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INFORME
Nº 52/01
CASO 12.243
JUAN RAUL GARZA
ESTADOS UNIDOS ()
4 de abril de 2001
I.
RESUMEN
1.
La petición referente a este caso fue presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión”) contra los Estados
Unidos de América (el "Estado" o los "Estados Unidos")
el 20 de diciembre de 1999 por seis individuos: Hugh Southey, Abogado
de Tooks Chambers en Londres, Reino Unido; Michael Mansfield, QC, en
representación del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados
de Inglaterra y Gales; John Quigley, Profesor de Derecho Internacional
en la Universidad del Estado de Ohio; William Shabas, entonces Profesor
de Derechos Humanos Internacionales en la Universidad de Québec, en
Montreal; Gregory Weirciock, un abogado de Houston, Texas; y Mark Norman,
Abogado del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales (en adelante, los
“representantes del peticionario”).
2.
La petición se presentó en nombre de Juan Raúl Garza (el “peticionario”),
que está recluido en el pabellón de los condenados en espera de ejecución
conforme a la ley federal de los Estados Unidos. En su petición y observaciones
subsiguientes, los representantes del peticionario alegan que la sentencia
de muerte del Sr. Garza viola su derecho a la vida de conformidad con
el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (la "Declaración Americana" o la "Declaración"),
y que los procedimientos utilizados por el Estado en la imposición de
la pena de muerte al Sr. Garza violan su derecho a igualdad ante la
ley de conformidad con el artículo II de la Declaración, su derecho
de justicia de conformidad con el artículo XVIII de la Declaración y
su derecho a proceso regular de conformidad con el artículo XXVI de
la Declaración. En particular, la petición disputa la introducción durante
la etapa de imposición de la pena del proceso penal del peticionario
de pruebas relativas a cuatro asesinatos no procesados que el Sr. Garza
supuestamente perpetró en México, las cuales fueron consideradas por
el jurado al determinar si el Sr. Garza debía ser sentenciado a muerte.
La petición también indica que, según información proporcionada por
los Estados Unidos en ese momento, la fecha de ejecución del Sr. Garza
podía establecerse para febrero de 2000. La ejecución del Sr. Garza
desde entonces ha sido programada para el 12 de diciembre de 2000. Los
representantes del peticionario han alegado que, de ejecutar al Sr.
Garza, esto constituirá la primera ejecución conforme a la ley federal
de los Estados Unidos en más de 35 años.
3.
En el presente Informe, habiendo examinado la información y los
argumentos presentados por las partes, la Comisión decidió admitir el
caso en relación con los artículos I, XVIII, y XXVI de la Declaración.
Además, tras considerar los méritos del caso, la Comisión encontró que
el Estado es responsable de
las violaciones de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana,
en conexión con el procedimiento seguido por el Estado en la imposición
de la pena de muerte al peticionario. Por consiguiente, la Comisión
recomendó que el Estado proporcionara al Sr. Garza un recurso eficaz,
que incluye la conmutación de su pena de muerte. La Comisión también
decidió recomendar que el Estado revise sus leyes, procedimientos y
prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles
con pena de muerte son procesadas y sentenciadas de conformidad con
los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluida en particular
la prohibición de introducir delitos no procesados durante la etapa
de determinación de la pena de los juicios relacionados con delitos
punibles con pena de muerte.
II.
PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN
4.
El 27 de enero de 2000, la Comisión decidió abrir el Caso Nº
12.243 en relación con la demanda del Sr. Garza, y por medio de una
comunicación fechada el mismo día remitió las partes pertinentes de
la petición del peticionario al Estado, solicitándole que proporcionara
la información que considerara pertinente en relación con la demanda
en el plazo de 90 días, tal y como establece el Reglamento de la Comisión.
Además, en vistas de la información en la petición que indicaba que
la ejecución del Sr. Garza podía ser programada para febrero de 2000,
la Comisión decidió adoptar medidas cautelares de conformidad con el
artículo 29(2) de su Reglamento y solicitó al Estado en su comunicación
del 27 de enero de 2000 que Estados Unidos tomara todas las medidas
necesarias para preservar la vida e integridad física del Sr. Garza
y, de este modo, no se impida la tramitación de su caso ante el sistema
interamericano. La Comisión basó su solicitud sobre el hecho de que
si el Estado ejecutaba al Sr. Garza antes de que la Comisión hubiera
tenido la oportunidad de examinar su caso, cualquier decisión eventual
sería discutible respecto a la eficacia de los posibles recursos, y
se causaría un daño irreparable al Sr. Garza. También por medio de la
comunicación fechada el 27 de enero de 2000, la Comisión informó a los
representantes del peticionario que la petición del Sr. Garza había
sido remitida al Estado y que la Comisión había adoptado medidas cautelares
en relación con el Sr. Garza.
5.
En una comunicación fechada el 7 de febrero de 2000, los representantes
del peticionario proporcionaron a la Comisión información adicional
en relación con su demanda, incluida una copia de la transcripción de
la vista de imposición de la pena del Sr. Garza, y copias de las sentencias
de los tribunales locales que habían considerado los recursos de apelación
del Sr. Garza de su condena y sentencia. En su comunicación, los representantes
del peticionario no indicaron que ya se hubiera fijado una fecha para
la ejecución del Sr. Garza.
6.
Por medio de una nota fechada el 8 de mayo de 2000, la Comisión
reiteró su solicitud al Estado de que proporcionara información en relación
con la petición del Sr. Garza, la cual la Comisión solicitó que el Estado
proporcionara en un plazo de 30 días.
7.
En una nota fechada el 11 de mayo de 2000, el Estado solicitó
que la Comisión le concediera una extensión de 45 días para presentar
una respuesta a la petición del peticionario. Por medio de una comunicación
fechada el 18 de mayo de 2000, la Comisión concedió al Estado la extensión
de tiempo solicitada, sobre la base de que el Estado tomaría todas las
medidas necesarias para preservar la vida e integridad física del Sr.
Garza de conformidad con la solicitud previa de la Comisión relativa
a la adopción de medidas cautelares.
8.
En una carta fechada el 29 de mayo de 2000, los representantes
del peticionario proporcionaron a la Comisión una copia de una sentencia
emitida el 26 de mayo de 2000 por un Tribunal Federal de primera instancia
de los Estados Unidos, Distrito del Sur de Texas, ordenando que el Sr.
Garza fuera ejecutado el 5 de agosto de 2000 a las 6:00 de la mañana.
9.
Por medio de una nota fechada el 31 de mayo de 2000, la Comisión
remitió al Estado las partes pertinentes de la comunicación del peticionario
fechada el 29 de mayo de 2000, solicitando una respuesta en un plazo
de 30 días. La Comisión también reiteró su solicitud anterior de una
repuesta inmediata a su solicitud del 27 de enero de 2000 relativa a
la adopción de medidas cautelares, en vistas de la fijación de la fecha
de ejecución del Sr. Garza. Por medio de una comunicación fechada el
mismo día, la Comisión informó a los representantes del peticionario
sobre las medidas adoptadas.
10.
El 14 de julio de 2000, o alrededor de esa fecha, la Comisión
recibió información de que el Presidente de los Estados Unidos, William
J. Clinton, iba a postergar la ejecución del Sr. Garza, fijada para
el 5 de agosto de 2000, hasta que el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos hubiera finalizado la redacción de las nuevas directrices
para solicitar la gracia presidencial en tales casos. Por consiguiente,
por medio de una comunicación fechada el 17 de julio de 2000, la Comisión
solicitó que el Estado proporcionara inmediatamente a la Comisión información
relativa a la situación actual de la sentencia de muerte del Sr. Garza.
Por medio de una nota fechada el mismo día, la Comisión solicitó asimismo
que los representantes del peticionario proporcionaran a la Comisión
una comunicación urgente informando a la Comisión de la situación actual
de la sentencia de muerte del Sr. Garza.
11.
Por medio de una nota fechada el 20 de julio de 2000, el Estado
remitió a la Comisión sus observaciones sobre la petición del peticionario.
La Comisión remitió, posteriormente, las partes pertinentes de las observaciones
del Estado a los representantes del peticionario, solicitando una respuesta
en el plazo de 30 días.
12.
En una carta fechada el 7 de agosto de 2000, los representantes
del peticionario proporcionaron a la Comisión una copia de una “Concesión
de Clemencia Ejecutiva” fechada el 2 de agosto de 2000 y firmada por
el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la cual concedía un aplazamiento
de la fecha de ejecución del Sr. Garza del 5 de agosto de 2000 al 12
de diciembre de 2000, y fijaba el 12 de diciembre de 2000 como la nueva
fecha de ejecución del Sr. Garza.
13.
Por medio de una comunicación fechada el 19 de agosto de 2000,
los representantes del peticionario presentaron ante la Comisión una
respuesta a las observaciones del Estado del 20 de julio de 2000, y
solicitaron una audiencia sobre el caso del peticionario durante el
próximo período de sesiones de la Comisión. La Comisión remitió posteriormente
las partes pertinentes de las observaciones del peticionario al Estado
en una nota fechada el 23 de agosto de 2000, solicitando una
respuesta en el plazo de 30 días.
14.
En notas fechadas el 12 de septiembre de 2000, la Comisión informó
a los representantes del peticionario y al Estado que se había convocado
una audiencia sobre el caso del peticionario para el 12 de octubre de
2000, durante el 108th período de sesiones de la Comisión
en su sede en Washington, D.C., con el fin de que las partes pudieran
presentar sus argumentos en cuanto a la admisibilidad y méritos del
caso.
15.
Por medio de una comunicación fechada el 22 de septiembre de
2000, los representantes del peticionario entregaron a la Comisión un
documento titulado “Solicitud para plantear otros asuntos”, y por medio
de una nota fechada el mismo día la Comisión remitió una copia del documento
al Estado, solicitando sus observaciones en el plazo de 30 días.
16.
En una nota fechada el 25 de septiembre de 2000, el Estado proporcionó
a la Comisión una “segunda respuesta” a la petición del peticionario.
