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INFORME
N° 51/01
CASO 9903
RAFAEL FERRER-MAZORRA Y OTROS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA(*)
4 de abril de 2001
I.
RESUMEN
1.
La petición del presente caso fue interpuesta ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) contra
los Estados Unidos de América (en adelante, el “Estado” o “Estados Unidos”)
el 10 de abril de 1987 por seis organizaciones:
el estudio de abogados de Washington, D.C.
Covington and Burling; Atlanta Legal Aid Society; Southern Minnesota
Regional Legal Services; International Human Rights Law Group;
American Civil Liberties Association y
Lawyers Committee for Human Rights (en adelante, los “representantes
de los peticionarios”). Por
carta del 23 de junio de 1999, el International
Human Rights Law Group informó a la Comisión que había decidido
interrumpir su participación en este caso.
2.
La petición fue interpuesta en nombre de nacionales de la República
de Cuba que formaban parte de la “Flotilla Libertad” del Mariel que
se dirigió a los Estados Unidos en 1980 (en adelante, “los cubanos del
Mariel”). En momentos de
interponerse la petición en abril de 1987, se decía que unos 3.000 cubanos
habían sido detenidos en los Estados Unidos por su ingreso irregular
al país. En la petición original, los representantes de los peticionarios
se proponían iniciar la acción de petición en nombre de unos 335 de
estos cubanos, bajo el nombre de Rafael Ferrer-Mazorra y otros, a la
sazón detenidos en diez centros de detención federales, estaduales o
locales de Estados Unidos (en adelante, los “peticionarios”).[1]
En la petición inicial y en las observaciones posteriores, los
peticionarios alegaron la violación de los artículos I, II, XXVII, XVIII,
XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración Americana” o
la “Declaración”), en relación con la duración del período en que los
peticionarios estuvieron detenidos en Estados Unidos y con la presunta
inexistencia de mecanismos adecuados para revisar la legalidad de su
detención.
3.
En el presente Informe, la Comisión decidió admitir el caso en
relación con los artículos I, II, XVII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración.
Además, tras considerar los méritos del caso, la Comisión llegó
a la conclusión de que el Estado era responsable de la violación de
los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración, en relación
con la privación de libertad de los peticionarios.
I.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
A.
Observaciones escritas
4.
Por nota de 15 de abril de 1987, la Comisión remitió las partes
pertinentes de la petición de los peticionarios al Estado y solicitó
a éste que enviara la información
que considerara pertinente a la denuncia dentro de un plazo de 90 días,
como lo dispone el Reglamento de la Comisión.
Por comunicación del 21 de julio de 1987, la Comisión posteriormente
concedió al Estado una prórroga del plazo hasta el 12 de octubre de
1987 para responder a la denuncia de los peticionarios.
5.
Por comunicación del 9 de octubre de 1987, el Estado respondió
a la petición. Por nota
del 14 de octubre de 1987, la Comisión remitió las partes pertinentes
de la respuesta del Estado a los peticionarios, solicitándoles una respuesta
dentro de un plazo de 45 días.
6.
Por comunicación del 24 de noviembre de 1987, la Comisión solicitó
al Estado información adicional en relación con un aparente acuerdo
entre Estados Unidos y Cuba, que comportaría la deportación de unos
2.600 cubanos de Estados Unidos.
7.
En carta del 1º de diciembre de 1987, los peticionarios solicitaron
una prórroga del plazo hasta el 6 de enero de 1988 para responder a
las observaciones del Estado del 9 de octubre de 1987, extensión que
la Comisión concedió por comunicado del 1º de diciembre de 1987.
Posteriormente, en carta fechada el 4 de enero de 1988, los peticionarios
volvieron a pedir una prórroga del plazo hasta el 6 de marzo de 1988,
solicitud a la que la Comisión accedió por comunicación del 13 de enero
de 1988.
8.
El Estado envió a la Comisión un escrito complementario por nota
fechada el 19 de enero de 1988, en el que suministraba nuevas aclaraciones
en relación con la petición y respondía a la carta de la Comisión del
24 de noviembre de 1987. Por carta del 20 de enero de 1988, la Comisión remitió las
partes pertinentes del escrito complementario del Estado a los peticionarios,
solicitándoles una contestación dentro de los 45 días.
9.
En una comunicación del 7 de marzo de 1988, los peticionarios
enviaron una respuesta a las observaciones del Estado sobre su petición.
La Comisión remitió las partes pertinentes de la respuesta de
los peticionarios al Estado en una comunicación del 8 de marzo de 1988,
solicitándole se expidiera dentro de un plazo de 60 días.
10.
Por nota del 19 de mayo de 1988, los peticionarios enviaron a
la Comisión copias en español de la petición original y el resumen de
su respuesta del 7 de marzo de 1988.
11.
El Estado, por carta del 10 de junio de 1988, solicitó una prórroga
del plazo para responder a las observaciones de los peticionarios del
7 de marzo de 1988, a lo que la Comisión accedió por comunicación del
20 de junio de 1988.
12.
Por nota del 2 de julio de 1988, el Estado transmitió a la Comisión
un Segundo Escrito Complementario en el caso.
La Comisión comunicó las partes pertinentes del Segundo Escrito
Complementario del Estado a los peticionarios por comunicación del 16
de agosto de 1988, solicitándoles se expidieran dentro de los 45 días.
13.
En carta del 31 de agosto de 1988, uno de los representantes
de los peticionarios, el estudio de abogados Covington and Burlington,
indicó que acababa de recibir el Segundo Escrito Complementario del
Estado y argumentaba, entre otras cosas, que dicho Escrito no estaban
en plazo. Posteriormente,
por carta del 29 de septiembre de 1988,
Covington and Burlington, en nombre de los peticionarios, suministró
nuevas observaciones por escrito sobre el Segundo Escrito Complementario
del Estado. Estas observaciones
en esencia reproducían los argumentos previos de los peticionarios y
se adjuntaron al expediente de la Comisión.
14.
Por comunicación del 10 de enero de 1989, los peticionarios presentaron
observaciones adicionales a la Comisión sobre el caso y, ésta, por nota
del 6 de febrero de 1989, remitió las partes pertinentes de las observaciones
de los peticionarios al Estado, solicitándole una respuesta dentro de
un plazo de 60 días.
15.
Después de una audiencia celebrada por la Comisión sobre el caso
el 5 de marzo de 1999, la Comisión confirmó al Estado y a los peticionarios,
por comunicaciones del 18 de marzo de 1999, que al concluir la audiencia
del 5 de marzo había solicitado a las partes que presentaran toda otra
información adicional que consideraran pertinente al caso dentro de
un plazo de 15 días a partir de la audiencia, y que toda información
de ese tipo sería remitida a cada parte opuesta dentro de un plazo de
30 días a partir de la fecha en que fuera recibida.
16.
En nota del 22 de marzo de 1999, el Estado envió a la Comisión
un resumen posterior a la audiencia, de acuerdo con el pedido de la
Comisión de la audiencia del 5 de marzo de 1999.
La Comisión posteriormente remitió las partes pertinentes del
resumen preparado por el Estado con posterioridad a la audiencia a los
peticionarios por carta del 8 de abril de 1999, solicitándole una respuesta
dentro de los 30 días.
17.
Por comunicación del 2 de abril de 1999, los peticionarios presentaron
a la Comisión un resumen posterior a la audiencia, de acuerdo con el
pedido de la Comisión formulado en la audiencia del 5 de marzo de 1999.
La Comisión posteriormente remitió las partes pertinentes del
resumen presentado por los peticionarios al Estado, solicitándole una
respuesta dentro de los 30 días.
18.
El 17 de mayo de 1999, los peticionarios solicitaron 20 días
más para responder al resumen que preparara el Estado con posterioridad
a la audiencia, a lo que la Comisión accedió.
Posteriormente, por comunicado del 8 de junio de 1999, los peticionarios
presentaron su respuesta al resumen que preparara el Estado con posterioridad
a la audiencia, con fecha 22 de marzo de 1999.
Por nota del 28 de julio de 1999, la Comisión remitió al Estado,
con fines informativos, las
partes pertinentes de las observaciones de los peticionarios del 8 de
junio de 1999.
19.
Entre los documentos complementarios suministrados por los peticionarios
en las distintas etapas de las actuaciones en torno a esta materia,
cabe mencionar las siguientes:
a)
un Informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
Comisión de Asuntos Judiciales, Subcomisión de Tribunales, Libertades
y Administración de Justicia, en relación con la Penitenciaría Federal
de Atlanta, 99ª. Legislatura, 2ª. Sesión (abril, 1986);
b) una
copia de una comunicación del 29 de mayo de 1986 en el marco de las
Resoluciones 728F (XXVIII) y 1503 (XLVIII) del ECOSOC en relación con
los cubanos del Mariel;
c)
copias de varias decisiones judiciales de tribunales de Estados
Unidos, en las que se desestimaban recursos de habeas corpus interpuestos
por o en nombre de los cubanos del Mariel en relación con su detención.
Esas decisiones incluían, en particular:
García Mir c. Smith 766 F.2d 1478 (11ª.Cir., 1985), cert. Denied
106 S Ct. 1213 (1986); In re Mariel
Cuban Habeas Corpus petitions, 822 F. Supp. 192 (7 de mayo de 1993)
(U.S.Dist.Ct.-Penn); y Barrera Echavarría c. Rison, 44 F.3d (9ª. Cir.
En banc, 1985);
d)
informe de Minnesota Lawyers International Human Rights Committee sobre
“The Freedom Flotilla Six
Years Later: From Mariel to Minnesota”, fechado en noviembre de
1986;
e)
un análisis del Plan de revisión de la situación de los cubanos
preparado por la Coalición de Apoyo a los Detenidos Cubanos, de fecha
29 de junio de 1987;
f)
Informe de Minnesota Lawyers
International Human Rights Committee sobre el Primer año de funcionamiento
del Centro de Detención de Oakdale, fechado en julio de 1987;
g) Una
decisión del Servicio de Inmigración y Naturalización con la Asignatura
59 FR 13868-01 del 24 de marzo de 1994, en relación con las decisiones
sobre libertad condicional de los cubanos del Mariel, aclarando y ampliando
la autoridad discrecional de ese Servicio en el contexto del Plan de
revisión de la situación de los cubanos para suspender la aprobación
de la libertad condicional de los cubanos del Mariel excluíbles.
20.
Entre los documentos complementarios presentados por el Estado
en las distintas etapas de las actuaciones sobre la materia corresponde
mencionar las siguientes:
a)
Código de Reglamentaciones
Federales de Estados Unidos, Título 8 (8 C.F.R.) secciones 212.12,
212.13;
b)
Plan y Procedimientos de revisión de la condición de los detenidos
preparado por el Procurador General, con fecha 28 de abril del 1983;
c)
Plan de revisión de la situación de los cubanos, aprobado en
mayo de 1987;
d)
Dictamen del Servicio de Inmigración y Naturalización con la
Asignatura 52 FR 48799
del 28 de diciembre de 1987, por el que se establece un proceso de revisión
de la libertad condicional por parte del Servicio separado para los
cubanos del Mariel;
e)
copia de un memorándum del 6 de junio de 1988 por el que se adjuntan
“Instrucciones especiales en relación con la disponibilidad de información
para los representantes de los cubanos del Mariel en los Programas de
libertad condicional y repatriación.
f)
La “Política sobre disponibilidad de información” del Estado,
suministrada en el Segundo escrito complementario del Estado, el 2 de
julio de 1988;
g)
un modelo de “Carta de intención de denegación de la libertad
condicional” a los cubanos del Mariel, en inglés y español;
h)
un modelo de la Denegación de la libertad condicional por el
Servicio de Inmigración y Naturalización, en inglés y español, emitida
respecto de una audiencia de revisión del 13 de noviembre de 1987, en
la que se incluye un resumen de los hechos y de las razones de la denegación;
i)
lista de los detenidos cubanos del Mariel detenidos en algunas
instalaciones federales que fueron visitadas por la Comisión durante
su inspección in situ, que se describe en
la Parte II.C del presente Informe;
j)
un informe del Procurador General de los Estados Unidos sobre
los disturbios en el Centro de Detención Federal de Oakdale, Louisiana,
y en la Penitenciaría estadounidense de Atlanta, Georgia, Departamento
de Justicia de los Estados Unidos, Dirección Federal de Penitenciarías
(1° de febrero de 1988);
k)
informe sobre el Centro Federal de Detención de los cubanos del
Mariel de la Dirección Federal de Penitenciarías del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, fechado en enero de 1985.
B.
Audiencias ante la Comisión
21.
Por nota del 3 de marzo de 1988, la Comisión informó al Estado
que los peticionarios habían solicitado una audiencia ante la Comisión
en relación con el caso presente y que la Comisión había decidido convocar
una audiencia sobre la materia
el 22 de marzo de 1988 en la sede de la Comisión en Washington,
D.C.
