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INFORME
N°
33/01*
CASO 11.552
GUERRILLA DEL ARAGUAIA
JULIA GOMES LUND Y OTROS
BRASIL
6 de marzo de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 7 de agosto de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante denominada la “Comisión”) recibió una petición
contra la República Federativa de Brasil (en adelante, el “Estado” o
“Brasil”), presentada por la sección brasilera del Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL/Brasil) y por Human Rights Watch/Americas (HRWA). Posteriormente, se sumaron como
copeticionarios en el presente caso el Grupo Tortura Nunca Mais, sección
de Rio de Janeiro (GTNM/RJ) y la Comisión de Familiares de Muertos y
Desaparecidos Políticos de São Paulo (CFMDP/SP). La petición hace referencia
a la desaparición de integrantes de la Guerrilla del Araguaia entre
1972 y 1975 y a la ausencia de una investigación de los hechos por parte
del Estado desde entonces. Julia Gomes Lund y otras 21 personas fueron
presuntamente asesinadas durante las operaciones militares realizadas
en la región del Araguaia, al sur de Pará. Desde 1982, los familiares
de estas 22 personas intentan, por medio de una acción ante la Justicia
Federal, obtener información sobre las circunstancias de la desaparición
y muerte de los guerrilleros, así como la recuperación de sus cuerpos.
2.
En la petición se alega que los hechos narrados constituyen una
violación de los derechos garantizados en los artículos I (derecho a
la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la persona), XXV
(derecho a la protección contra la detención arbitraria) y XXVI (derecho
a un proceso normal) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (en adelante, la “Declaración Americana” o la “Declaración”),
y en los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (garantías judiciales),
12 (libertad de conciencia y religión), 13 (libertad de pensamiento
y de expresión), y 25 (protección judicial), conjuntamente con la violación
del artículo 1(1) (obligación de respetar los derechos) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “Convención Americana”
o la “Convención”).
3.
El Estado respondió alegando que no se habían agotado los recursos
internos disponibles y que, debido a la aprobación de una ley que organiza
la investigación e indemnización de los casos relacionados con desaparecidos
políticos, la petición ya no tiene objeto, habida cuenta de que ya se
otorgó reparación por las violaciones alegadas y se reconoció la responsabilidad
del Estado por los hechos.
4.
Tras analizar la petición y llegar a la conclusión de que las
exigencias para la aplicación de la Convención fueron cumplidas, la
Comisión decidió desestimar la alegación de insubsistencia de los motivos
de la petición y declararla admisible en su totalidad.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
5.
El día 7 de agosto de 1995, la Comisión recibió una comunicación
de los peticionarios. El
12 de diciembre del mismo año, se remitieron al Estado las partes pertinentes
del expediente, solicitándole información sobre el caso.
6.
El 20 de mayo de 1996, la Comisión recibió dos nuevas informaciones
mediante comunicación de los peticionarios. La primera trata de la aprobación
por el Estado de una ley[1] que reconoce la responsabilidad del Estado brasilero
por las desapariciones provocadas por actividades políticas realizadas
entre setiembre de 1961 y agosto de 1979, y proporciona indemnización
a las familias de las víctimas. La segunda información refiere a que
en diversos materiales periodísticos, individuos que participaron en
los eventos de la región del Araguaia identificaron los lugares donde
habían sido sepultados los cuerpos de los guerrilleros y suministraron
documentos y fotografías secretos sobre las operaciones realizadas.
El 22 de mayo de 1996, la Comisión envió copia del referido material
al Estado, para su evaluación y comentarios.
7.
La Comisión Interamericana recibió la respuesta del Estado el
día 26 de junio de 1996. Esa contestación se refería a los procedimentos
disponibles en Brasil para la solución del litigio, y argumentaba acumulativamente
el no agotamiento de los recursos internos y la pérdida de objeto de
la petición. El 16 de julio del mismo año, la Comisión envió copia de
la respuesta del Gobierno a los peticionarios, solicitándoles sus comentarios.
8.
El 23 de agosto de 1996, la Comisión recibió los comentarios
de los peticionarios a la respuesta del Estado.
En resumen, alegan que el trámite lento e improductivo del proceso
judicial es prueba de que el Estado no tiene intención de esclarecer
los hechos relativos a la desaparición de los guerrilleros. Asimismo,
alegan la insuficiencia de la Ley N°
9140 de 1995. El 19 de setiembre se enviaron estas observaciones al Estado.
9.
El 7 de octubre de 1996 se celebró una audiencia entre las partes,
en la que los peticionarios y el Estado presentaron sus argumentos sobre
la admisibilidad de la petición.
