INFORME N° 28/91

CASO 10.518

GUATEMALA

ANTECEDENTES:

1. El 12 de enero de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada que fueron encontrados los cadáveres del Dr. Héctor Oqueli, abogado y político salvadoreño, y de la Lic. Gilda Flores, abogada guatemalteca, con heridas de bala en la cabeza en un lugar cercano a la frontera de El Salvador, luego de haber sido secuestrados por un grupo de hombres fuertemente armados cuando se dirigían al aeropuerto. Ese mismo día la Comisión envió un cable al Gobierno de Guatemala solicitando información sobre los homicidios.

2. El 23 de enero de 1990, la Comisión recibió un cable del Gobierno de Guatemala informando que los "terroristas" eran responsables por los asesinatos y que se había formado una comisión investigadora de alto nivel (el 20 de enero) en la que participarían el Procurador de Derechos Humanos y el Ministro de Defensa y cuyas labores serían supervisadas por el Presidente, Lic. Vinicio Cerezo:

Cuando se supo del secuestro de los señores Gilda Flores y Héctor Oqueli Colindres, se inició su búsqueda. Lamentablemente su localización se logró cuando ya habían sido asesinados por los terroristas que los secuestraron, lo que dio origen a una vigorosa investigación para dar con el paradero de los hechores.

Ante esta situación, el Gobierno y todas sus fuerzas de seguridad están involucrados en la investigación, y para el efecto se integró una Comisión encabezada por el Procurador General de la Nación y el señor Ministro de Gobernación, contando con la representación del Ministerio de la Defensa. Esta Comisión está supervisada directamente por el señor Presidente de la República, Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo. De los logros y hallazgos se le estará notificando en cuanto se obtengan.

El 16 de enero de 1990, según informes de prensa de la agencia EFE, el Gobierno guatemalteco solicitó la colaboración del FBI para resolver estos crímenes.

3. El 19 de febrero de 1990, se presentó una denuncia formal a la Comisión por parte de las víctimas. La denuncia alegó que debido a que el Dr. Oqueli había sido Subsecretario General del partido político salvadoreño "Movimiento Nacional Revolucionario" (MNR) y Secretario del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista y la Lic. Flores, miembro del Partido Socialista Democrático de Guatemala, se había violado no solamente el derecho a la vida de estas personas sino también su derecho a participar en actividades y organizaciones políticas. En opinión del peticionario, las circunstancias en que ocurrieron estos asesinatos demuestran la responsabilidad de las fuerzas político‑militares de los Gobiernos de Guatemala y El Salvador, lo que viene a ser un acto de terrorismo del Estado

4. La denuncia presentada puede resumirse de la siguiente manera:

a. En noviembre de 1989, durante la ofensiva militar del FMLN, el Gobierno de El Salvador tomó bajo su control todas las instalaciones de las radiodifusoras privadas del país, como parte de la suspensión de las garantías constitucionales decretadas. Estas radiodifusoras nacionalizadas sirvieron como medio para difundir una serie de amenazas y acusaciones contra el Dr. Guillermo Ungo, el Dr. Ignacio Ellacuría, S.J., el Arzobispo de San Salvador, el Obispo Auxiliar de San Salvador y el Dr. Héctor Oqueli. El Dr. Ellacuría y otros sacerdotes jesuitas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 bajo circunstancias que actualmente son del dominio público y en las que estuvieron involucrados oficiales y miembros del ejército salvadoreño.

b. El Presidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, dijo públicamente, el 29 de noviembre de 1989, que de acuerdo con información fidedigna, el partido ARENA de El Salvador y el Mayor Roberto D'Aubuisson, su Presidente Honorario, estaban suministrando armas en Guatemala y refugio en San Salvador a miembros reconocidos de la extrema derecha guatemalteca, relacionada con el movimiento político conocido como Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

c. Guatemala es un lugar de refugio y centro de actividades políticas de conocidos salvadoreños, militares y civiles, que en el pasado han sido acusados de pertenecer a los escuadrones de la muerte. Uno de ellos, un militar, está trabajando actualmente en la Embajada de El Salvador en Guatemala. Otro de ellos, un civil, fue visto en el aeropuerto de Guatemala el 10 de enero de 1990, o sea en la víspera del arribo del Dr. Oqueli a Guatemala.

