|
INFORME
N° 63/01
CASO 11.710
CARLOS MANUEL PRADA GONZÁLEZ Y EVELIO ANTONIO BOLAÑO CASTRO
COLOMBIA
6 de abril de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 9 de diciembre de 1996, la Corporación Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo presentó
una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la CIDH”) en contra de la República de Colombia
(en adelante, “el Estado”, “el Estado colombiano”, o “Colombia”) en
la cual se alega que el 23 de septiembre de 1993 miembros del Ejército
ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Manuel Prada González y Evelio
Antonio Bolaño Castro[1]
quienes se encontraban en la ciudad de Blanquicet, Departamento de Antioquia,con el fin de negociar la desmovilización de miembros del grupo
armado disidente Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se habían
sumado a la militancia de la agrupación política Corriente de Renovación
Socialista (CRS) en el contexto de negociaciones de paz.
2.
Los peticionarios alegan que el Estado incumplió su obligación
de respetar y garantizar los derechos a la vida, la integridad personal
y la protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”).
El Estado, por su parte, presentó información sobre el procesamiento
de un número de miembros del Ejército acusados en el ámbito de la justicia
penal militar.
3. Tras analizar
los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes, la Comisión
concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos
4, en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro, 4 y 5 en perjuicio
de Carlos Manuel Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas
víctimas.
II.
TRÁMITE SOBRE
EL FONDO E INTENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA
4.
La Comisión abrió el caso N° 11.710 el 17 de diciembre de 1996
y lo declaró formalmente admisible el 25 de septiembre de 1998.[2]
En su Informe sobre Admisibilidad, la Comisión se puso a disposición
de las partes con el fin de llegar a una solución amistosa del asunto.
5.
El 20 de enero de 1999 los peticionarios se dirigieron a la Comisión
con el fin de manifestar que la solución amistosa del asunto debía basarse
en: (1) el reconocimiento de responsabilidad del Estado; (2) el traslado
de la investigación de la justicia penal militar a la justicia ordinaria;
(3) la constitución de un comité para asegurar la reparación de los
derechos violados, incluyendo la indemnización de los familiares de
las víctimas, la reparación del daño social y la reparación política
a la Corriente de Renovación Socialista (agrupación a la cual pertenecían
las víctimas); (4) la recuperación de la memoria histórica de las víctimas;
y (5) la revisión de la investigación penal y el diseño de estrategias
para impedir que casos similares se repitan en el futuro; y (6) el establecimiento
de medidas de protección para los familiares y testigos.
6. El 2 de marzo
de 1999 se celebró una audiencia sobre el presente caso en el marco
del 102° período ordinario de sesiones de la CIDH.
Durante el curso de la audiencia un representante de la Unidad
de Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía General de la Nación,
quien hacía parte de la delegación del Estado, se comprometió a estudiar
la posibilidad de plantear una colisión de competencias con el fin de
que se remitiera el procesamiento de los acusados por la muerte de las
presuntas víctimas de la jurisdicción militar a la ordinaria.
El 22 de abril de 1999, en Santafé de Bogotá, una delegación
de la CIDH mantuvo una reunión con el entonces Ministro de Defensa y
el Comandante General de las FFAA, en la cual se hizo referencia al
contenido del Informe 84/98
y a la importancia de que la causa relativa a la muerte de las presuntas
víctimas fuese examinada ante la justicia ordinaria, en el marco del
intento de solución amistosa del caso 11.710.
7.
El 1° de octubre de 1999, en el marco del 104° período ordinario
de sesiones de la CIDH, se celebró una segunda audiencia con el fin
de continuar con el intento de solucionar el caso de manera amistosa.
En el curso de la audiencia, el Estado informó que el 9 de septiembre
de 1999 el Consejo Nacional de la Judicatura había decidido desestimar
la colisión de competencia planteada por la Fiscalía Nacional conforme
al compromiso asumido en la audiencia del 2 de marzo de 1999. El 13 de octubre de 1999 el Estado aportó copias de la decisión
proferida por el Consejo Nacional de la Judicatura.
8. El 13 de diciembre
de 1999 el Estado se dirigió a la Comisión con el fin de presentar información
actualizada sobre el avance de los procesos internos relacionados con
el presente caso. Asimismo expresó que, en vista de las circunstancias procesales,
la cuestión de la jurisdicción para el juzgamiento de los presuntos
responsables no podría ser materia de solución amistosa.
No obstante esto, el Estado expresó su voluntad de continuar
con el intento de solución amistosa.
En la audiencia celebrada el 2 de marzo de 2000, en el marco
del 106° período ordinario de sesiones, los peticionarios solicitaron
se diera por concluido el intento de solución amistosa del caso con
el fundamento de que no correspondía perseguir una solución de este
tipo, a menos que contemplara la protección del derecho a la justicia.
