INFORME Nº 100/01

CASO 11.381

MILTON GARCÍA FAJARDO Y OTROS

NICARAGUA  

11 de octubre de 2001

 

 

I.          RESUMEN

 

1.          El 7 de junio de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); posteriormente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió como co-peticionario (en adelante los “peticionarios”), contra la República de Nicaragua (en adelante el “Estado” o el “Estado nicaragüense” o “Nicaragua”), en la cual se denuncia el error judicial contenido en la Sentencia Nº 44 sobre el recurso de amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.  Los peticionarios alegan que como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por las autoridades administrativas y judiciales quedaron desempleados 142 trabajadores de Aduanas,[1] de quienes dependen económicamente más de 600 familiares, de los cuales más de la mitad son niños.

 

2.          Según la denuncia, el 26 de mayo de 1993, los trabajadores de aduanas iniciaron una huelga, después de haber gestionado infructuosamente ante el Ministerio de Trabajo la negociación de un pliego de peticiones que demandaba, entre otras cosas, la reclasificación nominal de los cargos propios y comunes de la Dirección General de Aduanas, estabilidad laboral, indexación del 20% de los salarios de acuerdo a la devaluación, etc.  El Ministerio de Trabajo resolvió, el 27 de mayo de 1993, declarar ilegal la huelga alegando que el artículo 227 del Código de Trabajo no permitía el ejercicio de ese derecho a los trabajadores del servicio público o de interés colectivo.

 

3.          El 7 de junio de 1993 los trabajadores de aduanas interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones, en contra de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia declarara la supremacía de la Constitución sobre la legislación laboral. El Tribunal de Apelaciones resolvió, mediante sentencia interlocutoria, suspender los despidos que las aduanas estaban realizando.  A pesar de ello, las autoridades de aduanas despidieron a 142 trabajadores, en su mayoría líderes de base.

 

4.          Los peticionarios indicaron que la Corte Suprema de Justicia emitió la  Sentencia Nº 44/94, relativa al recurso de amparo, un año después de interpuesto éste, confirmando la resolución del Ministerio de Trabajo en cuanto a la ilegalidad de la huelga. Igualmente, los peticionarios señalaron que los magistrados se fundamentaron en hechos ocurridos un año antes de la huelga de aduanas, argumentando que los trabajadores habían colocado obstáculos en la pista de aterrizaje, asunto que había sucedido con los empleados de AERONICA y no con los trabajadores de aduanas.

 

5.          Los peticionarios denunciaron también el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía durante la huelga realizada por los trabajadores aduaneros el 9 y 10 de junio de 1993.

 

6.          Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación de los derechos: a la integridad personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), indemnización por error judicial (artículo 10), asociación (artículo 16) y protección judicial (artículo 25), consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención”).

 

7.          El 12 de marzo de 1997, durante su 95º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe Nº 14/97, mediante el cual declaró el caso Nº 11.381 admisible.[2]  En el mismo informe, la CIDH se puso a la disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto.  Sin embargo, el Estado rechazó toda posibilidad de arreglo amistoso.

 

8.          Al examinar los méritos del caso, la Comisión aprobó el Informe Nº 80/00, el 4 de octubre de 2000, durante su 108º período de sesiones, según lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana, concluyendo que el Estado de Nicaragua violó en perjuicio de Milton García Fajardo, Cristóbal Ruiz Lazo, Ramón Roa Parajón, Leonel Arguello Luna, César Chavarría Vargas, Francisco Obregón García, Aníbal Reyes Pérez, Mario Sánchez Paz, Frank Cortés, Arnoldo José Cardoza, Leonardo Solis, René Varela y Orlando Vilchez Florez, el derecho a la integridad, contenido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Asimismo concluyó que el Estado violó en perjuicio de Milton García Fajardo y los 141 trabajadores que comprende la presente denuncia, los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, y los derechos económicos, sociales y culturales, protegidos por los artículos 8, 25, y 26 del citado instrumento internacional, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) del mismo.  La Comisión recomendó al Estado de Nicaragua llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las lesiones ocasionadas en perjuicio de las personas mencionadas en el párrafo anterior y sancionar a los responsables con arreglo a la legislación nicaragüense. Igualmente recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para que los 142 trabajadores aduaneros que presentaron esta demanda reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones establecidas.

 

9.          La Comisión transmitió el Informe 80/00 al Estado de Nicaragua el 24 de octubre de 2000 y le otorgó un plazo de dos meses para que adoptara las medidas necesarias, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.  Por cuanto hasta el 11 de marzo de 2001 el caso no se había solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado, la Comisión aprobó el Informe 56/01 reiterando las conclusiones y recomendaciones adoptadas en el Informe Nº 80/00, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51(1) y (2) de la Convención Americana y otorgó al Estado un plazo de un mes para el cumplimiento de las mismas.

 

10.          El Estado dio respuesta el 16 de mayo de 2001, reiterando su posición contenida en la comunicación del 7 de marzo de 2001.  Los peticionarios presentaron su respuesta el 6 de julio de 2001, señalando que el Estado no había acatado las recomendaciones de la Comisión.  Con base a la información suministrada, la Comisión acordó la publicación del presente informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(3) de la Convención Americana.