d. En el momento de su secuestro el Dr. Oqueli hacía menos de 24 horas que se encontraba en Guatemala, camino a Nicaragua (donde formaba parte de un grupo de observadores electorales de la Internacional Socialista) y a Ecuador (para asistir a una reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista). El día anterior, la Lic. Flores lo había acompañado en algunas gestiones personales relacionadas con su actividad política y fue secuestrada cuando lo llevaba en su automóvil al aeropuerto.

e. El 11 de enero de 1990, el Dr. Oqueli arribó al aeropuerto internacional de Guatemala, procedente de México, aproximadamente a las 8:30 a.m. Inmediatamente fue retenido por más de una hora por autoridades de inmigración guatemaltecas y supuso que habría un error con su autorización de ingreso. Posteriormente, el Dr. Oqueli se enteró que no había ningún error con su pasaporte y presumió que había sido demorado para permitirle a las autoridades fotografiar su pasaporte completo y tomar las medidas del caso para que alguien lo siguiera. Al cabo de una hora el Dr. Oqueli entró al automóvil de la Lic. Flores y comentó que pensaba que alguien lo seguía porque una de las personas que lo retuvo en el aeropuerto se encontraba fuera de la terminal observándolos.

f. Según testigos, el 12 de enero de 1990 el automóvil en que viajaban las víctimas fue interceptado en el camino del aeropuerto aproximadamente a las 6:30 a.m., por hombres desconocidos fuertemente armados que los secuestraron en el acto. El mismo día, horas más tarde, según la policía a media mañana, el automóvil abandonado fue encontrado y registraba señales de violencia. El equipaje del Dr. Oqueli se encontraba en el interior del vehículo.

g. En la tarde de ese mismo día aparecieron los dos cadáveres en uno de los cuales se encontraba el pasaporte del Dr. Oqueli, en una camioneta abandonada en el poblado de Japatagua, en el Departamento de Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador. Familiares del Dr. Oqueli llegaron al lugar y confirmaron su identidad. Parecía que había sido ultimado a causa de una herida de bala en la cabeza.

El peticionario llegó a la conclusión de que se trata de un asesinato político. Presume que contó por lo menos con el consentimiento de las autoridades guatemaltecas porque ocurrió cerca de importantes instalaciones civiles y militares de ese país, en pleno día, y sospecha que las autoridades de inmigración tenían alguna conexión con los perpetradores de este asesinato político porque el Dr. Oqueli fue detenido por más de una hora en el aeropuerto internacional, sin causa justificada alguna.

El peticionario solicitó a la CIDH que investigara el alcance de la implicación de las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas en el asesinato del Dr. Oqueli y de la Lic. Flores.

5. Durante la visita in situ a Guatemala realizada del 29 de enero al 3 de febrero de 1990 con el fin de investigar otro caso, los miembros de la delegación de la CIDH aprovecharon la oportunidad para plantear personalmente su preocupación a las autoridades guatemaltecas sobre el caso Oqueli/Flores. Las autoridades guatemaltecas, a su vez, informaron a los miembros de la delegación sobre las medidas adoptadas para investigar el caso para lo cual contaban con la asistencia de los más calificados organismos técnicos internacionales. La Comisión reiteró su solicitud de mantenerse informada sobre los progresos que se logren en esta investigación.

6. El 23 de febrero de 1990 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Guatemala y le solicitó que presentara sus observaciones. No habiendo recibido respuesta, la Comisión reiteró su solicitud de información el 3 de julio de 1990.

7. Mediante nota del 10 de julio de 1990, el Gobierno de Guatemala presentó a la Comisión un documento que calificó de "preliminar". El Embajador John Schwank Durán, Representante Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos, indicó en su nota que continuaría informando a la Comisión sobre el progreso de este caso ante los tribunales de Guatemala. Hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha presentado más información sobre el caso.

8. El informe oficial "preliminar" del Gobierno sobre el asesinato fue preparado por la Oficina de Seguridad Presidencial de Guatemala. El informe sobre los hechos en general coincide, al igual que la conclusión, con el relato presentado por el peticionario, de que los perpetradores eran probablemente miembros de la extrema derecha salvadoreña con por lo menos el apoyo de algunos guatemaltecos. El informe del Gobierno consiste de dos documentos, uno de fecha 16 de marzo de 1990 y el otro de mayo del mismo año. Aparentemente cada uno fue preparado por diferente(s) persona(s) debido a que ciertos hechos se presentan en forma contradictoria. El primer documento contiene un anexo que consta de varios partes policiales.