Solicitaron también un pronunciamiento sobre el fondo y que el
caso fuera elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
9. El 8 de febrero
de 2000 los peticionarios presentaron información adicional sobre el
caso, la cual fue debidamente transmitida al Estado.
El 10 de marzo de 2000, el Estado presentó las observaciones
correspondientes.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES
A.
Posición del peticionario
10.
Los peticionarios alegan que miembros del Batallón de Infantería
N° 31”Voltígeros” del Ejército Nacional colombiano ejecutaron extrajudicialmente
a los señores Prada González y Bolaño Castro el 23 de septiembre de
1993 en Blanquicet, Municipio de Urabá, Departamento de Antioquia, y
que ese delito permanece impune.
11.
Los peticionarios alegan que las presuntas víctimas se trasladaron
a Blanquicet el lunes 20 de septiembre de 1993 en compañía de un representante
de la Oficina de la Presidencia con el fin de llevar a cabo gestiones
vinculadas a la desmovilización de un sector del ELN que se habían sumado
a la militancia de la agrupación política CRS.
El martes 21 de septiembre, los señores Prada González y Bolaño
Castro se dirigieron a un grupo de residentes de Blanquicet con el fin
de informarles que tanto el Gobierno civil como el Ejército colombiano
estaban enterados de la presencia de militantes de la CRS en la zona
y que la ciudad había sido escogida como punto de coordinación para
su transferencia a la localidad Flor del Monte.
12.
Los peticionarios alegan que efectivos militares se hicieron
presentes en Blanquicet y persiguieron a las presuntas víctimas por
el campo y una vez que éstas se entregaron con las manos en alto, y
encontrándose el señor Prada González flameando su camisa blanca en
señal de tregua e intentando explicar su presencia en la localidad,
el señor Bolaño Castro fue ejecutado de un tiro a la cabeza y su compañero
obligado a cargar el cuerpo sin vida hasta el costado de la carretera,
donde fue también ejecutado. Los
peticionarios alegan que estos hechos constituyen una grave violación
de los artículos 4(1) y 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
13.
Asimismo, los peticionarios alegan que la asunción de la jurisdicción
para el juzgamiento de los miembros del Ejército presuntamente responsables
por parte de la justicia penal militar, viola el artículo 8(1) de la
Convención Americana toda vez que esta instancia interna no reúne los
requisitos de independencia e imparcialidad allí requeridos, dado que
no forma parte de la rama jurisdiccional, depende del Ejecutivo y opera,
por expreso mandato legal, bajo el principio de la jerarquía militar.
También alegan la violación del artículo 25 de la Convención
Americana toda vez que se impidió a los representantes de las víctimas
acceder a un recurso judicial efectivo para proteger sus derechos.
B.
Posición del Estado
14.
El Estado alega que la investigación judicial por la muerte de
las presuntas víctimas, a cargo de la justicia penal militar, se encuentra
pendiente de resolución y que, por lo tanto, no se encuentra dispuesto
a reconocer su responsabilidad en los hechos alegados por los peticionarios.
En este sentido, presentó información sobre el procesamiento
de un número de oficiales del Ejército ante la jurisdicción penal militar
y la jurisdicción disciplinaria.
15.
El Estado reconoce que la Procuraduría General de la Nación ha
determinado la participación de miembros de las Fuerzas Militares en
los hechos que desembocaron en la muerte de las presuntas víctimas.[3]
Sin embargo, considera que la cuestión de la determinación de
la jurisdicción para el juzgamiento de los responsables es “un asunto
estrictamente jurídico y del resorte exclusivo de órganos judiciales
independientes, respecto de cuyas decisiones no tienen ni pueden tener
injerencia alguna las autoridades de la rama ejecutiva”.
En ese sentido, señala que la Fiscalía General de la Nación reclamó
en su oportunidad competencia para instruir el proceso penal y que el
Consejo Superior de la Judicatura decidió en favor de la Justicia Penal
Militar.
IV.
ANÁLISIS
A. Análisis sobre
los hechos
16.
Según se desprende de las pruebas recopiladas por las autoridades
judiciales y disciplinarias, aportadas por ambas partes, el 20 de septiembre
de 1993 los señores Prada González y Bolaño Castro se trasladaron a
la localidad de Blanquicet en compañía del señor Ernesto Parada Malavar,
representante de la Oficina de la Presidencia.
Las presuntas víctimas vestían de civil y portaban revólveres
pequeños para defensa personal.
El Coronel Becerra y el Mayor Clavijo, quienes en aquella época
comandaban la base del Ejército de la municipalidad de Carepa, posteriormente
afirmaron que el señor Ernesto Prada Malavar no les informó sobre la
presencia de representantes de la CRS en la zona y que tampoco les indicó
cuál era el motivo de su viaje.