22.
El Estado, por comunicación del 8 de marzo de 1988, solicitó
una postergación de la audiencia.
Por nota del 15 de marzo de 1988, la Comisión informó al Estado
que había considerado la solicitud del mismo y había decidido proceder
a la audiencia, la cual –indicaba- tenía carácter estrictamente informativo.
Posteriormente, la Comisión celebró una audiencia sobre el caso
el 22 de marzo de 1988.
23.
Por carta del 25 de noviembre de 1998, los peticionarios solicitaron
una nueva audiencia ante la Comisión sobre la materia.
Por cartas fechadas el 2 de febrero de 1999 dirigidas a los peticionarios
y al Estado, la Comisión informó a las partes que se había programado
para el 5 de marzo de 1999, en el curso del 102 Período de Sesiones
de la Comisión, una nueva audiencia sobre la admisibilidad y los méritos
de la cuestión.
24.
En una nota del 25 de febrero de 1999, el Estado objetó la convocación
de una audiencia en el caso, sobre la base, entre otras cosas, de que
la anticipación de la notificación de la audiencia era prácticamente
insuficiente, que no se respetaba el debido proceso al programar la
audiencia y que no parecían existir razones para la misma.
25.
La Comisión, en una carta de respuesta fechada el 1° de marzo
de 1999, informó al Estado que había considerado los argumentos del
Estado y que, de todas maneras, procedería a celebrar la audiencia de
acuerdo con lo programado.
26.
Por comunicación del 3 de marzo de 1999, el Estado reiteró su
objeción a la convocación de la audiencia en el caso y reiteró su pedido
de que la Comisión cancelara la audiencia y dictaminara la inadmisibilidad
de la petición. Por carta del 4 de marzo de 1999, la Comisión informó al Estado
que había reafirmado su decisión de celebrar la audiencia sobre la materia,
como lo anunciara previamente.
27.
El 5 de marzo de 1999, se convocó a una audiencia sobre la denuncia
de los peticionarios, en el curso de la cual ambas partes presentaron
argumentos en relación con la situación de los cubanos del Mariel y
cuestiones vinculadas a las denuncias de los peticionarios.
Al concluir la audiencia, la Comisión solicitó a las partes que
presentaran toda información adicional que consideraran pertinente al
caso dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de la audiencia
e indicó que toda información de ese tipo sería remitida
a la parte opuesta dentro de los 30 días a partir de la fecha
de recibida por la Comisión.
C.
Inspecciones in situ
28.
Por carta del 9 de julio de 1994 dirigida a la Comisión, los
representantes de los peticionarios solicitaron que la Comisión realizara
una inspección in situ de
los Centros en los que se mantenía detenidos a los cubanos del Mariel
y que solicitara información al Estado en relación con esta solicitud.
29.
Por invitación del Estado, la Comisión posteriormente realizó
inspecciones in situ en cuatro
localidades en que se mantenían detenidos a cubanos del Mariel:
Lompoc, California; Leavenworth, Kansas; Allenwood, Pennsylvania;
y diversas instalaciones en Louisiana.
30.
Del 3 al 5 de mayo de 1995, la Comisión realizó inspecciones
in situ en la Penitenciaría de Lompoc, California.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por el Miembro
de la Comisión John Donaldson, el Subsecretario Ejecutivo David Padilla,
la Abogada y Especialista en Derechos Humanos Relinda Eddie y la Intérprete
Janet Pahlmeyer-Davies.
31.
En el curso de la visita a Lompoc, la Comisión contó con la cooperación
de numerosos funcionarios, incluidos: Jim Zangs, Administrador del Servicio
de Detención y Naturalización del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, Dirección de Penitenciarías; John Castro, de Inmigración y Naturalización,
Panel de examen de los cubanos; Patrick Keohane, Alcalde y Joe Henderson,
Asistente Ejecutivo Interino del Alcalde, Penitenciaría de Lompoc; Juan
Muñoz, Oficial de Enlace del Servicio de Naturalización e Inmigración
ante la Dirección de Penitenciaría de Lompoc; Michael Purdy, Alcalde
y Johnn Nash, Alcalde Asociado de Programas del Instituto Correccional
de Lompoc, y demás funcionarios de la Penitenciaría y del Instituto
Correccional Federal de Lompoc.
32.
El 30 de mayo de 1995, la Comisión realizó una inspección in situ a la Penitenciaría de Leavenworth, Kansas.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por los Miembros
de la Comisión John Donaldson y Patrick Robinson, los abogados y especialistas
en derechos humanos Relinda Eddie y Milton Castillo, y los intérpretes
Marjorie Buergenthal y Ronnie Rodríguez.
33.
Durante su visita a Leavenworth, la Comisión contó con la cooperación
de varios funcionarios, incluidos:
Jim Zangs, Administrador del Servicio de Detención y Naturalización
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dirección de Penitenciarías;
John Castro, de Inmigración y Naturalización, Panel de examen de los
cubanos; Willie Scott, Alcalde saliente de la Penitenciaría de Leavenworth;
Paige True, Alcalde entrante de la Penitenciaría de Leavenworth, y demás
funcionarios de la Institución.
34.
El 26 de abril de 1996, la Comisión realizó una inspección in
situ de la Penitenciaría de Allenwood, Pennsylvania.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por los Miembros
de la Comisión John Donaldson, Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé,
el Secretario Ejecutivo Adjunto David Padilla, la Abogada y Especialista
en Derechos Humanos Relinda Eddie, los funcionarios de la Secretaría
de la Comisión Henry MacDonald y Tania Hernández, y los intérpretes
Michel Valeur y Miriam Deutsch.
35.
Durante su visita a Allenwood, la Comisión contó con la cooperación
de diversos funcionarios, incluidos: Administrador del Servicio de Detención
y Naturalización del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dirección
de Penitenciarías; Amy Dale, Administradora Asistente de la Dirección
Federal de Penitenciaría; John Castro, de Inmigración y Naturalización,
Panel de examen de los cubanos; J.T. Holland, Alcalde de la Penitenciaría
Federal (Alta Seguridad); R.L. Hamm, Asistente Ejecutivo; Margaret Harding,
Alcalde del Complejo Correccional Federal (Seguridad Media); Laurie
M. Rule, Asistente Ejecutiva; Michael V. Pugh, Alcalde del Complejo
Correccional Federal (Baja Seguridad); Ken Arnold, Asistente Ejecutivo,
y funcionarios de estas Instituciones.
36.