9. El informe de marzo de 1990 puede resumirse de la siguiente manera:

a. Que el Dr. Oqueli arribó procedente de México el 11 de enero en visita no oficial a Guatemala y fue demorado en el aeropuerto ("para verificar la fecha de entrada en su pasaporte porque parecía que estaba equivocada"). Allí se encontró con su amigo el Embajador de Nicaragua en Guatemala. Que la Lic. Flores fue a recibirlo y que a las 3:00 p.m. de ese mismo día, la Lic. Flores y el Dr. Oqueli acompañaron al señor René Flores al aeropuerto (a quien, según el informe, las autoridades de seguridad guatemaltecas no pudieron entrevistar). Que el 12 de enero la Lic. Flores llevó al Dr. Oqueli al aeropuerto para su viaje a Nicaragua y según testigos, fueron interceptados por un grupo de hombres desconocidos que bloquearon su automóvil interponiendo un vehículo color café.

b. Que a las 6:30 a.m. del 12 de enero la policía recibió una llamada para verificar que un automóvil había sido abandonado en el camino al aeropuerto. Transeúntes declararon a la policía que una mujer había sido sacada en forma violenta del vehículo y que otra persona saltó del automóvil y escapó. La policía verificó que el automóvil estaba registrado a nombre de la Lic. Gilda Flores. fueron entrevistados los empleados de un restaurant "Burger King" cercano que vieron parar al vehículo, sacar a una mujer del mismo y meterla en otro automóvil gris, y vieron a otra persona que intentó escapar y perdió sus anteojos, que fueron recogidos y entregados a la policía. Los testigos declararon que las personas estaban vestidas con ropa corriente y que parecían ser adultos de altura y complexión normales. Los vehículos partieron y se pararon en la luz roja del semáforo pero debido a la poca visibilidad los testigos no pudieron identificar los números de las placas.

c. La investigación policial correspondiente se inició de oficio. Durante la investigación se supo que los cadáveres del Dr. Oqueli y de la Lic. Flores se encontraron en una camioneta beige abandonada en la Carretera Panamericana que se dirige hacia El Salvador. La camioneta había sido robada al señor Mario Sánchez Urízar, antes del mediodía del 12 de enero de 1990, por un grupo de hombres armados que lo amenazaron de muerte.

d. El Comisario Militar, Mario Antonio Grijalva, confirmó el hallazgo de los cadáveres a la Policía del Tesoro. El Juez de Paz de la municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, donde se encontraron los cadáveres, ordenó que fueran trasladados a la morgue del departamento de Santa Rosa donde fueron identificados por el yerno de la Lic. Flores y por el abogado de la familia, Dr. John Schwank Durán, actual Representante Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos.

e. Fueron entrevistados el hijo de trece años de edad, la madre, la hija, el yerno y la empleada de la Lic. Gilda Flores, quienes confirmaron los pormenores de los hechos arriba mencionados. El yerno de la Lic. Flores, Teniente de Aviación P.A. Jorge Ramón Rodríguez Toledo, declaró que cuando su esposa llamó a la casa de su madre el 12 de enero de 1990 habló con la empleada, Marta Lidia Pérez, quien le informó que "agentes de la policía nacional" le habían informado que probablemente la Lic. Flores había sido secuestrada. Incidentalmente, señala el informe, el esposo de Gilda Flores, Ricardo Galindo Gallardo, había "desaparecido" ocho años antes. El yerno también declaró que el 12 de enero recibió una llamada anónima en su domicilio en la que una persona le informó que estaba llamando "desde el otro lado" y que debería llamar al teléfono 364 444, número de la funeraria de Guatemala adonde se habían llevado los cadáveres. Se piensa que es probable que la llamada haya sido hecha desde El Salvador y de allí la referencia a "desde el otro lado".

f. El informe de marzo de 1990 concluye que "casi sin lugar a dudas" el ala derecha (radical) de El Salvador estuvo motivada a perpetrar el secuestro y asesinato de Oqueli y Flores y basa esta conclusión en el hecho de que Oqueli había recibido amenazas de muerte en El Salvador entre los días 11 y 20 de noviembre, después de la ofensiva del FMLN, y que debido a ello contempló la posibilidad de trasladarse a vivir en forma permanente a México, donde había residido, y que su esposa al enterarse del asesinato lo atribuyó a la derecha salvadoreña.

