INFORME N° 68/04

PETICIÓN 28/03

ADMISIBILIDAD

JOHN ELLIOTT

ESTADOS UNIDOS

14 de octubre de 2004

I. RESUMEN

1. El 6 de enero de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Comisión”) recibió una petición y un pedido de medidas cautelares del Sr. Hugh Southey, abogado de Londres, Inglaterra, y del Sr. David Sergi, abogado del estudio jurídico Sergi y Asociados de San Marcos, Texas (“los peticionarios”) contra el Gobierno de Estados Unidos (“el Estado” o “Estados Unidos”). La petición fue presentada en nombre del Sr. John Elliott, ciudadano estadounidense recluido en espera de ejecución en el Estado de Texas. En la petición se afirmaba que el Sr. Elliott había estado en espera de ejecución desde el 20 de enero de 1987 y que su ejecución se había fijado para el 4 de febrero de 2003. Los peticionarios alegaban que el prolongado período en el que el Sr. Elliott había estado en espera de ejecución lo sometía al “síndrome de quienes están en espera de ser ejecutados”, lo que contraviene el derecho del Sr. Elliott dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a no ser sometido a un castigo cruel, infamante o inusitado. Pese a las medidas cautelares aprobadas por la Comisión el 14 de enero de 2003, por las que solicitaba al Estado que adoptara las medidas pertinentes para evitar un daño irreparable contra el Sr. Elliott en tanto estaba pendiente un trámite ante la Comisión, la ejecución del Sr. Elliott fue llevada a cabo el 4 de febrero de 2003.

2. En su petición inicial y en comunicaciones posteriores, los peticionarios reconocen que su reivindicación respecto del período en que el Sr. Elliott estuvo en espera de ser ejecutado no había sido interpuesta ante la justicia estadounidense, pero argumentan que deben ser eximidos del agotamiento de la vía interna en base a que no existían perspectivas de que los tribunales de Estados Unidos reconocieran el derecho alegado en la petición. También afirman que la petición no debe considerarse fuera de plazo debido a la inexistencia de recursos internos efectivos y al carácter continuado de las violaciones alegadas por el Sr. Elliott.

3.El Estado se opuso a la petición en base a que la misma no afirma hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana.

4. Como consta en el presente informe, tras examinar las afirmaciones de las partes sobre la cuestión de la admisibilidad, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, la Comisión decidió declarar admisible la petición con respecto a los artículos I, XXVI y XXVI de la Declaración Americana, remitir este informe a las partes, seguir con el análisis de los méritos del caso y publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

II. TRAMITE ANTE LA COMISION

5. Tras la presentación de la petición inicial por los peticionarios, la Comisión, por nota del 9 de enero de 2003, solicitó a estos que brindaran información adicional sobre el acto o la situación denunciada, e información acerca de si se había cumplido con los requisitos de los artículos 31 y 32 del Reglamento de la Comisión. En una comunicación del 9 de enero de 2003, los peticionarios respondieron al pedido de información de la Comisión.

6. Por nota del 14 de enero de 2003, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la petición del Sr. Elliott, con un pedido de información dentro de los dos meses, conforme a lo establecido por su Reglamento. En la misma nota, la Comisión también solicitó, en virtud del artículo 25 del Reglamento[1], que Estados Unidos adoptara las medidas urgentes necesarias para preservar la vida del Sr. Elliott en tanto estuviera pendiente la investigación de la Comisión sobre las alegaciones que constan en la petición. También por nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios que se había remitido al Estado la petición del Sr. Elliott y que se habían pedido medidas cautelares en su nombre.

7. Por comunicación del 16 de enero de 2003, recibida por la Comisión el 21 de enero de 2003, el Estado respondió a la comunicación de la Comisión del 14 de enero de 2003, indicando que el pedido de medidas cautelares había sido remitido al Gobernador y al Procurador General del Estado de Texas. En nota del 27 de enero de 2003, la Comisión remitió a los peticionarios la comunicación del Estado del 16 de enero de 2003.

8. Por comunicación del 3 de febrero de 2003, recibida por la Comisión el 4 de febrero del mismo año, el Estado suministró su respuesta a la petición del Sr. Elliott, que la Comisión remitió a los peticionarios el 10 de febrero de 2003.