10.
Por carta del 9 de diciembre de 1996, los peticionarios solicitaron
información sobre el interés del Estado en procurar una solución amistosa
en varios de los casos en los que estaba implicado, incluido el presente
caso. El 13 de diciembre,
la Secretaría de la Comisión informó a los peticionarios que el Estado
no se había pronunciado sobre la posibilidad de una solución amistosa
de los referidos casos.
11.
El 10 de enero de 1997, la Comisión recibió nuevos documentos
y una solicitud de parte de los peticionarios en el sentido de incluir
como copeticionarios a la Comisión
de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos del Instituto de
Estudios de la Violencia del Estado – IEVE, y a la Sra. Angela
Harkavy, hermana de Pedro Alexandrino Oliveira, desaparecido en
la región del Araguaia.
12.
El 25 de febrero de 1997, el Gobierno envió nuevas observaciones
sobre el caso, alegando
que el mismo debía ser archivado en la medida en que el Estado ya había
reparado el daño provocado por la violación alegada. Esta información
fue remitida a los peticionarios el 18 de abril de 1997.
13.
El 4 de marzo de 1997 se celebró una nueva audiencia entre las
partes, en la que nuevamente se presentaron argumentos en torno a la
admisibilidad de la petición y fue oída, en calidad de testigo, la Sra.
Angela Harkavy, hermana de un desaparecido y copeticionaria en el caso.
La Comisión ofreció sus buenos oficios para procurar una solución
amigable y otorgó un plazo de treinta días para que las partes decidieran
si deseaban recorrer esa vía.
En la misma ocasión, los peticionarios presentaron alegaciones
escritas sobre el caso, solicitando que el mismo fuese declarado admisible,
agregando que la principal reivindicación de las familias de los desaparecidos
–el conocimiento de las circunstancias de las desapariciones y el lugar
de la sepultura de sus cuerpos– no había sido satisfecha por las medidas
adoptadas por el Estado.
14.
El 6 de marzo de 1997, el Estado remitió nuevas observaciones
sobre el caso, en los términos de su exposición oral durante la audiencia
del 4 de marzo, y en respuesta a la comunicación de los peticionarios
de la misma fecha. En su contestación, el Estado solicita el archivo
del caso. El 19 de marzo se remitió a los peticionarios copia de estas
alegaciones.
15.
El 23 de mayo de 1997, los peticionarios presentaron su respuesta
a las observaciones del Estado, adjuntando asimismo alegaciones de un
nuevo copeticionario, el Grupo
Tortura Nunca Mais – RJ. Las observaciones y los documentos pertinentes
fueron remitidos al Estado el 3 de junio de 1997.
La respuesta del Estado fue recibida el 25 de julio de 1997 y
remitida a los peticionarios el 29 de ese mes.
16.
El 25 de julio de 1997 se recibió Nota del Gobierno con alegaciones
adicionales sobre la admisibilidad y mérito de la denuncia, afirmando,
en suma, que el Estado no disponía de más información, aparte de la
remitida a la Comisión Especial creada por la Ley N°
9140 de 1995, que no había violado las obligaciones que le impone la
Convención Americana, y que está “minimizando los efectos” de las violaciones
cometidas en el pasado.
17.
El 4 de noviembre de 1997, la Comisión recibió nueva información
de los peticionarios, incluida la declaración de uno de los sobrevivientes
de la “Guerrilla del Araguaia”. Estos documentos fueron remitidos al
Estado el 17 de noviembre.
18.
En nuevas comunicaciones, recibidas los días 14 y 22 de abril
de 1998, los peticionarios ofrecieron nueva información sobre la existencia
de documentos militares con información
precisa sobre el paradero de las personas desaparecidas. Esta
información fue remitida al Estado el 20 de abril del mismo año.
19.
El Gobierno respondió por nota recibida el día 31 de agosto de
1998, alegando en esencia que la violación ya había sido reparada y
que, por tal motivo, el caso debía ser archivado, en aplicación del
artículo 48(1). Esta comunicación
fue enviada a los peticionarios el 1°
de setiembre de 1998.
20.
Por carta recibida
el 3 de febrero de 1999, los peticionarios solicitaron prórroga para
presentar nueva información sobre el caso. La Comisión concedió dicha
prórroga del plazo el 3 de febrero.
El 5 de marzo de 1999, los peticionarios presentaron nuevas alegaciones
en el caso, habiéndose remitido dicha información al Gobierno el 11
de marzo de 1999. El 28 de marzo del 2001 se realizó una nueva audiencia ante
la Comisión con representantes del Gobierno y los peticionarios, en
la que luego de manifestaciones de las partes reafirmando sus posiciones
posteriores, los peticionarios solicitaron se avanzara con el trámite
del caso y se emitiera una decisión de admisibilidad.