El documento de marzo de 1990 concluye con una declaración sorprendente y sin fundamento que dice:

Fuentes de inteligencia guatemaltecas deducen que Roberto D'Aubuisson y los hermanos Francisco Ricardo y Orlando de Sola son responsables por la muerte de Oqueli y Flores porque aquellos estuvieron recientemente en Guatemala.

. . .

También se cree que los autores materiales del crimen (...) son salvadoreños, contratados específicamente para este hecho, sin dejar de señalar que estas personas obviamente conocían muy bien la ciudad de Guatemala o contaban con la ayuda de algunos guatemaltecos.

10. El informe de mayo de 1990 puede resumirse de la siguiente manera:

a. Que el secuestro del Dr. Oqueli y la Lic. Flores ocurrió aproximadamente a las 5:45 a.m. y los cadáveres fueron descubiertos a las 4:30 p.m. Los testigos declararon que los cadáveres fueron abandonados en una camioneta robada aproximadamente a la 1:00 p.m., por una persona que después de abandonarla continuó su camino hacia la frontera con El Salvador en un vehículo azul con placas salvadoreñas. Viajaban otras personas en este vehículo.

b. El Dr. Oqueli había venido a Guatemala procedente de México y continuaba viaje a Nicaragua, aparentemente con el fin de obtener una

visa nicaragüense. El Embajador Zambrana de Nicaragua fue a reci‑ birlo al aeropuerto el 11 de enero. La esposa del Dr. Oqueli declaró que su esposo había ido a Guatemala a encontrarse con el Sr. René Flores, un amigo, y que para ello habían hecho arreglos por teléfono desde El Salvador y México. Pero se ha demostrado que René Flores llegó a Guatemala con el Dr. Oqueli el 11 de enero de 1990 en el mismo vuelo procedente de México. René Flores pasó parte del 11 de enero con el Dr. Oqueli y con la Lic. Flores en su domicilio hasta que los dos lo llevaron al aeropuerto y él regresó a El Salvador.

c. Durante el día del 11 de enero, el Dr. Oqueli hizo llamadas telefónicas, obtuvo su visa en la Embajada de Nicaragua y acompañó al Sr. René Flores al aeropuerto. En la noche el Dr. Oqueli y la Lic. Flores permanecieron en su casa. El 12 de enero la Lic. Flores lo llevó al aeropuerto al Dr. Oqueli y ambos fueron secuestrados y asesinados.

d. Al día siguiente se realizó una reunión secreta en Guatemala entre figuras políticas estadounidenses y miembros del FMLN, sin conocimiento del Gobierno de Guatemala, el cual se enteró cuando se estaba realizando para brindar protección y evitar problemas con grupos clandestinos no guatemaltecos. Oqueli podría haber estado en Guatemala para obtener mayor información sobre esta reunión antes de asistir a la reunión de la Internacional Socialista en Nicaragua.

e. Luego el informe intenta definir el motivo del secuestro y asesinato y plantea las siguientes hipótesis:

i. La primera hipótesis establece que fue obra de la extrema derecha salvadoreña que se opone a un diálogo entre el FMLN y los estadounidenses y esperaba, por medio de este secuestro, interrumpir el diálogo.

ii. La segunda hipótesis plantea que fue obra de la extrema derecha salvadoreña, presente en Guatemala debido al diálogo entre el FMLN‑EE.UU., y al verlo a Oqueli en el aeropuerto decidieron, al ser este un "objetivo oportuno", secuestrarlo para llevarlo a El Salvador, sacarle información y vengarse por su supuesta participación en la ofensiva de noviembre de 1989.

El informe establece que ambas hipótesis responsabilizan a grupos salvadoreños aun cuando información no confirmada revela que se había contratado a "Contras" mercenarios para este fin. La forma en que se llevaron a cabo estos asesinatos revela que se cometieron por razones políticas. Los cadáveres no presentaban señales de tortura; por tanto, es evidente que no fueron secuestrados para sacarles información. El informe también propone una variante a la segunda hipótesis, en el sentido de que los secuestradores intentaron llevar a Oqueli a El Salvador, pero quizás luego recibieron una contraorden debido a los problemas políticos que este secuestro causaría en los círculos políticos salvadoreños. En todo caso, descarta la posibilidad de que las fuerzas de seguridad guatemaltecas estuvieran comprometidas con los asesinatos porque, "excepto por el hecho de que el pasaporte de Oqueli estuvo retenido media hora en el aeropuerto" no había "otra prueba" para fundamentar su participación.