9. En comunicación del 13 de febrero de 2003, los peticionarios notificaron a la Comisión de que, habida cuenta de la ejecución del Sr. Elliott, se proponían actualizar su petición, y en una comunicación del 3 de mayo de 2003, los peticionarios suministraron sus nuevas observaciones sobre la denuncia del Sr. Elliott. Las partes pertinentes de las observaciones de los peticionarios del 3 de mayo de 2003 fueron remitidas al Estado por nota del 20 de mayo de ese año, solicitando una respuesta dentro de los 30 días. La Comisión no recibió respuesta del Estado a este pedido de información.

III. POSICION DE LAS PARTES

A. Posición de los peticionarios

10. De acuerdo con la información suministrada por los peticionarios, John Elliott es ciudadano del Reino Unido. Los peticionarios alegan que en enero de 1987, el Sr. Elliott fue condenando y sentenciado a muerte por el homicidio cometido el 13 de junio de 1986 en perjuicio de Joyce Munguia, de 18 años de edad. Los peticionarios alegan también que el Sr. Elliott había estado en espera de ejecución desde enero de 1987.

11. En relación con la admisibilidad de su denuncia, los peticionarios reconocen que no interpusieron una reivindicación ante los tribunales internos en relación con las cuestiones que planteaban en su petición, pero argumentan que no existen perspectivas de que los tribunales de Estados Unidos concluyan que se han violado sus derechos como consecuencia de haber padecido el “síndrome de quienes están en espera de ser ejecutados”. Los peticionarios indican a este respecto que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a examinar la cuestión.[2] En consecuencia, los peticionarios sostienen que el Sr. Elliott debe ser eximido del agotamiento de los recursos internos.

12. Con respecto al plazo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Comisión, los peticionarios argumentan que, dado que no ha existido una decisión que notificase al Sr. Elliott de que había agotado los recursos internos, es imposible saber cuándo empieza a correr un plazo. Específicamente, los peticionarios indican que dicho plazo no puede empezar a correr a partir de la fecha de la condena del Sr. Elliott, porque a esa altura no hubiera sido posible argumentar que transcurrió un período en condiciones inhumanas en espera de ser ejecutado. En consecuencia, los peticionarios afirman que sólo el 25 de octubre de 2002, cuando se fijó la ejecución del Sr. Elliott, resultó claro cuánto tiempo pasaría el Sr. Elliott en espera de ejecución.[3]

13. Además, y como alternativa, los peticionarios argumentan que esta es una situación en la que se ha producido una violación continuada de la Declaración Americana debido a que, en el momento en que se interpuso la petición, el Sr. Elliott continuaba a la espera de ser ejecutado. En consecuencia, los peticionarios sostienen que la Comisión debe adoptar el enfoque de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre esta cuestión, concluyendo que no se aplica en este caso el plazo de seis meses.[4]

14. Con respecto a la sustancia de sus denuncias contra el Estado, los peticionarios argumentan que el período prolongado en que el Sr. Elliott estuvo a la espera de ser ejecutado, constituye un tratamiento inhumano y, en consecuencia, una violación del derecho a no ser sometido a un castigo cruel, infamante o inusitado, según el artículo XXVI de la Declaración Americana.[5] En respaldo de su posición, los peticionarios citan la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt y Morgan c. Jamaica, [6] conforme a la cual la Corte dictaminó que en todo caso en que la ejecución ha de llevarse a cabo más de cinco años después de pronunciada la sentencia, existe la presunción de que la demora constituye un castigo o tratamiento inhumano o degradante. Análogamente, los peticionarios citan la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Soering c. Reino Unido, [7] en el que la Corte reconoció “el fenómeno de la espera para ser ejecutado” y sostuvo que un período prolongado de demora en espera de ser ejecutado puede ir más allá del umbral de un trato humano previsto en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.[8] Además, los peticionarios señalan que varias otras jurisdicciones han adoptado un enfoque similar.[9]

15. Asimismo, con respecto a las circunstancias del Sr. Elliott en particular, los peticionarios afirman que el régimen represivo que se impone a los reclusos en espera de ser ejecutados por el Departamento Correccional de Texas se “caracteriza por el otorgamiento a los reclusos de servicios de interacción social muy limitados y el sometimiento a un trato brutal.”[10]