Sin embargo, todo indica que los señores Prada González y Bolaño
Castro se dirigieron a Blauquicet con el convencimiento de que tanto
el Gobierno civil como el Ejército estaban enterados de la presencia
de militantes de la CRS en la zona, como parte de un proceso de desmovilización
de un sector del ELN, y que no había razón para temer que se suscitaran
confrontaciones armadas.
17.
Según confirman las declaraciones de testigos, el miércoles 22
de septiembre, poco después de las 17:00 horas los señores Prada González
y Bolaño Castro, al percatarse de la irrupción de efectivos del Ejército
en la zona, hicieron un intento infructuoso de diálogo, tras lo cual
intentaron evadir a sus captores.
Aproximadamente a 400 metros decidieron detenerse con el fin
de ensayar un nuevo intento de diálogo.
Según la declaración de testigos, el señor Prada González se
quitó su camisa color blanca, con el fin de agitarla en señal de tregua.
18.
Elementos de prueba aportados por ambas partes, concretamente
los testimonios que constan en el proceso ante la jurisdicción disciplinaria,
indican que por lo menos dos testigos presenciaron la captura de los
señores Prada González y Bolaño Castro[4].
Según los testimonios recogidos, las presuntas víctimas se entregaron
a los efectivos del Ejército con las manos en alto, tras lo cual un
soldado ejecutó al señor Bolaño Castro de un disparo al cráneo.
Acto seguido, el señor Prada González fue obligado a cargar el
cuerpo del señor Bolaño Castro en dirección a la carretera, tras lo
cual fue también ejecutado. Los
testigos coinciden en que no se produjo intercambio de fuego alguno
entre las presuntas víctimas y el Ejército.
19.
El 23 de septiembre, los cuerpos fueron transportados al hospital
de Chigorodó por miembros del Ejército.
Uno de los occisos se encontraba con el torso desnudo.
Junto a él se hizo entrega de una camisa blanca, sin manchas
de sangre. Posteriormente los especialistas forenses concluyeron que
los dos hombres habían fallecido por causa de heridas de bala que no
habían ocurrido en combate.[5]
20.
Según surge de los elementos aportados por las partes, el 23
de septiembre de 1993, el Auditor Auxiliar 10 de Guerra, situado en
Carepa, Antioquia y adscrito a la XVII Brigada del Ejército colombiano,
inició una investigación preliminar sobre la muerte de los señores Prada
González y Bolaño Castro. El
3 de enero de 1994, el Juez 2 de Instrucción Penal Militar asumió la
responsabilidad de la investigación preliminar y el 18 de enero de 1994
vinculó al Capitán Néstor Vargas Morales por el delito de encubrimiento
y al Teniente José Miguel Velandia, Sargento Luis García, Cabos José
Herrera, Wilder Calambas Peneche, José Manuel Arana Rojas, Ciro Antonio
Duarte Sandoval y José Joaquín Herrera Suárez, y los soldados rasos
Albeiro Fernando Jiménez, Edgar Tovar Florez, Carlos Martínez Rojas,
Jorge Restrepo Díaz, Ever López Arrieta, Misael Oyola de los Reyes,
Santiago Hoyos Sierra, Jaime de Jesús Acevedo Franco, Carlos Jaramillo
Rico, Argemiro Arroyo Varilla y Manuel Chiquillo Caraballo, por el delito
de homicidio.
21.
El 19 de enero de 1994 los peticionarios solicitaron al tribunal
militar autorización para incorporarse al proceso como parte civil.
Dicha solicitud fue denegada el 28 de enero de 1994 y, en esa
misma fecha, el Juez de Instrucción Penal Militar decidió no presentar
cargos contra los efectivos vinculados así como contra otros tres oficiales
de bajo rango y catorce soldados rasos implicados.
El 15 de julio de 1994 el Juez invalidó los procedimientos realizados
hasta esa fecha. Finalmente
el 15 de noviembre de 1994, el Tribunal presentó cargos contra el Capitán
Néstor Vargas Morales por el delito de encubrimiento y contra el Teniente
José Miguel Velandia, el Sargento Luis García, el Cabo José Herrera
y los soldados rasos José Jiménez, Edgar Tovar Florez, Carlos Martínez
Rojas y Jorge Restrepo Díaz, por el delito de homicidio y ordenó la
detención preventiva de los acusados.
Sin embargo, el 21 de junio de 1995 el Tribunal Superior Militar
revocó la orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Militar
de menor jerarquía y ordenó la libertad incondicional e inmediata de
los acusados.
22.
El 18 de octubre de 1996, el Juez de Primera Instancia, General
de División Iván Ramírez Quintero, cerró el proceso contra todos los
acusados. Sin embargo,
el 24 de julio de 1997 el Tribunal Superior Militar revocó en parte
la orden del tribunal de menor jerarquía.