III.
POSICIÓN DE LAS PARTES
A.
Posición de los peticionarios
21.
Los peticionarios alegan que entre 1972 y 1975 se realizaron
una serie de campañas militares con el objetivo de erradicar un foco
de guerrilla rural en la región del Araguaia, al sur del Estado de Pará.
La “Guerrilla del Araguaia” había sido fundada por militantes del Partido
Comunista de Brasil (PC de B) en 1966 y realizaba un trabajo de movilización
de la población local con el objetivo de desencadenar una revolución
para derrocar al gobierno militar brasilero, que estaba en el poder
desde 1964.
22.
En el transcurso de estas operaciones militares -alegan los peticionarios-
desaparecieron cerca de sesenta guerrilleros y afirman que fueron muertos
en enfrentamientos con las fuerzas armadas brasileñas o detenidos, torturados
y luego asesinados. Entretanto,
ninguna de las personas fue reconocida como muerta, manteniendo su condición
de desaparecidos políticos.
Según afirman los peticionarios, el régimen habría ocultado la existencia
del conflicto e inclusive la desaparición de los guerrilleros.
23.
Con la reapertura democrática, más precisamente, en 1982, familiares
de 22 de las personas desaparecidas interpusieron una acción ante la
Justicia Federal del Distrito, solicitando la determinación del paradero
de los desaparecidos y la localización de sus restos mortales, para
que se les pudiera dar un entierro digno y determinar las circunstancias
del fallecimiento. En un
primer momento, la justicia nacional dio un trámite normal al proceso,
solicitando documentos a las autoridades del Poder Ejecutivo e intimando
a testigos. Sin embargo, el 27 de marzo de 1989, tras la sustitución
del Juez responsable del caso, la acción fue juzgada extinguida sin
evaluarse el mérito, sobre la base de que el pedido era jurídica y materialmente
imposible de atender. De la misma manera, el Juez estimó que lo solicitado
por los autores –la obtención de un documento civil que declarase la
ausencia de los desaparecidos- estaba contemplado por la Ley de Amnistía
y no requería ningún complemento judicial.[2]
24.
En la petición se indica que los autores de la acción entablada
ante la Justicia Federal apelaron la decisión de dar por extinguido
el proceso y el 17 de agosto de 1993 obtuvieron una sentencia del Tribunal
Regional Federal (tribunal federal de segunda instancia) que revirtió
la decisión en primera instancia, devolviendo el caso al mismo juicio
para la instrucción del juzgamiento de los méritos.
El 24 de marzo de 1994, la Unión (el Gobierno federal) opuso
embargo de declaración[3]
a la sentencia del Tribunal Federal. Aunque los peticionarios no presentaron
esta información en sus alegaciones, el propio Estado informó --en su
Nota recibida el 4 de marzo de 1997-- que el referido recurso no fue
conocido por la Justicia, mediante decisión unánime del mismo Tribunal
Regional del 12 de marzo de 1996. Contra esta decisión la Unión presentó
un Recurso Especial,[4]
que fue igualmente juzgado inadmisible por el Tribunal Regional Federal.
Contra esta decisión el Gobierno apeló nuevamente, utilizando un recurso
instrumental,[5]
aún pendiente, de acuerdo con la última información presentada por las
partes. Los peticionarios alegan, en suma, que la inexistencia de una
decisión de mérito en primera instancia después de transcurridos tantos
años es prueba de que los recursos internos son ineficaces y de que
el Estado no está empeñado en la determinación de las responsabilidades
ni en la sanción de los responsables.
25.
Los peticionarios reconocen que la aprobación de la Ley N°
9140 de 4 de diciembre de 1995 fue una medida importante tomada por
el Estado brasilero para reparar las violaciones denunciadas. Por la
vía de esta ley, aparte de reconocer su responsabilidad por las desapariciones,
el Estado creó una Comisión Especial “con facultades para proceder a
reconocer como muertas a las personas desaparecidas en razón de su participación,
o acusación de participación, en actividades políticas durante el período
de 2 de setiembre de 1961 a 15 de agosto de 1975”. Esta misma ley establece
una indemnización a las personas desaparecidas reconocidas como muertas.
En base a pruebas, la referida Comisión puede también procurar la ubicación
de los cuerpos de los guerrilleros. Sin embargo, los peticionarios observan
que el Estado no ofreció nunca indicio alguno sobre el lugar de sepultura,
a pesar de disponer de documentos militares --los informes confidenciales
de los operativos realizados-- que podrían permitir su localización.