16. Por último, los peticionarios afirman que, antes de su ejecución, el Sr. Elliott presentó una acción solicitando una prueba forense de ADN, la suspensión de la ejecución y la designación de un asesor ante los tribunales de Texas, con lo que procuraba someterse a una prueba de ADN de acuerdo con el artículo 64 del Código de Proceso Penal de Texas, a partir de pruebas obtenidas por el Estado en relación con el delito por el que se le había sentenciado a muerte.[11] Los peticionarios también alegan que el Sr. Elliott fue ejecutado el 4 de febrero de 2003 estando pendiente su solicitud de análisis de ADN. Los peticionarios argumentan que la acción del Estado al ejecutar al Sr. Elliott antes de resolverse sus pedidos de análisis de ADN a nivel interno y pese a las medidas cautelares impartidas por la Comisión el 14 de enero de 2003, constituye una violación de su derecho a la vida y de su derecho a un juicio imparcial, consagrados en los artículos I y XVIII de la Declaración Americana.

B. Posición del Estado

17. Con respecto a la admisibilidad de la petición de los peticionarios, el Estado argumenta que en la petición no se afirman hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y que, en consecuencia, la Comisión debe declararla inadmisible, conforme al artículo 34 de su Reglamento.[12]

18. A este respecto, el Estado suministró cierta información en relación con los antecedentes penales del Sr. Elliott. En particular, en su respuesta del 3 de febrero de 2002 a la petición del Sr. Elliott, el Estado incluyó los antecedentes de hecho y procesales del Sr. Elliott, incluido lo siguiente:[13]

a. En junio de 1986, el Sr. Elliott atacó sexualmente a Joyce Munguia y luego la golpeó hasta dejarla sin vida. En enero de 1987, el Sr. Elliott fue condenado por el delito de “homicidio en el curso de un ataque sexual agravado” y posteriormente fue sentenciado a muerte.

b. En 1993, tras una apelación directa, la Corte de Apelaciones Penales de Texas afirmó la condena y la sentencia a muerte del Sr. Elliott y también desestimó un pedido de nuevo juicio.[14]

c. Más adelante, ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una acción de certiorari.[15]

d. El tribunal de primera instancia posteriormente fijó la ejecución del Sr. Elliott para el 24 de agosto de 1994. El Sr. Elliott presentó entonces un pedido de suspensión de su ejecución, el 2 de agosto de 1994, el cual le fue concedido.

e. La Corte de Apelaciones Penales desestimó la solicitud del Sr. Elliott en una acción de habeas corpus, en setiembre de 1999, y el Tribunal de Distrito Federal denegó el pedido de habeas corpus en setiembre de 2001. En julio de 2002, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito afirmó la decisión adoptada por el Tribunal de Distrito Federal.

f. En octubre de 2002, el tribunal de primera instancia suscribió una segunda orden de ejecución contra el Sr. Elliott, fijando la fecha para el 4 de febrero de 2003.

g. El 13 de enero de 2003, la Suprema Corte desestimó un pedido de certiorari del Sr. Elliott.

19. En el contexto de estos antecedentes procesales y en respaldo de su argumento de que la petición no presenta una reivindicación verosímil, el Estado sostiene que el Sr. Elliott pasó 15 años en espera de ejecución porque voluntariamente apeló su sentencia a nivel estadual y federal. Además, el Estado argumenta que el Sr. Elliott pasó 15 años en espera de ejecución precisamente porque obtuvo el debido proceso y el beneficio de todas las salvaguardias disponibles y, en efecto, sostiene que los peticionarios argumentan que el Sr. Elliott recibió en exceso el debido proceso. Específicamente, el Estado alega que el argumento básico de los peticionarios es que, como el Estado otorgó al Sr. Elliott diversas oportunidades para rever su caso a nivel de los tribunales, se vio impedido de materializar la propia sanción penal que había impuesto al Sr. Elliott por un delito especialmente agravado. En consecuencia, el Estado argumenta que las propias acciones del Sr. Elliott atrasaron su ejecución y, por tanto, no puede basarse en el tiempo transcurrido en espera de ser ejecutado como prueba de una violación de la Declaración Americana.[16]

20. El Estado sostiene también que las protecciones constitucionales otorgadas a los acusados de delitos penales son congruentes con los instrumentos internacionales de derechos humanos y observa a este respecto que, en momentos de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos presentó la siguiente reserva:

