penales, pues si hubieran decidido que el propósito de esta sección era referirse únicamente a los "recursos penales" y no a los recursos civiles o de otro tipo, así lo hubieran especificado.

7. Puede servir de ayuda la Opinión Consultiva OC-11/90, del 10 de agosto de 1990, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a cómo debe interpretarse el término "recursos" en el contexto de los párrafos 1 y 2 del artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El literal a) del párrafo 1) del artículo 46 y los literales a), b) y c) del párrafo 2) del artículo 46 reiteran los mismos temas contenidos en los párrafos 1) y 2) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, en relación con el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.

8. Aunque la opinión consultiva no trata específicamente el significado del tipo de recursos a que se refiere el párrafo 1) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión, la Corte examinó la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna con respecto a "la indigencia o la incapacidad de una persona para obtener representación legal en razón de una prevención generalizada en la comunidad jurídica para tomar esos casos."

9. Al abordar esos temas, la Corte consideró el artículo 1, obligación de respetar los derechos; el artículo 24, Igualdad ante la Ley y el artículo 8, Garantías Judiciales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte interpretó que los "recursos" son derechos de las personas garantizadas por la Convención, ya sean esos derechos penales, civiles, laborales, fiscales o de otra naturaleza.

10. En la página 9, párrafo 27, la Corte afirma que "en los casos en que el acusado se ve obligado a defenderse por sí mismo debido a que no puede pagar un asesoramiento jurídico, "en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse así mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse una violación del artículo 8 de la Convención si se puede probar que esa circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho artículo".

11. En el párrafo 28, la Corte afirmó que: en materias que conciernen con la "determinación de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" el artículo 8 no especifica "garantías mínimas", como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de "debidas garantías" se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal".

12. De modo que, dado que la peticionante ha adquirido "derechos" (en razón de los presuntos hechos contenidos en la petición) por las presuntas violaciones de sus derechos humanos al amparo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la peticionante también ha adquirido el derecho a "recursos," sean éstos de naturaleza civil o penal, o revistan ambas características. Habiendo adquirido el derecho a estos recursos, debe invocarlos y agotarlos, cosa que ha hecho al apelar su condena ante la Corte de Apelaciones de mayor jerarquía y al iniciar la acción civil en la Corte Federal, donde actualmente lleva una acción por daños y perjuicios en razón de la violación de sus derechos civiles por negligencia y otras reclamaciones.

b) LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL HAN SIDO INVOCADOS PERO NO HAN SIDO AGOTADOS POR LA PETICIONANTE Y, POR TANTO, SON INAPLICABLES LOS PÁRRAFOS 2) Y 3) DEL ARTICULO 37

1. Pese a que esta petición debe interpretarse al amparo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, dado que la denuncia se entabla contra los Estados Unidos, firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque no la ha ratificado, podría utilizarse la asistencia y la orientación de la Corte, por intermedio de la mencionada opinión consultiva, para interpretar el párrafo 1) del artículo 37 de la Comisión con respecto al significado de los "recursos jurídicos de la legislación nacional" que se estipulan en esa sección.

2. Por tanto, conforme se han examinado los recursos a que la peticionante ha adquirido derecho, sean ellos de carácter penal, civil, laboral, fiscal o de otra naturaleza, a estar a la opinión consultiva de la Corte, los mismos deben ser invocados y agotados conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 37 del Reglamento de la Comisión. Sin embargo, dado que la peticionante ha invocado y está utilizando esos recursos en los tribunales, los recursos previstos en la jurisdicción nacional no han sido agotados y, por tanto, no son aplicables los párrafos 2 y 3 del artículo 37.

3. Además, la peticionante procura ampararse en el agotamiento de la vía penal, que concluyó de manera definitiva el 18 de febrero de 1988 con la denegación de su apelación ante la Corte de Apelaciones. La Comisión recibió su petición el 15 de abril de 1991. Por tanto, si la Comisión fuera a considerar el agotamiento de los recursos penales de la peticionante en el vacío, su petición a la Comisión sería cursada en última instancia al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 38, y considerada inadmisible.

4. El párrafo 1 del artículo 38 dispone que la Comisión "se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos.

5. El párrafo 2 del artículo 38 dispone una excepción, pero estipula que "el plazo para la presentación de una petición a la Comisión será un período de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos, considerando las circunstancias de cada caso concreto".

6. Por tanto, habiendo concluido que el párrafo 1 del artículo 37 exige que se hayan invocado y agotado los recursos penales y civiles previstos en la jurisdicción nacional, la petición fue presentada en tiempo y fecha.

7. Sin embargo, habiendo concluido que la petición a esta altura es inadmisible, en razón de que los recursos previstos en la jurisdicción nacional han sido invocados pero no agotados, la Comisión no necesita considerar las otras dos cuestiones planteadas con respecto al mérito de la demanda.

DECLARA:

1. Que la petición es inadmisible debido a que la peticionante no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna.