INFORME N° 119/01

CASO 11.500

TOMÁS EDUARDO CIRIO

URUGUAY

16 de octubre de 2001

 

 

          I.          RESUMEN

             

          1.          El 12 de octubre de 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”), recibió una denuncia de fecha 20 de junio de 1993, del señor Tomás Eduardo Cirio (en adelante "el peticionario"), ciudadano uruguayo, militar retirado, sobre la alegada violación de los siguientes derechos protegidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración Americana") por parte de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”): artículo II (derecho de igualdad ante la ley), artículo IV (derecho de libertad de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio), artículo V (derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar), artículo XVI (derecho a la seguridad social), artículo XXVI (derecho a proceso regular).  Asimismo, la denuncia alegaba la violación de los siguientes derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) por parte del Estado: artículo 5(1) derecho a la integridad personal -en el plano moral), artículo 8(1)(2)(b), (d), (f) , (derecho a garantías judiciales), artículo 9 (principio de legalidad), artículo 10 (derecho a indemnización en caso de error judicial), artículo 11(1) (derecho a la protección de la honra y de la dignidad), artículo 13(1) y (3) ( derecho a libertad de pensamiento y de expresión), artículo 24 (derecho a la igualdad) y artículo 25(1) (derecho a protección judicial).

 

          2.          La petición denuncia que desde el 4 de julio 1972, tras celebrarse la Asamblea del Centro Militar, el peticionario, mayor retirado del Ejército, renunció al Centro por medio de una carta en donde hacía apreciaciones sobre el necesario respeto de los derechos humanos en el marco de la lucha antisubversiva por parte de las Fuerzas Armadas en el Uruguay.  Desde entonces, alega el peticionario, no ha dejado de sufrir sanciones en represalia por haber opinado libremente.

 

          3.          El Centro Militar, una organización privada, informó al Comando General del Ejército de su carta y procedió a eliminarlo de su registro social; a continuación, el Comando General lo sometió a la jurisdicción de un Tribunal de Honor.  El peticionario alega que fue juzgado por un tribunal sin jurisdicción por tratarse de un militar retirado, y en rebeldía (en ausencia), negándosele el derecho a la defensa.  En noviembre de 1972, el Tribunal de Honor lo degradó y lo pasó a situación de reforma.  Alega que a consecuencia de tal decisión se vieron afectados su honor y su reputación, sus derechos remuneratorios, su derecho a asistencia sanitaria, fue expulsado de la cooperativa de las Fuerzas Armadas, prohibición de ocupar cargos en el Ministerio de Defensa, nulas posibilidades de créditos, descalificación y pérdida del estado militar, título de su grado, derecho a usar uniforme, humillación exponniéndosele públicamente como una persona sin honor.  

          4.          En 1994, por resolución del Ministerio de Defensa, sus derechos fueron parcialmente restituidos, pero no totalmente.  En diciembre de 1997, por una nueva resolución del Ministerio, reconociendo parcialmente la responsabilidad del Estado, el peticionario fue acordado nuevamente la calidad de retirado, dejando sin efecto su situación de reforma pero sin derecho a retroactividad alguna, ni indemnización por los daños morales sufridos durante 25 años de la situación de reforma.

 

          5.          La Comisión concluye en este informe que la petición reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.  Por lo tanto, la Comisión decide declarar el caso admisible, notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de los méritos relativos a las presuntas violaciones de la Declaración Americana y  la Convención Americana.  Asimismo, la Comisión decide publicar el presente informe.

 

II.          Trámite ante la Comisión

 

          6.          El 12 de octubre de 1993 el peticionario presentó la denuncia en el presente caso, recibida en la CIDH el 15 de marzo de 1994.  En marzo de 1994, agosto de 1994, enero de 1995, y marzo de 1995, la CIDH solicitó información al Estado, sin recibir respuesta alguna.  El 13 de junio de 1995 el Estado transmitió su primera respuesta.  El 8 de agosto de 1996 la Comisión comunicó al Estado que de no contar con sus observaciones en 30 días, podría aplicarse el artículo 42 del Reglamento de la Comisión que la autoriza a presumir verdaderos los hechos relatados en una petición que hayan sido transmitidos al Estado, cuando dicho Estado no suministrase la información correspondiente en el plazo requerido por la Comisión.  El 26 de agosto de 1996, el Estado solicitó una prórroga, que le fue concedida.  El 2 de septiembre de 1996, el Estado proporcionó su respuesta.  El trámite continuó con el traslado de la información y observaciones entre las partes.

 

          III.          Las posiciones de las partes

 

          A.          Posición del peticionario

 

7.     El peticionario es un militar uruguayo de carrera que pasó a retiro en 1966.  Hasta 1972 fue miembro del Centro Militar de Uruguay, una entidad privada compuesta de militares retirados y activos.  El 4 de julio de 1972, la Asamblea General del Centro Militar emitió una declaración, aprobada unánimemente, en consideración de lo que se llamó la “campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas que se realiza en todos los niveles”.[1]  El peticionario alega que tal comunicación fue en respuesta a una declaración de la Cámara de Representantes del Uruguay con motivo de la interpelación del Ministro de Defensa por la muerte de Luis Carlos Batalla, un ciudadano uruguayo, quien murió durante su detención por las Fuerzas Armadas en la unidad militar de Treinta y Tres.

 

          8.          Según el peticionario, la Cámara había expresado su confianza en que las Fuerzas Armadas "impondrán el cumplimiento de las normales constitucionales y legales que establecen en toda circunstancia el respeto de la dignidad humana.  Y ante los hechos lamentables que motivaron el llamado a Sala, de los que surge la comprobación de la muerte de un ciudadano por los malos tratamientos que le fueron aplicados durante su detención, reclama una máxima celeridad en los procedimientos y el público señalamiento de los culpables y de las penas que se les apliquen”.

 

          9.          Los asambleístas del Centro Militar, por su parte, aprobaron por aclamación la siguiente declaración defensiva: "Que toda acción o manifestación corporativa o individual, que tienda a menoscabar u objetar maliciosamente, los procedimientos de los integrantes de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, o lo que es lo mismo, la traición a la Patria, constituye una complicidad embozada con los enemigos del régimen Republicano Democrático que la ciudadanía ha elegido y reafirmado”.

 

          10.          A raíz de la declaración unánime de la Asamblea del Centro Militar, que el peticionario encontró perturbadora, éste presentó su renuncia a dicho Centro, primero telefónicamente y luego por carta, fechada el 19 de julio de 1972.  En dicha carta, inter alia, el peticionario manifestó:

 

Demás está decir que discrepo total y radicalmente con la moción presentada y posteriormente aprobada en la asamblea, y esto—debo acotarlo en tiempos en que, a veces con fines poco claros, se ven brujas por todas partes—no es porque yo sea instrumento de ningún plan urdido por los enemigos de la patria  (…).

Pero además, desde un punto de vista estrictamente humano, es también imposible que haya acuerdo unánime ante expresiones que en algún momento pudieron calificarse de monstruosas, como las que se refirieron a la muerte de la persona a la que se debiera la declaración de la Cámara de Representantes, [persona] a quien, con la ratificación del aplauso generalizado, primeramente se pretendió negar su condición de ciudadano, para luego ultrajarle, y también a su esposa, como si aún siendo ciertas tales afirmaciones, ellas pudieran justificar lo que sin duda han de haber sido horribles padecimientos.  Pero, como si no fuera bastante, se terminó el alegato “dando fe” increíblemente, de que la muerte del [individuo] sin duda torturado salvajemente se debió “a su caída sobre una piedra”.  Y entonces, dando por suficientemente aclarado el episodio, y previas invocaciones, como de costumbre, a la dignidad y el honor (que aquí, en verdad, no se perciben donde podrían encontrarse) se dio vuelta la página.

Pero este, además, no es sino un caso, de los pocos que han salido a luz, porque no ha habido otra alternativa.  Desde hace meses se acumulan una tras otra graves denuncias contra la actuación de las fuerzas armadas; su número y su entidad hacen desechar, a poco que se razone, toda posibilidad de “campaña insidiosa,” y aún atribuyendo a calumnias un gran porcentaje de ellas, el resto da sobradamente para espantarse  (…).

Por ello deben ser castigados en forma ejemplar quienes—una minoría pequeña, estoy seguro—han mancillado el uniforme del ejército usándolo para encubrir sus desbordes, sus tropelías y su sadismo.  Y sus nombres deben ser conocidos por el pueblo, como el de delincuentes que son, ya que ello sale de la órbita disciplinaria, regida, ella sí, con la reserva que deben protegerse la disciplina y la subordinación  (…).

          11.          El 3 de agosto de 1972, en respuesta a la carta de renuncia del peticionario, el Centro Militar rechazó “terminantemente los conceptos vertidos en la misma por considerarlos totalmente fuera de lugar, lesivos para los demás señores asociados y que afectan el prestigio de las Fuerzas Armadas y de la Institución”.[2]  La Comisión Directiva del  Centro Militar decidió no aceptar la renuncia del peticionario, declararlo en violación al Estatuto del Centro, eliminarlo de los registros sociales de la institución, y remitir una copia al Comando General del Ejército "a los efectos que estime conveniente".  Además, hizo circular un "Comunicado" en toda la prensa de la capital haciendo público el asunto: “Hacemos constar que el Mayor Retirado Tomás E. Cirio fue eliminado de los registros sociales de esta Institución con fecha 26 de julio de 1972".  El Comandante en Jefe del Ejército ordenó que se le formara un Tribunal de Honor.

 

          12.          El 7 de noviembre de 1972, el peticionario recibió un oficio del Tribunal General de Honor comunicándole que estaba siendo sometido a la jurisdicción de dicho Tribunal.  El peticionario denuncia que el Estado había pasado a considerar la cuestión planteada en el seno del Centro Militar, que es una institución privada ajena al Estado y las Fuerzas Armadas.  El peticionario alega que por su condición de retirado no estaba sujeto a la jurisdicción del Tribunal Militar.[3]

         

          13.          El peticionario recusó a los integrantes del Tribunal de Honor por haber participado en la asamblea del Centro Militar.  Se constituyó un nuevo Tribunal de Honor y los procedimientos ante el Tribunal comenzaron el 16 de noviembre de 1972.   El peticionario alega que los cargos en su contra fueron los de haber expresado su pensamiento de modo libre.[4]  En síntesis, el Estado, a través de un Tribunal de Honor formado en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, lo juzgó por los conceptos vertidos en la carta renuncia como socio del Centro Militar,—sancionándolo por haber defendido los derechos humanos en el marco de la lucha antisubversiva.

 

          14.          También denuncia que siendo en cuanto militar retirado, el Tribunal de Honor no tenía jurisdicción sobre el; consecuentemente, el peticionario, el 20 de noviembre de 1972, se retiró de la sala y el Tribunal lo juzgó en ausencia, en rebeldía, conforme al artículo 165 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.  El peticionario alega que de esta forma no tuvo posibilidad de articular defensa.  El 22 de noviembre de 1972, el Tribunal de Honor falló descalificando al peticionario "por falta gravísima", dejando constancia que había sido juzgado en rebeldía y que quedaba inhabilitado para formar parte del Cuadro de Oficiales.[5]   El peticionario solicitó, por escrito, los fundamentos del fallo, a lo cual el Tribunal no accedió, informándole: "No acceder a lo solicitado en razón de que habiéndose negado a seguir compareciendo ante este Tribunal por las causas que adujo, ha dejado de hacerse acreedor a los derechos que al respecto establece dicho Reglamento".  El 2 de enero de 1973, el Poder Ejecutivo aprobó el fallo emitido por el Tribunal, y el peticionario pasó a situación de reforma.[6]  En diciembre de 1973, el Ministerio de Defensa fijó los haberes de reforma en un tercio para el peticionario, y dos tercios “a quienes justifiquen derecho a pensión”.[7] 

 

          15.          El peticionario manifiesta que en 1973 agotó la vía administrativa recurriendo de las decisiones del poder Ejecutivo y que el 2 de mayo de 1974 interpuso ante el Ministerio de Defensa un recurso de revocación de la resolución Nº 42.204 del Poder Ejecutivo, para que se lo restituyera a la condición de Mayor del Ejército en situación de retiro.  Debido a la situación de dictadura que atravesaba el Uruguay, y temeroso de su seguridad y la de su familia por la falta de mínimas garantías, el peticionario optó por silenciar su reclamo.

 

          16.          Luego del retorno de la democracia al Uruguay en marzo de 1985, vuelto el estado de derecho al Uruguay, el peticionario sostiene que la legislación uruguaya no amparó este tipo de reclamos.  Luego, tras la publicación en marzo de 1991 de una nota periodística al Tte. Gral. (R) Hugo Medina en la revista “Búsqueda,” en la cual él explicó el alcance de lo que definió como "pérdida de los puntos de referencia" en la actuación militar, reconociendo muertes en prisión, la "desaparición" de personas, y la tortura por parte de las Fuerzas Armadas, el peticionario retomó su reclamo.  Para el peticionario era "el honor", "lo que se había puesto en juego (…) y (le) resultaba imprescindible probar a través de los dichos y hechos de los propios protagonistas militares lo que la 'Ley de Caducidad' en realidad había vuelto indiscutible, es decir, a través de quienes, de una manera u otra, participaron, aún indirectamente, en la escena del Tribunal de Honor y en (su) pase a reforma, como secuela de ésta”.

          17.          El 30 de abril de 1991, el peticionario interpuso nuevamente ante el Ministerio de Defensa un recurso para la revocación de las resoluciones Nos. 46.204 del Poder Ejecutivo y 6.540 del propio Ministerio, que habían afectado sus derechos.  En dicho recurso, el peticionario alegó la nulidad de las resoluciones por (a) falta de competencia del Tribunal de Honor ya que el peticionario no se encontraba bajo su jurisdicción, (b) falta de derecho a la defensa, y (c) violación del artículo 66 de la Constitución del Uruguay,[8] y de otras normas legales y reglamentarias.  El Ministerio de Defensa no se pronunció respecto al recurso interpuesto por el peticionario.

 

          18.     El 23 de octubre de 1991, el peticionario inició una acción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Estado para la anulación de las mencionadas resoluciones.  El 10 de marzo de 1993, el Tribunal falló declarando que la acción no podía iniciarse válidamente por haber caducado el derecho de la parte actora a iniciarla.  El dictamen no hizo referencia al citado precepto contenido en el artículo 66 de la Constitución.  El peticionario recibió notificación del fallo el 26 de abril de 1993. 

 

          19.          Paralelamente, el 27 de mayo de 1991, el peticionario presentó nota al Centro Militar, haciéndole presente que "aunque la palabra 'honor', a fuerza de ser usada para tapar deshonores, aparece de un tiempo a esta parte como desgastada y hueca, es todavía imprescindible que honor con honor se pague".  El peticionario señaló al Centro su responsabilidad como causante directo de la situación injusta e ilegal que estaba viviendo por más de veinte años y solicitó para repararla los siguientes pasos:

 

1.       Publicar, en los mismos diarios en que se difundió el comunicado de 5 de octubre de 1972—en idéntico lugar y con las mismas características—un nuevo comunicado, mediante el cual se reconozca claramente el error padecido al no aceptar mi renuncia, y eliminarme, en cambio de los registros sociales.

 

2.       Gestionar ante el señor Comandante en jefe del Ejército—desandando el equivocado camino antes transitado—la correspondiente anulación del fallo del Tribunal General de honor que me perjudicara, por falta de motivo al dictarlo en la forma que se pronunció, y por lo dispuesto por artículo 66 de la Constitución.

 

            3.     Aceptar mi renuncia a este Centro Militar con fecha 6 de julio de 1972—cuando la presenté telefónicamente al entonces Presidente del Centro.

 

          20.          El 5 de junio de 1991, el Centro Militar le devolvió la nota "por no ser de recibo".  Como consecuencia, el  peticionario inició una acción por daños y perjuicios contra el Centro Militar, basándose en abuso de derecho.  El fallo en el caso iniciado contra el Centro Militar le fue adverso, ya que el tribunal encontró la acción improcedente por caducidad.

 

21.                  Para el peticionario el pase a la situación de "reforma" implicaba prácticamente la "muerte civil," así como un gravísimo daño moral para el militar sancionado puesto que en la época en que se le degradó a ese estatuto, los pases a situación de "reforma" estaban reservados a pederastas y ladrones,—ese era el concepto que reinaba entonces en el Ejército.  Según el peticionario, en el centro de la cuestión está el honor militar:

 

Honor que me "quitaron" el Centro Militar, el Tribunal General de Honor, el Ministerio de  Defensa Nacional y el Poder Ejecutivo, dignidad que se niegan a devolverme porque ello implica reconocer que yo tenía razón y ellos, no, así como admitir que las Fuerzas Armadas cometieron violaciones tremendas de los derechos humanos, extremo que sólo forzada e indirectamente, llegan a consentir.

 

          22.          El peticionario alega en su petición que la indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante mas de 20 años llegan a un total de US$ 300,000 (2/3 de la jubilación: US$ 116,000;  mutualista privada de salud: US$ 10,000; aguinaldos impagos; y daño moral incluyendo la imposibilidad de obtener créditos: US$ 160,000) sin cálculo de intereses. 

 

          23.          El 14 de junio de 1994, en el marco de la “Pacificación Nacional,” las leyes de amnistía, y la convocatoria al personal del Ministerio de Defensa que se haya considerado destituido por motivos políticos o ideológicos, el Ministerio de Defensa emitió una nueva resolución, que hace mención a las referidas por el peticionario, y modifica la pensión de reforma del peticionario sin que ello signifique el derecho al cobro de retroactividad alguna, y sin el levantamiento de su situación de reforma.[9]

 

          24.          El peticionario declara que el 24 de diciembre de 1997, por Resolución 76.161 del Ministerio de Defensa, recuperó su calidad de retirado, dejándose sin efecto su situación de reforma, “sin que ello signifique derecho a retroactividad alguna”.  Dicha resolución afirma:

 

Resultando […] III. Que [las situaciones de reforma] se configuraron en un marco de conflictividad social generalizada; Considerando […] III. Que a su vez, la anterior Administración […] determinó que […] [se] establecieran una serie de pautas de reparación aplicables en vía administrativa al Personal Militar desvinculado de las Fuerzas Armadas, por motivos políticos, ideológicos o por mera arbitrariedad, […] se estima pertinente acordar[le] la calidad de retirado dejando sin efecto la situación de reforma […].  El Presidente de la República, Resuelve: 1º - Otórgase la calidad jurídica a los Señores Oficiales citados en el Visto de la presente resolución, sin que ello signifique derecho a retroactividad alguna, dejando sin efecto la situación de reforma […].[10] (Énfasis agregado).

 

25.          El peticionario alega que esta resolución, por la disposición “sin…derecho a retroactividad alguna”, en vez de “dejar sin efecto” la situación de reforma lo deja en la misma situación, a pesar de que el Estado reconoce que su desvinculación de las Fuerzas Armadas se debió a motivos políticos, ideológicos o mera arbitrariedad, y por lo tanto ratifica tácitamente su responsabilidad ante la violación al revertir la situación de reforma.

 

          26.          El peticionario manifestó que por esta resolución se le devolvió su condición de militar, anterior al 1º de enero de 1973, y agrega que:

 

[s]in embargo, yo no he cometido delito alguno, ni he transgredido ninguna norma del honor; por el contrario, me manifesté como opositor a los que sí lo hicieron.  En consecuencia, sólo puedo aceptar que se me otorgue “por gracia” (o bajo la “inspiración de magnanimidad”) lo que por derecho me corresponde […].[11]

 

27.          Por último, el peticionario observa que:

 

Es erróneo afirmar que [mi] antiguo reclamo ha sido subsanado al haberse dejado sin efecto la situación de reforma […].  Si bien, al cesar dicha situación, se interrumpen los daños materiales que soporté durante un cuarto de siglo (junto a mi familia) la descalificación y pérdida del estado militar, del título de mi grado y mi derecho al uso del uniforme, la humillación que ello supone, exponiéndoseme públicamente como una persona sin honor, no se satisfacen con la devolución pura y simple de lo que al fin de cuentas siempre fue mío, agregándose algunas concesiones materiales y dando vuelta la página, como si nada hubiera pasado […].  Por lo tanto, persiste la obligación de reparar el injusto mal causado y compensar los perjuicios morales y espirituales ocasionados, para los que el dinero no basta […].  Se trata de una reivindicación de valores del (verdadero) honor  […].[12]

 

B.                 Posición del Estado

 

          28.          El Estado, en su respuesta de 13 de junio de 1995 solicitó: "Que se declare inadmisible la petición presentada en estos procedimientos, por incoada fuera de plazo, por no haberse presentado ni agotado los recursos de jurisdicción interna del Estado uruguayo, por no exponerse hechos caracterizantes de una violación de derechos garantizados y por infundada e improcedente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Convención Americana (...)”.