De la misma manera, la ley sería insuficiente en la medida en que no
considera obligatorio determinar las circunstancias en que se produjeron
las muertes ni identificar y sancionar a los responsables. De modo que,
pese a reconocer que la ley es un avance, entienden que es una reparación
insuficiente. En particular, consideran que la aplicación combinada
de la Ley de Amnistía y de la Ley N°
9140/95 institucionaliza la impunidad y es, por tanto, contraria a los
parámetros normativos del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos.
26.
Los peticionarios alegan que la falta de interés del Gobierno
por determinar los hechos denunciados está evidenciada en numerosos
hechos. En primer lugar, el trámite lento y la falta de cooperación
del Estado en el proceso judicial, en el que éste nunca presentó ninguno
de los documentos confidenciales que registran los hechos ocurridos
entre 1972 y 1975 en la región del Araguaia. En segundo lugar, alegan
que toda la información sobre la Guerrilla del Araguaia suministrada
a la Comisión Especial instituída por la Ley N°
9140/95 y a la Comisión Interamericana, proviene de fuentes no oficiales,
pese a tratarse de documentos oficiales. En tercer lugar, se alega que
el Estado, instado judicialmente a suministrar la información confidencial
que posee sobre las personas que estuvieron sujetas a la acción de los
servicios de inteligencia brasileros, no la ha ofrecido, o ha suministrado
información falsa o incompleta. En cuarto lugar, el Estado mantiene
en vigor leyes que impiden la determinación de los hechos denunciados,
desconociendo así el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas
y de la sociedad en general.
27.
En base a estos fundamentos, los peticionarios alegan múltiples
violaciones de la Declaración y la Convención Americanas.[6]
A juicio de los peticionarios, en el período comprendido entre 1972
y 1975, se realizó una operación militar a cargo del Estado brasilero
que provocó la desaparición de más de sesenta guerrilleros. Alegan,
igualmente, que, al no investigar las referidas desapariciones ni identificar
y sancionar a las personas responsables de las desapariciones, el Estado
creó una situación de impunidad que viola la Convención Americana. Analíticamente,
las alegaciones de los peticionarios indican que:
a)
al conducir las operaciones militares entre 1972 y 1975, el Estado
se hizo responsable de la desaparición de las víctimas y violó los artículos
I (derecho a la vida, la
libertad, la seguridad y la integridad de la persona), XXV (derecho
a la protección contra detención arbitraria) y XXVI (derecho a un proceso
normal) de la Declaración; igualmente, la persistencia de la incertidumbre
sobre el paradero de las victimas constituirían una violación continuada,
que a su vez implica la violación del artículo 4 de la Convencion, que
entró en vigencia para el Brasil
el 25 de setiembre de 1992;
b)
en la medida en que el Estado no presentó información sobre
las personas desaparecidas para permitir el esclarecimiento de los
hechos, el Estado violó el derecho a la verdad (artículos 8, 13 y
25 de la Convención);
c)
al no determinar las responsabilidades penales de los autores
de las violaciones, el Estado violó los artículos 8 (garantías judiciales)
y 25 (protección judicial);
d)
en relación con la imposibilidad de localizar los cuerpos para
darles un entierro digno, los peticionarios alegan igualmente que
se violó el artículo 12 (libertad de conciencia y de religión);
e)
las indemnizaciones otorgadas y las diligencias efectuadas
para localizar e identificar los cuerpos de los guerrilleros, medidas
adoptadas en virtud de la Ley N°
9140 de 1995, no liberan al Estado de la responsabilidad de investigar
las circunstancias en que se produjeron las desapariciones y de sancionar
a los agentes responsables, razón por la cual, tanto la Ley de Amnistía
como la referida Ley N°
9140/95 constituyen una forma independiente de violación de la Convención,
en sus artículos 8 y 25.
f)
En relación con los derechos de la Convención presuntamente
violados, se alega igualmente la violación del artículo 1(1) de la
Convención Americana, en virtud del cual los Estados partes se comprometen
a respetar los derechos y libertades en ella consagrados y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna.
28.
Los peticionarios entienden que fueron satisfechas las condiciones
para la admisibilidad de la petición. En relación con el agotamiento
de los recursos internos, se alega que hubo atraso injustificado en
la decisión de los recursos existentes, por lo cual rige la excepción
prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención. Alegan que la duración
excesiva de los procedimientos judiciales y la negativa del Estado a
presentar información a su disposición son las causas de esa demora
injustificada.
29.