f. El informe apoya la primera hipótesis señalando que la extrema derecha de El Salvador consideraba que Oqueli había "participado directamente" en la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989 y que él y otros se encontraban en la Embajada de Venezuela "aguardando el éxito de la ofensiva". El informe continúa diciendo que "no es la primera vez que grupos terroristas salvadoreños han operado en Guatemala" y que "inteligencia tiene información sobre personas relacionadas con los grupos terroristas salvadoreños que probablemente estuvieron operando en años recientes en Guatemala".

La investigación podría confirmar que por coincidencia se encontraban en el país justamente los días en que ocurrieron el secuestro y el asesinato, habiendo ingresado a Guatemala en vuelos diferentes pero los dos procedentes de El Salvador el mismo día.

Luego el informe hace una acusación no fundamentada contra el agregado militar salvadoreño en Guatemala, "cuyos antecedentes podrían sindicarlo como sospechoso porque les podría haber dado refugio a grupos terroristas clandestinos procedentes de El Salvador". El informe reconoce, sin embargo, que "aún no hay ningún hecho que lo señale como un sospechoso y participante directo en el asesinato objeto de investigación; sin embargo, no hay lugar a dudas que conversar con este sujeto resultaría de gran utilidad para esta investigación, si lo permitieran las autoridades salvadoreñas, dada la función diplomática que el mismo ejerce".

g. El informe indica que un informe forense establece que a Oqueli y a Flores se les inyectó una sustancia para hacerles perder el conocimiento, al tiempo que se especula que probablemente el plan original era trasladarlos a El Salvador, porque de otra forma los cadáveres podrían haber sido abandonados en cualquier otro lugar de la Ciudad de Guatemala. En el informe se presume que se recibieron contraórdenes y que los secuestradores utilizaron un vehículo robado que fue seguido por uno de los suyos. El vehículo y los cadáveres fueron abandonados en un lugar conocido como Jalpatagua, a cinco kilómetros de la frontera con El Salvador y a un kilómetro de un control de vehículos de la Policía del Tesoro que por lo general es el mismo lugar del control de frontera. Aparentemente el conductor abandonó el vehículo al borde del camino y ascendió al vehículo azul en el que viajaban otras cuatro personas "dos de las cuales probablemente tenían barba" y continuaron viaje a El Salvador.

h. El informe de mayo de 1990 arriba a las siguientes conclusiones:

i. Las fuerzas de seguridad a cargo de la investigación deben trasladar este caso al Fiscal General, quien en cooperación con los tribunales correspondientes puede tomar las medidas legales pertinentes.

ii. En este punto de la investigación el informe debería ser sometido a la Comisión Investigadora Presidencial, creada por el Gobierno y compuesta de distinguidas figuras nacionales e internacionales, de manera que estos puedan presentar sus observaciones o ampliar la investigación en los campos que consideren apropiado.

iii. Este informe debería ser sometido a las autoridades salvadoreñas, sin cuya cooperación no se puede llegar a conclusiones definitivas.

iv. Es evidente que esta investigación no es concluyente con respecto a las personas a quienes se refiere, sino sólo con respecto al camino que debe seguirse.

v. El o los autores del informe (miembros de una fuerza de seguridad) están convencidos de que las fuerzas de seguridad de Guatemala no participaron en estos actos, porque no habría motivos ni pruebas de su participación excepto por la demora del pasaporte en el aeropuerto "lo cual parece ser un hecho estrictamente administrativo". Sin embargo, el informe no descarta la posibilidad de que "algún guatemalteco perteneciente a algún grupo terrorista o cuerpo de seguridad podría haber suministrado información que hubiera contribuido a la consumación del acto". No obstante, esto se considera "improbable" en vista de que los nombres de Oqueli y Flores no aparecieron "en ninguna de las listas de personas peligrosas a la seguridad del Estado", ni están relacionadas con crimen alguno.