Por medio de una comunicación fechada el 26 de septiembre de 2000, la
Comisión remitió las partes pertinentes de la segunda respuesta del
Estado a los representantes del peticionario, solicitando una respuesta
en el plazo de 30 días.
17.
El 12 de octubre de 2000, la Comisión convocó una audiencia sobre
el caso del peticionario durante su 108th período de sesiones
en Washington D.C. Tanto los representantes del peticionario como los
del Estado asistieron a la audiencia, hicieron presentaciones orales
ante la Comisión respecto a la admisibilidad y los méritos del caso
del peticionario y entregaron resúmenes por escrito de sus presentaciones
orales.
18.
Posteriormente, por medio de una comunicación fechada el 16 de
noviembre de 2000, el Estado entregó a la Comisión un documento titulado
"Respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a la presentación
del peticionario del 12 de octubre de 2000". La Comisión transmitió
las partes pertinentes de la respuesta del Estado a los representantes
del peticionario en una nota fechada el 17 de noviembre de 2000.
19.
Por medio de una comunicación fechada el 21 de noviembre de 2000,
los representantes del peticionario indicaron que en vista de que la
ejecución del Sr. Garza estaba fijada para el 12 de diciembre de 2000,
no pretendían hacer comentarios sobre las observaciones adicionales
del Estado, pero en vez de eso solicitaron que la Comisión considerara
los méritos de la petición de manera que pudiera emitirse un informe
con recomendaciones antes del 12 de diciembre de 2000.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES
A.
Posición
de los peticionarios
1.
Admisibilidad
20.
En su petición original y posteriores observaciones, los representantes
del peticionario han alegado que la petición del Sr. Garza es admisible
de conformidad con los requisitos del Reglamento de la Comisión. En
primer lugar argumentan que el Sr. Garza ha agotado los recursos internos
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Comisión, en
la medida que procuró recursos de apelación y constitucionales tanto
en el Tribunal Federal de primera instancia de los Estados Unidos, como
en el Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos del Quinto
Circuito, y la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó su petición
final de un auto de avocación el 15 de noviembre de 1999.
21.
Además, los representantes del peticionario argumentan que el
Sr. Garza ha cumplido con el artículo 38 del Reglamento de la Comisión,
ya que su petición fue presentada ante la Comisión el 20 de diciembre
de 1999 y, por lo tanto, dentro del plazo de seis meses a partir de
la fecha de la sentencia interna definitiva de su caso.
22.
Además, las observaciones del peticionario indican que no hay
procedimiento alguno pendiente o no se ha tomado decisión alguna por
parte de la Comisión o cualquier otra organización internacional sobre
el tema de la petición del Sr. Garza, de conformidad con el artículo
39 del Reglamento de la Comisión.
23.
Respecto a las demandas presentadas en su "Solicitud para
plantear otros asuntos" del 22 de septiembre de 2000, la cual,
como se plantea más adelante, alega violaciones de los derechos del
Sr. Garza de conformidad con los artículos I y II de la Declaración
en base a un documento emitido por el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos el 12 de septiembre de 2000, y titulado "Informe
sobre el Sistema Federal de la Pena de Muerte: Un Estudio Estadístico
(1988-2000)", los representantes del peticionario argumentan que,
en la medida que la ejecución del Sr. Garza está prevista para el 12
de diciembre de 2000, cualquier intento de plantear cuestiones incluidas
en la solicitud del 22 de septiembre de 2000 en un foro interno es poco
probable que produzca resultados hasta poco antes de la fecha prevista
de ejecución. Por consiguiente, los peticionarios argumentan que no
habrá oportunidad alguna para hacer alegaciones de abuso de los derechos
humanos incluidos en la solicitud con el tiempo suficiente para que
la Comisión pueda considerarlos antes de la ejecución, y por lo tanto,
que es apropiado que la Comisión considere los asuntos planteados en
su solicitud del 22 de septiembre.
2.
Méritos del caso
24.
Respecto a los méritos del caso, los representantes del peticionario
indican que el Sr. Garza es un ciudadano de los Estados Unidos que fue
procesado y condenado por un jurado en el Tribunal Federal de primera
instancia de los Estados Unidos, Distrito del Sur de Texas, de conformidad
con la ley federal de los Estados Unidos, por tres cargos de homicidio
en apoyo de una actividad delictiva continuada, entre otros delitos,
y sentenciado a muerte por el mismo jurado. También confirman que en
sus procedimientos ante la Comisión, el Sr. Garza no disputa estas condenas,
sino que discrepa con el castigo que se le ha impuesto por estos delitos.
En particular, los representantes del peticionario argumentan que el
Estado es responsable de violaciones de los derechos del Sr. Garza de
conformidad con los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana,
debido al hecho de que se ha impuesto la pena de muerte al Sr. Garza,
así como a algunos aspectos del proceso por medio del cual se impuso
esta pena al Sr. Garza.
25.
Respecto al artículo I de la Declaración, los representantes
del peticionario han planteado cuatro argumentos principales. Primero,
sostienen que el derecho internacional se ha desarrollado de tal manera
que la pena capital en sí viola el derecho a la vida y por lo tanto
que la sentencia de muerte del Sr. Garza en sí misma contraviene el
artículo I de la Declaración. En este sentido, los representantes del
peticionario argumentan que la Declaración debería considerarse como
un instrumento vivo que refleja las normas de las sociedades democráticas
y justas en la medida que se desarrollan.[1]
Si bien los representantes del peticionario reconocen que la Comisión
ha dictaminado en informes anteriores que la pena de muerte no contradice
en sí el derecho a la vida, insisten en que las normas inherentes a
la Declaración actualmente se han desarrollado hasta tal punto que la
pena capital deberá considerarse incongruente con el artículo I de la
Declaración, y que las intenciones de los redactores originales de la
Declaración no pueden ser determinativas en este sentido.
26.
En apoyo a esta relación, los representantes del peticionario
presentan varios argumentos. En primer lugar, alegan que hay una tendencia
mundial clara en la medida que los estados nacionales están aboliendo
individualmente la pena de muerte,[2]
y, conforme a esta tendencia, que el sistema de derechos humanos de
las Naciones Unidas apoya la abolición de la pena de muerte y ha alentado
a los Estados a reducir su uso de la pena de muerte.[3]
También mencionan el hecho que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional
y los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la Ex-Yugoslavia
y Ruanda no incluyen la pena capital entre las penas impuestas por esos
tribunales. En relación con las Américas en particular, los representantes
del peticionario se refieren al Protocolo a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte
como una muestra del “compromiso” de la Organización de los Estados
Americanos con la abolición de la pena de muerte.
27.
De forma alternativa, los representantes del peticionario argumentan
que la sentencia de muerte del Sr. Garza contraviene el artículo I de
la Declaración Americana porque el derecho internacional requiere que
los Estados restrinjan de forma progresiva la imposición de la pena
de muerte. Contrariamente a esta tendencia, sin embargo, los Estados
Unidos han eficazmente reintroducido la pena de muerte después de 35
años sin que haya habido ejecuciones federales entre 1972 y 1988 y,
en dos ocasiones desde el 18 de noviembre de 1988, la ha ampliado para
aplicarla a nuevos delitos.[4]
Además de los argumentos mencionados anteriormente respecto a la ilegalidad
de la pena de muerte en sí, los representantes del peticionario sostienen
que al proteger el derecho a la vida, la Declaración Americana sugiere
implícitamente que la abolición de la pena de muerte es deseable y que
uno de los objetivos y propósitos de la Declaración es restringir el
uso de la pena de muerte.[5]
También argumentan que la tendencia mundial hacia la reducción del uso
de la pena de muerte sugiere que no hay justificación suficiente para
incrementar el uso de la pena de muerte y que, por lo tanto, cualquier
incremento en el uso de la pena de muerte instituido por un Estado es
arbitrario. Según los representantes del peticionario, es difícil observar
qué justificación puede haber para reintroducir la pena de muerte cuando
muchos Estados han demostrado ser capaces de abolirla.
28.
En otra posibilidad, los representantes del peticionario sostienen
que la decisión del Estado de procurar la pena de muerte en las circunstancias
del caso del Sr. Garza fue arbitraria, contrariamente a lo estipulado
en el artículo I de la Declaración Americana, por dos razones: se basaba
sobre inquietudes políticas y carecía, por lo tanto, de una justificación
suficiente y adecuada; y, como se argumenta en la “Solicitud para plantear
otros asuntos” presentada por el peticionario el 22 de septiembre de
2000, las propias estadísticas del Estado indican que las decisiones
adoptadas por los fiscales estadounidenses desde 1988 sobre si debe
procurarse la pena de muerte en el ámbito federal parecen haber sido
influenciadas por disparidades raciales y geográficas. En este sentido,
los representantes del peticionario sugieren que el peticionario solamente
necesita establecer un conjunto de elementos que a primera vista son
suficientes para fundar que la imposición de la pena capital en este
caso es arbitraria, sobre la cual es responsabilidad del Estado demostrar
que no se ha violado el artículo I de la Declaración.[6]
29.
Con respecto al primer punto, los representantes del peticionario
indican que el Estado no puede demostrar un motivo razonable para procurar
e imponer la pena de muerte en el caso del Sr. Garza como disuasión,[7]
sino que cualquier motivo que se proponga es de carácter político y
no puede considerarse como una justificación legítima para el uso de
la pena capital.[8]
De lo contrario, a su juicio, hasta el punto de que la pena de muerte
no es en sí contraria a la Declaración, su uso debe ser limitado a circunstancias
en las que tiene por objeto proteger los derechos de otros de conformidad
con la Declaración. En este sentido, se refieren a las conclusiones
anteriores de la Comisión de que la pena de muerte solamente puede imponerse
para delitos de “extrema gravedad”.[9]
30.
Respecto al segundo punto que se menciona anteriormente, los
representantes del peticionario se basan en un estudio estadístico publicado
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de septiembre
de 2000 titulado "El Sistema Federal de la Pena de Muerte: Un Estudio
Estadístico (1988-2000)" el cual, según los representantes del
peticionario, revela discrepancias en la aplicación de la pena de muerte
en el ámbito federal en los Estados Unidos, las cuales puede considerarse
que hacen que a primera vista la ejecución del Sr. Garza resulte arbitraria.