 

II.          TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

 

11.          El 7 de junio de 1994, la Comisión recibió la denuncia relativa a los 142 trabajadores aduaneros de Nicaragua, la cual fue ampliada el 13 de septiembre del mismo año con los nombres de cada uno de ellos. El 21 de septiembre de 1994, la Comisión registró el caso bajo el Nº 11.381 y transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición, solicitándole que suministrara información sobre los hechos materia de dicha denuncia dentro del plazo de noventa días.  Asimismo, solicitó cualquier elemento de prueba que permitiera apreciar si en el presente caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.

 

12.          El Estado dio respuesta el 27 de octubre de 1994 y solicitó a la Comisión que declarara inadmisible el caso 11.381, de acuerdo con los artículos 47(d) de la Convención y 39(b) del Reglamento de la CIDH, en vista de que se encontraba pendiente de arreglo ante otra organización internacional.  Indicó que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estaba conociendo del caso bajo el Nº 1719, desde el 6 de junio de 1993, por denuncia interpuesta originalmente por la Central Sandinista de Trabajadores y la Unión Nacional de Empleados.  El 7 de noviembre de 1994 se dio traslado al peticionario.  El 21 de diciembre de 1994, los peticionarios remitieron a la CIDH sus observaciones, las cuales fueron transmitidas al Estado el 14 de febrero de 1995.

 

13.          El 24 de marzo de 1995, los peticionarios suministraron información adicional, reiterando los términos de su denuncia.  El 30 de marzo de 1995, el Estado de Nicaragua presentó su respuesta en relación con las observaciones formuladas por los peticionarios.  La Comisión dio traslado a los peticionarios el 4 de abril de 1995 del contenido de la respuesta elaborada por el Estado de Nicaragua.  El 30 de mayo de 1995, la Comisión transmitió al Estado de Nicaragua las partes pertinentes de la información adicional suministrada por los reclamantes.

 

14.          Los peticionarios presentaron sus observaciones mediante nota del 8 de junio de 1995, en la cual solicitaron a la Comisión que dirimiera el conflicto de competencias entre el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la Comisión Interamericana.  El 12 de julio de 1995, la Comisión transmitió al Estado la información adicional suministrada por los reclamantes. Durante los meses de junio y julio de 1995 se recibieron numerosas comunicaciones de los peticionarios, en donde se refirieron a su situación económica.  El 13 de julio de 1995, la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la información adicional suministrada por los reclamantes.  El 3 de octubre de 1995, el Estado remitió información adicional que se refería a las recomendaciones formuladas al Estado por el Comité de Libertad Sindical relativas a la denuncia Nº 1719.  El 12 de octubre de 1995, la Comisión dio traslado a los peticionarios del contenido de la información suministrada por el Estado.  El 2 de noviembre de 1995, se remitió al Estado la información adicional suministrada por los reclamantes.

 

15.          El 23 de enero de 1996, la Comisión remitió al Estado las observaciones de los reclamantes, mediante las cuales rechazaron el argumento del Estado relativo a la litispendencia ante otra instancia internacional y reiteraron que la petición ante la OIT se refería a la violación de derechos laborales ocurridos con anterioridad al pronunciamiento de la Sentencia Nº 44, en tanto que la petición interpuesta ante la Comisión, tal y como lo han venido explicando en sus múltiples comunicaciones, tiene que ver con el error que se encuentra en la sentencia antes mencionada.  Entre los meses de marzo y abril de 1996, la Comisión continuó recibiendo numerosas comunicaciones de los trabajadores exponiendo la situación económica en que se encuentran desde la fecha en que fueron despedidos.  Dichas comunicaciones fueron remitidas oportunamente al Estado.

 

16.          El 12 de marzo de 1997, durante su 95º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe 14/97, mediante el cual declaró admisible el caso 11.381 relativo a Milton García Fajardo y otros.  A través de dicho informe, la CIDH consideró las condiciones de admisibilidad exigidas en los artículos 46 de la Convención y 32 y 38 del Reglamento de la CIDH.  Con respecto al agotamiento de los recursos internos, la Comisión consideró que los reclamantes habían acreditado haber hecho uso de los recursos de la jurisdicción interna, previstos por la legislación de Nicaragua. En lo que se refiere a la duplicidad de procedimientos ante organismos internacionales impugnada por el Estado de Nicaragua, la Comisión estableció su competencia basándose en lo siguiente:

 

El Comité de Libertad Sindical ha hecho una revisión del derecho de huelga, como componente esencial de la libertad sindical, y condena el despido de dirigentes sindicales por esa razón, pero en ningún momento se refiere a las arbitrariedades que se cometieron en la tramitación judicial del caso como son el retardo injustificado, y el error judicial en que se fundamenta la Sentencia #44-94 de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

 

17.          En el mismo Informe 14/97, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención.  El informe fue transmitido al Estado el 19 de mayo de 1997.  El 25 de julio de 1997 el Estado dio respuesta al Informe de Admisibilidad de la CIDH, solicitándole que diera por concluido el caso.  El Estado reiteró su posición sobre la ilegalidad de la huelga y señaló que no existió ninguna violación de los principios constitucionales. Igualmente, el Estado informó a la CIDH que la huelga fue acompañada con actos delictivos por parte de los trabajadores. Con fecha 31 de julio de 1997 se remitió esta respuesta a los peticionarios para sus observaciones.

 

18.          El 14 de agosto de 1997, los peticionarios solicitaron a la Comisión una audiencia para el 94º período ordinario de sesiones de la CIDH.  El 2 de octubre de 1997, los peticionarios reiteraron los términos de su denuncia y solicitaron a la CIDH dispusiera una justa indemnización.  El 6 de octubre de 1997, la Comisión dio traslado al Estado de Nicaragua.  En la misma fecha, los peticionarios enviaron a la Comisión información adicional relativa al uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional.  El 8 de octubre de 1997, durante su 97º período ordinario de sesiones, la Comisión realizó una audiencia con las partes, y en ella se planteó la posibilidad de iniciar el procedimiento de solución amistosa.

 

19.          El 23 de febrero de 1998, los peticionarios enviaron información adicional a la Comisión refutando las acusaciones del Estado.  El 10 de julio de 1998, el Estado solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días para contestar las observaciones de los peticionarios. La Comisión, en nota del 16 de julio, otorgó un nuevo plazo de 30 días. El 17 de agosto de 1998, el Estado envió sus observaciones a la CIDH y señaló que los trabajadores tuvieron todas las garantías judiciales e hicieron uso de todos los recursos que la ley nicaragüense establece.  La mencionada comunicación fue enviada a los peticionarios el 26 de agosto de 1998.

 

20.          La CIDH escuchó a las partes en audiencia durante su 100º período ordinario de sesiones, el día 7 de octubre de 1998.  En dicha audiencia la Comisión ofreció sus buenos oficios para llegar a un arreglo amistoso.  El Estado se comprometió a dar respuesta a la propuesta de los peticionarios en el plazo de un mes a partir de su comunicación.  La Comisión recibió el 13 de octubre de 1998  una propuesta de los peticionarios para facilitar un arreglo amistoso en base a dos elementos básicos, la reparación y la indemnización.  La comunicación fue enviada al Estado el mismo día.  Ante la falta de respuesta del Estado, los peticionarios solicitaron la elaboración de un informe artículo 50 de la Convención.  El 17 de diciembre de 1998, la CIDH recibió la respuesta del Estado en la cual rechazaba cualquier negociación.  El 30 de diciembre de 1998 se trasmitió la comunicación a los peticionarios.

 

21.          El 26 de noviembre de 1999, el Estado envió información adicional sobre el estado de las consignaciones, afirmando que de un total de 121 consignaciones, 81 trabajadores habían retirado sus prestaciones sociales, y los que no lo habían hecho lo podían realizar a través de los distintos tribunales comunes. Esta comunicación fue transmitida a los peticionarios el 10 de diciembre de 1999.  El 3 de diciembre de 1999, durante la visita de trabajo que efectuó la Comisión a Nicaragua, la CIDH planteó nuevamente, a solicitud de los peticionarios, la posibilidad de lograr un arreglo dentro de un marco de solución amistosa. Dicho ofrecimiento fue rechazado por el Estado.

 

22.          Al examinar el fondo del caso, la Comisión aprobó el Informe Nº 80/00, el 4 de octubre de 2000, durante el 108º período de sesiones, según lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana. La Comisión transmitió el Informe 80/00 al Estado de Nicaragua el 24 de octubre de 2000 y le otorgó un plazo de dos meses para que adoptara las medidas necesarias, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.

 

23.          El 14 de diciembre de 2000, el Estado solicitó una prórroga para dar respuesta. La Comisión concedió un plazo de 10 días. Posteriormente, el 23 de enero de 2001, El Estado nicaragüense solicitó una prórroga de 45 días para presentar el resultado de las investigaciones realizadas referentes al caso Nº 11.381, así como sus observaciones al Informe Confidencial Nº 80/00, en el entendido que el otorgamiento de la ampliación del plazo que solicitaba suspendía la aplicación de los plazos previstos en el artículo 51 de la Convención, el cual vencía el 24 de enero de 2001. Dentro de ese contexto, la Comisión acordó otorgar la prórroga solicitada.

 

24.          Mediante comunicación recibida el 7 de marzo de 2001, el Estado presentó sus observaciones, a través de las cuales refutó el Informe 80/00 y concluyó lo siguiente:

 

Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, el Estado de Nicaragua reitera su voluntad de resolver este caso, proponiendo pagar solamente a los peticionarios que no retiraron sus consignaciones reconociéndole el mantenimiento del valor de sus liquidaciones hasta la fecha de hoy.

 

25.          Por cuanto hasta el 11 de marzo de 2001 el caso no se había solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado, la Comisión aprobó el Informe 56/01 reiterando las conclusiones  y recomendaciones adoptadas en el Informe Nº 80/00, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51(1) y (2) de la Convención Americana, y otorgó al Estado un plazo de un mes para el cumplimiento de las mismas El Estado dio respuesta el 16 de mayo de 2001, reiterando su posición contenida en la comunicación del 7 de marzo de 2001.  Los peticionarios presentaron su respuesta el 6 de julio de 2001, señalando que el Estado no había acatado las recomendaciones de la Comisión.  Con base a la información suministrada, la Comisión acordó la publicación del presente informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(3) de la Convención Americana.