 

 29.          El Estado manifiesta que son improcedentes los alegatos de indefensión y falta de garantías en la acción disciplinaria interna ante el Tribunal de Honor, formado por el Comando General del Ejército, contra el peticionario en 1972, ya que el peticionario "renunció a ellas unilateral y voluntariamente, en sede administrativa y jurisdiccional”. Asimismo, el Estado no reconoce que el peticionario ha agotado las vías administrativas y jurisdiccionales internas, y afirma que el peticionario no agotó las vías internas en tiempo y forma, "lo que enerva totalmente su petición”.  Alega que el peticionario tuvo conocimiento de las resoluciones de 1973 y 1974 y que el peticionario no agotó los recursos internos en ese momento, como hubiera podido hacer por ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante acción de nulidad.  Posteriormente, el 23 de octubre de 1990, a casi 20 años a su pase a situación de reforma y cinco años de la restitución de la democracia en el Uruguay, el peticionario interpuso la acción de nulidad, la cual fue considerada intempestiva, habiendo caducado su derecho a deducirlo.

 

30.            El Estado alega que el peticionario omite definir con claridad las disposiciones de la Convención Americana que a su juicio han sido violadas, así como los hechos que fundamentan su denuncia.[13]  Señala, asimismo, que la Convención entró en vigor para el Uruguay el 19 de abril de 1985, fecha de su adhesión, y consecuentemente puede ser juzgado solamente por actos acaecidos con posterioridad a esa fecha.

 

31.          El Estado alega que la situación de reforma no implica el alcance que menciona el peticionario, sino que dicha situación se define en la Ley Orgánica Militar Nº 10.050.[14]  También alega que los oficiales retirados serán reformados en las mismas condiciones que los oficiales en actividad.[15]  Por ello, el Estado alega que el Tribunal de Honor tenía competencia para juzgar al peticionario.  En consecuencia, el Estado alega que el pase a reforma se dio en total legitimidad, y por causa de “falta grave” fundada en el fallo del Tribunal.

 

32.          El Estado alega que pese a no encuadrarse la situación del peticionario en los criterios utilizados en las reparaciones acordadas entre el Poder Ejecutivo y la Comisión de Defensa Nacional del Senado del Uruguay, se efectuó, de todas formas, una revisión del caso del peticionario en 1994 y se procedió a unificar los haberes de la pensión correspondiente a la situación de reforma, como lo estableció la resolución del Ministerio de Defensa de junio de 1994.  El Estado afirma que dicha resolución se dictó para “atemperar la eventual severidad con que el ex-Oficial podría haber sido juzgado, dentro de la discrecionalidad con que se contaba para ello, en un momento histórico crítico de la Nación, pero sin que ello significara en absoluto en el caso reconocer una situación ilegítima o antijurídica que se debiera retrovertir (sic)”.  El Estado también mantiene que de haber existido una desigualdad en el tratamiento al peticionario, ésta ha resultado en su beneficio, ya que su desvinculación de las Fuerzas Armadas se verificó fuera del plazo establecido en las pautas de reparación.

 

          33.          El Estado alega que el peticionario pasó a su estado de reforma en total conformidad con las leyes vigentes en su momento, sin que él ejerciese las acciones pertinentes para impugnar el procedimiento que lo llevó a la reforma.  Agrega que fue el peticionario quien renunció por sí mismo al ejercicio de su defensa ante el Tribunal de Honor, por lo que se continuó con el procedimiento “en rebeldía”, es decir, con prescindencia de su comparecencia personal.  Dicho concepto jurídico permite la normal prosecución de los procedimientos en el caso de que el juzgado se resista a comparecer ante el tribunal.

 

34.          Por último, el Estado expresa que el beneficio de aguinaldo que el peticionario reclama es percibido por los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, y en consecuencia no lo perciben quienes se encuentren en estado de reforma.  De la misma forma, agrega el Estado, se extingue el derecho a asistencia en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.  El Estado afirma que la pérdida de beneficios es una consecuencia legítima del pase al estado de reforma.