En este sentido, los representantes del peticionario explican que en
el momento en que los fiscales federales procuraron la pena de muerte
en el caso del Sr. Garza, los fiscales estadounidenses solamente debían
someter a aprobación del Procurador General de los Estados Unidos aquellos
casos en que procuraban la pena de muerte. No debían someter a su consideración
aquellos casos en los que no se procuraba la pena de muerte, aquellos
casos en los que se aceptaba la admisibilidad de culpabilidad a cambio
de una sentencia que no fuera la pena de muerte, aquellos casos en los
que se tomaba la decisión de no entablar una acción judicial en el ámbito
federal, o en aquellos casos en los que el asunto fue procesado de tal
forma que no merecía la pena de muerte. Por consiguiente, los representantes
del peticionario alegan que no hubo un procedimiento que asegurara que
el enfoque de los fiscales locales para la selección de los casos a
someter al Procurador General era consistente. Además, alegan que un
Protocolo introducido por el Departamento de Justicia en enero de 1995
eliminó un elemento de discreción, requiriendo a los fiscales de los
Estados Unidos someter a revisión del Procurador General todos los casos
en los que el demandado es acusado de un delito punible con la pena
de muerte, sin tener en cuenta si el fiscal en realidad desea procurar
la pena de muerte en ese caso.
31.
En este contexto, los representantes del peticionario alegan
que el estudio del Estado revela evidencias de dos tipos de discrepancias
en la imposición de la pena de muerte en el ámbito federal. En primer
lugar, alegan que el estudio revela disparidades geográficas en todos
los Estados Unidos en las decisiones de los fiscales de procurar la
pena de muerte.[10]
Además, sostienen que, según las estadísticas, la pena de muerte en
el ámbito federal se ha procurado de forma desproporcionada más frecuentemente
para los acusados que no son blancos que para los acusados blancos.[11]
Los representantes del peticionario alegan, por lo tanto, que esta información
estadística constituye una prueba que fundamenta una presunción de que
los fiscales locales no tomaron la decisión de procurar la pena de muerte
de forma coherente en el momento en que se adoptó la decisión de procurar
la pena de muerte en el caso del Sr. Garza. Los representantes del peticionario
subrayan en este sentido que es fundamental que la discreción de entablar
una acción judicial para procurar la pena de muerte se tome de manera
coherente consistente para asegurar que ésta no se impone de forma arbitraria.[12]
32.
Los representantes del peticionario reclaman además que el carácter
arbitrario de la decisión de procurar la pena de muerte en el caso del
Sr. Garza se ve reforzado por el material obtenido por los abogados
del Sr. Garza, el cual, según sus observaciones, muestra que en muchos
casos de asesinatos múltiples que surgen de actividades delictivas relacionadas
con las drogas u otras actividades delictivas, las autoridades federales
no han procurado la pena de muerte.[13]
Si bien se reconoce que es “obviamente difícil” para los abogados del
Sr. Garza producir cualquier forma de estadísticas globales que muestren
una falta de consistencia en la decisión de procurar la pena de muerte,
los representantes del peticionario alegan que el material que han proporcionado
es suficiente para establecer a primera vista que la decisión de procurar
la pena de muerte en el caso del Sr. Garza fue arbitraria.
33.
Como segundo argumento principal, los representantes del peticionario
sostienen que el proceso utilizado por el Estado en la imposición de
la pena de muerte al Sr. Garza viola sus derechos a un juicio imparcial
y al debido proceso de conformidad con los artículos XVIII y XXVI de
la Declaración Americana. En particular, la petición alega que durante
la etapa de determinación de la pena del proceso penal del Sr. Garza,
la fiscalía introdujo como factores agravantes, las pruebas de cinco
asesinatos no procesados que el Sr. Garza supuestamente había cometido,
cuatro de los cuales supuestamente habían ocurrido en México. Según
los representantes del peticionario, las autoridades mexicanas no pudieron
resolver ninguno de estos cuatro homicidios, y el Sr. Garza nunca fue
acusado o condenado por ninguno de estos asesinatos. Sin embargo, el
Gobierno de los Estados Unidos envió a funcionarios del Servicio de
Aduanas a México para investigar estos casos cerrados, y después introdujo
las pruebas que resultaron de tal investigación durante la audiencia
de imposición de la pena del Sr. Garza.
34.
El Sr. Garza afirma que esta práctica violó los derechos al debido
proceso y a un juicio imparcial protegidos por la Declaración Americana,
porque el jurado, una vez condenó al Sr. Garza por homicidio capital,
no podía considerarse como un tribunal imparcial al evaluar pruebas
relacionadas con otros asesinatos con el propósito de imponer sentencia.
Asimismo, el Sr. Garza argumenta que si las pruebas de tal naturaleza
no fueron inadmisibles debido a su naturaleza, su derecho a igualdad
procesal fue violado porque no pudo llevar a cabo su propia investigación
sobre los asesinatos no procesados en México y, por lo tanto, no pudo
obtener pruebas documentales favorables y la presencia y examen de un
testigo en su favor.
35.
El primer argumento que presentan los representantes del peticionario
sostiene que el Sr. Garza fue, de hecho, condenado y sentenciado a muerte
por ocho asesinatos, de los cuales solamente tres fueron demostrados
a través de un juicio penal adecuado, y de los cuales cinco fueron procesados
durante una vista de imposición de la pena en la que las reglas de procedimiento
judicial no ofrecieron las garantías de imparcialidad y pruebas sólidas
necesarias en el enjuiciamiento y condena de individuos por delitos
punibles con la pena de muerte. En apoyo a su argumento, los representantes
del peticionario observan que en el momento en que presentaron su petición,
ocho estados en los Estados Unidos impusieron una prohibición total
en la presentación de pruebas de delitos no procesados durante la etapa
de determinación de la pena de los juicios penales, y han reconocido,
por lo tanto, la injusticia de tener que responder a alegaciones penales
frente a un jurado que ya ha encontrado a una persona culpable de un
comportamiento ilícito grave.[14]
36.
Los representantes del peticionario subrayan que una persona
que se enfrenta a la pena de muerte tiene derecho a todas las garantías
posibles que aseguren un juicio imparcial, y alegan que al considerar
si el Sr. Garza había recibido o no un juicio imparcial para los cuatro
asesinatos no procesados que supuestamente tuvieron lugar, debe determinarse
si hubo una “apariencia razonable” de falta de imparcialidad por parte
del jurado o si la imparcialidad del jurado “pudo parecer al acusado
que se prestaba a la duda”.[15]
Además, mantienen que el requerir a un jurado que determine si una persona
es culpable de una conducta penal grave cuando el mismo jurado ya ha
determinado que la persona es culpable de otros delitos plantea un riesgo
particular de imparcialidad y por lo tanto infringe el derecho de una
persona a un juicio imparcial. Las observaciones de los representantes
del peticionario se refieren en este sentido a las opiniones en disidencia
de varios magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los
cuales han expresado su opinión de que el uso de pruebas de delitos
no procesados en las vistas de imposición de penas capitales es inadecuado
de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos.[16]
37.
En el contexto del caso del Sr. Garza, los representantes del
peticionario afirman que cuando las pruebas fueron presentadas durante
la etapa de imposición de la pena del juicio del Sr. Garza para demostrar
su relación con delitos por los cuales nunca se le había procesado,
el jurado debió considerar si era culpable de esos delitos adicionales
"más allá de toda duda razonable". Por consiguiente, los representantes
del peticionario argumentan que estos eran delitos por los cuales se
hubiera impuesto eficazmente un castigo al Sr. Garza y por lo tanto
a los que se aplicaba la presunción de inocencia, y que por ello la
existencia de una apariencia razonable de falta de imparcialidad por
parte del jurado debilitó la parcialidad de los procesos penales del
Sr. Garza. Según los representantes del peticionario, esta falta de
imparcialidad fue particularmente grave como resultado de la complejidad
de la labor que se solicitó al jurado que llevara a cabo durante la
etapa de imposición de la pena, como se refleja en la pregunta 36 "Formulario
de decisiones incidentales o parciales" que el jurado debió completar.
38.
Los representantes del peticionario indican además que el riesgo
de imparcialidad que proviene de la introducción de pruebas relacionadas
con delitos no procesados en la audiencia de imposición de la pena del
Sr. Garza fue mayor por el hecho de que el conjunto de reglas procesales
en materia de prueba que normalmente se aplicarían a la determinación
de una acusación penal no se aplicaron cuando se presentaron ante el
jurado pruebas relacionadas con los asesinatos no procesados. Según
los representantes del peticionario, este conjunto de reglas procesales
normalmente constituye una protección importante para los demandados
en la etapa de culpabilidad-inocencia de un proceso penal en el que
el demandado no necesita demostrar nada y la carga cae totalmente sobre
la acusación. Por consiguiente, alegan que el Estado negó al Sr. Garza
la máxima imparcialidad procesal aplicable en casos relacionados con
la pena de muerte.
39.
Además, los representantes del peticionario argumentan que la
práctica de introducir pruebas de asesinatos no procesados en el extranjero
en el proceso de imposición de la pena del Sr. Garza viola el principio
en el artículo XXVI de la Declaración de que toda persona acusada tiene
derecho a ser “juzgada ... de acuerdo con leyes preexistentes”. En particular,
alegan que los asesinatos presuntamente cometidos en México no ocurrieron
dentro de la jurisdicción especial marítima o territorial de los Estados
Unidos, tal y como se establece en la 18 U.S.C., Sección 1111(b), y
por lo tanto no podían ser procesados como delitos federales de conformidad
con el derecho actual de los Estados Unidos en el momento en que presuntamente
fueron perpetrados.
40.