 

III.          POSICIONES DE LAS PARTES

 

A.          Los peticionarios

 

26.          Los peticionarios alegan que los empleados de las Aduanas de Nicaragua realizaron una huelga el 26 de mayo de 1993, la cual fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo y 142 trabajadores fueron despedidos a pesar de existir varias resoluciones judiciales que ordenaban su reinstalación en los puestos de trabajo.[3]

27.          Los peticionarios indican que el 7 de junio de 1993, los trabajadores de Aduanas interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones, en contra de la declaratoria de ilegalidad de la huelga del 27 de mayo de 1993, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia declarara la supremacía de la Constitución sobre la legislación laboral.

 

28.          Los peticionarios alegan que el Tribunal de Apelaciones resolvió el 23 de junio de 1993 suspender los efectos de la resolución del Ministerio de Trabajo, lo que implicaba reintegrar a sus puestos a los trabajadores, y suspender los despidos que Aduanas estaba realizando arbitrariamente.  A pesar de ello, las autoridades de Aduanas despidieron a 142 trabajadores, en su mayoría líderes de base.  Asimismo, el Director General del Trabajo, mediante notificación del 7 de julio de 1993, ordenó el reintegro de los trabajadores despedidos, así como también el reintegro de los trabajadores que habían sido procesados penalmente en forma arbitraria.  Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia, el 9 de septiembre de 1993, ordenó por medio de cédula judicial el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.  Estas órdenes judiciales nunca fueron cumplidas.

 

29.          Los peticionarios indican que la Ley de Amparo establece un término de 45 días para resolver este recurso; sin embargo, la sentencia Nº 44-94 de la Corte Suprema de Justicia fue emitida un año después de interpuesto éste, es decir, el 12 de junio de 1994, y confirmó la resolución del Ministerio de Trabajo en cuanto a la ilegalidad de la huelga.  Los peticionarios alegan que los magistrados fundaron su decisión en hechos ocurridos en febrero de 1992, es decir, un año antes de la huelga de Aduanas, argumentando que los trabajadores habían colocado obstáculos en la pista de aterrizaje, lo cual era imputable a los empleados de AERONICA y no a los trabajadores de Aduanas.

 

30.          Los peticionarios alegan que las consignaciones señaladas por el Estado fueron utilizadas para informar a los trabajadores que habían sido despedidos, lo cual desvirtuaba su naturaleza, y además no cubrían la indemnización por despido injustificado ni ningún otro tipo de indemnización.  Las consignaciones comprendían solamente los salarios vencidos.  Los peticionarios indican que el retiro de estas consignaciones por algunos trabajadores aduaneros no significa en modo alguno su consentimiento con el despido injustificado, sino que obedece a una cuestión de necesidad económica.

 

31.          Los peticionarios alegan que durante la huelga fueron víctimas del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad.  El 9 y 10 de junio de 1993, los trabajadores de Aduanas fueron golpeados por la Policía Nacional, la cual utilizó  gases lacrimógenos, garrotes, y armas de fuego.  Los peticionarios señalan que 50 trabajadores fueron detenidos y 30 acusados penalmente, quienes posteriormente fueron sobreseídos de los cargos por la administración de justicia.

 

32.          Los peticionarios alegan que como consecuencia del error judicial y las arbitrariedades de las autoridades administrativas quedaron desempleados 142 trabajadores de Aduanas, de quienes dependen económicamente 600 personas, la mayoría de ellos niños. Con base en estos elementos, alegan que el Estado violó los derechos: a la integridad personal (artículo 5), a las garantías judiciales (artículo 8), a indemnización por error judicial (artículo 10), de asociación (artículo 16) y a la protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana

B.          El Estado

 

33.          El Estado ha argumentado en las respuestas y observaciones sobre el caso 11.381 que la Comisión debe inhibirse de conocer el caso por existir duplicidad de procedimientos a nivel internacional, al haberse presentado con anterioridad una petición ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y por no haberse agotado previamente los recursos internos.

 

34.          Por otra parte, el Estado argumenta que los trabajadores aduaneros incurrieron en actos delictivos durante los días de huelga.  Señala que la huelga fue declarada ilegal y que la mayoría de los trabajadores habían sido reincorporados a sus labores.

 

35.          El Estado indica que las prestaciones sociales de los trabajadores fueron consignadas judicialmente y señala que el 80% de estas consignaciones fueron retiradas por los trabajadores aduaneros.

 

36.          Finalmente, el Estado rechazó el ofrecimiento de solución amistosa que se planteó durante las dos audiencias que la Comisión tuvo con las partes.

 

IV.          ANÁLISIS

 

A.          Derecho a la integridad física (artículo 5 de la Convención)

 

37.          El artículo 5 de la Convención establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral".  Esta garantía individual también está protegida por la legislación interna de Nicaragua. La Constitución Política señala en su artículo 36:  "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.  La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley".

 

38.          La información presentada por los peticionarios señala que el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, resolvió declarar ilegal la huelga de los trabajadores aduaneros y ordenó a la Policía Nacional reprimirla por medio de la fuerza el 9 y el 10 de junio de 1993. Como consecuencia de ello, fueron golpeados gravemente numerosos trabajadores y otros fueron detenidos arbitrariamente.

 

39.          Los representantes de las víctimas informaron acerca de las lesiones sufridas por algunos de los trabajadores con motivo de la desmedida violencia de agentes policiales, quienes inclusive recurrieron a persecuciones y allanamientos de domicilios.[4]  Los peticionarios también señalaron que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía afectó a mujeres y niños.

 

40.          Según la lista proporcionada por los peticionarios, el 9 de junio de 1993 en la Aduana Central resultaron golpeados por la Policía los siguientes trabajadores: Leonel Argüello Luna, César Chavarría Vargas, Francisco Obregón García y Aníbal Reyes Pérez.[5]  También resultaron heridos el periodista de El Nuevo Diario, Mario Sánchez Paz, el fotógrafo Frank Cortés y Arnoldo José Cardoza.[6]

 

41.          El 10 de junio de 1993, como consecuencia de la represión desatada en la localidad de Sapoa, Departamento de Rivas, por agentes de la policía, resultaron heridas las siguientes personas: Cristóbal Ruiz, Ramón Roa Parajón, Leonardo Solís, René Varela y Orlando Vilchez Florez.[7]

 

42.          El Estado sostiene que los trabajadores de Aduanas cometieron actos de vandalismo y violencia durante el transcurso de la huelga y aporta un listado con los supuestos delitos cometidos. Con ese listado pretende deslegitimar la presente denuncia aduciendo hechos criminales no probados, toda vez que no existe ninguna sentencia condenatoria contra los trabajadores de Aduanas.  A contrario sensu, las denuncias presentadas contra los trabajadores fueron resueltas con el sobreseimiento de los imputados, tal y como se demuestra con los anexos que obran en este expediente.[8]  Por otra parte, la Comisión desconoce el origen del listado presentado por el Estado puesto que no se menciona qué instancia judicial o policial proporcionó dicha información.[9]

 

43.          La sentencia del 13 de septiembre de 1993 del Tribunal Militar de Primera Instancia reafirma la posición de los peticionarios sobre el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía y contradice la información suministrada por el Estado de que los trabajadores cometieron actos de violencia, pues a través de dicha sentencia se condenó a Carlos José Cerda Sánchez y Erik Salazar Vargas por el delito de abuso de funciones. Posteriormente, el 12 de abril de 1994, el Tribunal Militar de la Auditoría de las Fuerzas Armadas Sandinistas condenó a Carlos José Cerda Sánchez por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los trabajadores aduaneros Cristóbal Ruiz Lazo, Ramón Roa Parajón y Milton García Fajardo.[10]

 

44.          Las noticias de prensa aportadas por los peticionarios ponen en evidencia la violencia utilizada por las Fuerzas de Seguridad.  Así por ejemplo, el periódico El Nuevo Diario, en su edición del 27 de mayo de 1993, publicó lo siguiente: "La presencia de las tropas de las Fuerzas Armadas provocó actos de violencia en la Aduana de Peñas Blancas en la frontera con Costa Rica, donde la Policía golpeó ayer al Secretario General del Sindicato, Milton García, quien con heridas en la cabeza fue internado en un hospital".  El 30 de mayo de 1993, el mismo periódico publicó:  "Intensifican Represión a Aduaneros: el Estado intensificó la represión a los trabajadores en huelga, tanto que las tropas combinadas del ejército y la policía aplicaron una sobre dosis de violencia para desalojar a los empleados en huelga de las aduanas de Peñas Blancas y El Guasaule".[11]

 

45.          Mediante carta de la Policía Nacional de Nueva Segovia, los peticionarios presentan constancia de que "los trabajadores participaron en una huelga de brazos caídos en la que no se presentaron actos de violencia".  Los peticionarios demuestran que la huelga de los trabajadores de aduanas fue pacífica,[12] no así la actitud de la Policía Nacional, lo que constituye una violación del artículo 5 de la Convención, en especial por la falta de proporcionalidad y exceso en el uso de la fuerza, en clara violación de los estándares internacionales.

 

46.          El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ocasionó violaciones de la integridad física de las personas mencionadas en los párrafos anteriores.  La existencia de actos arbitrarios, tales como maltratar a las personas, utilizar armas de fuego y ocasionar graves lesiones a los manifestantes quedó claramente demostrada.  Prueba de ello es que se condenó a un agente de seguridad por abuso de autoridad.  Esto demuestra que los trabajadores fueron víctimas de la violencia ejercida por las Fuerzas de Seguridad,[13] durante los días que precedieron a la huelga, y no como el Estado infundadamente acusa a los trabajadores al señalar que fueron ellos quienes ejercieron actos de violencia; prueba de ello es que todos fueron sobreseídos.[14]  La Comisión considera que los hechos señalados constituyen una violación del derecho a la integridad, en virtud del artículo 5 de la Convención Americana, por parte del Estado.