Estados Unidos se considera obligado por el artículo 7[17] en la medida en que “un tratamiento o castigo, cruel, inhumano o degradante” significa un tratamiento o castigo cruel e inusual prohibido por la quinta, octava y/o decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos.[18]

21. Con respecto a los argumentos de los peticionarios de que un período prolongado en espera de ejecución constituye una violación de la Declaración Americana, el Estado observa que los órganos judiciales o casi judiciales que invocan los peticionarios como respaldo son ajenos al sistema interamericano de derechos humanos y que no interpretan ni aplican la Declaración Americana[19].

22. Además, el Estado afirma que, tanto los hechos como el fundamento en el caso de Soering c. Reino Unido, se diferencian del caso del Sr. Elliott. En la parte pertinente, el Estado argumenta que el caso Soering refería a la percepción de un conflicto en las obligaciones contractuales y que la decisión de la Corte Europea recurrió al término “tratamiento degradante” dispuesto en la Convención Europea de Derechos Humanos. El Estado señala que no existe una contraparte de esta expresión en la Declaración Americana. El Estado argumenta también que los otros casos citados por los peticionarios tampoco son aplicables a la presente situación.[20]

23. Además, en relación con la jurisprudencia del sistema interamericano, el Estado argumenta que la Comisión nunca sostuvo que un cierto período de tiempo en espera de ejecución constituya per se una violación de la Declaración Americana. En particular, el Estado cita el caso de Andrews c. Estados Unidos[21] en que Estados Unidos afirma que la Comisión concluyó que una serie de factores, considerados en conjunto, constituía una violación de la prohibición de un “castigo cruel, infamante o inusitado” dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana. Estos factores incluían el tiempo transcurrido en espera de ejecución, la presunta parcialidad del jurado por discriminación racial, la fijación de por lo menos ocho fechas de ejecución y condiciones penitenciarias inadecuadas. El Estado subraya que en Andrews, la Comisión no concluyó que había existido una violación exclusivamente en base al tiempo transcurrido en espera de ejecución.[22]

24. Con respecto a las alegaciones de los peticionarios de que el Sr. Elliott fue sometido a “escasos servicios” y a un trato “brutal”, el Estado responde que, la escasez de servicios de interacción social es una característica intrínseca de la sanción penal y que no se han presentado hechos que fundamenten la afirmación de que el Sr. Elliott fue sometido a un trato brutal.[23]

25. Por último, en cuanto a la ejecución del Sr. Elliott estando vigente la orden de medidas cautelares, el Estado observa que el Departamento de Estado de Estados Unidos había comunicado la recomendación no vinculante a la oficina del procurador general del Estado de Texas, pero sostuvo que, en todo caso, el pedido de la Comisión sólo constituye una recomendación no vinculante de la cual Estados Unidos tomó nota.[24]

IV. ANALISIS DE ADMISIBILIDAD

A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae

26. Al considerar el expediente que tuvo ante sí, la Comisión entiende que tiene competencia ratione personae para examinar las denuncias planteadas en la presente petición. De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la Comisión, los peticionarios están autorizados a presentar denuncias en que se alegue la violación de derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La presunta víctima, John Elliott, es una persona cuyos derechos están protegidos por la Declaración Americana, cuyas disposiciones el Estado está obligado a respetar de conformidad con la Carta de la OEA, el artículo 20 del Estatuto de la Comisión y el artículo 49 del Reglamento de la Comisión. Estados Unidos ha estado sometido a la jurisdicción de la Comisión desde la creación de ésta, al ser un Estado miembro de la OEA, consideran lo que el 19 de junio de 1951, depositó su instrumento de ratificación de la Carta de la OEA.[25]

27. Dado que en la petición se alega la violación de derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tuvieron lugar en el territorio de Estados Unidos, la Comisión concluye que tiene competencia ratione loci para dar vista a las mismas.

28. Además, la Comisión tiene competencia ratione temporis para examinar esta materia. La petición se basa en hechos que se alega ocurrieron a partir de 1986, fecha en que estaban en vigor las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana.

29. Por último, en la medida en que los peticionarios han presentado denuncias en las que alegan violaciones de los artículos I, XI, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana, la Comisión tiene competencia ratione materiae para examinarlas.