De forma alternativa, en el caso de que la introducción de pruebas
de delitos no procesados durante los procesos de imposición de la pena
para los delitos punibles con pena de muerte no se considere en sí contraria
a los derechos al debido proceso y a un juicio imparcial de conformidad
con la Declaración Americana, los representantes del peticionario alegan
que esta practica violó, sin embargo, el derecho del Sr. Garza al debido
proceso, y en particular su derecho a igualdad procesal. Específicamente,
se argumenta a favor del Sr. Garza que el Estado disponía de mecanismos
de conformidad con el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos
de América y los Estados Unidos de México para Asistencia Jurídica Mutua
(en adelante "MLAT de Estados Unidos-México"),[17]
que permitían al Estado investigar los asesinatos mexicanos, pero que
esos mecanismos no estaban disponibles para los demandantes tales como
el Sr. Garza. Por consiguiente, se alega que el Sr. Garza no pudo obtener
pruebas exculpatorias bajo las mismas condiciones en que se obtuvieron
las pruebas que tienden a demostrar la culpabilidad de un acusado por
parte de la fiscalía, en violación del derecho a igualdad procesal.
41.
En este sentido, los representantes del peticionario observan
que la capacidad relativa de la fiscalía y la defensa de reunir pruebas
guarda relación con el principio de igualdad procesal, y requiere que
se tomen medidas de manera que las ventajas que la fiscalía tiene inevitablemente
no perjudiquen a la defensa.[18]
Además, los epresentantes del peticionario argumentan que el principio
de igualdad procesal es parte del derecho a un juicio imparcial protegido
por la Declaración Americana y que los requisitos de debido proceso
de la Declaración se aplican a la etapa de imposición de la pena de
un juicio penal.[19]
En el contexto de la imposición de sentencia del Sr. Garza, se alega
que el principio de igualdad procesal no fue respetado porque, dados
sus mayores recursos y el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre
Estados Unidos y México, la fiscalía tuvo ventaja en obtener pruebas
de México. En particular, los representantes del peticionario indican
que el Sr. Garza estuvo sujeto a una desigualdad clara ya que las autoridades
de la fiscalía de los Estados Unidos tenían derecho bajo el tratado
de procurar asistencia de las autoridades mexicanas, mientras
que el Sr. Garza no tenía derecho a ninguna asistencia de este tipo.
42.
Como un ejemplo de tal desigualdad, los representantes del peticionario
se refieren al hecho de que una de las maneras de garantizar normalmente
la igualdad procesal en los procesamientos internos es a través del
requisito de que las autoridades de los Estados Unidos den a conocer
todo el material pertinente a la defensa. De lo contrario, las autoridades
mexicanas no tenían tal obligación de divulgar el material pertinente
al Sr. Garza. Además, a juicio de sus representantes, el Sr. Garza,
a diferencia del Estado, no tenía poder para citar a testigos en México.
43.
Los representantes del peticionario también indican en este sentido
que, hasta la fecha, no existe un proceso de cartas rogatorias entre
los Estados Unidos y México para asuntos penales, en que ningún Estado
ha ampliado las disposiciones de la Convención Interamericana sobre
Exhortos o Cartas Rogatorias para aplicarlas en asuntos de carácter
penal. Además, los representantes de los peticionarios han reconocido
la existencia de procedimientos relativos a cartas rogatorias como algo
habitual entre estados, han afirmado que el nivel de cooperación entre
Estados en materia de litigación varía ampliamente, lo cual explica
en parte la razón por la cual los Estados ejecutan tratados de asistencia
jurídica mutua por separado, como el Tratado de Asistencia Jurídica
Mutua entre Estados Unidos y México. Además, destacan que durante su
audiencia previa al juicio, se le negó al Sr. Garza la solicitud de
que la fiscalía procurara pruebas exculpatorias específicas de las autoridades
mexicanas en su nombre.
B.
Posición
del Estado
44.
Respecto a la admisibilidad de la petición del Sr. Garza en general,
el Estado sostiene que la petición debería considerarse inadmisible
porque está claramente infundada y no establece hechos que constituyan
una violación de cualquiera de los derechos protegidos por la Declaración
Americana. Además, específicamente respecto a las alegaciones planteadas
por el peticionario en la “Solicitud para plantear otros asuntos” del
22 de septiembre de 2000, el Estado argumenta que la Comisión debería
desestimar y declarar inadmisibles estas nuevas alegaciones porque el
peticionario no las planteó ante ningún tribunal de los Estados Unidos.
45.
En apoyo a su posición que de la petición en general debería
considerarse inadmisible de conformidad con el artículo 41 del Reglamento
de la Comisión, el Estado ha presentado observaciones respecto a los
méritos de las demandas del Sr. Garza, con vistas a demostrar su carácter
infundado.
46.
Más en particular, respecto a los antecedentes del caso, el Estado
indica que durante más de una década el Sr. Garza controló y dirigió
una de las principales operaciones de tráfico de drogas, a través de
la cual vendió miles de libras de marihuana en los Estados Unidos que
entró clandestinamente en el país procedente de México. En la medida
que sus operaciones delictivas crecieron, el Sr. Garza decidió eliminar
a individuos de su organización de los que sospechaba, y con ese propósito
bien ordenó o llevó a cabo los asesinatos de tres individuos mediante
estilo de ejecución en Estados Unidos.
47.
Tras un juicio en el
Tribunal Federal de primera instancia, Distrito del Sur de Texas, el
Sr. Garza fue condenado por cinco violaciones de las leyes federales
sobre tráfico de drogas, la operación de una empresa delictiva establecida,
lavado de activos y tres cargos de homicidio con el fin de continuar
una empresa delictiva. Durante la etapa del proceso del Sr. Garza en
la que se determinaba la pena, el Gobierno presentó pruebas mostrando
que había cometido otros cuatro asesinatos en México, tres a disparos
y uno por estrangulación y asfixia. Después de la audiencia de determinación
de la pena, el jurado recomendó una sentencia de muerte.
48.
Las condenas y sentencia del Sr. Garza fueron posteriormente
afirmadas por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Quinto
Circuito, después de lo cual el Quinto Circuito denegó una solicitud
para un nuevo examen de la causa en sesión plenaria de un tribunal,
y la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó un auto de avocación.
Además, en diciembre de 1997, el Sr. Garza presentó un recurso para
anular su sentencia de conformidad con las leyes de hábeas corpus federales
de los Estados Unidos, alegando que la presentación por parte del Gobierno
de pruebas relacionadas con los cuatro asesinatos en México violaba
sus derechos de conformidad con la Cláusula del Debido Proceso de la
Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Este recurso
fue desestimado en abril de 1998. El Sr. Garza posteriormente solicitó
un certificado de apelabilidad del Tribunal Federal de primera instancia
de los Estados Unidos, como se estipula en la 28 U.S.C., Sección 2253(1),
para apelar la denegación de habeas corpus del Tribunal Federal de primera
instancia, y la solicitud fue desestimada. Garza apeló esta decisión
ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, y también desestimó
su solicitud debido a que no había demostrado de forma substancial la
negación de un derecho constitucional. Por último, el 15 de noviembre
de 1999, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó al Sr. Garza
un auto de avocación de esta decisión.
49.
En apoyo a su opinión de que los derechos del Sr. Garza no han
sido violados, el Estado alega primero que el artículo I de la Declaración,
en el momento de su adopción, o en la actualidad, no prohíbe la pena
de muerte. Estados Unidos
subraya en este sentido que un Estado no puede estar atado a obligaciones
jurídicas, bien bajo tratados o bajo el derecho internacional tradicional,
que no haya aceptado explícitamente, y alega que los representantes
del peticionario no pueden alegar que el lenguaje general en un instrumento
negociado en 1948 tiene otro significado 50 años más tarde como para
prohibir a los Estados Unidos que utilice la pena de muerte. Más bien,
el Estado argumenta que los gobiernos deben acceder a cualquier modificación
de este tipo, por ejemplo, la adopción de protocolos adicionales a los
tratados.
50.
El Estado también argumenta que el peticionario no ha establecido
que el derecho internacional impide el uso de la pena de muerte. De
lo contrario, el Estado sostiene que la pena de muerte está permitida
por el derecho internacional cuando se aplica por delitos graves y de
conformidad con los procesos que cumplen con el debido proceso. Según
el Estado, el hecho innegable es que la mayoría de los países mantienen
la opción de imponer la pena de muerte para los delitos más graves y
en este sentido el caso del Sr. Garza no es una excepción. El Estado
indica además que el Secretario General de las Naciones Unidas informó
a la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas que al 1º
de marzo de 1999, 87 países mantenían y utilizaban la pena de muerte
para los delitos comunes más graves y que otros 26 países mantenían
la pena de muerte para delitos comunes pero no habían ejecutado a nadie
durante los últimos 10 años. Además, el Estado indica que sólo 65 países
han abolido oficialmente la pena de muerte para todos los delitos. Sobre
la base de estas estadísticas, el Estado sostiene que la práctica de
los Estados es clara y consistente y que el derecho internacional no
prohíbe el uso de la pena de muerte. En el contexto del caso del peticionario,
el Estado considera que los delitos del Sr. Garza eran los suficientemente
graves como para merecer una sentencia de muerte.
51.
Respecto a los argumentos del peticionario sobre el informe del
12 de septiembre de 2000 del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos sobre la pena de muerte federal, si la Comisión decide considerar
sus alegaciones en este sentido, el Estado argumenta que los estudios
meramente estadísticos no
son suficientes para establecer una alegación de que la pena de muerte
se impone de forma racialmente discriminatoria como para violar el derecho
a la vida.[20]
En resumen, el Estado sostiene que los representantes del peticionario
no han identificado ninguna prueba de que la raza fue un factor importante
en el caso del Sr. Garza. Al contrario, el Estado indica que los representantes
del peticionario han admitido que “claramente, el Sr. Garza ha sido
declarado culpable de delitos que le hacen elegible para la pena de
muerte bajo la ley federal.”
52.