El Tribunal Superior ratificó el cierre del proceso contra los
cabos Wilder Calambas Peneche, José Arana Rojas, Ciro Duarte Sandoval
y José Herrera Suárez y los soldados rasos Ever López Arrieta, Misael
Oyola de los Reyes, Santiago Hoyos Sierra, Jaime Acevedo Franco, Carlos
Jaramillo Rico, Argemiro Arroyo Varilla y Manuel Chiquillo Caraballo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Superior Militar ordenó que continuara
el proceso penal contra el Capitán Néstor Vargas Morales, el Teniente
José Velandia Mora y el Sargento Luis García por el delito de encubrimiento
y contra los soldados rasos Albeiro Fernando Jiménez, Edgar Tovar Florez,
Carlos Martínez Rojas y Jorge Restrepo Díaz, por el delito de homicidio
más allá de la defensa propia.
23.
El 8 de agosto de 1997 la causa fue devuelta al Juez de Primera
Instancia y Comandante de la Primera División del Ejército. El 3 de febrero de 1998 los peticionarios solicitaron nuevamente
su incorporación al proceso, esta vez de manera exitosa.
El 17 de febrero de 1998 la parte civil solicitó la declaración
de incompetencia del Juez de Primera Instancia, con fundamento en la
decisión del Tribunal Constitucional del 5 de agosto de 1997, que excluía
de la jurisdicción militar a los delitos de extrema gravedad perpetrados
por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, solicitud
que fue denegada. El Tribunal
opinó que la muerte de los señores Prada González y Bolaño se había
producido en combate, y estaba íntimamente vinculada al servicio militar,
dado que habían ocurrido durante un operativo militar.
24. Convocado el
Consejo Verbal de Guerra y efectuadas las audiencia respectivas entre
el 1° y el 6 de abril de 1998, la primera División del Ejército Nacional
con sede en Santa Marta dictó la absolución de los procesados Edgar
Fabian Tovar Flórez, Albeiro Fernando Jiménez Jiménez, Carlos Augusto
Martínez Rojas y Jorge Jesús Restrepo Díaz por el delito de homicidio.
Asimismo, se absolvió al Capitán Nestor Raúl Vargas Morales, Teniente
José Miguel Velandia Mora y Sargento Segundo Luis Eduardo García, por
el delito de encubrimiento y ordenó la cesación de todo procedimiento
contra Tobar Flórez, Jiménez Jiménez, Martínez Rojas y Restrepo Díaz,
por el homicidio de Carlos Prada González.[6]
El 25 de agosto de 1998, el Tribunal Superior Militar, previo
concepto del Ministerio Público, resolvió declarar la nulidad de todo
lo actuado a partir de la convocatoria al Consejo Verbal de Guerra.
25. El 25 de marzo
de 1999, la Coordinación de Fiscalías de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación informó a la Primera División
del Ejército Nacional que le correspondía adelantar la investigación
penal contra Jiménez Jiménez, Martínez Rojas, Tovar Flórez y demás militares
implicados en la muerte de las presuntas víctimas.
Asimismo señaló que en caso de no ser aceptada su solicitud se
propondría el conflicto positivo de competencias ante el Consejo Superior
de la Judicatura. El 4
de junio de 1999 la Primera División del Ejército rechazó la solicitud
de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y remitió el expediente al
Consejo Nacional de la Judicatura con el fin de que dirimiera el conflicto.
El 9 de septiembre de 1999 la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias
en favor de la justicia penal militar.
26.
Asimismo, el 25 de agosto de 1999 el Tribunal Superior Militar
resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la convocatoria
al Consejo Verbal de Guerra y ordenó la práctica de pruebas adicionales.[7]
El 22 de diciembre de 1999 el Comandante de Primera División
del Ejército resolvió convocar un Consejo de Guerra sin Intervención
de Vocales.[8]
La Comisión ha tomado conocimiento de que el 5 de agosto de 2000
el Consejo de Guerra decidió absolver a los imputados y ordenar la cesación
de todo procedimiento.[9]
B.
Derecho
27.
La Comisión pasa a analizar las alegaciones de hecho y de derecho
referidas a la presunta violación del derecho a la integridad física,
la vida y la protección judicial de Carlos Manuel Prada González y Evelio
Antonio Bolaño Castro.
1. El derecho a
la vida y la integridad personal
28.
Los peticionarios alegan que en el presente caso el Estado es
responsable por la violación del artículo 4 de la Convención Americana.
Esta norma establece que toda persona tiene derecho a que se
respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida en forma arbitraria.
29.
