Informe N° 18/01*
CASO 11.450
MARCO VINICIO ALMEIDA CALISPA
ECUADOR
22 de febrero de 2001 

          I.          RESUMEN  

1.                 El 8 de noviembre de 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”), recibió una denuncia sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) por parte de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) en perjuicio del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, fallecido, representado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU, en adelante “el peticionario”).  Alega violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), y 8 (garantías judiciales), todos ellos en relación con el artículo 1(1)de la Convención Americana. 

2.                 El peticionario informa que el 31 de mayo de 1988, el señor Almeida fue detenido por la policía en la ciudad de Quito, bajo sospecha de robo.  El peticionario alega que la Policía ecuatoriana, durante los interrogatorios realizados en el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, empleó procedimientos investigativos inhumanos e ilegales que causaron la muerte del señor Almeida.  El peticionario también manifiesta que el sistema judicial ecuatoriano fue negligente al tratar el caso, incurriendo en errores procesales que culminaron con la absolución de los acusados.  El Estado niega que la muerte del señor Almeida se haya debido al accionar de la Policía. 

3.                 La Comisión concluye en este informe que el caso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.  Por lo tanto, la Comisión decide declarar el caso admisible, notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de los méritos relativos a las presuntas violaciones a los artículos 4, 5, y 8 de la Convención Americana.  Asimismo, la Comisión decide publicar el presente informe. 

          II.          Trámite ante la Comisión 

          4.          El 8 de noviembre de 1994 se recibió la correspondiente denuncia en la Comisión.  El 27 de marzo de 1995 se remitieron las notas al Estado y al peticionario, efectuándose la apertura del caso.  El 3 de agosto de 1995 el Estado respondió que no contaba con los elementos necesarios para emitir una respuesta en el presente caso.  La CIDH reiteró el pedido de información al Estado el 11 de agosto de 1995.  El 18 de septiembre de 1995 el Estado proporcionó su primera respuesta.  El trámite continuó con el traslado de la información y observaciones entre las partes.  El 5 de mayo de 1999, la CIDH propuso el inicio de solución amistosa.  El peticionario aceptó la propuesta el 11 de mayo de 1999.  Hasta el día de la fecha, 22 de febrero de 2001, el Estado no ha enviado su respuesta. 

          III.          Las posiciones de las partes 

          A.          Posición del peticionario 

          5.          El 31 de mayo de 1988, el señor Almeida, de 26 años, mensajero de la empresa INDEGA (Coca Cola) de Quito, fue detenido junto a dos trabajadores de la empresa, por una denuncia de robo de dinero (US$ 5.900) presentada por el Jefe de Seguridad de la empresa, General (r) Francisco Freile del Castillo, ex-Comandante General de la Policía.  El peticionario alega que la víctima y otros dos detenidos fueron trasladados al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, SIC-P.  El Teniente Juan Mosquera Sosa, en la actualidad detenido por su participación en el caso Restrepo Arismendy, se hizo cargo de la investigación, junto a los Agentes de Policía, hermanos Víctor y Manuel Soto Betancourt.  

          6.          El peticionario alega que el 2 de junio de 1988, durante el proceso de investigación, se produjo la muerte de Marco Almeida Calispa, como consecuencia de las torturas recibidas por parte de los hermanos Soto Betancourt.  El peticionario manifiesta que otro de los detenidos declaró ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que el 2 de junio de 1988, fue sacado de su celda, y con los ojos vendados y las manos atadas, fue colgado de los pulgares y recibió golpes en el cuerpo.  Uno de los agentes cubrió su cabeza con una funda llena de gas, hasta casi asfixiarlo.  El testigo declaró que a las 14.30 horas del día 2 de junio de 1988 oyó al Teniente Sosa dar la orden de subir a Marco Almeida al cuarto donde anteriormente lo habían torturado a él.  Testificó que “dejaron la puerta semiabierta” y pudo ver las mismas torturas y los mismos métodos que le habían aplicado a él, luego cerraron la puerta y no pudo ver más.  El 3 de junio de 1988, en respuesta a sus preguntas sobre el paradero de Almeida, unos le respondieron que ya había salido, y otros que había sido trasladado al Hospital.  El peticionario sostiene que el Agente 138, Víctor Soto Betancourt, durante el interrogatorio de Marco Almeida salió a “tomar unas cervezas fuera del local del SIC-P, y cuando regresó al cuarto donde estaba Marco Almeida, salió desesperado para llevar un balde de agua, tratando de reanimarlo, pero ya era tarde, ya que a consecuencia de la funda de gas que se le colocó en la cabeza, había muerto”.[1] 

          7.          El peticionario alega que el informe policial establece una versión contradictoria a la realidad aseverando que la muerte se habría producido en el trayecto a la parroquia de Conocoto, a donde se dirigía el señor Almeida, autor supuestamente confeso de la sustracción de los US$ 5.900.  Según esta versión policial, durante el trayecto a recuperar el dinero en custodia de la Policía, Almeida sufrió convulsiones.  La víctima fue trasladada al Hospital Eugenio Espejo, donde, según la Policía, falleció.  El peticionario denuncia, sin embargo, que la certificación del Hospital asegura que la víctima se encontraba muerta al llegar,[2] y que un enfermero declaró que el Agente 138, Víctor Soto Betancourt, quien entregó el cadáver, dijo desconocer la identidad de la persona, precisando que ésta había sido encontrada en Conocoto.