Del 9 al 12 de diciembre de 1996, la Comisión realizó una inspección
in situ de varias instalaciones
de detención del Estado de Louisiana, incluidas las Penitenciarías de
Avoyelles Parish en la ciudad de Marksville y Orleans Parish en Nueva
Orleans. Esta visita fue
realizada conjuntamente con el Grupo de trabajo de la Comisión sobre
Cárceles y Condiciones Carcelarias en las Américas.
La delegación de la Comisión estuvo integrada por los Miembros
de la Comisión John Donaldson, Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé,
las abogadas y especialistas en derechos humanos Relinda Eddie y Bertha
Santoscoy, y la funcionaria de la Secretaría de la Comisión Tania Hernández.
37.
El propósito de las diversas inspecciones in
situ de la Comisión, conforme se detallan más arriba, era evaluar
las condiciones generales de detención de los cubanos del Mariel detenidos
en las diversas instituciones, y la Comisión recibió información al
respecto de los funcionarios del Estado y de los reclusos con los que
dialogó.
38.
Los aspectos principales examinados por la Comisión en el curso
de las visitas incluían: las instalaciones y los servicios médicos de
que disponían los cubanos del Mariel, las condiciones de alojamiento
de los cubanos del Mariel; los programas educativos, recreativos y de
capacitación de que disponían los cubanos del Mariel, los métodos de
disciplina y las dificultades de la visita que se alegaba habían experimentados
los parientes lejanos de los reclusos.
La Comisión también indagó los arreglos para la revisión anual
de las detenciones de los detenidos después de sentenciados y la disponibilidad
de asesoramiento letrado para los reclusos.
39.
Durante el curso de sus visitas in
loco, la Comisión observó en particular que, como consecuencia de
su status como detenidos administrativos,
los cubanos del Mariel se encuentran en una situación de significativa
desventaja en comparación con otras personas privadas de la libertad
que cumplen penas de prisión. Por ejemplo, en su carácter de detenidos administrativos, los
cubanos del Mariel no tienen derecho a beneficiarse de programas de
reforma y rehabilitación, tales como educación y experiencias laborales,
que caracterizan el proceso de reclusión penal.
Como consecuencia, muchos cubanos del Mariel han expresado su
frustración por contar con muy pocas ocupaciones constructivas para
llenar su tiempo, la cual se ha visto acentuada por la incertidumbre
sobre la duración de su detención.
40.
También en relación con las condiciones de detención de los cubanos
del Mariel en Estados Unidos, la información suministrada por las partes
y los informes de la prensa indican que se habían producido varios disturbios
de proporciones en diversas instituciones en las que se había detenido
a los cubanos del Mariel desde su arribo a Estados Unidos.
En particular, entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de
1987 se produjeron dos disturbios de proporciones en Oakdale, Luisiana
y Atlanta, Georgia, en instalaciones de la Dirección Federal de Penitenciarías.
En estos disturbios, los reclusos alzados, en su mayoría cubanos
del Mariel, tomaron un control sustancial de las instalaciones, tomaron
rehenes y destruyeron bienes. Otros disturbios incluían un incidente en mayo de 1986 en el
que 125 cubanos del Mariel se amotinaron en el Centro de Detención
Krome de Florida, que se dijo había sido el cuarto disturbio,
por sus proporciones, en un año, en esas instalaciones, y un incidente
de agosto de 1991 en la Penitenciaría Federal
Talladega, en la que se tomaron rehenes por diez días.[2]
Aparte de estos disturbios, se produjeron varias “huelgas de
hambre” convocadas por cubanos del Mariel en distintas instalaciones,
incluída una huelga de hambre en diciembre de 1999 y enero de 2000 por
parte de cubanos del Mariel detenidos en instalaciones de New Roads,
Louisiana.
II.
POSICIÓN DE LAS PARTES
A.
Posición
de los Peticionarios
1.
Admisibilidad
41.
Los peticionarios han sostenido desde la interposición de la
petición en abril de 1987 que el presente caso es admisible ante la
Comisión. A este respecto,
han sostenido que la Comisión tiene jurisdicción para considerar las
denuncias de violaciones de la Declaración Americana en contra de Estados
Unidos, en razón de su condición de Estado miembro de la Organización
de los Estados Americanos.
42.
Además, los peticionarios argumentan que los hechos que constan
en su petición, de confirmarse, tienden a revelar, entre otras, la violación
de los artículos I, XVII, XXV y XXVI de la Declaración en relación con
la detención de los cubanos del Mariel por el Estado.
En particular, sostienen que los cubanos del Mariel han sido
en efecto sometidos a una detención indeterminada sin que existan mecanismos
adecuados para dictaminar sobre la legalidad de su detención.
43.
Los peticionarios también han sostenido que han agotado todos
los recursos internos en relación con sus denuncias ante la Comisión.
Los peticionarios afirman a este respecto que intentaron impugnar sus
detenciones ante los Tribunales de Distrito de Estados Unidos, la Corte
de Apelaciones de Estados Unidos[3]
y, por último, mediante una petición ante la Corte Suprema en recursos
de certiorari, que finalmente
fue desestimado por la Corte en decisión del 14 de octubre de 1986.[4]
44.
También a este respecto, los peticionarios argumentan que la
petición fue interpuesta en cumplimiento del período de limitación prescrito
en el artículo 38(1) del Reglamento de la Comisión, o sea, dentro de
los seis meses a partir del 14 de octubre de 1986, fecha en que la Corte
Suprema de Estados Unidos desestimó su petición.
45.
Por último, con respecto a la duplicación, los peticionarios
sostienen en su petición original que las materias planteadas en la
misma no estaban impedidas a la fecha de consideración por la Comisión
en virtud del artículo 39 del Reglamento de la Comisión, como pendientes
ante otra instancia de solución internacional.
Los peticionarios reconocieron a este respecto que la comunicación
había sido interpuesta al amparo de la Resolución 1502 del ECOSOC de
la ONU en mayo de 1986 en relación con la detención de los cubanos del
Mariel. No obstante, sostenían
que esto no impedía la consideración de la denuncia de los peticionarios
por la Comisión, por tres razones: el procedimiento ante la ONU no preveía
el examen de hechos específicos de la petición presentada ante la Comisión;
el procedimiento de la ONU no daría lugar a una solución efectiva de
las violaciones denunciadas, y la comunicación ante la ONU fue interpuesta
por organizaciones de derechos humanos y religiosas distintas de las
representantes de los peticionarios y en nombre de una población más
amplia de cubanos del Mariel que la que motivara la petición ante la
Comisión.