A este respecto, el comandante del operativo militar que culminó
con la muerte de los señores Prada González y Bolaño Castro, justificó
los decesos como muertes en combate.
El Consejo Superior de la Judicatura aceptó esta hipótesis al
decidir la colisión de competencias planteada por la Fiscalía General
de la Nación en favor de la justicia penal militar.
30.
La Comisión nota, sin embargo, que los elementos probatorios
recaudados por la Fiscalía señalan que las víctimas se encontraban bajo
el control efectivo de agentes del Estado y en estado de indefensión,
al momento de su muerte. Éstos
no sólo se encontraban fuera de combate sino que no hay evidencia de
que en algún momento hubiesen entrado en combate con el Batallón Voltígeros
o que hayan tenido la intención de hacerlo al momento de ocurrir los
hechos materia del presente caso.
Por el contrario, todo indica que su misión como negociadores
de paz de la CRS los llevó a abstenerse de llevar acabo cualquier acto
hostil o de provocación.
31.
Los testimonios brindados por los testigos presenciales indican
que las víctimas se entregaron con las manos en alto a los efectivos
del Ejército involucrados, quienes ejecutaron al señor Bolaño Castro
de un disparo en el cráneo. El
señor Prada González fue obligado a cargar el cuerpo sin vida de su
compañero, tras lo cual también fue ejecutado.
Según se señalara supra
las pruebas forenses practicadas por la Fiscalía confirman que las víctimas
no murieron en combate sino que fueron baleadas desde menos de un metro
y medio de distancia. Según
sostuviera la Fiscalía
[..]
los esquemas de trayectoria de los proyectiles elaborados por el médico
que practicó la necropsia, junto con los diagramas allegados por la
Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de
la Nación, corroboran la ciencia del dicho de los dos testigos presenciales
de que estos fueron ejecutados después de que se entregaron al Ejército
Nacional.[10]
32.
Sobre la base de estos elementos de prueba, la Comisión no puede
sino concluir que las víctimas se encontraban indefensas y bajo el control
efectivo del Ejército al momento de su muerte y que no existía justificación
alguna para privarlas de su vida a la luz de las normas del derecho
internacional vigentes. En
este sentido cabe señalar que el maltrato intencional y, aun más, la
ejecución extrajudicial de personas que se encuentran en poder de una
de las partes en cualquier tipo de conflicto armado, se encuentra absolutamente
prohibida en cualquier circunstancia a la luz de las consideraciones
fundamentales de humanidad reflejadas en el artículo 3 común de los
Convenios de Ginebra[11].
Los hechos probados en el presente caso con relación a las circunstancias
en las cuales fueron ejecutadas las víctimas, por lo tanto, constituyen
una privación arbitraria de la vida en los términos del artículo 4 de
la Convención Americana.
33. Los peticionarios
han alegado asimismo que las circunstancias de la ejecución involucran
la violación del artículo 5 de la Convención Americana, el cual establece:
nadie
debe ser sometido a [..] tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
En el presente caso, las declaraciones de testigos indican que tras presenciar
la ejecución del señor Bolaño Castro, el señor Prada González fue obligado
a cargar el cuerpo sin vida de su compañero con el temor cierto de que
también perdería su vida a manos del Ejército, en total estado de indefensión,
como efectivamente ocurrió.
34. A pesar de que
no constan en el expediente alegaciones o pruebas que indiquen que el
señor Prada González haya sido objeto de maltrato físico antes de su
ejecución, los hechos que la precedieron permiten inferir el padecimiento
de sufrimiento psicológico y moral. En este sentido cabe señalar que tanto la Corte Europea de
Derechos Humanos como la Corte Interamericana han señalado que en ciertos
casos la amenaza de tortura, en sí misma, puede constituir una violación
del derecho al trato humano previsto ya sea en el artículo 3 de la Convención
Europea o en su símil, el artículo 5 de la Convención Americana, respectivamente.[12]
En el presente caso, la Comisión considera que las circunstancias
que precedieron la ejecución del señor Prada González constituyeron
un anuncio o amenaza real e inminente de que sería privado de su vida
de manera arbitraria y que éstas, de por sí, constituyen trato inhumano
en los términos del artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio
de la víctima.
35.
Por lo tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho
que anteceden, la Comisión concluye que el Estado violó el artículo
4 de la Convención Americana en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro
y los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en perjuicio de Carlos
Manuel Prada González.
2.
El derecho a la debida protección judicial
36.
El peticionario alega que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones
conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Corresponde entonces a la Comisión determinar si la actividad
judicial emprendida por los órganos del Estado en el presente caso –que
se ha extendido por siete años y se ha desarrollado ante la justicia
militar—satisface los estándares establecidos en la Convención Americana
en materia de protección judicial.
37.