El Estado también argumenta que el peticionario no ha establecido
una violación del derecho a un juicio imparcial o del derecho al debido
proceso legal en relación con el proceso penal del Sr. Garza. En particular,
a juicio del Estado, la opinión del peticionario de que la introducción
de pruebas relacionadas con homicidios no procesados durante la audiencia
de imposición de la pena del Sr. Garza en sí violaba sus derechos al
debido proceso y a un juicio imparcial debido a la consiguiente falta
de imparcialidad por parte del jurado carece de mérito. Más bien, el
Estado argumenta que el jurado se encuentra en una mejor posición para
comprender la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos por el
acusado, específicamente los tres homicidios por los cuales el Sr. Garza
fue condenado, y que el juicio anterior por estos delitos no hace que
el jurado sea perjudicial sino que solamente esté mejor informado.
53.
De manera similar, respecto al argumento alternativo del peticionario
de que al Sr. Garza se le negó igualdad procesal debido a la manera
en que se reunieron y se presentaron las pruebas de homicidios no procesados
en la audiencia de imposición de la pena, el Estado sostiene que durante
el juicio del Sr. Garza, en la etapa de culpabilidad/inocencia o de
determinación de la pena, no hubo nada que no cumpliera las normas internacionales
de igualdad procesal y el derecho del Sr. Garza a un juicio imparcial.
El Estado argumenta además al respecto que el principio de igualdad
procesal protege la igualdad procesal más que substancial y, por lo
tanto, que el hecho de que el Estado pueda tener más recursos que un
acusado --lo cual, el Estado indica, ocurre casi siempre-- no puede
establecer una alegación de que un proceso particular no fue parcial.
54.
De lo contrario, en las circunstancias del procesamiento del
Sr. Garza, el Estado alega que ni la ley ni los tribunales impusieron
condición alguna que colocara al Sr. Garza en una situación de desventaja
substancial en relación con la acusación, de manera que el Sr. Garza
pudo libremente impugnar las pruebas de la acusación de cualquier manera
y llamar a testigos en su defensa. En este sentido, el Estado argumenta
que las condiciones de procedimiento en la determinación de la pena
fueron las mismas para ambas partes, y que el hecho de que algunas pruebas
se reunieron en México no tiene importancia desde el punto de vista
jurídico. Según el Estado, nada impidió al Sr. Garza recopilar pruebas
atenuantes en su favor, tanto en México como en los Estados Unidos,
y presentar esas pruebas
en su audiencia de imposición de la pena.
55.
El Estado presenta varios argumentos en apoyo a su opinión que
el mero acceso a mayores recursos por parte del Estado, en este caso
a través del MLAT entre Estados Unidos y México, no puede ser el fundamento
de una demanda de desigualdad procesal. En particular, el Estado indica
que este tratado simplemente mejora la capacidad del Estado de recopilar
pruebas contra el acusado y de manera alguna impide a la defensa refutar
esas pruebas o presentar sus propias pruebas. El Estado también subraya
al respecto el hecho de que la Constitución de los Estados Unidos requiere
a la acusación entregar al acusado antes de la celebración del juicio
todas las pruebas agravantes o atenuantes. Además, el Estado argumenta
que ni la existencia del MLAT entre los Estados Unidos y México ni la
decisión de los Estados Unidos y México de no aplicar la Convención
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en asuntos penales
afecta la capacidad de un litigante, civil o penal, de obtener pruebas
a través de cartas rogatorias, en la medida que este proceso está arraigado
a las costumbres entre países independientemente de sus relaciones de
tratado.
56.
En apoyo a su argumento de que la igualdad procesal garantiza
solamente igualdad procesal y no substantiva, el Estado se basa en particular
en la sentencia del 15 de julio de 1999 de la Sala de Apelaciones del
Tribunal Penal Internacional para la Ex- Yugoslavia (en adelante “ICTY”)
en el caso El Fiscal contra Dusko Tadic.[21]
En este caso, la defensa alegó que la falta de cooperación y la obstrucción
por parte de algunas entidades externas --el Gobierno de la República
de Srpska y la autoridad civil en Prijedor-- le impidieron presentar
adecuadamente su caso en el juicio y por lo tanto no hubo “igualdad
procesal” entre la acusación y la defensa en el juicio como para violar
el derecho del acusado a un juicio imparcial. En respuesta al argumento
de Tadic, la acusación sostuvo, entre otros, que el principio de igualdad
procesal otorga a ambas partes el mismo acceso a los poderes del tribunal
y el mismo derecho a presentar sus casos, pero no requiere equiparar
el material y las circunstancias prácticas de las dos partes. La Sala
de Apelaciones del ICTY rechazó en última instancia la posición de la
defensa, sobre la base de que el acusado no demostró que la protección
ofrecida por los principios de igualdad procesal no le fuera extendida
por la Sala de Juicios del ICTY. Al alcanzar esta conclusión, la Sala
de Apelaciones sostuvo que “la igualdad procesal obliga a un organismo
judicial a asegurar que ninguna de las partes está en desventaja cuando
presentan su caso”. El Estado considera que la alegación del Sr. Garza
es notablemente similar a la del caso Tadic, y opina que la Comisión
debería de manera similar rechazar el argumento del Sr. Garza al respecto.
57.
Además, a juicio del Estado, la Corte Europea de Derechos Humanos
y el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Humanos han similarmente
interpretado la igualdad procesal como una protección de la igualdad
procesal en vez de substancial, y cita como respaldo casos tales como
Dombo Beheer B.V. contra Holanda[22]
y B.d.B. y otros contra Holanda.[23]
Aplicando estas autoridades en el contexto del caso del peticionario,
el Estado alega que ni la ley ni los tribunales impusieron condición
alguna que colocara al Sr. Garza en una situación de desventaja substancial
en relación con la acusación, sino que las condiciones de procedimiento
durante el juicio y la imposición de la pena fueron las mismas para
ambas partes.
58.
Respecto al conjunto de reglas procesales en materia de prueba
aplicables durante la vista de imposición de la pena del Sr. Garza,
el Estado está de acuerdo en que las reglas comunes en materia de prueba
no se aplican durante un proceso federal de imposición de pena capital
en los Estados Unidos, pero argumenta que esto funciona en beneficio
y detrimento de ambas partes y es por lo tanto coherente con la naturaleza
del principio de igualdad procesal. De particular importancia en este
sentido, el Estado alega que los representantes del peticionario malinterpretan
el propósito de una vista de imposición de la pena la cual, según el
Estado, no es para demostrar la culpabilidad sino para determinar la
pena apropiada por los delitos del acusado, teniendo en cuenta todas
las pruebas pertinentes.
59.
Además, el Estado considera que las reglas aplicables a una vista
de imposición de la pena que permiten la libre presentación de pruebas
por ambas partes se desarrollaron principalmente para proteger al acusado
en los casos capitales, y no a la acusación.[24]
Por consiguiente, en las circunstancias de este caso, el Estado opina
que el Sr. Garza fue simplemente incapaz de reunir suficientes pruebas
atenuantes para evitar la sentencia de muerte, y por lo tanto este caso
no se merece una conclusión
de que la ley federal no protegió sus derechos al debido proceso o a
un juicio imparcial.
IV.
ANÁLISIS
A.
Competencia de la Comisión
60.
El peticionario alega que el Estado ha violado sus derechos de
conformidad con los artículos I, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre. El Estado es un miembro de la
Organización de los Estados Americanos que no es parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, como se estipula en el artículo 20
del Estatuto de la Comisión y en el artículo 51 del Reglamento de la
Comisión, y depositó su instrumento de ratificación de la Carta de la
OEA en 19 de junio de 1951.[25]
Los acontecimientos planteados en la demanda del peticionario ocurrieron
después de la ratificación de la Carta de la OEA por el Estado. El peticionario
es una persona física o natural, y los representantes del peticionario
tienen autorización conforme al artículo 26 del Reglamento de la Comisión
para formular la petición en su nombre. La Comisión es por lo tanto
competente para examinar esta petición.
B.
Admisibilidad
61.
Respecto a la admisibilidad de la petición del peticionario,
la información presentada por las partes indica que el Sr. Garza apeló
sin éxito su condena y sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos, habiendo
esta última desestimado su petición de auto de avocación y su petición
de un nuevo examen del caso en 1996.[26]
También indica que el Sr. Garza procuró recursos constitucionales ante
el Tribunal Federal de primera instancia de los Estados Unidos, el Tribunal
de Apelaciones de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados
Unidos, por presuntas violaciones de sus derechos de conformidad con
la Cláusula de Debido Proceso de la Constitución de los Estados Unidos,
y tampoco tuvo éxito, habiendo la Corte Suprema desestimado su última
petición de auto de avocación el 15 de noviembre de 1999. El Estado
no ha alegado ni ha establecido que el Sr. Garza no haya agotado los
recursos internos a su disposición en los Estados Unidos. Por consiguiente,
la Comisión concluye que las alegaciones del peticionario de violaciones
de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana contenidas
en la petición del 20 de diciembre de 1999 no son inadmisibles por no
haber agotado los recursos internos, de conformidad con el artículo
37 del Reglamento de la Comisión.
62.
Además, los antecedentes en este caso indican que la petición
del Sr. Garza fue formulada ante la Comisión el 20 de diciembre de 1999,
y por lo tanto dentro del plazo de seis meses a partir de la desestimación
de la Corte Suprema de los Estados Unidos de su última petición de auto
de avocación el 15 de noviembre de 1999. El Estado no ha disputado la
presentación en plazo de la petición del Sr. Garza. La Comisión por
lo tanto no considera que la petición del peticionario sea inadmisible
por violar el plazo de seis meses de conformidad con el artículo 38
del Reglamento de la Comisión.
63.
Asimismo, según los representantes del peticionario, el tema
de la ejecución del Sr. Garza no ha sido anteriormente considerado por
la Comisión, ni está pendiente de resolución ante otro procedimiento
internacional. El Estado no ha hecho ninguna alegación en relación con
la cuestión de la duplicidad de procedimientos. Por consiguiente, la
Comisión considera que la petición del peticionario no es inadmisible
conforme al artículo 39 del Reglamento de la Comisión.
64.