B. Duplicación de procedimientos

30. No existe información en autos que indique que la materia de esta petición se encuentre pendiente de solución ante otra instancia gubernamental internacional de la que el Estado sea miembro, o que el caso esencialmente duplique una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión o por otra organización gubernamental internacional de la que el Estado sea miembro. El Estado no ha impugnado la petición en base a la duplicación. Por tanto, la Comisión concluye que no existe obstáculo alguno a la admisibilidad de las denuncias del peticionario, a estar a lo dispuesto por el artículo 33 de su Reglamento.

C. Agotamiento de los recursos internos

31. El artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión especifica que, para que un caso pueda ser admitido, verificará “si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.” Sin embargo, cuando no están disponibles como cuestión de hecho y de derecho los recursos internos, puede eximirse del requisito de su agotamiento. El artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión especifica que esta excepción se aplica si la legislación interna del Estado afectado no otorga el debido proceso de la ley para la protección del derecho presuntamente violado, si la parte que alega la violación vio negado su acceso a los recursos internos o se vio impedida de agotarlos, o si ha existido una demora indebida en el pronunciamiento de la sentencia final en el contexto de los recursos internos.

32. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos, para que concuerden con principios generalmente aceptados del derecho internacional, deben ser adecuados, en el sentido de que deben ser apropiados para abordar la violación de un derecho jurídico, y efectivos, en el sentido de que deben ser capaces de producir el resultado para el cual fueron concebidos.[26]

33. Además, cuando un peticionario alega que no es capaz de probar el agotamiento de la vía interna, el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que corresponderá al Estado demostrar que no se agotaron los recursos de la legislación interna.

34. En el caso presente, el Sr. Elliott recurrió a numerosas vías para obtener una reparación desde que fuera condenado y sentenciado a muerte en enero de 1987. Estas actuaciones han sido descritas en las observaciones de los peticionarios y del Estado, y constan en la sección III del presente informe, al igual que la petición de una reparación después de la condena, e incluyen lo siguiente:

a. El Sr. Elliott fue condenado el 13 de enero de 1987 por el homicidio en el curso de un ataque sexual agravado y fue sentenciado a muerte del 15 de enero de 1987. El Sr. Elliott apeló su condena de pena capital y su sentencia de muerte, que fueron afirmadas por la Corte de Apelaciones Penales de Texas el 14 de abril de 1993.[27] El Sr. Elliott luego presentó una acción de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue desestimada el 29 de noviembre de 1993.[28]

b. A partir del 23 de abril de 1997, el Sr. Elliott presentó pedidos de habeas corpus ante los tribunales del Estado de Texas, que le fueron denegadas por el tribunal de primera instancia del Estado, y por la Corte de Apelaciones Penales de Texas, respectivamente, el 7 de agosto de 1998 y el 2 de setiembre de 1999.

c. El 14 de febrero de 2000, el Sr. Elliott presentó un pedido de habeas corpus en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas, que le fue denegado el 21 de setiembre de 2001. El pedido del Sr. Elliott de un certificado de apelabilidad presentado ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, fue denegado en julio de 2002, y el 13 de enero de 2003 la Corte Suprema desestimó su petición de certiorari.

d. También en enero de 2003, los peticionarios iniciaron actuaciones ante la justicia de Texas solicitando una prueba forense de ADN, la suspensión de la ejecución y la designación de un asesor. El Sr. Elliott fue ejecutado el 4 de febrero de 2003, estando pendiente ante la Corte de Apelaciones Penales de Texas el pedido del análisis de ADN.

35. El Estado no ha planteado ninguna observación con respecto a la inadmisibilidad de la petición de los peticionarios en relación con el agotamiento de los recursos internos, ni ha procurado contestar el recurso por los peticionarios a la excepción a dicho agotamiento contenida en el artículo 31(2)(a) del Reglamento de la Comisión. También surge del expediente que el Sr. Elliott inició acciones en relación con su condena y sentencia ante los tribunales estaduales y federales, llegando inclusive ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Además, los peticionarios han sostenido, y el Estado no lo ha contestado, que no existen perspectivas de que la justicia de Estados Unidos concluya que existe una violación de este derecho como consecuencia del “síndrome de quien está en espera de ser ejecutado”, y hacen referencia a este respecto a las decisiones de la más alta instancia de apelaciones del Estado, que se ha negado sistemáticamente a considerar la cuestión.[29]