El artículo 8(1) de la Convención Americana establece que:
Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial [..] para la determinación de sus derechos y obligaciones
[..] de cualquier [..] carácter.
El artículo 25 de la Convención Americana establece que:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.
2.
Los Estados Parte se comprometen a:
a.
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso;
b.
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
38.
En los casos en los cuales la violación de un derecho protegido
tiene como consecuencia la comisión de un ilícito penal en el ámbito
del derecho interno, las víctimas o sus familiares tienen derecho a
que un tribunal penal ordinario determine la identidad de los responsables,
los juzgue e imponga las sanciones correspondientes.[14]
No cabe duda que estos casos requieren de la sustanciación de
un proceso penal que incluya una investigación y sanciones penales,
así como la posibilidad de obtener una reparación.
39. Según surge de
la determinación de los hechos supra,
los procesos emprendidos en el ámbito interno con el fin de investigar
la ejecución extrajudicial de las víctimas y juzgar a los miembros del
Ejército involucrados se han sustanciado y se continúan sustanciando
ante la justicia penal militar, a pesar de los intentos de impulsar
el traslado de la causa a la justicia ordinaria.
Inicialmente, el 17 de febrero de 1998 la parte civil solicitó
la declaración de incompetencia del Juez de Primera Instancia y Comandante
de la Primera División del Ejército, solicitud que fue denegada con
el argumento de que la muerte de los señores Prada González y Bolaño
Castro se encontraba íntimamente vinculada al servicio por haber ocurrido
durante un operativo militar.
40.
Una vez declarado admisible el presente caso por la CIDH, se
planteó una nueva colisión de competencias en el ámbito interno a instancias
de la Unidad Nacional de Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía
General de la Nación. En
esa oportunidad, la Fiscalía fundamentó su solicitud en que
los
Comandantes de la Patrulla del Ejército [..] tenían el deber legal y
constitucional de poner a disposición de las autoridades judiciales
a Tapias Ahumada [o Prada González] y a Bolaño Castro una vez se rindieron
y no permitir la ejecución judicial del primero una vez fue capturado,
para luego poner al segundo de los subversivos a cargar el cadáver de
su compañero hasta una vía carreteable en donde posteriormente fue ajusticiado
[..] en los esquemas de trayectoria de los proyectiles elaborados por
el médico que practicó la necropsia, junto con los diagramas allegados
por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General
de la Nación, corroboran la ciencia del dicho de los dos testigos presenciales
de que estos fueron ejecutados después de que se entregaron al Ejército
Nacional. [..] Así las cosas, no se puede aceptar que este hecho ocurrió
eventual o circunstancialmente en cumplimiento de la función militar,
porque la acción de haber ejecutado a Geniberto Tapias [o Prada González]
(sic) una vez se rindió y seguidamente obligar a su compañero Evelio
Antonio Bolaño (sic), a cargar el cadáver hacia una carretera en donde
posteriormente fue ejecutado, demuestra una ideación y una planeación
del acto criminoso de tal gravedad y magnitud que rompe todo nexo con
la actividad relacionada con el servicio.[15]
Sin embargo, el 9 de septiembre de 1999 la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura rechazó la solicitud y confirmó
la jurisdicción de la justicia militar con el fundamento de que los
acusados se encontraban cumpliendo funciones inherentes a su condición
de miembros del Ejército al momento de producirse los hechos y que,
a pesar de la prueba producida por Fiscalía, las víctimas habían sido
dadas de baja en combate.[16]
41.
A este respecto, la Comisión debe reiterar una vez más que, por
su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface
los estándares de independencia e imparcialidad requeridos por el artículo
8(1) de la Convención Americana, y que resultan del todo aplicables
al presente caso. La falta
de idoneidad de los tribunales penales militares colombianos como foro
para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de
los derechos humanos ya ha sido materia de pronunciamiento por parte
de la Comisión:
El
sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares
que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en
esta jurisdicción. En primer lugar, el fuero militar no puede ser siquiera
considerado como un verdadero sistema judicial. El sistema de justicia
militar no forma parte del Poder Judicial del Estado colombiano. Esta
jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en
tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo.
Quienes toman las decisiones no son jueces de la carrera judicial
y la Fiscalía General no cumple su papel acusatorio en el sistema de
la justicia militar.[17]
Asimismo,
la Corte Interamericana ha expresado recientemente que
En
un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de
tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección
de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que
la ley asigna a las fuerzas militares.
Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar
el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión
de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes
jurídicos propios del orden militar.[18]
42.
Según ya ha señalado la CIDH en decisiones anteriores, la Corte
Constitucional de Colombia misma se ha pronunciado sobre la jurisdicción
de los tribunales militares para examinar casos relativos a violaciones
de derechos humanos. A
este respecto ha señalado que:
Para
que un delito se ubique dentro de la competencia del sistema de justicia
penal militar, debe haber un claro vínculo desde el comienzo entre el
delito y las actividades del servicio militar.