 

IV.          Análisis de Admisibilidad

 

A.          Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión

 

1.          Ratione personae

 

          35.          El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión.  La petición señala como presunta víctima a una persona individual respecto de la cual el Uruguay se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana.  En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Uruguay es un Estado parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 19 de abril de 1985.  Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

 

          2.          Ratione loci

             

36.          La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.

 

3.         Ratione temporis

 

37.                   La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos internacionalmente protegidos ya se encontraba en vigor para el Estado, en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición, ya sea en la Declaración Americana o en la Convención Americana.  La Comisión aclara que algunos de los hechos alegadamente violatorios de derechos humanos del señor Cirio se iniciaron con anterioridad al 19 de abril de 1985, fecha en que Uruguay ratificó la Convención Americana, en virtud de lo cual una de las fuentes de derecho aplicable al respecto es la Declaración Americana.  Tanto la Corte como la Comisión han dictaminado que la Declaración Americana es una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA.[16]

 

          38.          En lo que respecta  a hechos ocurridos con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de la ratificación de la Convención Americana por parte de Uruguay, o hechos ocurridos con anterioridad pero cuyos efectos continúan produciéndose con posterioridad a tal fecha, dichos alegatos deben analizarse en relación con la Convención Americana.  La CIDH ha ratificado recientemente "su práctica de extender el ámbito de aplicación de la Convención Americana a hechos violatorios de los derechos humanos de naturaleza continuada anteriores a su ratificación, pero cuyos efectos se mantienen después de su entrada en vigor".[17]   La Comisión ha establecido en el mismo sentido que "una vez que la Convención entró en vigor (…) ésta, y no la Declaración, se convirtió en la fuente de derecho aplicable por la Comisión, siempre que la petición se refiera a la presunta violación de derechos substancialmente idénticos y no se trate de una situación de violación continua".[18]  Asimismo, la Comisión señala que el artículo 29 de la Convención Americana sustenta la jurisprudencia de la Comisión en el sentido de que dicho órgano es competente para aplicar tanto la Declaración Americana como la Convención Americana al mismo caso.[19]

 

4.               Ratione materiae

 

          39.          Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos humanos.

 

B.        Otros requisitos de admisibilidad de la petición

 

1.       Agotamiento de los recursos internos

 

40.                   El 10 de marzo de 1993, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que la acción planteada por el peticionario no podía iniciarse por haber caducado. Con ello se puso término a la posibilidad del peticionario de buscar vías internas para la reparación de las violaciones alegadas.  El Estado reconoce que el peticionario no tiene más recursos internos que pueda agotar.[20]

 

2.         Plazo de presentación

 

41.                   El artículo 46(1)(b) de la Convención señala que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que el peticionario sea notificado de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos.  El peticionario envió su denuncia a la Comisión el 12 de octubre de 1993, es decir, a los 5 meses y 17 días de haber recibido la notificación del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 26 de abril de 1993.  Por hallarse la presentación de la presente petición dentro del plazo de los 6 meses, la Comisión la considera de conformidad con lo establecido por el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.

 

3.         Duplicidad de procedimiento y cosa juzgada

 

          42.          La Comisión entiende que la materia de la petición no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por este u otro organismo internacional.  Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) se encuentran también satisfechos.

 

          4.          Características de los hechos alegados

 

          43.          La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que, de ser verificados, podrían caracterizar una violación de los derechos garantizados por los siguientes artículos de la Declaración Americana: artículos II, IV, V, XVI y XXVI, y los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 13, 24 y 25 de la Convención Americana, por lo que han sido satisfechos los requisitos del artículo 47(b) de la Convención.

 

          V.          Conclusión

 

          44.          Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

 

Decide:

 

                             1.          Declarar admisible el presente caso con respecto a los artículos II, IV, V, XVI y XXVI de la Declaración Americana, y los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 13, 24 y 25 de la Convención Americana.

 

2.         Transmitir el presente informe al peticionario y al Estado.

 

3.          Ponerse a disposición de las partes con el objeto de alcanzar un arreglo fundado en el respeto de los derechos protegidos en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse en un plazo de 30 días sobre la posibilidad de solucionar el caso amistosamente.

 

          4.          Continuar con el análisis del fondo del caso.

 

                             5.          Hacer público el presente Informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.

 

          Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los dieciséis días del mes de octubre de 2001.  (Firmado):  Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.