En base a lo anteriormente alegado, los peticionarios piden que
se declare admisible el caso y que se elabore un informe en los términos
del artículo 50 de la Convención, en el que se condene al Estado por
la violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana,
y de los artículos 1(1), 8, 12, 13 y 25 de la Convención Americana.
B.
Posición del Estado
30.
Desde su primera manifestación en el proceso, recibida el 26
de junio de 1996, el Gobierno de Brasil no contesta los hechos mencionados
en la petición inicial, en cuanto a la existencia de un conflicto armado
entre guerrilleros y las fuerzas armadas brasileras en la región del
Araguaia. Por el contrario, en escritos posteriores,[7]
el Gobierno afirma claramente que, al aprobar la Ley N°
9140 de 1995, el Estado reconoció la responsabilidad civil y administrativa
de sus agentes por los hechos denunciados.
31.
Sin embargo, el Gobierno alega que existen recursos internos
que no fueron agotados por los peticionarios. En primer lugar, se alega
que el procedimiento judicial federal iniciado en 1982, aunque dure
muchos años, está siguiendo su trámite normal, en conformidad con las
leyes procesales brasileras. En segundo lugar, en lo que hace a la información
que los peticionarios desean obtener del Gobierno, el Estado alega que
existe la posibilidad de obtenerla por intermedio de un recurso de habeas
data, previsto en la Constitución Federal, aparte de la vía judicial
ordinaria.
32.
El Estado afirma que, con la promulgación de la Ley N°
9140, reconoció su responsabilidad y reparó la violación, mediante la
indemnización de las familias de las víctimas. Se afirma que la Ley
no se limita a una reparación pecuniaria, sino que también trata de
la investigación de las circunstancias y del lugar de las muertes. Además,
la localización de los cuerpos y la realización de pericias que permitan
determinar las circunstancias de la muerte de los guerrilleros dependen
de la disponibilidad de indicios de la zona geográfica a ser investigada.
A falta de tales indicios, es imposible de localizar los cuerpos y,
en consecuencia, identificarlos y determinar las circunstancias de las
muertes. En tal sentido, el Estado niega disponer de los informes militares
completos en los que se describan sistemáticamente los lugares de las
sepulturas y las condiciones de la muerte de estas personas. En base
a estas alegaciones, el Estado estima que la Comisión debería archivar
la petición en los términos del artículo 48(1)(b) y (c) de la Convención.
33.
En lo que respecta a la alegación de los peticionarios de que
la reparación integral de la violación exige la investigación y la sanción
penal de los responsables, el Estado alega que tal sanción está imposibilitada
por la existencia de una Ley de Amnistía aprobada en 1979 y aún vigente.
Se subraya que dicha ley fue “de gran importancia para el proceso de
sustitución del régimen militar y la democratización del país, [y] fue
lograda tras un gran consenso político nacional”.
El Estado agrega que dicha Ley de Amnistía benefició a ambos
lados en el conflicto del Araguaia.
34.
Por Nota recibida el 31 de agosto de 1998, el Gobierno presentó
por última vez sus argumentos. En resumen, el Estado alegó que (1) la
Ley N°
9140/95 representó una respuesta adecuada a la cuestión de los desaparecidos,
al reconocer la responsabilidad del Estado, otorgar una indemnización,
reconocer como muertos a los desaparecidos y procurar localizar e identificar
sus cuerpos; (2) que la presentación de documentos secretos obedece
a reglas de clasificación de documentos y que éstos pueden ser solicitados
mediante proceso judicial; (3) en lo que se refiere a la investigación
de las circunstancias de las muertes, la Ley de Amnistía extingue la
responsabilidad penal individual de las personas involucradas en ambos
lados del enfrentamiento; (4) la referida Ley es resultado de un gran
consenso nacional en el sentido de posibilitar la transición a la democracia
a comienzos de los años ochenta
En conclusión, el Gobierno solicita que el caso sea archivado,
en los términos del artículo 48(1) de la Convención Americana.
35.
En lo que respecta a las violacíones alegadas por los peticionarios,
el Estado reconoce la responsabilidad por las muertes de los guerrilleros,
pero entiende que los peticionarios disponen de medios para obtener
una reparación adecuada por estas violaciones, por la vía de la aplicación
de la Ley N°
9140/95. El Estado niega que la Ley de Amnistía y la Ley N°
9140 de 1995 promuevan la impunidad en el Brasil.
36.