 

B.       Derecho al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 (1) y 25 de la Convención)

 

a.          Derecho al debido proceso

 

47.          El artículo 8 de la Convención establece que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".  La Constitución Política de Nicaragua también garantiza el derecho al debido proceso en su artículo 34.

 

48.          La información proporcionada por los peticionarios establece que el proceso para declarar una huelga legal en Nicaragua se inicia en sede administrativa.  Los trabajadores de aduanas presentaron un pliego de peticiones en el que también solicitaron la conformación de una Junta de Conciliación o un Juez de huelga que debía ser nombrado por el Inspector Departamental del Trabajo, (artículo 302 y siguientes del Código de Trabajo).  Dicho Inspector nunca cumplió con el procedimiento establecido.  Las conversaciones entre el sindicato y las partes se dieron por agotadas y la Dirección General de Trabajo resolvió declarar ilegal la huelga.

 

49.          El Tribunal de Apelaciones resolvió declarar la suspensión del acto administrativo el 23 de junio de 1993, mientras la Corte Suprema de Justicia resolvía el recurso de amparo que los trabajadores habían planteado.

 

50.          La Sentencia 44-94 de la Corte Suprema de Justicia fue dictada el 2 de junio de 1994, es decir, un año después de haberse presentado el recurso, sin ninguna causa razonable que justificara una demora de diez meses en la emisión de dicho fallo.

 

b.          Demora injustificada de la decisión judicial

 

51.          El artículo 8 de la Convención Americana se refiere a las garantías judiciales que deben observarse en la substanciación de todo proceso para la determinación de derechos y obligaciones.  El inciso 1 señala específicamente su obligatoriedad, dentro de un plazo razonable establecido para evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en privación o denegación de justicia.

 

52.          En el presente caso, los trabajadores aduanales presentaron el recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de la III Región, Sala de lo Civil y Laboral, el 7 de junio de 1993, en contra del Director General de Trabajo, argumentando que habían sido violados los artículos 83 y 88 de la Constitución Política.  La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua falló finalmente el 2 de junio de 1994 y declaró sin lugar el presente recurso.

 

53.          De acuerdo con la legislación nicaragüense, la Corte Suprema estaba obligada a resolver el recurso de amparo en un plazo de 45 días (artículo 47 de la Ley de Amparo Nº 49). Sin embargo, demoró un año en hacerlo, lo que demuestra una clara negligencia de su parte, que constituye una violación del artículo 8 del Pacto de San José.  En este sentido, la Corte Suprema no sólo violó este plazo perentorio establecido en la legislación interna sino también los estándares internacionales desarrollados para determinar la razonabilidad del plazo, dictando un fallo que era trascendental para la estabilidad laboral y económica de numerosos trabajadores y para la vigencia de otros derechos humanos, mucho tiempo después de la presentación del respectivo recurso.

 

54.          La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido tres elementos que se deben tomar en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo:  a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.[15]

 

55.          Con respecto a la complejidad del asunto, la Comisión considera que el recurso de amparo pretendía, exclusivamente, obtener una declaración de la Corte Suprema sobre un punto de derecho: la supremacía constitucional sobre la ley inferior en lo que al derecho de huelga se refiere.  La CIDH ha observado que el trámite judicial que siguió este recurso no se caracterizó por innumerables gestiones o peticiones; por el contrario, el proceso fue muy concreto, toda vez que consistió en la presentación del recurso de amparo acompañado del trámite llevado ante el Tribunal de Apelaciones, el dictamen que rindió la Procuraduría Civil y Laboral y la contestación del Director General del Trabajo, sin que existiera gran actividad dada la naturaleza de la acción y la poca actividad probatoria.

 

56.          En cuanto a la actividad procesal del interesado, los peticionarios impulsaron el recurso de amparo presentando constantemente información adicional cuando ello fue necesario.  Tanto ellos como las autoridades de gobierno recurridas cumplieron con los plazos y términos concedidos para la presentación de sus respectivos argumentos.  Sin embargo, ante el retraso de la Corte Suprema de Justicia en dictar la sentencia, los peticionarios solicitaron reiteradamente que ésta se pronunciara.  La Comisión considera que el retraso para dictar la sentencia no se debió a negligencia o falta de interés de las partes, sino a la pasividad e incumplimiento de los plazos de la misma Corte Suprema de Justicia.