2.
Méritos
a.
Petición
original
46.
En su petición original, los peticionarios suministraron antecedentes
en relación con la manera en que ellos y otros cubanos del Mariel llegaron
a Estados Unidos. De acuerdo
con los peticionarios, los detenidos cubanos del Mariel pertenecían
a un grupo de aproximadamente 125.000 cubanos que huyeron a los Estados
Unidos en 1980 desde el Puerto de Mariel, en Cuba.
La situación se desarrolló después de un incidente en abril de
1980 en que un grupo de cubanos procuró refugio en la Embajada de Perú
en La Habana, Cuba. El
dirigente cubano Fidel Castro permitió la emigración a Estados Unidos
de algunos de los miembros de este grupo, y luego anunció, el 20 de
abril de 1980, que todo cubano que deseara abandonar el país podía partir
desde el Puerto de Mariel. De
acuerdo con los peticionarios, el Presidente Jimmy Carter de los Estados
Unidos, declaró en un discurso que estos cubanos serían recibidos en
Estados Unidos “con el corazón y los brazos abiertos”.
El resultado de ello fue una gran afluencia a Estados Unidos
de cubanos que procuraban huir de Cuba.
47.
Los peticionarios sostienen también que, antes del arribo de
los cubanos del Mariel, los extranjeros que procuraban su admisión en
Estados Unidos habían obtenido una libertad condicional muy flexible.[5]
Por otro lado, los cubanos del Mariel fueron detenidos a su arribo
a los Estados Unidos y el alto número de cubanos del Mariel planteó
dificultades procesales al Servicio de Inmigración y Naturalización
de Estados Unidos (en adelante, el “INS”), principal autoridad federal
responsable de las cuestiones de inmigración y naturalización.
Posteriormente, algunos de los cubanos del Mariel fueron puestos
en libertad condicional, aunque seguían siendo considerados extranjeros
excluíbles sujetos a los procedimientos del INS en cuanto a si se les
debía conceder asilo o ser admitidos por otra vía en forma permanente
en Estados Unidos.
48.
Sin embargo, algunos cubanos del Mariel nunca fueron liberados
de la custodia, sino que se les negó la libertad condicional sobre la
base de su estado mental o porque se sabía o sospechaba que tenían antecedentes
penales en Cuba. En la
época de la interposición de la petición original, en abril de 1987,
los peticionarios calcularon que el número total de cubanos del Mariel
que permanecían detenidos desde su arribo a Estados Unidos ascendía
aproximadamente a 300.
Estos cubanos habían sido ubicados en distintas instalaciones
penitenciarias federales de Estados Unidos y, eventualmente,
en su mayoría habían sido recluidos en la Cárcel Federal de Atlanta,
Georgia.
49.
Además, los peticionarios sostienen que muchos cubanos del Mariel
que fueron inicialmente puestos en libertad condicional volvieron a
ser detenidos, en la mayoría de los casos por violación de la libertad
condicional, por ejemplo, por contravención de las normas de las instituciones
de rehabilitación y delitos tales como conducir en estado de ebriedad.
Los peticionarios también indican que algunos cubanos del Mariel
fueron detenidos sencillamente por haber sido acusados de delito, aunque
no habían sido condenados. Además,
los peticionarios alegan que se revocó la libertad condicional de algunos
cubanos del Mariel porque se habían declarado culpables de delitos menores
vinculados a las drogas en base a las garantías que les habrían dado
abogados, a menudo defensores de oficio, en el sentido de que con ello
obtendrían sentencia de libertad condicional, pero sin ser aparentemente
conscientes de que la declaración de culpabilidad podría dar lugar a
una prolongación de la detención por el INS.
50.
Como consecuencia de esta continuada o renovada detención de
los cubanos del Mariel, los peticionarios sostienen que los mismos enfrentan
una detención indefinida en Estados Unidos, sin una evaluación
adecuada de cada caso en cuanto a la necesidad de su reclusión
continuada. Esta clase
de detenidos incluye a aquellos cubanos del Mariel que nunca fueron
liberados en razón de conocerse o sospecharse la existencia de antecedentes
penales en Cuba o por su salud mental, o que fueron inicialmente puestos
en libertad condicional pero posteriormente detenidos por violaciones
graves o menores a la libertad condicional.
51.
A este respecto, los peticionarios sostienen también que a la
fecha de la interposición de su petición, el único mecanismo de revisión
de la detención de los cubanos del Mariel era el “Plan de revisión”
del INS. Los peticionarios
sostienen que este mecanismo era “rudimentario e inadecuado” puesto
que, por ejemplo, se basaba primordialmente en un examen del expediente
de cada cubano. Además,
de acuerdo con los peticionarios, el Plan de revisión fue suspendido
en 1985, tras un intento de acuerdo entre Estados Unidos y Cuba conforme
al cual éste acordaba aceptar el retorno de 2.746 cubanos del Mariel,
acuerdo que posteriormente fue inclumplido.
52.
Los peticionarios también afirman que desde 1985 no se había
creado procedimiento de revisión alguno de los casos individuales por
parte del Legislativo o el Ejecutivo, ni así lo habían dispuesto los
Tribunales de Estados Unidos, como consecuencia de lo cual el Estado
no había revisado en forma sustancial alguna la condición de los cubanos
del Mariel. De acuerdo
con los peticionarios, la política del Estado disponía que los detenidos
cubanos sólo podrían ser liberados si se instalaban en centros de recuperación antes de obtener
la plena libertad condicional en la comunidad, pese al hecho de que
en los centros de recuperación no existían lugares suficientes.[6]
En consecuencia, los peticionarios afirman que en el mejor de
los casos el Estado realizaba sólo revisiones esporádicas e incongruentes
de los casos individuales de cubanos del Mariel recluidos y no eran
claros los criterios aplicados por el INS para liberar a algunos detenidos
y no a otros.
53.
Con respecto a la legislación aplicable en los Estados Unidos,
los peticionarios indican que la libertad condicional de extranjeros
excluibles queda totalmente a discreción del INS, como lo dispone la
Sección 1182(d)(5)(A) de 8 U.S.C., en los siguientes términos: “el Procurador
General puede… a su discreción aceptar la libertad condicional temporal
en Estados Unidos en las condiciones que pueda prescribir por razones
de emergencia o por razones consideradas estrictamente en el interés
público…”. Por tanto, los
peticionarios sostenían al interponer su petición que la legislación
ofrecía escasas esperanzas de que sus casos fueran alguna vez efectivamente
revisados por el INS o que los detenidos cubanos alguna vez fueran elegibles
para su liberación.