Es decir, el acto punible debe darse como un exceso o abuso de
poder que ocurra en el ámbito de una actividad directamente vinculada
a la función propia de las fuerzas armadas.
El vínculo entre el acto criminal y la actividad relacionada
con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente
grave, tal es el caso de delitos contra el género humano.
En estas circunstancias, el caso deberá ser remitido al sistema
de justicia civil.[19]
43.
La Comisión considera que la ejecución extrajudicial de Carlos
Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño Castro por parte de miembros del
Ejército no puede considerarse como una actividad legítima, vinculada
a la función propia de las Fuerzas Armadas.
En este caso la gravedad de la violación del derecho a la vida
y la integridad personal de las víctimas, ejecutadas extrajudicialmente
a pesar de no oponer resistencia a su captura, hace inapropiado el juzgamiento
de los responsables en el ámbito de la jurisdicción militar.
44. La Convención
Americana impone a los Estados la obligación de prevenir, investigar,
identificar y sancionar a los autores y encubridores de violaciones
de los derechos humanos. Según
ha señalado la Corte Interamericana
el
artículo 25 con relación al artículo 1(1) obliga al Estado a garantizar
a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular,
a un recurso rápido y sencillo para lograr que los responsables de las
violaciones de derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación
del daño sufrido. Como
ha dicho esta Corte, “el artículo 25 constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana sino del propio Estado de Derecho
en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[20]
En este sentido, el contenido del artículo 25 guarda estrecha relación con
el artículo 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída
con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o
tribunal independiente e imparcial y confiere a los familiares de las
víctimas el derecho a que la muerte de sus seres queridos sea efectivamente
investigada por las autoridades, se siga un proceso judicial contra
los responsables, se impongan las sanciones pertinentes y se reparen
los perjuicios sufridos.[21]
45.
En el presente caso el Estado no ha arbitrado los medios necesarios
para cumplir con su obligación de investigar la ejecución extrajudicial
de las víctimas, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a los
familiares de las víctimas. La
ejecución de los señores Prada González y Bolaño Castro permanece en
la impunidad lo cual, según ha señalado la Corte, “propicia la repetición
crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión
de las víctimas y sus familiares”.[22]
46.
La Comisión considera también que el Estado ha incumplido su
obligación de garantía conforme al artículo 1(1) de la Convención Americana,
conforme a la cual los Estados partes deben asegurar el ejercicio de
los derechos y libertades reconocidos en la Convención a las personas
bajo su jurisdicción. Se
trata de una obligación que involucra el deber de organizar el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales
se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos. Es como
consecuencia de esta obligación que los Estados partes tienen el deben
jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
protegidos en la Convención Americana.[23]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:
Si
el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y
no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud
de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar
su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.[24]
En
el presente caso, transcurridos ya siete años, el Estado aun no ha cumplido
en forma efectiva con su deber de juzgar y sancionar a los responsables
por la ejecución extrajudicial de las víctimas y reparar a sus familiares.
47.
Por lo tanto la Comisión, con base en los elementos de hecho
y de derecho arriba expuestos, concluye que el Estado ha incumplido
con su obligación de investigar la ejecución de las víctimas y juzgar
a los responsables conforme a los estándares previstos en los artículos
8(1) y 25 de la Convención Americana, así como su deber de asegurar
el cumplimiento con sus obligaciones conforme al artículo 1(1) de ese
Tratado.
V.
ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME 77/00 APROBADO CONFORME AL
ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
48.
El 4 de octubre de 2000 la Comisión aprobó el Informe 77/00 conforme
al artículo 50 de la Convención Americana.
En dicho Informe la Comisión concluyó que agentes del Estado
ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Manuel Prada González y Evelio
Antonio Bolaño Castro y que como consecuencia el Estado es responsable
por la violación de los artículos 4, en perjuicio de Evelio Antonio
Bolaño Castro, 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel Prada González, y
8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus familias. Asimismo
recomendó al Estado: (1) Llevar a cabo una investigación completa, imparcial
y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar
a los responsables de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada
y Evelio Antonio Bolaño Castro; (2) Adoptar las medidas necesarias para
que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación
por las violaciones aquí establecidas; (3) Adoptar las medidas necesarias
para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte
Constitucional colombiana y por esta Comisión en materia de investigación
y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.
El 30 de octubre de 2000 la Comisión transmitió dicho Informe
al Estado con un plazo de dos meses para dar cumplimiento a sus recomendaciones.
49.
El 29 de diciembre de 2000 el Estado se dirigió a la Comisión
con el fin de solicitar una prórroga,[25]
la cual fue concedida hasta el 19 de enero de 2001.