           8.          Ese mismo día, el 2 de junio de 1988 según el informe policial, fue realizada la autopsia por los médicos legistas José Vergara y Víctor Montalvo.  El informe final quedó supeditado a la entrega de los resultados de las muestras enviadas al laboratorio, diligencia que, según alega el peticionario, fue realizada con inexplicable negligencia ya que no se enviaron las muestras de importantes órganos para el análisis.  El peticionario también manifiesta que la conclusión médico-legal sirvió de respaldo a la versión policial, cuyos agentes habrían afirmado que el señor Almeida pudo haber ingerido sustancias tóxicas en la comida.  En el informe de autopsia, los médicos legistas concluyeron que:  

[La] causa evidente de la muerte [fue la] ingestión de substancia órgano-fosforada, que siendo altamente tóxica produce rápidamente en la víctima vómito incoercible, que en este caso por haber estado el estómago lleno, se produjo la ocupación de la tráquea por aspiración de contenido alimenticio con la asfixia subsecuente, lo que constituye la causa necesaria y evidente de su muerte violenta.  

9.              El peticionario alega también que con motivo de las investigaciones realizadas, el Tribunal de Garantías Constitucionales solicitó al responsable de la Cátedra de Patología de la Universidad Central, Dr. Galo Hidalgo, que analizara el protocolo de autopsia.  Éste comentó sobre la ausencia de importantes constataciones y las contradicciones relativas a la causa de la muerte de Marco Almeida en el informe de autopsia.  El doctor Hidalgo señaló que la autopsia no fue practicada sino hasta después de 18 horas de la muerte de la víctima, a pesar de que el cadáver fue entregado a la morgue a las 17.20 horas del 2 de junio de 1988, el día de su fallecimiento.  Los médicos responsables de la autopsia justificaron las negligencias observadas por el catedrático, argumentando la falta de instrumentos adecuados para la práctica médica legista en el Ecuador.  El Dr. Hidalgo concluyó que la información proporcionada era insuficiente para llegar a una conclusión definitiva sobre la causa de la muerte del señor Almeida.[3]    

10.          El peticionario alega que el protocolo de autopsia fue la pieza procesal fundamental para la revocación, por parte de la Primera Corte Distrital de Policía, del auto motivado contra los dos agentes y, para la conclusión, alcanzada en dicho auto, de que Marco Almeida “no falleció como consecuencia de las torturas a las que fue sometido en vida”, absolviendo a los agentes bajo cuya custodia se encontraba Marco Almeida. 

11.          El peticionario alega que familiares de la víctima presentaron la denuncia ante la Comisaría Quinta por la irregular muerte de Marco Almeida.  Sin embargo, dicha denuncia desapareció.  Posteriormente lograron que otra Comisaría iniciara el auto cabeza de proceso y la causa legal pasó al Juzgado Primero de lo Penal de Pichincha.  El 23 de enero de 1989, el Juez Primero de lo Penal dispuso la captura de los agentes Soto Betancourt, pero los organismos policiales no acataron la orden del juez. 

12.          El 11 de abril de 1989 el Juez del Primer Distrito de la Policía solicitó al Juez Primero de lo Penal que se inhibiera de conocer el caso, que pasó a la Corte Superior de Justicia para la decisión de competencia. 

13.          El peticionario presentó una demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que resolvió, el 21 de septiembre de 1989, instruir “al Comandante de Policía para que, en ejercicio de sus funciones específicas, el personal policial encuadre sus procedimientos a las normas constitucionales y legales, de manera especial en cuanto tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos”. 

14.          El peticionario alega que, en referencia a la resolución de competencia, la Corte Superior se inhibió de conocer el caso y éste pasó a la Corte Suprema de Justicia del Ecuador en donde permaneció dos años paralizado.  A consecuencia de ello, alega el peticionario, se postergaron importantes diligencias, como el reconocimiento del lugar de los hechos que había sido, entre tanto, suprimido y remodelado.  El 10 de febrero de 1992 la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia resolvió la cuestión de competencia en favor del Juez Primero del Primer Distrito de la Policía, quien el 24 de mayo de 1994  llamó a juicio plenario dictando el auto motivado en contra de los agentes acusados.  El 21 de noviembre de 1994, la Primera Corte Distrital de la Policía revocó el auto motivado y dictó auto de sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. 

          B.          Posición del Estado 

15.          El Estado afirma en su respuesta a la denuncia que, basándose en la decisión de la Primera Corte Distrital de la Policía, se estableció “que la causa de muerte violenta [de Marco Almeida] se debió a la regurgitación de contenido alimenticio por asfixia consecuente (sic), producida por la ingestión de sustancia fósforada altamente tóxica, de la que se ha deslindado de responsabilidad a los sindicados”. 