 

57.          No existen elementos que hagan pensar que la Corte Suprema de Justicia requirió más del plazo establecido, o sea 45 días, para que se viera obligada, por la complejidad del asunto o la actividad de las partes, a retrasar su sentencia.  Por otra parte, la Comisión desea señalar que no es la primera vez que esta instancia judicial incurre en violación semejante, pues anteriormente, en el caso Genie Lacayo, la Corte Interamericana estimó que la actuación de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua era violatoria del artículo 8(1) de la Convención:

 

en cuanto a la conducta de las autoridades judiciales de Nicaragua, esta Corte estima que no se han producido dilaciones excesivas en las diversas etapas del proceso, con excepción de la última fase todavía pendiente, es decir, el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la parte acusadora el 29 de agosto de 1994, admitido por dicho Tribunal el 31 siguiente y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes todavía no ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la admisión del citado recurso de casación no es razonable y por consiguiente este Tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 de la Convención.[16]

 

58.          La Comisión no encuentra justificación alguna para que este Alto Tribunal tardara más del plazo establecido en la ley para fallar un recurso de amparo, el cual por su naturaleza propia tiene un procedimiento expedito.  Sin embargo, lo que hubo fue simple negligencia judicial, que colocó a los trabajadores aduanales en una situación de indefensión jurídica durante un año y configuró una violación del artículo 8(1) de la Convención Americana.

 

c.          Derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención)

 

59.          El artículo 25(1) de la Convención garantiza a toda persona el "derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

 

60.          La Corte Interamericana ha interpretado el artículo 25(1) de la Convención como "una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención".[17]

 

61.          La Constitución Política de Nicaragua protege el derecho al recurso judicial en su artículo 45, el cual establece lo siguiente: "Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso de exhibición personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo".  Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo normativo consagra el recurso de amparo "en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política".

 

62.          Asimismo, la Ley Nº 49 o Ley de Amparo establece una serie de principios que debe seguir la administración de justicia nicaragüense cuando substancia una acción de amparo.  Así, el artículo 5 de esa ley dispone que "Los Tribunales de Justicia (...) deberán 1.) Dirigir todos los trámites del recurso, impedir su paralización y obligar que se cumpla el principio de economía procesal; 2) Prevenir y sancionar los actos contrarios a la lealtad y buena fe que deben observarse en el recurso; 3) Hacer efectivos los principios de igualdad, publicidad y celeridad del recurso; 4) Tomar todas las providencias necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que dicten" (énfasis agregado).

 

63.          Bajo la Ley de Amparo, Ley Nº 49 de 1988, un recurso de amparo se inicia ante el tribunal de apelación competente para que éste determine su admisibilidad.  Si se considera admisible, el recurso entonces es conocido por la Corte Suprema de Justicia, la cual debe pronunciarse sobre el fondo.

 

64.          Después de precisar la institución del amparo dentro de la legislación nicaragüense y tomar en consideración la naturaleza del presente caso, el cual tiene su origen en un conflicto laboral, para lo cual las leyes internas prevén el agotamiento de la vía administrativa y luego la vía judicial, la Comisión procederá a reseñar los recursos a los que acudieron los reclamantes.

 

65.          El 8 de marzo de 1993, los trabajadores aduaneros presentaron un pliego de peticiones ante la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo de Managua, e iniciaron paralelamente una ronda de negociaciones entre la Junta Directiva del Sindicato y las autoridades del Ministerio del Trabajo.

 

66.          En vista de que las negociaciones no alcanzaban un punto de acuerdo, se elevó a la consideración de la Dirección de Conciliación del Ministerio del Trabajo una solicitud de designación de un Juez de Huelga, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 305 del Código del Trabajo.  La designación de este Juez de Huelga nunca se produjo y tampoco tuvo lugar la designación de una Junta de Conciliación, autoridades facultadas expresamente por el propio Código del Trabajo para declarar la ilegalidad o legalidad de una huelga.  De tal modo que hasta esta fase del procedimiento en vía administrativa se omitió el cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo por parte del Ministerio del Trabajo.

 

67.          En virtud de que el Ministerio del Trabajo no se pronunció oportunamente, lo que supone la vulneración del derecho de petición que existe en todas las legislaciones, conforme a la cual en sede administrativa el particular tiene derecho a obtener oportuna respuesta pues de lo contrario se incurre en denegación de justicia, los peticionarios decidieron acogerse al precepto constitucional que consagra el derecho de huelga (artículo 83 de la Constitución de Nicaragua).  Acto seguido, el Ministerio del Trabajo, en Resolución de fecha 27 de mayo de 1993, declaró la ilegalidad de la huelga aduciendo que los trabajadores públicos no podían ejercer este derecho, ya que así lo establecen las disposiciones del Código del Trabajo.

 

68.          Los trabajadores, inconformes con el contenido de la Resolución que declaraba la ilegalidad de la huelga, ejercieron un recurso denominado "recurso de apelación" por la vía administrativa para que el Ejecutivo reconsiderase su decisión.  Este recurso administrativo de apelación está previsto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley del Trabajo, cuyo tenor es el siguiente:

 

Contra las Resoluciones dictadas por las autoridades del Ministerio del Trabajo procede recurso de apelación.  Este recurso debe interponerse dentro de las 24 horas siguientes, más el término de la distancia, de notificada la Resolución respectiva.  Planteado el recurso, la autoridad que dictó la Resolución elevará inmediatamente las actuaciones al funcionario de jerarquía superior para que éste, dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles, confirme, modifique o deje sin efecto la resolución recurrida....

 

69.          El 4 de junio de 1993, el Director General del Trabajo resolvió confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución emitida por la Inspectoría General del Trabajo, el día 27 de mayo de 1993, y en consecuencia declaró ilegal la huelga promovida por los Sindicatos de la Dirección General de Aduanas.