En suma, el Estado alega, en relación con los requisitos para
la admisibilidad de la petición, que los recursos internos no fueron
agotados y que hechos nuevos –en especial, la aprobación de la Ley N°
9140 y el trabajo de la Comisión Especial por ella instituída – reparan
las violaciones alegadas. En base a estos argumentos, el Estado pide
que se archive el caso o que se declare inadmisible. En cuanto a los
méritos, el Estado alega que reparó las violaciones adecuadamente y
que no está violando el derecho a la verdad ni promoviendo la impunidad.
IV.
ANÁLISIS
A. Competencia ratione
personae, ratione materiae,
ratione temporis y ratione loci de la Comisión
37.
La jurisdicción de la Comisión en razón de la materia, en este
caso, se basa en que los hechos descritos, de ser probados, constituirían
una violación de la Declaración Americana y de la Convención Americana,
tal como se analiza más adelante.
38.
Los hechos descritos ocurrieron a partir de 1972, época en que
el Estado no había ratificado la Convención Americana. Sin embargo,
todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos[8]
están sujetos a la jurisdicción de la Comisión que, en los términos
del artículo 20 de su Estatuto, deberá examinar las comunicaciones que
traten de presuntas violaciones de la Declaración Americana.
Sobre esa base, la Comisión tiene jurisdicción ratione
temporis para determinar si en el período anterior al 25 de setiembre
de 1992, fecha de ratificación de la Convención por el Estado, hubo
violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana.
De la misma manera, la Comisión tiene jurisdicción en razón del
tiempo, en relación con las violaciones alegadas de los artículos 1(1),
4, 8, 12, 13 y 25 de la Convención Americana, por cuanto las presuntas
violaciones de esos artículos tendrían el carácter de violaciones
continuadas.[9]
39.
No existen dudas ni discrepancias entre las partes en cuanto
a que los hechos relatados en la petición tuvieron lugar en territorio
brasilero, en una zona bajo jurisdicción del Estado territorial. Por
estas razones, queda configurada la jurisdicción ratione
loci de la
Comisión.
40.
En cuanto a la competencia pasiva ratione
personae [en razón de la persona], los peticionarios atribuyen violaciones
a un Estado parte, en este caso Brasil. Con relación a la competencia
activa ratione personae [en razón de la persona], los peticionarios alegan
que dichas violaciones se cometieron en su propio perjuicio, de sus
familiares y de la sociedad brasileña, como víctimas directas de dichas
violaciones.
En lo que respecta al aspecto activo de la competencia rationae personae de la Comisión, el artículo 44 de la Convención
afirma que cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización
puede presentar peticiones a la Comisión. No fue contestado que las
entidades peticionarias tengan esa calidad y, por tanto, pueden presentar
peticiones en favor de las víctimas en este caso.
B.
Otros requisitos de admisibilidad de la petición
a.
Agotamiento de los recursos internos
41.
El carácter subsidiario de la protección ofrecida por el sistema
interamericano exige que, antes de dar inicio al trámite de una petición,
se debe comprobar que los peticionarios intentaron obtener una reparación
de las violaciones en el ámbito interno del Estado impugnado. En el
presente caso, ambas partes presentaron alegaciones de sustancia respecto
del agotamiento de los recursos internos.
42.
De los documentos contenidos en el proceso resulta claro que
las familias de 22 de los desaparecidos intentaron obtener información
sobre el paradero de éstos por la vía de un proceso judicial iniciado
en 1982. Fundamentaron
su pedido en el derecho natural y en los instrumentos del derecho internacional
humanitario. En la acción
solicitaban información sobre la guerrilla y las circunstancias que
rodearon la desaparición de los 22 guerrilleros, y aludían a la existencia
de un informe de las fuerzas armadas que habría concluido el 5 de enero
de 1975 y que incluiría la información necesaria para aclarar el caso.
43.
En ese proceso judicial, el Gobierno presentó cinco objeciones
preliminares que fueron rechazadas por el Juez Volkmer de Castilho el
24 de setiembre de 1982. El Estado negó la existencia del conflicto,
las desapariciones y los documentos solicitados. Agregó que, si esos
documentos existieran, no podrían ser presentados en virtud de su carácter
secreto. Tras el rechazo de estas objeciones, el juez procedió – entre
1982 y 1985 – a la citación de testigos y a solicitar los documentos
que estarían a disposición del Gobierno.
44.
El 27 de marzo de 1989, en el mismo juicio, presidido a esta
altura por el Juez Leal de Araújo, se dio por extinguido el proceso
sin juzgarse los méritos, en base a la imposibilidad material y legal
del pedido.[10]
Además, el juez entendió que, en la medida en que la Ley de Amnistía
de 1979[11]
permitía la solicitud de una “declaración de ausencia” en el caso de
los desaparecidos, este recurso legal específico impedía la utilización
de otro más genérico.