54.
Además, los peticionarios sostienen que los tribunales de Estados
Unidos han considerado que los detenidos cubanos, como extranjeros excluibles,
nunca ingresaron al territorio estadounidense y por tanto no gozan de
las mismas garantías del debido proceso del que disponen otros en Estados
Unidos. De acuerdo con
los peticionarios, los tribunales también han sostenido que el derecho
internacional ha sido sustituido por actos de control del Ejecutivo
y el Poder Judicial y, en consecuencia, no pueden basarse en él los
cubanos del Mariel para impugnar su detención.
55.
Los peticionarios sostienen también que existen disparidades
en las circunstancias de los cubanos detenidos y, por tanto, es necesario
realizar audiencias individuales en cada caso para determinar debidamente
si es pertinente que estén detenidos.
En particular, los peticionarios indican que en momentos de presentar
la petición existían evidencias de que muchos cubanos del Mariel tenían
razones sólidas para ser liberados condicionalmente y, sin embargo,
no se les había dado oportunidad de presentar sus casos.
Citan como ejemplo el caso del peticionario Pedro Prior Rodríguez,
que fue atacado y golpeado por tres hombres mientras se encontraba en
un centro de recuperación, a consecuencias de lo cual perdió una vista.
De acuerdo con los peticionarios, el Sr. Prior Rodríguez fue
enviado a un hospital para tratar sus heridas y poco después se revocó
su libertad condicional porque “su estado de salud exigía un tratamiento
del que no se disponía”. Además,
los peticionarios indican que en noviembre de 1983, se aprobó la libertad
condicional del Sr. Prior Rodríguez en virtud del Plan de revisión pero
se le mantuvo sin embargo detenido y ha permanecido bajo custodia hasta
la fecha de la petición.
56.
Respecto de las condiciones de detención, los peticionarios afirman
que la tirantez en las instalaciones federales era considerable debido
a la situación “inútil” en que los cubanos del Mariel se consideraban
encontrarse, así como el hacinamiento y la antiguedad de las instalaciones
de las penitenciarías federales.
Esas condiciones dieron lugar a un motín en la Penitenciaría
de Atlanta, en 1984 y, de acuerdo con un informe parlamentario del incidente,
fechado en 1986, las condiciones de vida de los cubanos del Mariel en
la Penitenciaría de Atlanta eran “intolerables, teniendo en cuenta aún
las normas correccionales más elementales”.
57.
Sobre la base de su descripción de la detención de los cubanos
del Mariel, los peticionarios afirman que el Estado es responsable de
la violación de los artículos I, XVII, XXV y XXVI de la Declaración
Americana. En particular, los peticionarios argumentan que estos artículos
y el derecho internacional, en términos más generales, reconocen el
derecho de los individuos a no ser privados de su libertad sin que se
determine mediante el debido proceso la razonabilidad de ese acto[7].
58.
Los peticionarios también se basan en informes anteriores de
la Comisión Interamericana en los que ésta critica la privación de libertad
por períodos prolongados o indefinidos sin el debido proceso o sin una
acusación formal, incluida la detención llevada a cabo bajo autoridad
ejecutiva y no sujeta a revisión judicial.[8]
59.
Los peticionarios subrayan a este respecto que ninguno de ellos
se encontraba cumpliendo condena en momentos de interponerse la petición.
Los peticionarios indican también que, aunque reconocen que la
detención puede corresponder en algunos casos, por ejemplo, si la persona
es un peligro para la sociedad, debe existir en cada caso una audiencia
razonable para determinar si el detenido es en realidad peligroso.
De acuerdo con los peticionarios, el Estado ha realizado determinaciones
de peligrosidad “al barrer”, “en forma unilateral y arbitraria”, sin
el debido proceso y, por tanto, sostienen que las determinaciones hechas
por el Estado en este sentido son inválidas.
60.
Los peticionarios también sostienen que el Estado no puede basarse
en la condición incierta de inmigración de los detenidos para justificar
la perpetuación de su detención.
Por el contrario, argumentan que los instrumentos internacionales
que hablan de la detención de extranjeros que tratan de ingresar al
territorio de un Estado establecen que esa detención será provisional
y temporaria, y para apoyar esta afirmación, citan, entre otros, el
artículo 5(1)(g) de la Convención Europea de Derechos Humanos.[9]
En el presente caso, los peticionarios argumentan que una detención
de siete años sin terminación previsible ya es desproporcionada para
los limitados intereses del gobierno que la justifican y constituye
una falta de respeto por el derecho a la libertad de los detenidos.
También sostienen que esa detención no puede ser justificada
por el derecho internacional de acuerdo con la autoridad de los Estados
para controlar la inmigración ilegal, sino que es necesario celebrar
audiencias para resolver el caso de cada detenido.
61.
A este respecto, los peticionarios observan que el artículo XVII
de la Declaración garantiza a todo individuo el derecho a que se le
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones
y a gozar de los derechos civiles fundamentales y que en el preámbulo
de la Declaración se dispone que los derechos esenciales del hombre
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen
como fundamento los atributos de la persona humana.
En consecuencia, dado que todos los cubanos del Mariel se encuentran
de hecho en los Estados Unidos, los peticionarios argumentan que “independientemente
de que la legislación interna de Estados Unidos otorgue a los detenidos
cubanos las protecciones fundamentales e independientemente de la condición
incierta de inmigración de los detenidos cubanos, el Gobierno estadounidense
está obligado por la Declaración Americana a conceder a los detenidos
cubanos su derecho a un debido proceso”.
62.
De acuerdo con los peticionarios, la celebración de audiencias
adecuadas comportaría procedimientos justos y confiables que otorguen
a cada detenido la oportunidad de ser oído ante un tribunal imparcial,
a contar con el asesoramiento letrado necesario y adecuado, a presentar
pruebas en su nombre y a impugnar las pruebas adversas.
Esto también exigiría que los casos de los detenidos cubanos
que siguen recluidos después de una decisión adversa inicial sean revisados
en forma periódica para garantizar que ninguna persona se mantenga detenida
más allá del período en que plantea una amenaza a la comunidad.
63.
Por lo tanto, los peticionarios solicitan que la Comisión dictamine
la violación de sus derechos al amparo de la Declaración, recomiende
que el Estado conceda audiencias justas a los cubanos del Mariel para
determinar el caso de cada detenido o que los libere condicionalmente,
y que realice una completa investigación in
situ cabal de la detención de los cubanos del Mariel por
Estados Unidos.
b.