Por último, respecto a los requisitos del artículo 41 del Reglamento
de la Comisión, el Estado sostiene que la petición del Sr. Garza debería
considerarse inadmisible porque está manifiestamente infundada y no
establece hechos que constituyan una violación de cualquiera de los
derechos protegidos por la Declaración Americana. Habiendo examinado
las observaciones de las Partes y otro material registrado sobre este
tema, y en vistas al mayor nivel de escrutinio que la Comisión ha aplicado
tradicionalmente en casos que están relacionados con la imposición de
la pena capital, la Comisión considera que la petición del peticionario
no esta evidentemente infundada y contiene hechos que, de ser demostrados,
pueden constituir violaciones de los artículos I, XVIII y XXVI de la
Declaración Americana. Por consiguiente, la Comisión no encuentra que
la petición del Sr. Garza sea inadmisible de conformidad con el artículo
41 del Reglamento de la Comisión.
65.
Respecto a la “Solicitud para plantear otros asuntos” del peticionario,
fechada el 22 de septiembre de 2000, en la que los representantes del
peticionario alegan violaciones de los derechos del Sr. Garza de conformidad
con los artículos I y II de la Declaración Americana en relación con
el “Informe sobre la Pena de Muerte en el Ámbito Federal: Un Estudio
Estadístico (1998-2000)” emitido el 12 de septiembre de 1999 por el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Estado argumenta
que éstos constituyen nuevas demandas basadas en presuntos hechos y
argumentos nuevos que no formaban parte de la petición original del
peticionario, y que no han sido planteadas ante ningún tribunal de los
Estados Unidos. Los representantes del peticionario no han alegado que
el Sr. Garza haya agotado los recursos internos respecto a estas demandas
o que tales recursos no estén disponibles o sean eficaces. De lo contrario,
argumentan que cualquier intento de procurar una reparación interna
probablemente no produciría ningún resultado hasta poco antes de la
fecha prevista para la ejecución del Sr. Garza, y que como resultado
privaría a la Comisión de una oportunidad de estudiar los méritos de
estas demandas en esa etapa y antes de la ejecución del Sr. Garza. Por
consiguiente, los representantes del peticionario instan a la Comisión
a que considere estas demandas.
66.
La Comisión reconoce y está profundamente preocupada por el hecho
de que su capacidad de investigar eficazmente y determinar casos capitales
se ha visto con frecuencia debilitada cuando los Estados han programado
y han seguido adelante la ejecución de reclusos condenados a pesar del
hecho de que esos reclusos tienen procedimientos pendientes ante la
Comisión. Por este motivo, la Comisión solicita l adopción de medidas
cautelares de conformidad con el artículo 29(2) de su Reglamento, tal
y como lo ha hecho en el caso del Sr. Garza, para requerir a un Estado
que suspenda la ejecución de un recluso condenado hasta que la Comisión
haya tenido la oportunidad de investigar sus demandas. Cualquier otra
cosa priva eficazmente a los reclusos condenados de su derecho a presentar
una petición ante el sistema interamericano de derechos humanos
y les causa daños graves e irreparables. Por consiguiente, la
Comisión ha apelado en numerosas ocasiones a los Estados Unidos y a
otros Estados Miembros de la OEA para que cumplan las solicitudes de
la Comisión respecto a la adopción de medidas cautelares en casos relacionados
con el derecho a la vida y, de ese modo, respetar plena y adecuadamente
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.[27]
67.
A pesar de estas lamentables complicaciones, sin embargo, la
Comisión también está obligada a aplicar los requisitos establecidos
por su Reglamento y de conformidad con los principios generales del
derecho internacional que rigen la admisibilidad de las demandas presentadas
ante la misma, incluido el requisito de que los recursos internos sean
invocados y agotados. En este caso, las demandas presentadas en la solicitud
del peticionario del 22 de septiembre de 2000 constituyen demandas adicionales
basadas en nuevos hechos y pruebas que, según la información disponible,
no han sido planteadas ante los tribunales internos de los Estados Unidos.
Además, la Comisión no puede concluir, sobre la base de los antecedentes
presentados ante la misma, que los recursos internos no están disponibles
para abordar estas demandas, que se impidió que el peticionario los
agotara, o que tales recursos no serían potencialmente eficaces.
68.
Por consiguiente, en base a la información ante la misma, la
Comisión concluye que los recursos internos no han sido invocados y
agotados de conformidad con el artículo 37 de su Reglamento, en relación
con las demandas planteadas en la Solicitud del peticionario para plantear
otros asuntos fechada el 22 de septiembre de 2000. Por lo tanto, la
Comisión considera que las demandas del peticionario en este sentido
son inadmisibles, sin perjuicio del derecho del peticionario de plantear
estas demandas ante la Comisión en tal momento posterior que puede cumplir
los requisitos del Reglamento de la Comisión.
69.
De conformidad con el anterior análisis de los requisitos de
las disposiciones aplicables del Reglamento de la Comisión, la Comisión
decide declarar admisibles las demandas presentadas en la petición del
peticionario del 20 de diciembre de 1999 con respecto a los artículos
I, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana, y proceder a examinar
los méritos de estos asuntos. La Comisión también decide declarar inadmisibles
las demandas respecto a los artículos I y II de la Declaración planteadas
por el peticionario en su Solicitud para plantear otros asuntos del
22 de septiembre de 2000.
C.
Méritos de la petición
1.
Norma de examen
70.
Antes de abordar los méritos de este caso, la Comisión desea
reafirmar y reiterar su bien establecida doctrina que aplica el máximo
nivel de escrutinio en los casos de pena capital. El derecho a la vida
es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio
sine qua non para el goce de todos los demás derechos. La Comisión
considera por lo tanto que tiene una mayor obligación de asegurar que
toda privación de la vida perpetrada por un Estado Miembro de la OEA
mediante la pena de muerte cumple estrictamente con las disposiciones
de los instrumentos interamericanos aplicables de derechos humanos,
incluida la Declaración Americana. Esta “prueba de un mayor escrutinio”
es congruente con el criterio restrictivo que otras instancias internacionales
en materia de derechos humanos aplican a la imposición de la pena de
muerte,[28]
y ha sido articulada y aplicada por la Comisión en anteriores casos
capitales presentados ante la misma.[29]
71.
La Comisión también observa que la prueba del mayor escrutinio
aplicable a los casos de pena de muerte no está obstaculizada por la
fórmula de la cuarta instancia adoptada por la Comisión. De acuerdo
con la "fórmula de la cuarta instancia", la Comisión, en principio,
no examinará las sentencias pronunciadas por los tribunales internos
que actúen dentro de su competencia y con las debidas garantías judiciales.[30]
En particular, cuando se trata de una posible violación de los derechos
de un individuo de conformidad con los instrumentos interamericanos
aplicables de derechos humanos, la Comisión ha dictaminado constantemente
que la fórmula de la cuarta instancia no se aplica y que puede considerar
el tema.[31]
72.
Por lo tanto, la Comisión examinará las alegaciones de los representantes
del peticionario en este caso con el máximo nivel de escrutinio para
asegurar en particular que el derecho a la vida, el derecho al debido
proceso y el derecho a un juicio imparcial consagrados en la Declaración
Americana han sido respetados de forma oportuna por el Estado.
2.
Hechos pertinentes
73.
Al emprender su análisis del fundamento de este caso, la Comisión
primero establecerá su comprensión, en base a los antecedentes presentados
ante la mismas, de los hechos pertinentes relacionados con el juicio
y la imposición de la pena al Sr. Garza. Estos hechos no parecen ser
en gran medida refutados por las partes, en la medida que han presentado
comentarios sobre los mismos.
74.
De conformidad con el derecho constitucional de los Estados Unidos,
tanto los gobiernos estatales como el Congreso federal tienen facultades
para establecer sanciones penales en asuntos que se encuentran dentro
de sus respectivas jurisdicciones.[32]
Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha confirmado que tales
sanciones pueden como un asunto de derecho constitucional federal incluir
la pena capital, en la medida que la Corte ha concluido que la pena
de muerte no constituye en sí "una pena cruel y desusada "
dentro del significado de la Octava Enmienda de la Constitución de los
Estados Unidos.[33]
En 1972, sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió
una sentencia que tuvo el efecto de invalidar la pena capital en todos
los Estados Unidos, tanto en el sistema federal de justicia penal y
en todos los estados que disponían de la pena de muerte, en base a la
manera arbitraria en que los jueces y los jurados estaban aplicando
la pena en casos individuales.[34]
Varios estados revisaron su legislación sobre la pena de muerte de forma
relativamente rápida con el fin de cumplir con las normas establecidas
por la Corte Suprema, pero el Gobierno Federal no hizo lo mismo hasta
el 18 de noviembre de 1988, cuando el Presidente Ronald Reagan firmó
la Ley Antidrogas de 1988, dejando la pena de muerte disponible como
un castigo posible para ciertos delitos relacionados con las drogas.
Por consiguiente, en septiembre de 1994, la Ley Federal sobre la Pena
de Muerte fue promulgada, la cual disponía que más de 40 delitos podían
ser castigados como delitos capitales, y en 1996, La Ley Antiterrorismo
y sobre la Pena de Muerte Eficaz entró en vigor y extendió aún más la
lista de delitos capitales federales con miras a incorporar otros delitos
federales.[35]
75.
En las circunstancias del caso del Sr. Garza, los antecedentes
indican que en 1993 el Sr. Garza fue procesado y condenado en el Tribunal
Federal de primera instancia de los Estados Unidos, Distrito del Sur
de Texas, de conformidad con el derecho federal de los Estados Unidos
por tres acusaciones de asesinato con el propósito de continuar una
actividad delictiva, además de otros siete cargos que incluían conspiración
para importar más de 1.000 kilogramos de marihuana y posesión con intención
de distribuir más de 1.000 kilogramos de marihuana. Más en particular,
el Sr. Garza fue procesado y sentenciado de conformidad con el Título
21, Sección 848 del Código de los Estados Unidos (21 U.S.C. Sección
848) por los asesinatos de Gilberto Matos, Erasmo De La Fuente y Thomas
Rumbo.
76.