El 19 de enero de 2001 el Estado se dirigió a la Comisión con
el fin de informar que
Una
vez consultadas las entidades competentes, el Gobierno colombiano tiene
el honor de presentar [..] el proyecto que adelantará con el fin de
satisfacer, si es del caso, los requerimientos de justicia, verdad y
reparación en cada caso, en concordancia con la legislación nacional.[26]
El mencionado proyecto indica que el Estado ha considerado pertinente solicitar
al Defensor del Pueblo la elaboración de un informe especial antes del
21 de agosto de 2001 “a fin de propender por el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas [..] en el marco de las facultades legales
y constitucionales vigentes en nuestro país”.[27]
Conforme indica el citado proyecto, el Defensor del Pueblo elaboraría
su informe teniendo en cuenta la opinión de las partes en el proceso
ante la CIDH, las víctimas o sus beneficiarios, las autoridades judiciales
y administrativas que conocieron en los procesos correspondientes, la
CIDH y las personas e instituciones cuya opinión considere pertinente. El proyecto indica que el Defensor fijaría los plazos y las
modalidades para el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones
de su propio informe final el cual sería también sometido a consideración
de un Comité Intersectorial de Derechos Humanos.
El proyecto indica que el Estado “se compromete a atender las
conclusiones y recomendaciones del Informe Final del Defensor“.
50.
La Comisión toma nota del contenido del proyecto presentado por
el Estado en respuesta al Informe 77/00, aprobado conforme al artículo
50 de la Convención Americana, en el presente caso.
Asimismo aprecia su voluntad de “atender a las recomendaciones
de la Comisión” a través de la evaluación que de las conclusiones del
Informe 77/00 eventualmente llevaría a cabo la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la respuesta del Estado no refleja la adopción de
medidas concretas o la asunción de compromisos ciertos y expresos con
relación al cumplimiento con las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Por lo tanto ésta debe proseguir con el trámite del caso conforme
al artículo 51 de la Convención Americana.
VI.
CONCLUSIONES
51.
En vista de los antecedentes de hecho y de derecho analizados
supra, la Comisión reitera sus conclusiones en el sentido de que agentes
del Estado ejecutaron extrajudicialmente a Carlos Manuel Prada González
y Evelio Antonio Bolaño Castro y que como consecuencia el Estado es
responsable por la violación del artículo 4, en perjuicio de Evelio
Antonio Bolaño Castro, y del artículo 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel
Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus
familias.
VII.
RECOMENDACIONES
52.
En vista de las consideraciones precedentes
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES
AL ESTADO COLOMBIANO:
1.
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva
en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los
responsables de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y
Evelio Antonio Bolaño Castro.
2.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las
víctimas reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones
aquí establecidas.
3.
Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a
la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por
esta Comisión en materia de investigación y juzgamiento de casos similares
por la justicia penal ordinaria.
VIII.
PUBLICACIÓN
53.
El 28 de febrero de 2001 la Comisión transmitió el presente Informe
al Estado colombiano de conformidad con el artículo 51 de la Convención
Americana y le otorgó un plazo de un mes contado a partir de la fecha
de envío para presentar información sobre el cumplimiento con las recomendaciones
precedentes. En esa misma
fecha, la Comisión también transmitió el informe a los peticionarios.
El 28 de enero de 2001 el Estado solicitó una prórroga.
Ese mismo día la Comisión extendió el plazo por siete días.
54.
El 3 de abril de 2001 el Estado se dirigió a la Comisión con
el fin de referirse nuevamente al mecanismo de cumplimiento propuesto
como respuesta al informe adoptado conforme al artículo 50 de la Convención
Americana (ver supra párrafos
49 y 50). Así mismo, señaló
que "hará seguimiento al cumplimiento con las recomendaciones dirigiendo
sus esfuerzos hacia el impulso a las investigaciones y procedimientos
que se encuentren pendientes de decisión en cada caso, y someterá antes
las instancias contempladas en la Ley 288 de 1996, el estudio valorativo
tendiente a buscar una adecuada indemnización".
55.
En virtud de las consideraciones que anteceden, y de los dispuesto
en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento
de la Comisión, ésta considera oportuno reiterar las conclusiones y
recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra;
hacer público el presente Informe e incluirlo en su Informe Anual a
la Asamblea General de la OEA.
La CIDH, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos
que rigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por
el Estado colombiano respecto de las recomendaciones mencionadas, hasta
que éstas hayan sido cumplidas por dicho Estado.
Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Santiago, Chile, a los 6 días del mes de abril de 2001.
(Firmado:) Claudio Grossman, Presidente; Juan E. Méndez, Primer
Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados
Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez,
Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987,
párrafo 91.
Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez,
Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166.
|