45.
Los peticionarios apelaron la decisión el 18 de abril de 1989,
alegando que el alcance del pedido iba más allá del mero “reconocimiento
de ausencia” de las personas desaparecidas, única medida prevista en
la Ley de Amnistía, y que la sentencia que dictaminó la imposibilidad
jurídica del pedido era prematura.
Asimismo, alegaron que el pedido de información procuraba no
sólo aclarar si las personas están o no definitivamente ausentes, para
fines jurídicos civiles, sino también aclarar las circunstancias exactas
de su desaparición.
46.
El 11 de setiembre de 1991, el Ministerio Público se pronunció
en favor de la apelación, alegando que el derecho a la información estaba
previsto como derecho fundamental en los términos del artículo 5°,
inciso XXXIII, de la Constitución Federal. Subsidiariamente, alegó que
el derecho a una sepultura conforme a la convicción religiosa de la
familia, como principio general de derecho, constituía una fuente pertinente
de derecho en este caso. El
parecer del Ministerio Público es también discordante con la sentencia,
al afirmar que la Ley de Amnistía no satisface las pretensiones de los
peticionarios.
47.
El Tribunal Regional Federal (2ª instancia de la Justicia Federal),
el 17 de agosto de 1993, reformó
la decisión del Juez de primera instancia, afirmando que el mérito de
la cuestión debía ser examinado y fundamentó su decisión en el derecho
a velar sus muertos de acuerdo con sus creencias religiosas.
El Tribunal igualmente comprobó que es posible que la justicia
solicite y analice documentos secretos sin ser divulgados. Contra esta
decisión se interpusieron embargos
de declaración.[12]
Este recurso fue juzgado inadmisible, por unanimidad, el 12 de marzo
de 1996. Contra esta decisión, el Estado presentó un Recurso Especial
ante el Superior Tribunal de Justicia, recurso este que fue igualmente
negado por inadmisibilidad el 20 de noviembre de 1996. Contra esta última
decisión, el Estado presentó un nuevo recurso, el 19 de diciembre de
1996, que --según información que consta en autos-- aún no fue juzgado.[13]
48.
Los peticionarios alegan que la demora extraordinaria en tramitar
el proceso judicial justifica la aplicación de la norma contenida en
el artículo 46(2)(c) de la Convención.
De acuerdo con esta disposición, la regla del agotamiento de
los recursos internos no se aplica cuando existe demora injustificada
en la decisión sobre los mencionados recursos.
49.
Por su parte, el Estado alega que, aunque el trámite sea lento,
el proceso sigue las normas vigentes y los principios de contradicción
y amplia defensa. Alega,
además, que la abogacía general de la Unión tiene la obligación de recorrer
todas las vías legalmente posibles en tanto no exista pase en autoridad
de cosa juzgada de las decisiones que contrarían los intereses de la
Unión.
50.
La Comisión entiende que, en el caso presente, la demora de más
de 18 años sin una decisión definitiva del mérito no puede ser considerada
razonable. Aunque el caso pueda ser complejo y se hayan utilizado muchos
recursos, el hecho de que no exista siquiera decisión en primera instancia
en relación con la procedencia o no del pedido, y que desde 1994 los
recursos presentados por el Gobierno no traten del mérito, sino solamente
de la interpretación de una sentencia en segunda instancia, llevan a
la Comisión a entender que no se puede exigir el requisito del agotamiento
de los recursos internos. Por estas razones, se aplica el artículo 46(2)(c)
y se exceptúa el agotamiento de los recursos internos.
b.
Plazo de presentación
51.
En razón de la naturaleza del presente caso, no hubo “decisión
definitiva” que se notificara a las víctimas.
Además, ni el Estado ni los peticionarios esgrimieron una posición
sobre este punto. Estando
en trámite el proceso desde 1982 sin que exista decisión final, la exigencia
del plazo de seis meses contenido en el artículo 46(1)(b) de la Convención
no encuentra aplicación en la especie.
c.
Duplicación de procedimentos y res
judicata
52.
No ha mediado alegación alguna de que el presente caso se encuentre
pendiente ante otro órgano o jurisdicción internacional.
De la misma manera, el presente caso no constituye una reproducción
sustancial de otra petición analizada anteriormente por la Comisión
o por otro órgano o jurisdicción internacional. Por lo tanto, se considera
que esta exigencia fue cumplida.
d.
Caracterización de los hechos
53.
El artículo 47(b) de la Convención estipula que, si una petición
no expusiera los hechos que caracterizan una violación de los derechos
garantizados por la Convención, la misma deberá ser declarada inadmisible.