El Título 21, U.S.C., Sección 848(e)(1)(A), establece la responsabilidad
penal y la pena, incluida la pena de muerte, por asesinato en el curso
de una actividad delictiva continuada de la siguiente forma:
toda
persona que se dedique o respalde una actividad delictiva continuada,
o toda persona que participe en un delito punible, conforme a la Sección
841(b)(1)(A) de este título o a la Sección 960(b)(1) de este título,
que intencionadamente asesine o aconseje, dirija, induzca, procure,
o cause el homicidio intencionado de un individuo y tal homicidio se
produzca, será sentenciada a cualquier tiempo de prisión, que no será
inferior a 20 años, y que puede llegar a la prisión perpetua, o
puede ser sentenciada a muerte; [texto en negrita para darle énfasis]
77.
El Título 21, U.S.C., Sección 848, también prescribe ciertas
condiciones previas y procedimientos que son necesarios para que el
Estado pueda procurar la pena de muerte y para que un jurado pueda imponer
la pena de muerte en un caso particular. En particular, la Sección 848(h)
requiere que siempre que el Gobierno procure la pena de muerte por un
delito enumerado en la Sección 848
para el cual una de las sentencias que se prevén es la muerte
(incluida la Sección 848(e)) el abogado del Gobierno, durante un plazo
razonable de tiempo antes del juicio o de la aceptación por parte del
tribunal de una admisión de culpabilidad, "deberá suscribir y presentar
ante el tribunal una notificación (a) de que el Gobierno, en el caso
de condena, procurará la sentencia de muerte; y (b) que establezca los
factores agravantes enumerados en la subsección (n) de esta sección
y cualquier otro factor agravante que el Gobierno procurará demostrar
como base para la pena de muerte".
78.
Además, conforme al Titulo 21, U.S.C., Sección 848(i), cuando
el Gobierno ha presentado una notificación requerida de conformidad
con la Sección 848(h) y el acusado es declarado culpable o se declara
culpable de un delito de conformidad con la Sección 848(e), debe llevarse
a cabo una vista de imposición de la pena separada para determinar la
pena que se va a imponer. En aquellos casos en que el acusado fue procesado
y condenado ante un tribunal con un jurado, la vista de imposición de
la pena debe realizarse ante el jurado que determinó la culpabilidad
del acusado o, por recurso del acusado y con la aprobación del Gobierno,
ante el tribunal solo.
79.
Además el Título 21, U.S.C., Sección 848, establece un sistema
específico y detallado para la prueba y consideración de factores atenuantes
y agravantes durante una vista de imposición de la pena de conformidad
con el artículo 848(i), al determinar si un acusado deberá ser sentenciado
a muerte. En particular, el artículo 848(j) establece las reglas que
rigen la admisión de pruebas en los juicios penales y dispenses, prescinde
de las reglas que rigen la admisión de pruebas en los juicios penales
y establece la libre consideración de
factores agravantes y atenuantes de pruebas de la siguiente manera:
A
pesar de la regla 32(c) de las Reglas Federales del Proceso Penal, cuando
una persona acusada es declarada culpable, o se declara culpable, de
un delito conforme la subsección (e) de esta sección, no deberá prepararse
un informe antes de la sentencia. En la vista de imposición de la pena,
puede presentarse información sobre asuntos que guarden relación con
cualquiera de los factores agravantes o atenuantes establecidos en las
subsecciones (m) y (n) de esta sección, o cualquier otro factor atenuante
para el cual se ha proporcionado una notificación conforme a la subsección
(h)(1)(B) de esta sección. Cuando se presenta información relacionada
con cualquiera de los factores agravantes establecidos en la subsección
(n) de esta sección, puede presentarse información relacionada con cualquier
otro factor agravante para el cual se ha proporcionado una notificación
de conformidad con la subsección (h)(1)(B) de esta sección. La información
presentada puede incluir la trascripción del juicio y documentos u objetos
que se exhiben en el juicio como prueba si la vista se celebra ante
un jurado o juez que no está presente durante el juicio, o a la discreción
del juez del juicio. Cualquier
otra información que guarde relación con tales factores atenuantes o
agravantes puede ser presentada bien por el Gobierno o el acusado, sin
tener en cuenta su admisibilidad de conformidad con las reglas que rigen
la admisión de pruebas en los juicios penales, salvo que esa información
pueda ser excluida si el peligro de prejuicio imparcial, confusión de
los asuntos o de inducir al jurado a error es sustancialmente superior
al valor probatorio. El Gobierno y el acusado podrán refutar cualquier
información recibida en la vista y deberán tener una oportunidad imparcial
para presentar sus argumentos sobre la idoneidad de la información para
establecer la existencia de cualquiera de los factores agravantes o
atenuantes y sobre la idoneidad en ese caso de imponer una sentencia
de muerte. El Gobierno deberá presentar su argumento. El acusado deberá
poder responder. El Gobierno deberá entonces poder responder en descargo.
El peso de establecer la existencia
de cualquier factor agravante cae sobre el Gobierno, y no se satisface
a no ser que se establezca más allá de toda duda razonable. El peso
de establecer la existencia de cualquier factor atenuante cae sobre
el acusado, y no se satisface a no ser que se establezca mediante la
preponderancia de las pruebas. [texto en negrita para darle énfasis]
80.
Es importante mencionar que la Sección 848(j) permite la introducción
de pruebas de factores agravantes o atenuantes independientemente de
su admisibilidad de conformidad con las reglas que rigen la admisión
de pruebas en los juicios penales, y que el Gobierno debe establecer
la existencia de cualquier factor agravante “más allá de toda duda razonable”.
81.
Las Secciones 848(m) y (n) del Título 21, U.S.C., disponen en
cambio respectivamente que los factores agravantes y atenuantes legales
pertinentes serán considerados durante una vista de imposición de la
pena de la siguiente manera:
m)
Factores atenuantes
Cuando
se determina si una sentencia de muerte debe imponerse a un acusado,
la determinación de una cuestión de hecho deberá considerar los factores
atenuantes, incluidos los siguientes:
(1)
La capacidad del acusado de apreciar la improcedencia de la conducta
del acusado y ajustar la conducta a los requisitos legales se vio significativamente
afectada, sin tener en cuenta si la capacidad se vio tan afectada como
para constituir una defensa contra el cargo.
(2)
El acusado se encontraba bajo coacción inusual y substancial, sin tener
en cuenta si la coacción fue tanta como para constituir una defensa
contra el cargo.
(3)
El acusado puede ser castigado como el autor principal (como
se define en la sección 2 del título 18) del delito, el cual fue cometido
por otro, pero la participación del acusado fue relativamente menor,
sin tener en cuenta si la participación fue tan menor como para constituir
una defensa contra el cargo.
(4)
El acusado no podía prever razonablemente que la conducta del
acusado en el curso de la comisión de homicidio, u otro delito que conduzca
a la muerte por el cual el acusado fue condenado, causaría, o crearía
un grave riesgo de causar, la muerte a cualquier persona.
(5)
El acusado era juvenil, aunque no menor de 18 años.
(6)
El acusado no tenía previos antecedentes penales significativos.
(7)
El acusado cometió el delito bajo trastornos mentales o emocionales.
(8)
Otro acusado o acusados, igualmente culpables del delito, no serán castigados
con la pena de muerte.
(9)
La víctima admitió la conducta penal que condujo a la muerte
de la víctima.
(10)
Que otros factores en los antecedentes o carácter del acusado
atenúan la imposición de la pena de muerte.
(n)
Factores agravantes para el homicidio
Si
el acusado es declarado culpable o se declara culpable de un delito
de conformidad con la subsección (e) de esta sección, los siguientes
factores agravantes son los únicos factores agravantes que se considerarán,
a no ser que se notifiquen factores agravantes adicionales de conformidad
con la subsección (h)(1)(B) de esta sección:
(1)
El acusado -
(A)
asesinó intencionadamente a la víctima;
(B)
ocasionó intencionadamente graves daños físicos que condujeron al fallecimiento
de la víctima;
(C)
tuvo intencionadamente una conducta que tenía por objeto el asesinato
de la víctima o el uso de fuerza mortal contra la víctima, la cual condujo
al fallecimiento de la misma;
(D)
tuvo intencionadamente una conducta que -
(i)
el acusado sabía que crearía un riesgo grave de muerte a una persona,
aparte de las que participaron en el delito; y
(ii)
condujo al fallecimiento de la víctima.
(2)
El acusado ha sido condenado por otro delito federal, o un delito estatal
que ha conducido al fallecimiento de una persona, por el cual una sentencia
de prisión perpetua o una sentencia de muerte fue autorizada por ley.
(3)
El acusado ha sido condenado anteriormente por dos o más delitos estatales
o federales punibles con un tiempo en prisión de más de un año, cometidos
en diferentes ocasiones, relacionados con causar, o el intento de causar
daños físicos graves a otra persona.
(4)
El acusado ha sido anteriormente condenado por dos o más delitos estatales
o federales punibles con un tiempo en prisión de más de un año, cometidos
en diferentes ocasiones, relacionados con la distribución de una sustancia
controlada.
(5)
Al cometer el delito o al escapar la detención por una violación de
la subsección (e) de esta sección, el acusado creó con conocimiento
de causa un riesgo grave de muerte a una o más personas además de las
víctimas del delito.
(6)
El acusado procuró la comisión del delito por medio de un pago, o la
promesa de un pago, de cualquier cosa con valor pecuniario.
(7)
El acusado cometió el delito considerando el recibo, o esperando recibir,
cualquier cosa con valor pecuniario.
(8)
El acusado cometió el delito después de una planificación y premeditación
substanciales.
(9)
La víctima era particularmente vulnerable debido a su vejez,
juventud o estado de debilidad.
(10)
El acusado había sido anteriormente condenado por violar este
subcapítulo del subcapítulo II para lo cual puede imponerse una sentencia
de cinco años o más o había sido anteriormente condenado por dedicarse
a una actividad delictiva continuada.
(11)
La violación de este subcapítulo, en relación con la cual tuvo lugar
la conducta descrita en la subsección (e) de esta sección, fue una violación
de la sección 859 de este título.
(12)
El acusado cometió el delito de manera especialmente atroz, cruel
o depravada en la medida que estaba relacionado con la tortura o el
grave abuso físico de la víctima.