11. Los anexos a estos informes, que incluyen los partes policiales, los informes del médico forense, el informe balístico, el informe biológico‑químico y la identificación de los documentos de Oqueli, constituyen parte de la respuesta oficial del Gobierno al caso y ofrecen una interesante información que se ignora en los informes oficiales:

El oficial de policía que hizo el parte sobre el vehículo robado el 12 de enero (el vehículo abandonado en que se encontraron los cuerpos de Oqueli y Flores) cita a Mario Antonio Sánchez Urízar, de 57 años de edad, que dijo: "Que a las 11:15 a.m., cuando dirigía su camioneta Toyota, color beige, por el Bulevar San Cristóbal, Zona 8, Mixco, fue interceptado por tres desconocidos, armados (con pistolas) que dirigían un automóvil blanco y "quienes se identificaron como miembros de la Policía Nacional enseñando sus carnets de identificación". Le pidieron que les mostrara los documentos del vehículo y luego "bajo amenazas de muerte lo despojaron de su vehículo" y partieron con dirección desconocida. (El subrayado es nuestro).

12. El 23 de julio de 1990 la Comisión transmitió la respuesta del Gobierno de Guatemala a los peticionarios para observaciones.

13. Los peticionarios sometieron dos documentos como respuesta: (1) un informe presentado por el Movimiento Revolucionario Nacional (MNR), del cual Oqueli era Subsecretario General, titulado "Observaciones al Tercer Informe Presentado por el Gobierno de Guatemala con relación a los Asesinatos de Héctor Oqueli y Gilda Flores" de fecha 12 de septiembre de 1990, y (2) un informe sometido por la Internacional Socialista, con sede en Londres, de la cual Héctor Oqueli era Secretario del Comité para América Latina y el Caribe, preparado por los profesores Tom Farer y Robert K. Goldman de la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C., titulado "Evaluación de la Investigación y los Informes Preparados por el Gobierno de la República de Guatemala", de fecha 2 de octubre de 1990. Como ambos informes habían sido remitidos al Gobierno de Guatemala por otras vías, eran de conocimiento público, habían recibido amplia difusión y no ofrecían nueva información sino que se limitaban a evaluar la respuesta del Gobierno, no fueron transmitidos al Gobierno de Guatemala para observaciones.

14. Los dos informes presentados por los peticionarios dicen que el Gobierno de Guatemala no determinó los hechos de este crimen y no ha responsabilizado a nadie por su autoría material o intelectual.

15. El informe del MNR puede resumirse así:

1. El 22 de enero de 1990, el Presidente Vinicio Cerezo prometió a una delegación de la Internacional Socialista que visitó Guatemala que realizaría una investigación para determinar los hechos.

2. El Gobierno Demócrata Cristiano (del Presidente Cerezo) circuló tres informes (en enero, abril y mayo) y en ninguno de ellos se identifica a los asesinos. Las investigaciones no condujeron a nada.

3. El estilo defensivo de la redacción de dichos informes procura exculpar a toda costa al Gobierno de Guatemala de toda responsabilidad en las muertes.

4. El Presidente Cerezo integró una Comisión Presidencial de alto nivel que aparentemente nada tuvo que ver con la preparación de los informes gubernamentales, puesto que los informes mismos recomiendan que se transmitan a la Comisión. El o los autores del informe se identifican anónimamente como el "Estado Mayor Presidencial, Departamento de Seguridad, Guatemala". En realidad, parece que la Comisión Presidencial creada especialmente para investigar el caso nunca funcionó.

5. El informe gubernamental no investiga ciertas cuestiones importantes tales como:

a. ¿Quién informó a los secuestradores de la llegada de Oqueli a Guatemala? Este punto es crucial en vista de que Oqueli estuvo apenas 24 horas en el país, un lapso muy breve para preparar y ejecutar una operación de esa índole.

b. El dueño de la camioneta dijo que los individuos que le robaron el vehículo se identificaron como miembros de la Policía Nacional de Guatemala mostrando sus carnets de identidad. Este hecho nunca fue investigado.

c. La camioneta fue devuelta a su dueño sin haberse intentado tomar huellas digitales para identificar a los sospechosos.

d. No se intentó descubrir la nacionalidad de las personas que robaron el vehículo; no se hicieron preguntas al dueño acerca del acento o la nacionalidad de tales personas.

e. Los diferentes informes se contradicen entre sí. Claramente, el o los autores no se interesaron por llegar a la verdad, por ejemplo:

i. Se alega que Oqueli y René Flores llegaron a Guatemala en el mismo vuelo. Esto no es cierto. Oqueli llegó de México y Flores de El Salvador, lo que revela que el o los autores no hicieron las más mínimas indagaciones con las autoridades de inmigración.