36. Con respecto a las alegaciones de los peticionarios sobre la violación de los artículos I y XVIII de la Declaración Americana en relación con el hecho de que el Sr. Elliott fue ejecutado estando pendiente de consideración su pedido de prueba de ADN, la Comisión considera que, a raíz de la ejecución, fue en efecto impedido de agotar todas las vías en torno a esta cuestión. En consecuencia, la Comisión concluye que la petición del Sr. Elliott es admisible de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la Comisión.

37. En base a la información que tuvo ante sí, por tanto, la Comisión concluye que el Sr. Elliott agotó los recursos de la vía interna, y que todo procedimiento interno existente no brindaría perspectivas razonables de éxito respecto de sus denuncias ante la Comisión. En consecuencia, no existe obstáculo a la consideración de la petición del peticionario de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Comisión.

D. Plazo de Presentación

38. De acuerdo con el artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión, ésta debe abstenerse de considerar las peticiones que se presenten después de transcurrido un período de seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada del dictamen final, en casos en que los recursos de la vía interna hayan sido agotados. En el caso presente, la petición de los peticionarios fue presentada el 6 de enero de 2003 y, por tanto, no más allá de seis meses después de la fecha en que se desestimó su petición final de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el 13 de enero de 2003. El Estado no ha contestado específicamente la presentación de la petición en plazo. En consecuencia, la Comisión concluye que no existen obstáculos para la consideración de la petición de los peticionarios de acuerdo con el artículo 32 de su Reglamento.

E. Caracterización de los hechos alegados

39. El artículo 34(b) del Reglamento de la Comisión exige que esta declare inadmisible toda petición que sea manifiestamente infundada o fuera de lugar sobre la base de una declaración de los peticionarios o del Estado.

40. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable de la violación de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en relación con el proceso penal instruido contra el Sr. Elliott, en base a la duración del período en el que se le mantuvo en espera de ejecución y a su presunta incapacidad de acceder a otros recursos internos en relación con el pedido de prueba de ADN antes de su ejecución. La Comisión describe en la parte III del presente informe las alegaciones sustantivas de los peticionarios y la información presentada por estos en respaldo de tales alegaciones. El Estado argumentó que los hechos alegados no tienden a establecer una violación de la Declaración Americana y que, por lo demás, las reivindicaciones del peticionario carecen de mérito. Además, el Estado sostiene que el Sr. Elliott ha obtenido todas las garantías del debido proceso a que tiene derecho y que los años que pasó en espera de ser ejecutado son resultado de su recurso a toda oportunidad para apelar su condena y sentencia.

41. Tras examinar detenidamente las alegaciones a la luz de la información suministrada por ambas partes, la Comisión no concluye que las alegaciones sean manifiestamente infundadas o fuera de lugar. A este respecto, la Comisión subraya que su tarea a esta altura del proceso no es determinar si las denuncias de los peticionarios han sido sustanciadas, sino determinar si la petición satisface los requisitos mínimos del artículo 34 de su Reglamento. En base a las circunstancias del presente caso y a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional existente en relación con las cuestiones planteadas por los peticionarios, la Comisión considera que las denuncias que plantean no son manifiestamente infundadas o fuera de lugar y deben ser evaluadas en base a los méritos del caso. A juicio de la Comisión, estas denuncias incluyen las implicaciones, dentro del marco de las obligaciones que asumió el Estado en el sistema interamericano, de su incumplimiento de la solicitud de medidas cautelares de la Comisión en esta materia y la posterior ejecución del Sr. Elliott.

42. En consecuencia, la Comisión concluye que la petición no debe ser declarada inadmisible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de su Reglamento.

V. CONCLUSIONES

43. La Comisión concluye que tiene competencia para examinar este caso y que la petición es admisible de acuerdo con su Reglamento.

44. Sobre la base de las conclusiones de hecho y de derecho que anteceden, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso, en relación con los artículos I, XVIII, XXVI y XVIII de la Declaración Americana.