Los peticionarios alegan que el Estado realizó operativos militares
en la región del Araguaia entre 1972 y 1975 y que de estos operativos
resultó la desaparición de 22 guerrilleros.
Desde entonces no hubo investigación de las circunstancias de
la muerte de los desaparecidos ni identificación y sanción de los involucrados,
pese a que el Estado reconoció su participación y su responsabilidad
y promovió indemnizaciones.
54.
La petición alega que el Estado violó el derecho de los peticionarios
y de la sociedad brasileña en general a tener información fidedigna
sobre los hechos denunciados. Esta violación surgiría de las dos acciones
del Estado. Por un lado
la mencionada ley de Amnistía se presenta como un impedimento
al acceso al Poder Judicial y, a través de él, al acceso por
los peticionarios y la sociedad a la información completa sobre los
hechos y las responsabilidades del caso. Por otro lado, las dificultades
de acceso a documentación militar sobre los hechos, basada en argumentos
de seguridad nacional, inexistencia de documentación u otros, obstaculizarían
el ejercicio del derecho al acceso a la información y a la posibilidad
de dar sepultura adecuada a las víctimas. Todo esto violaría derechos
reconocidos por los artículos 8, 13, y 25 de la Convención.[14]
55.
Además de ello la petición caracteriza los hechos como una violación
del derecho a la libertad de conciencia y de religión (artículo 12 de
la Convención) en la medida en que la desaparición forzada privaría
a los familiares de las víctimas del derecho a dar sepultura adecuada,
conforme a sus convicciones y creencias, a los restos mortales de las
víctimas.
56.
El Estado alegó que, con la promulgación de la Ley N°
9140 de 1995 --por la que se creó una Comisión Especial con competencias
para la investigación de las desapariciones, la localización de los
cuerpos y la indemnización de las familias de los desaparecidos políticos--
surgió un hecho nuevo que impide el seguimiento de la pretensión jurídica
de los peticionarios. Se
alega que la referida Ley reconoció la responsabilidad administrativa
y civil del Estado e indemnizó a los familiares de las víctimas. Con
ello, el Estado alega que ya no subsisten los motivos de la comunicación.
57.
Los peticionarios entienden que la indemnización no es una reparación
completa de la violación y alegan que el Estado no puede pretender que,
con la indemnización, repara la totalidad de la violación, pues aún
resta identificar y sancionar a los responsables de la misma. Por su
parte, el Estado alega que, en virtud de la Ley de Amnistía, no es posible
investigar la responsabilidad individual y sancionar a los agentes del
Estado involucrados en el caso. Considera la Comisión que debe considerar
en el presente caso si la Ley de Amnistía aprobada con relación a hechos
en los que se encuadran los denunciados, establece un régimen de impunidad
que impide que los tribunales competentes procesen y establezcan el
castigo de los eventuales responsables de las violaciones denunciadas.
58.
La Comisión considera que, en el estado actual del procedimiento,
no se puede afirmar con certeza que las medidas adoptadas por el Estado
constituyen o no una “reparación suficiente” de las violaciones alegadas.
En el presente caso, sería imposible que la Comisión definiera lo que
es una reparación suficiente de las violaciones, sin determinar antes
la existencia y naturaleza de las eventuales violaciones, lo que sólo
puede determinarse en la etapa de méritos. Por estas razones, la Comisión
decide desestimar la alegación del Estado de que se deben aplicar las
hipótesis de los artículos 48(b) y (c) de la Convención.
59.
Los hechos alegados en
la petición, si fueran comprobados, caracterizarían violaciones de los
artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana, así como de los
artículos 1(1), 4, 8, 12, 13 y 25 de la Convención Americana.
La Comisión considera que la excepción del artículo 47 (b) de
la Convención no se aplica al presente caso.
V.
CONCLUSIONES
60.
Por las razones expuestas, la Comisión concluye que es competente
para considerar el presente caso y que la petición satisface las exigencias
de admisibilidad, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención
Americana y los artículos 1 y 20 de su Estatuto.
61.
En base a los argumentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente,
y sin prejuzgar sobre el mérito de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Declarar admisible el presente caso en lo que se refiere a hechos
que de ser verídicos podrían constituir
violaciones de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración
Americana y de los artículos 1(1), 4, 8 , 12, 13 y 25 de la Convención
Americana;
2.
Notificar de esta decisión a las partes;
3.
Continuar con el análisis de los méritos de la cuestión;
4.
Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea
General de la OEA.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 6 días del mes de marzo
de 2001. (Firmado: Claudio
Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre,
Segunda Vicepresidenta; Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie
y Julio Prado Vallejo.
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