ii. Se alega que el Embajador de Nicaragua en Guatemala fue al aeropuerto a recoger a Oqueli. Esto no es cierto. El Embajador de Nicaragua y Oqueli se encontraron allí fortuitamente, pero sólo la Lic. Gilda Flores lo estaba esperando.

iii. Se alega que Oqueli, Guillermo Ungo del MNR y Luis Ayala de la Internacional Socialista se encontraban en la Embajada de Venezuela en El Salvador a la espera del triunfo de la ofensiva del FMLN. Esto no es cierto. Luis Ayala no se encontraba en El Salvador en esos momentos.

f. El informe forense dice que los secuestradores inyectaron a Oqueli y Flores con alguna sustancia, pero no se hizo ningún intento de averiguar qué era ésta.

g. Tampoco se trató de entrevistar a Guillermo Ungo, el jefe del partido político de Oqueli, a fin de determinar los motivos del viaje de Oqueli a Guatemala, con quién se reunió, la duración de su estadía, etc.

h. No se trató de entrevistar a René Flores, otra figura importante del partido, a quien se ha tratado de tachar de posible sospechoso. Esta es una intriga que se rechaza por ser irresponsable.

6. En su informe, el MNR llega a la conclusión de que continúa considerando que el asesinato se cometió por motivos "estrictamente políticos" y que la responsabilidad recae en elementos político‑ militares de la extrema derecha salvadoreña. En consecuencia, el MNR solicita que el Gobierno de Guatemala emprenda una "investigación seria y responsable a fin de determinar la autoría material e intelectual del crimen". Añade el informe del MNR que no queda claro si el Gobierno de Guatemala ha procurado obtener la colaboración del Gobierno de El Salvador para emprender esta investigación.

7. El segundo informe preparado por la Internacional Socialista evalúa la respuesta del Gobierno de Guatemala y "no trata de identificar a los autores del crimen", puesto que carece de "los medios y el mandato para realizar una investigación para descubrirlos". La opinión de los autores de este informe es que "la responsabilidad final por su identificación y castigo evidentemente recae sobre el Gobierno de Guatemala", y en virtud de que ejerce soberanía sobre el territorio donde ocurrió el crimen, tiene más obligaciones que las otras partes de cumplir su deber legal y moral, así como medios superiores para hacerlo.

El informe de la Internacional Socialista llega a la conclusión de que, aunque el Presidente Cerezo había prometido hacer todo lo que estuviera a su alcance para resolver el crimen e identificar a quienes lo perpetraron, la investigación "adolece de graves defectos" y los autores encuentran que las "contradicciones, omisiones y conclusiones erróneas son tan patentes" que se preguntan si el Presidente Vinicio Cerezo realmente tiene la intención de que sea tomado en serio. El Ministro del Interior, General (R) Carlos Morales Villatoro, miembro de la Comisión Presidencial de Investigación y encargado de la Policía Nacional, jugó un papel obstruccionista porque contrariamente a las conclusiones del informe del Gobierno, insistió ante los autores que quienes perpetraron el crimen eran miembros de la izquierda salvadoreña e incluso insinuó que René Flores, amigo y colega de Oqueli, fue uno de los responsables.

CONSIDERANDO:

1. Que la denuncia cumple los requisitos formales de admisibilidad establecidos en el Artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Guatemala pasó a ser parte cuando depositó su instrumento de ratificación el 25 de mayo de 1978.

2. Que en este caso se han agotado los recursos internos conforme al Artículo 26 (1) (a) de la Convención Americana, al haber sometido Guatemala su respuesta a la denuncia mediante nota de fecha 10 de julio de 1990, sin presentar más documentos o información en torno al caso desde entonces, lo que lleva a la conclusión de que las autoridades guatemaltecas no han tomado otra acción administrativa o judicial. El hecho de que no se ha tomado más acción en este caso ha sido también confirmado verbalmente por las autoridades diplomáticas guatemaltecas acreditadas ante la Organización de los Estados Americanos.