 

70.          Agotados los recursos disponibles en sede administrativa, los peticionarios procedieron a acudir a la vía judicial, mediante la interposición de un recurso de amparo de efectos suspensivos.

71.          Los peticionarios interpusieron un recurso de amparo el 7 de junio de 1993 ante la Sala Civil y Laboral de la Región III, del Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Amparo.[18]

 

72.          Este Tribunal de Apelaciones decidió, el 23 de junio de 1993, suspender los efectos de la Resolución del Ministerio del Trabajo y ordenó el reintegro de los trabajadores a sus lugares de labor.  No obstante, esta sentencia no fue acatada por las autoridades, las cuales continuaron practicando despidos, lo que conminó a los trabajadores a solicitar a la Corte Suprema de Justicia en dos oportunidades, el 25 de agosto de 1993 y el 7 de septiembre de 1993, que dictase una medida ejecutiva con el fin hacer efectiva la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.  El 9 de septiembre de 1993, por medio de Cédula Judicial, el Alto Tribunal ordenó el cumplimiento del mandamiento del fallo interlocutorio suspensivo de Amparo, dictado por el Tribunal de Apelaciones. Esta decisión  tampoco fue acatada.

 

73.          El Estado violó el artículo 25(2)(c) de la Convención Americana al ignorar las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Apelaciones de la Sala Civil y Laboral de la Región III, por medio de las cuales se ordenó la suspensión de los despidos mientras se resolvía el recurso de amparo interpuesto.

 

74.          El artículo 25 establece la obligación de los Estados de poner a disposición de los particulares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.  En el numeral 2(c) del mismo artículo, la Convención establece el compromiso de los Estados partes "a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

 

75.          El profesor Ignacio Burgoa en su obra El juicio de Amparo señala que la suspensión del acto inconstitucional es el fundamento de todo recurso de amparo: La suspensión del acto reclamado de inconstitucionalidad y que da motivo a la acción es uno de los aspectos esenciales del Amparo, por cuanto garantiza al reclamante la posibilidad de efectivizar su derecho una vez que sea declarada la procedencia de la acción, ya sea impidiendo la destrucción del mismo por la continuidad de la agresión, o en su defecto, evitando el agravamiento y deterioro del bien tutelado.  La importancia de esta institución de la suspensión radica pues en la garantía de la existencia del bien jurídico o la conclusión del procedimiento.[19]

 

76.          En el caso sub-lite, se declaró la suspensión del acto reclamado; las diversas resoluciones judiciales emanadas del Tribunal de Apelaciones de Managua que pretendieron cesar los despidos, hasta tanto no se resolviera el recurso de amparo planteado por los trabajadores, nunca fueron acatadas por las autoridades gubernamentales de Aduana.

 

77.          Las resoluciones judiciales incumplidas fueron las siguientes:

 

i)          Resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, del 23 de junio de 1993, que ordenó suspender los despidos de los trabajadores a partir de su notificación a la Dirección General del Trabajo, o sea, a partir de las 9:45 horas del 24 de junio de 1993.  Pese a esta notificación, las autoridades de Aduanas continuaron con los despidos y con las consignaciones salariales respectivas en los juzgados civiles y del trabajo.

 

ii)          Tras el incumplimiento del Gobierno, los trabajadores aduaneros solicitaron al Tribunal de Apelaciones una aclaración de su resolución del 23 de junio. Este tribunal dictó, el 1º de julio de 1993, una resolución aclaratoria que señaló  "lo que se suspende son los efectos de ese acto administrativo a partir de la notificación de la resolución que se aclara, concretamente se suspende a partir de las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres en que se hizo la primera notificación". Esta resolución, que se suponía aclaraba la posición del Tribunal de Apelaciones, también fue ignorada.

 

iii)          El Director General del Trabajo, mediante una notificación de 7 de julio de 1993, ordenó el reintegro de los trabajadores despedidos, así como también el reintegro de los trabajadores que habían sido procesados penalmente en forma arbitraria.  Dicha orden no fue acatada

 

iv)          La Corte Suprema de Justicia, mediante cédula judicial del 9 de septiembre de 1993, ordenó el cumplimiento del fallo interlocutorio suspensivo de amparo dictado por el Tribunal de Apelaciones.  El citado requerimiento tampoco fue cumplido.

 

78.          Prueba del desacato del Estado son las consignaciones efectuadas a los trabajadores de Aduanas, las que se hicieron después de las 9:45 horas del 24 de junio de 1993, en abierta desobediencia de la resolución del Tribunal de Apelaciones.  Estas consignaciones fueron utilizadas como un medio para concretar los despidos masivos de los trabajadores.  Ello pone en evidencia una actitud del Estado de franco desprecio por las resoluciones judiciales, a pesar de que éstas fueron aclaradas y reiterada su ejecución.

 

79.          Contrariamente a la consignación judicial de la liquidación de los trabajadores, la Dirección General de Aduanas emitió un comunicado de prensa, el 28 de junio de 1993, en el cual manifestó que acataba la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua y llamó al reintegro a los trabajadores en paro pero no anuló la consignación judicial de las prestaciones.