Observaciones
posteriores de los peticionarios
64.
En sus observaciones posteriores del 31 de agosto de 1988, 29
de septiembre de 1988, 2 de abril de 1999 y 8 de junio de 1999, los
peticionarios suministraron información y argumentos adicionales en
respaldo de su petición y respondieron a varias observaciones formuladas
en nombre del Estado.
65.
En las observaciones del 31 de agosto de 1988 y del 29 de septiembre
del mismo año, los peticionarios sugieren que la posición del Estado
en torno a la interpretación de la Declaración significaría en esencia
que no existe absolutamente ningún límite a la acción del Gobierno de
Estados Unidos, lo que justificaría una discreción incontrolable sobre
los extranjeros excluibles. Los
peticionarios sostienen, por el contrario, que la Declaración Americana
debe interpretarse en el sentido de que prohíbe la reclusión indefinida
sin un proceso justo para determinar si la misma es necesaria.
66.
Los peticionarios también impugnan la pretensión del Estado de
que los cubanos del Mariel disponen del acceso a revisión judicial por
la vía del recurso de habeas corpus.
Por el contrario, los peticionarios sostienen que los tribunales
de Estados Unidos han retaceado a los cubanos del Mariel todo derecho
de la ley estadounidense a una revisión judicial de su detención individual.
Los peticionarios también sostienen que la existencia de controversias
entre ellos y el Estado sobre detalles particulares de sus casos ilustra
la necesidad de que dichas controversias se resuelvan en audiencias
justas y equitativas, con pleno derecho a presentar pruebas.
67.
En las observaciones del 2 de abril de 1999 y del 8 de junio
de 1999, los peticionarios suministraron nueva información actualizada
en relación con la condición de los cubanos del Mariel detenidos, así
como respuestas adicionales a la posición de Estados Unidos.
68.
Más particularmente, en el escrito del 2 de abril de l999, los
peticionarios observan que durante 11 años, tras la audiencia de marzo
de 1988 ante la Comisión, los empeños diplomáticos por devolver a los
cubanos del Mariel a Cuba prácticamente fracasaron,
se abandonaron los esfuerzos legislativos para evitar la perpetuación
de la detención administrativa de los cubanos y que el Estado no autorizó
unilateralmente la liberación de los cubanos del Mariel.
69.
Los peticionarios también informan que en esa época el Estado
había reconocido que aproximadamente 2.000 cubanos del Mariel estaban
recluidos bajo la autoridad discrecional del INS y que algunos de los
detenidos se encontraban en esa situación desde su arribo a Estados
Unidos, hace 19 años.
70.
Con respecto a la admisibilidad de su petición, los peticionarios
reiteraron que los cubanos del Mariel han agotado todos los recursos
internos y sostuvieron que, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión,
la determinación crucial no es si cada detenido tiene derecho a pedir
el habeas corpus, sino, más bien, si aún existen recursos posibles en
la legislación de Estados Unidos.
A este respecto, los peticionarios afirman que no existen posibles
recursos en Estados Unidos, sino que en las circunstancias de los cubanos
del Mariel la petición de habeas corpus es un gesto vacío.
En particular, los peticionarios sostuvieron que desde 1981 todas
las peticiones de los cubanos del Mariel detenidos que procuraron una
reparación por la vía del habeas corpus habían sido desestimadas, con
excepción de una de 1981. De
acuerdo con los peticionarios, estos recursos no habían tenido éxito
porque la legislación interna de Estados Unidos otorga claramente autoridad
discrecional al INS para detener administrativamente a los cubanos del
Mariel y los tribunales han rechazado las denuncias de los detenidos
amparadas en la Constitución y la legislación de Estados Unidos y en
el derecho internacional.
71.
En particular, según los peticionarios, los tribunales estadounidenses
han sostenido que los detenidos no tienen derecho al recurso de habeas
corpus frente a la detención administrativa en base a la violación de
la cláusula sobre debido proceso de la Quinta enmienda de la Constitución
de Estados Unidos ni el derecho a un juicio imparcial previsto en la
Sexta enmienda, dado que la detención es administrativa y no penal.
De acuerdo con los peticionarios, los tribunales también habían
sostenido que no existe límite para la duración de la detención de un
detenido bajo la legislación estadounidense y que, independientemente
de que la detención indefinida de los cubanos del Mariel viole el derecho
internacional, esta ley no está reconocida puesto que una petición de
habeas corpus se basa sólo en el derecho estadounidense.
72.
En consecuencia, dada la discrecionalidad del INS para detener
indefinidamente a extranjeros como los cubanos del Mariel, los peticionarios
sostienen que la única cuestión adjudicable que un tribunal considerará
ante un pedido de habeas corpus es si el INS siguió los procedimientos
aplicables a la libertad condicional de los cubanos del Mariel, que
desde 1987 estuvieron regidos por el Plan de revisión de la situación
de los cubanos. De acuerdo con los peticionarios, la prueba aplicada por los
tribunales internos sólo requiere que la persona responsable que actúa
bajo la autoridad del Procurador General brinde “una razón prima facie legítima y de buena fe de su decisión”.
73.
Sobre la base de estos argumentos, los peticionarios sostienen
que el derecho a pedir el habeas corpus “no es más que una ilusión”
y, en consecuencia, todos los recursos existentes en Estados Unidos
han sido invocados y agotados en relación con su petición.
74.
Además, los peticionarios argumentan que su petición no es prematura
a la luz del hecho de que sus casos pueden ser revisados en el marco
del Plan de revisión de la situación de los cubanos, porque los procedimientos
consagrados en el Plan están por debajo de los requisitos mínimos del
debido proceso consagrados en la Declaración y en el derecho internacional.
En consecuencia, sostienen que es pertinente que se determine
si se han violado los derechos de los cubanos del Mariel al debido proceso.
75.
Por último, los peticionarios sostienen que,
en todo caso, en relación con el agotamiento de los recursos
internos, la carga de la prueba recae en el Estado, el cual debe probar
que siguen existiendo recursos efectivos para los cubanos del Mariel
detenidos y afirman que sería “inútil” que el Estado tratara de cumplir
este extremo.
76.
En cuanto a los méritos de su petición, los peticionarios reiteran
su posición de que la detención indefinida de los cubanos del Mariel
viola la Declaración. A
este respecto, los peticionarios sostienen que aceptan que Estados Unidos
es una nación soberana con derecho a proteger sus fronteras y determinar
qué personas pueden ingresar a su territorio y aceptan también que ellos
y otros cubanos del Mariel están clasificados como “extranjeros excluibles”.