16.          El parte informativo No. 913-SICP de la Policía ecuatoriana, fechado el 2 de junio de 1998, alega que, guiados por la víctima, los agentes de Policía se trasladaban hasta el lugar donde se encontraba supuestamente el dinero substraído, cuando: 

…inesperadamente observamos que al detenido Almeida Calispa le dio convulsiones e instantáneamente sufrió la pérdida de conocimiento, por lo que de inmediato retornamos a la ciudad y nos dirigimos al hospital Eugenio Espejo con el fin de que reciba atención médica oportuna, pero al llegar a la casa asistencial, los facultativos previo un ligero examen nos manifestaron que recientemente había fallecido por un probable infarto cardíaco.

17.            El Estado alega que la muerte del señor Almeida se debió a causas fuera del control de la Policía, como quedó demostrado en el informe policial y comprobado por la autopsia.  Según el Estado, el señor Almeida habría ingerido, antes de pasar a custodia de la Policía, una sustancia tóxica que eventualmente le provocaría la muerte. 

          IV.       Análisis de Admisibilidad 

          A.        Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, y ratione loci de la Comisión 

18.          La Comisión tiene competencia ratione materiae debido a que los hechos denunciados en la petición, de ser confirmados, podrían ser violatorios de los artículos 4, 5, y 8 de la Convención Americana.  

19.          El peticionario se encuentra facultado para presentar denuncias a la Comisión conforme al artículo 44 y señala como víctima a una persona individual respecto de la cual el Ecuador se comprometió a garantizar y respetar los derechos consagrados en la Convención Americana.  En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Ecuador es Estado parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 28 de diciembre de 1977.  Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia. 

20.          La CIDH tiene competencia ratione temporis en razón de que los hechos en cuestión habrían tenido lugar a partir de junio de 1988, cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado ecuatoriano. 

21.          No existen dudas ni discrepancias entre las partes en cuanto a que los hechos relatados en la petición tuvieron lugar en territorio ecuatoriano, en una zona bajo jurisdicción del Estado territorial.  Por estas razones, queda configurada la competencia ratione loci de la Comisión. 

          B.          Otros requisitos de admisibilidad de la petición  

a.         Agotamiento de los recursos internos 

22.            La Comisión observa, en primer lugar, que el Estado no ha dado explicación alguna sobre el plazo de dos años transcurridos para resolver la cuestión de la competencia de los tribunales llamados a decidir de la denuncia presentada, plazo que se prolongó más allá de lo estrictamente necesario.  El 10 de febrero de 1992, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia resolvió la cuestión de competencia en favor del Juez Primero del Primer Distrito de la Policía, quien el 24 de mayo de 1994 llamó a juicio plenario dictando el auto motivado en contra de los agentes acusados.  Sin embargo, el 21 de noviembre de 1994, la Primera Corte Distrital de la Policía revocó el auto motivado y dictó auto de sobreseimiento definitivo a favor de los acusados, por lo que los recursos internos quedaron agotados en referencia a la responsabilidad penal de los agentes en la muerte de Marco Almeida.

          b.          Plazo de presentación 

          23.          El artículo 46(1)(b) de la Convención señala que la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que el peticionario sea notificado de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos.  El peticionario presentó el caso ante la Comisión el 8 de noviembre de 1994, es decir, a los 5 meses y 16 días de la decisión del Juez Primero del Primer Distrito de la Policía de llamar a juicio plenario, y 13 días antes de la decisión definitiva. La Comisión observa que el peticionario presentó la petición ad cautelam, realizando consideraciones sobre la posible dilatación en la resolución de la causa, en potencial violación al debido proceso.  Entendiendo que el peticionario tenía legítimas dudas sobre el plazo de tramitación de la causa desde el momento de la presentación de su petición hasta su eventual resolución, a la vista del plazo transcurrido para decidir sobre la cuestión de competencia, y por no hallarse, en cualquier caso, la presentación de dicha petición, fuera del plazo de los 6 meses, la Comisión lo considera de conformidad con lo establecido por el artículo 46(1)(b).  Adicionalmente, la Comisión considera que el Estado tácitamente aceptó la presentación de la petición dentro del plazo establecido por el artículo 46(1)(b) al no haber alegado lo contrario. 

c.         Duplicidad de procedimiento y cosa juzgada 

          24.          La Comisión entiende que la materia de la petición no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni reproduce una petición ya examinada por este u otro organismo internacional.  Por lo tanto, los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) se encuentran también satisfechos.  

          d.          Características de los hechos alegados 

          25.          La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que, de ser verificados, podrían caracterizar una violación de los derechos garantizados por los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana, por lo que han sido satisfechos los requisitos del artículo 47(b) de la Convención. 

          V.          Conclusión 

          26.          Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión concluye que el presente caso satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Decide: 

          1.          Declarar admisible el presente caso con respecto a los artículos 4, 5, y 8 de la Convención Americana. 

          2.          Transmitir el presente informe al peticionario y al Estado. 

          3.          Continuar con el análisis del fondo del caso. 

          4.          Hacer público el presente Informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA. 

          Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los veintidós días del mes de febrero de 2001. (Firmado): Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta, Comisionados Hélio Bicudo, Robert K. Goldman y Peter Laurie.