2. Remitir el presente informe a las partes.

3. Continuar con el análisis de los méritos del caso.

4. Publicar el presente informe e incluirlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de octubre de 2004. Firmado: José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sérgio Pinheiro, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez Comisionados.

Notes__________________

[1] El artículo 25(1) del Reglamento de la Comisión dispone: “En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.”

[2] Véase comunicación de los peticionarios del 9 de enero de 2003, pág. 2.

[3] Véase comunicación de los peticionarios del 9 de enero de 2003, pág. 2.

[4] Véase comunicación de los peticionarios del 9 de enero de 2003, pág. 2, donde se citan ejemplos específicos del enfoque de la Corte Europea de Derechos Humanos en Dudgeon c. Reino Unidos 4 E.H.R.R. 149 (1989) y McFeeley c. Reino Unido 20 D.R. 44.

[5] Véase la comunicación del peticionario de 6 de enero de 2003, pág. 1.

[6] Comité Judicial del Consejo Privado, Pratt y Morgan c. Jamaica, 2 A.C. 1 (1994).

[7] Corte Europea de Derechos Humanos, Soering c. Reino Unido, 11 E.H.R.R. 439 (1989)

[8] El artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradante.”

[9] Los ejemplos citados por los peticionarios incluyen: Sher Singh c. Estado de Punjab (1983) 2 S.C.R. 582 e India and Catholic IACHR for Justice and Peace in Zimbabwe c. AG (24 de junio de 1993) unreported Zim S.C.

[10] Véase comunicación de los peticionarios de 9 de enero de 2003, pág. 1.

[11] De acuerdo con los peticionarios, este pedido de ser sometido a una prueba forense de examen del ADN, de la suspensión de la ejecución y de la designación de un asesor, fue interpuesto ante el Tribunal de Distrito de Texas y se basaba en una enmienda de abril de 2001 al Código de Proceso Penal de Texas. La cual permite que los condenados procuren su exoneración a través del sometimiento a examen de pruebas anteriormente no sometidas al análisis de ADN o mediante la repetición del análisis de pruebas antes analizadas mediante el uso de nuevas técnicas de análisis. En particular, el Sr. Elliott procuró que se recogiera semen de otros dos hombres que estaban presentes la noche en cuestión para compararlo con el semen hallado en la víctima, a fin de establecer que su condena era errónea.

[12] Véase la réplica del Gobierno de los Estados Unidos del 3 de febrero de 2004, pág. 1.

[13] Véase la réplica del Gobierno de los Estados Unidos del 3 de febrero de 2004, pág. 1-2.

[14] Véase Elliott c. el Estado, 858 S.W. 2d 478 (Corte de Apelaciones de Texas 1993)

[15] Véase Elliott c. Texas, 510 U.S. 997, 114 S. Ct. 563 (1993)

[16] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2003, págs. 2 y 3.

[17] El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

[18] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2003, pág. 4.

[19] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2004, pág. 4.

[20] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2004, pág. 4 y 5.

[21] Véase el caso N° 11.139, Informe N° 57/96, William Andrews (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 1997.

[22] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2003, pág. 6.

[23] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2004, pág. 4.

[24] Véase la réplica del Gobierno de Estados Unidos del 3 de febrero de 2003, pág. 6.

[25] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que, en relación con los Estados Miembros no partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, dirigirse al gobierno de tales Estados con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formular recomendaciones a tales Estados, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. Véase también la Carta de la Organización de los Estados Americanos en sus artículos 3, 16, 51, 112, 150; el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus artículos 49, 50; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/88 “ Interpretación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,” 14 de julio de 1989, Ser. A N° 10 (1989), párrs. 35 a 45; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, caso 9.647, Res. 3/87, 22 de setiembre de 1987, Informe Anual 1986-87, párrs. 46 a 49.

[26] Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, Méritos, Sentencia del 29 de julio de 1988, Ser. C. N° 4 (1988).

[27] Elliott c. el Estado, 858 S.W. 2d 478 (Corte de Apelaciones Penales 1993).

[28] Elliott c. Texas, 510 U.S.997 (1993).

[29] Véase la comunicación de los peticionarios del 9 de enero de 2003, pág. 2, donde se cita Lackey c. Texas, 514 U.S. 1045 (1995) y los casos posteriores hasta el de Foster c. Florida, inclusive. 154 L.Ed. 359 (2002).