Sin embargo, argumentan que la detención de los cubanos del Mariel
constituye una violación de la Declaración, por dos razones fundamentales.
Primero, afirman que los cubanos han sido sometidos a una detención
administrativa que, a su vez, no puede ser sino breve y, ciertamente,
no puede ser indefinida.[10]
Por lo tanto, denuncian que han sido sometidos a una detención
indefinida, en malas condiciones, en violación de la Declaración.
77.
Segundo, los peticionarios afirman que el Plan de Revisión de
la situación de los cubanos, como único procedimiento al que tienen
derecho los detenidos, de acuerdo con los tribunales de Estados Unidos,
viola los derechos de los detenidos al debido proceso, por varias razones. En primer lugar, el INS puede discrecionalmente conceder la
libertad condicional a un cubano del Mariel detenido “por razones de
emergencia o por razones consideradas estrictamente de interés público”,
lo que, a su vez, crea la presunción de la detención y coloca en el
detenido la carga de probar que su liberación es de interés público.
Segundo, el panel de empleados del INS que examina los casos
de los detenidos está autorizado a llegar a “conclusiones” que no son
más que especulaciones subjetivas en relación con el futuro comportamiento
de los cubanos del Mariel detenidos, no pueden probarse, no exigen justificación
específica alguna para las conclusiones a que llegan y “en esencia,
no son capaces de una revisión judicial”.
Tercero, si se niega la libertad condicional a un detenido, éste
no tiene derecho a una revisión imparcial, sino que la revisión queda
a cargo del mismo panel en un momento que se fija a discreción del Director
del Plan, y se le otorga una oportunidad insuficiente para asistir y
formular declaraciones ante el Panel.
Por ejemplo, el detenido no tiene derecho a la asistencia remunerada
de un asesor letrado ni derecho a cambiar la fecha de la audiencia.
78.
También a este respecto, los peticionarios subrayan el carácter
discrecional de la liberación de los detenidos, como lo ilustra la enmienda
de 1994 al Plan de revisión de la situación de los cubanos, que la Associate Commission for Enforcement del INS suspendiera la aprobación
de la libertad condicional en base al comportamiento del detenido o
a cualquier otra “circunstancia” que indicase que la libertad condicional
ya no era pertinente. La
suspensión puede efectuarse sin una audiencia y sin notificación, y
no exige una decisión por escrito.
79.
Los peticionarios sostienen, además, que, aparte del habeas corpus,
la única revisión disponible de una decisión de no permitir la libertad
condicional es una decisión de un Panel de empleados del Departamento
de Justicia. Los detenidos
sólo son admitidos en esta instancia de apelación si la piden con 30
días de anticipación. Se
permite que el detenido contrate un asesor letrado a su costo para preparar
una declaración por escrito de “todo factor que considere relevante
a la consideración de la libertad condicional”, pero no se le informa
por adelantado de qué factores puede el Panel considerar relevantes
o sobre qué base el Panel del INS desestimó una recomendación anterior
de libertad condicional.
80.
Finalmente, los peticionarios argumentan que la detención de
los cubanos del Mariel es indefinida y que los tribunales de Estados
Unidos han reconocido esta realidad.[11]
Por consiguiente, los peticionarios sostienen que los derechos
consagrados en la Declaración Americana “no permiten la detención indefinida,
independientemente de la condición de extranjero de un individuo”, y
que Estados Unidos no puede “trasladar la culpa” a la República de Cuba
por no aceptar a los cubanos del Mariel en su territorio.
A este respecto, los peticionarios observan que Estados Unidos,
y no Cuba, es el causante de que los cubanos del Mariel estén detenidos
en las cárceles después de más de 18 años.
81.
En sus observaciones escritas
más recientes, del 8 de junio de 1999, los peticionarios principalmente
respondieron a los argumentos contenidos en el resumen posterior a la
audiencia del 22 de marzo de 1999, suministrado por el Estado. Con ello, los peticionarios subrayan que la cuestión en causa
es si la acción del Estado viola los derechos garantizados por la Declaración
Americana, y no la legislación interna de Estados Unidos, y sugieren
que el Estado no ha abordado esta cuestión como corresponde.
82.
A este respecto, los peticionarios contestan lo que caracterizan
como posición del Estado, de que la Declaración presume que la detención
es aceptable a menos que uno pruebe su derecho a ser liberado.
También observan el reconocimiento por parte del Estado de que
la libertad de los cubanos del Mariel no ha sido privada por una violación
de la ley, sino porque los cubanos del Mariel no pueden “demostrar que
su liberación no pondrá en peligro a otras personas o bienes”.
83.
Para contestar esta afirmación, los peticionarios sostienen que
la Declaración garantiza el derecho a la libertad y coloca en el Gobierno
la carga de probar que se puede abrogar éste u otro derecho garantizado,
extremo que los peticionarios afirman el Estado no ha cumplido en este
caso.
84.
Con respecto al examen por el Estado de algunos detenidos en
el resumen posterior a la audiencia, los peticionarios sostienen que
las observaciones del Estado son “irrelevantes” puesto que la petición
y los posteriores escritos se presentaron en nombre de la clase de cubanos
del Mariel que siguen detenidos por la autoridad administrativa del
Estado y no se limitan a la lista de 335 individuos.
Los peticionarios afirman también
que, en todo caso, el Estado no ha brindado información suficiente
acerca de las razones de la detención de cada uno de los cubanos del
Mariel.
85.
Finalmente, los peticionarios afirman que debe considerarse que
rigen las normas previstas en la Declaración igualmente para todas las
personas y no debe considerarse que crean una doble norma, una para
las que nunca han cometido un delito y otra para las personas que han
sido acusadas de delito. Los peticionarios afirman que tampoco deben considerarse normas
básicas de derechos humanos diferentes para los que son considerados
extranjeros excluibles y no ciudadanos y, por tanto, no debe considerarse
permisible la detención administrativa meramente para esta categoría
de personas.
86.
Sobre la base de sus escritos, los peticionarios procuran la
reparación, en la forma de una decisión en el sentido de que se han
violado los derechos de los cubanos del Mariel consagrados en la Declaración,
una recomendación de liberación inmediata de todos los detenidos cubanos
del Mariel bajo la autoridad del Procurador General de Estados Unidos
o del INS, y “reparaciones monetarias a todos los cubanos del Mariel
que fueron detenidos bajo la autoridad discrecional del INS, al menos,
la implementación del Plan de revisión de la situación de los cubanos”.
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