3. Que en cuanto al agotamiento de los recursos internos, el Ministro del Interior, Carlos Morales Villatoro, hizo una declaración pública en el curso de la investigación realizada por los abogados de la Internacional Socialista en el sentido de que "el gobierno hizo lo que pudo, y ahora el caso es estrictamente asunto para los tribunales". Los tribunales guatemaltecos no han tomado ninguna acción en este caso. No podría esperarse que actuaran puesto que la investigación gubernamental oficial atribuyó la responsabilidad por el crimen a los escuadrones de la muerte salvadoreños, de la derecha, sin ofrecer fundamento ni causa probable. Como es de esperar, las autoridades salvadoreñas han rechazado estas acusaciones infundadas y las han desestimado, en efecto paralizando toda acción en torno al caso tanto en Guatemala como en El Salvador.

4. Que la investigación realizada por la policía guatemalteca revela la presunta participación de integrantes de la Policía Nacional en el secuestro y asesinato de Oqueli y Flores y que no se realizó ninguna otra investigación para determinar quiénes fueron los individuos responsables. El propósito de los informes oficiales del Gobierno de librar de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad guatemaltecas se funda principalmente en la afirmación de que las balas que se usaron para asesinar a Oqueli y Flores no se encuentran corrientemente en Guatemala. Es, no obstante, materia de público conocimiento que las armas de calibre 7.65 son corrientes en todo el mundo ‑‑en Estados Unidos se llama pistola automática de calibre 32. Se trata de un arma liviana que usa un proyectil pequeño y es muy eficaz a corta distancia. Esas armas se compran con toda facilidad en Guatemala y en los Estados Unidos.

5. El papel que jugó el Ministro del Interior, General (R) Morales, en el curso de la investigación en lo que se refiere a la colaboración del agente del FBI, señor Joseph A. Gannon da validez a la presunción de que el Ministro Morales ayudó a encubrir el papel de la Policía Nacional en este crímen. El señor Gannon pidió muestras de la sangre de las víctimas, de la ropa, huellas digitales y cabellos encontrados en el vehículo y de las balas, y les ofreció el uso de un detector de mentiras. Los investigadores de la policía, según el señor Gannon, acogieron la idea con entusiasmo, mientras que el General Morales posteriormente negó que se hubieran tomado muestras de sangre y no permitió al FBI analizar las pruebas sustanciales de la escena del crímen. Según Gannon, los investigadores de la policía trataron de cumplir sus obligaciones de forma profesional, pero sus esfuerzos se vieron impedidos al más alto nivel. Después de 10 días de espera, Gannon abandonó Guatemala convencido de que no recibiría cooperación alguna. No obstante, luego de la partida de Gannon el Presidente Cerezo manifestó en declaraciones públicas que Guatemala había recibido asistencia del FBI en la investigación del caso.

6. Que las entrevistas con colegas de Oqueli revelaron que él mismo estaba convencido de que retenerle el pasaporte en el aeropuerto tenía por fin darle a las autoridades guatemaltecas suficiente tiempo para arreglar que lo siguieran y que Oqueli creía que ya lo estaban vigilando cuando partió del aeropuerto. Que Oqueli también creía que cuatro personas más estaban apostadas para vigilarlo cuando llegaron a la casa de Gilda Flores un rato después.

7. Que la responsabilidad final de individualizar y sancionar a los autores del crimen corresponde al Gobierno de Guatemala, puesto que las autoridades guatemaltecas tienen las pruebas bajo su control, ya que el crimen ocurrió en ese país.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1. Declarar que el Gobierno de Guatemala ha incumplido bajo el Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el compromiso de respetar el derecho a la vida (Artículo 4), el derecho a la integridad personal (Artículo 5), el derecho a la libertad personal (Artículo 7), el derecho a la libertad de asociación política (Artículo 16) y el derecho a protección judicial (Artículo 25) por el secuestro y asesinato del abogado salvadoreño Dr. Héctor Oqueli y de la abogada guatemalteca Lic. Gilda Flores.

2. Recomendar al Gobierno que disponga una investigación exhaustiva de los hechos consignados en esta denuncia para determinar los hechos y someter a la justicia a los responsables de este nefando crimen a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y compensar justa y debidamente a los familiares de las víctimas.

3. La Comisión solicita que el Gobierno de Guatemala le informe dentro de un plazo de 90 días sobre las medidas tomadas para poner en práctica esta recomendación.

4. Enviar este informe al Gobierno de Guatemala.

5. Considerar en el próximo período ordinario de sesiones de la Comisión si las medidas tomadas por el Gobierno de Guatemala cumplen las recomendaciones consignadas precedentemente y decidir en esa oportunidad si se publica o no este informe.