82.
Por último, el Título 21, U.S.C., Sección 848(k) establece el
procedimiento que debe seguir el jurado cuando identifique y considere
los factores agravantes y atenuantes
al determinar si la pena de muerte debe imponerse al acusado:
El
jurado, o de no haber jurado, el tribunal, deberá considerar toda
la información recibida durante la vista. Deberá remitir de nuevo
las decisiones incidentales o parciales que identifiquen cualquier
factor agravante establecido en la subsección (n) de esta sección,
de determinarse su existencia. Si se determina la existencia de uno
de los factores agravantes establecidos en la subsección (n)(1) de
esta sección y de cualquier otro de los factores agravantes establecidos
en los párrafos (2) hasta el (12) de la subsección (n) de esta sección,
puede devolverse una decisión incidental o parcial que identifique
cualquier otro factor agravante para el cual se ha proporcionado una
notificación de conformidad con la subsección (h)(1)(B) de esta sección.
Una decisión respecto a un factor atenuante puede tomarse por un miembro
o más del jurado, y cualquier miembro del jurado que determine la
existencia de un factor atenuante puede considerar tal factor establecido
para los fines de esta subsección, sin tener en cuenta el número de
miembro del jurado que está de acuerdo en que el factor ha sido establecido.
Una decisión relativa a cualquier factor agravante debe ser unánime.
Si se determina que no existe un factor agravante establecido en la
subsección (n)(1) de esta sección o se determina que existe un factor
agravante establecido en la subsección (n)(1) de esta sección, pero
se determina que no existe ningún otro factor agravante establecido
en la subsección (n) de esta sección, el tribunal deberá imponer una
sentencia, aparte de la pena de muerte, autorizada por ley. Si se
determina que existe un factor agravante establecido en la subsección
(n)(1) de esta sección y uno, o más, de los otros factores agravantes
establecidos en la subsección (n) de esta sección, el jurado, o de
no haber jurado, el tribunal, deberá entonces considerar si los factores
agravantes que se ha determinado que existen son suficientemente superiores
a cualquier factor o factores atenuantes que se determina que existen,
o en la ausencia de factores atenuantes, si los factores agravantes
son por sí mismos suficientes para justificar una sentencia de muerte.
En base a esta consideración, el jurado mediante un voto unánime,
deberá recomendar que se imponga una sentencia de muerte en vez de
una sentencia de prisión perpetua sin la posibilidad de descargo o
de alguna otra sentencia menor. El jurado o el tribunal, sin tener
en cuenta sus decisiones respecto a los factores agravantes y atenuantes,
nunca tiene la obligación de imponer una sentencia de muerte y el
jurado deberá ser instruido al respecto.
83.
En resumen, la Sección 848(k) requiere para que el jurado alcance
un veredicto unánime, como mínimo, la existencia de uno o más factores
agravantes en cada una de las Secciones 848(n)(1) y 848(n)(2) hasta
(12) antes de que una sentencia de muerte pueda imponerse. En caso de
tal veredicto, la Sección 848(k) dispone que el jurado debe determinar
si los factores agravantes "son suficientemente superiores"
a cualquier factor atenuante o si de lo contrario son suficientes para
justificar una sentencia de muerte.
84.
En las circunstancias del caso del Sr. Garza, el proceso por
medio del cual el jurado determinó la pena del Sr. Garza se describe
en el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en el que
desestima la apelación legal del Sr. Garza de la siguiente manera:
El
día después del veredicto del jurado de culpabilidad, el tribunal
federal de primera instancia convocó la vista de penalización. El
jurado hizo una recomendación vinculante de una sentencia de muerte
por cada una de las condenas §848(e) del Sr. Garza después de tomar
las medidas requeridas por la ley. En primer lugar, en cuanto a los
asesinatos, se solicitó al jurado que decidiera si el gobierno había
establecido por lo menos uno de los cuatro factores agravantes de
"intención" en §848(n)(1), §848(j). Respecto al asesinato
de De La Fuente, el jurado decidió que el Sr. Garza había asesinado
intencionadamente a De La Fuente, (n)(1)(A), y que el Sr. Garza había
tenido intencionadamente una conducta cuyo objeto era asesinar a De
La Fuente o utilizar una fuerza mortal en su contra, (n)(1)(C). Respecto
al asesinato de Rumbo, el jurado determinó de nuevo tanto la (n)(1)(A)
como la (n)(1)(C), y respecto al asesinato de Matos, el jurado determinó
solamente la (n)(1)(c). Si el jurado no hubiese decidido por unanimidad
que existía uno de estos factores para el homicidio, no hubiera podido
recomendar una sentencia de muerte por ese homicidio. §848(k).
Habiendo
establecido el requisito de intento agravante para los tres homicidios,
el jurado consideró entonces la segunda categoría de factores agravantes
legales derivados de §848(n)(2)-(12). En esta etapa, el jurado determinó
que el Sr. Garza había cometido los tres asesinatos después de una planificación
y una premeditación sustanciales, (n)(8), y que el Sr. Garza procuró
el asesinato de De La Fuente y Mastos por medio del pago de algo de
valor pecuniario, (n)(6). Una vez más, si el jurado no hubiese determinado
por unanimidad por lo menos uno de estos factores enumerados para cada
uno de estos asesinatos, no hubiera podido recomendar una sentencia
de muerte para ese homicidio particular. §848(k).
Habiendo
determinado que existían estos factores agravantes legales de importancia
secundaria, se instruyó al jurado que determinara si el gobierno había
demostrado cualquier de sus factores agravantes no legales. En
respuesta a esta solicitud, el jurado dictaminó que el Sr. Garza era
responsable de cinco homicidios adicionales, que procuró dos de estos
homicidios mediante el pago de algo de valor pecuniario, que cuatro
de estos homicidios fueron cometidos después de una planificación y
premeditación substanciales, que dos de estos
homicidios fueron cometidos en apoyo de una actividad delictiva
continuada, y que el Sr. Garza representaba un peligro permanente para
las vidas de otras personas en base a su tendencia a perpetrar actos
violentos y brutales.
Seguidamente
el jurado consideró si el Sr. Garza había demostrado cualquier factor
atenuante. El jurado del Sr. Garza determinó que Garza había establecido
los factores atenuantes legales de que se encontraba bajo coacción substancial,
que era joven, que otros acusados que eran igualmente culpables no iban
a ser castigados con la pena de muerte y que las víctimas consintieron
la conducta delictiva que condujo a su fallecimiento. Si bien no especificó
cuál de ellos, el jurado también determinó por lo menos un factor atenuante
de la lista de factores atenuantes no legales que el Sr. Garza había
presentado.
Después
de adoptar estas decisiones, se instruyó al jurado que equilibrara los
factores agravantes en contra de los factores atenuantes. El jurado
podía solamente recomendar la sentencia de muerte si determinaba por
unanimidad que los factores agravantes eran suficientemente superiores
a los factores atenuantes para justificar una sentencia de muerte. Incluso
habiendo determinado que los factores agravantes eran suficientemente
superiores, el jurado nunca se vio obligado a recomendar una sentencia
de muerte. Tras considerar las cuestiones requeridas por la ley, el
jurado del Sr. Garza recomendó una sentencia de muerte. De conformidad
con §848(o), los jurados certificaron que habían alcanzado esta decisión
sin considerar la raza, color, religión, origen o sexo del Sr. Garza
o sus víctimas. Después de que el jurado recomendara la sentencia de
muerte, el tribunal federal de primera instancia impuso la sentencia
de muerte, tal y como establece la ley.[36]
[texto en negrita para darle énfasis]
85.
Tal y como sugiere la descripción anterior, durante la vista
de imposición de la pena del Sr. Garza la acusación presentó como factores
agravantes, pruebas relacionadas con otros cinco asesinatos que presuntamente
había competido el Sr. Garza, cuatro de los cuales estaban relacionados
con el fallecimiento de Oscar Cantu, Antonio Nieto, Bernabe Sosa y Fernando
Escobar-Garcia en México.[37]
La información registrada también indica que las autoridades mexicanas
no pudieron resolver ninguno de los cuatro homicidios, pero el Gobierno
de los Estados Unidos envió a funcionarios del Servicio de Aduanas a
México para investigar nuevamente los casos. Según el peticionario,
la acusación no ofreció pruebas físicas que vincularan al Sr. Garza
con los delitos. La única prueba que le vinculaba directamente con los
homicidios fue el testimonio de tres cómplices, Gregory Srader, Israel
Flores y Jesús Flores, a los cuales se les prometieron sentencias reducidas
a cambio de su testimonio. Las pruebas presentadas por la acusación
durante la etapa de imposición de la pena estuvieron casi totalmente
relacionadas con los delitos no procesados, y consistieron en el testimonio
de los cómplices, funcionarios del Servicios de Aduanas y patólogos.[38]
86.
La anterior descripción también confirma que durante la vista
de imposición de la pena, el jurado concluyó más allá de toda duda razonable
que el Sr. Garza cometió los cuatro asesinatos en México, y consideró
su responsabilidad por estos delitos al determinar si debía ser sentenciado
a muerte.
Resumen de asuntos a presentar por el peticionario, fechado
el 5 de octubre de 2000, Párr. 5.1, en
el que cita a la CIDH, Informe sobre la situación de los derechos
humaos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense
de determinación de la condición de refugiado. OEA/Ser.L/V/II.106;
Resolución Nº 3/87, Roach y Pinkerton contra EE.UU., Informe Anual
de la CIDH de 1987-88; Corte Europea de Derechos Humanos, Tyrer
contra Reino Unido (1978) 2 E.H.R.R. 1 en Párr. 31.
Véase por ejemplo, CIDH,
Comunicado de Prensa 9/00, 22 de junio de 2000, respecto a la ejecución
en los Estados Unidos de Shaka Sankofa, anteriormente conocido como
Gary Graham; CIDH, Comunicado de Prensa 17/00, 13 de noviembre de
2000, respecto a la ejecución en los Estados Unidos de Miguel Angel
Flores.
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