INFORME N° 70/00
CASO 11.797
GLADIS CARDOZO ANDRADE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
3 de octubre de 2000 

I.          RESUMEN 

1.          El 3 de marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) recibió una denuncia contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) presentada por la señora Gladis Cardozo Andrade (en adelante “la peticionaria”), basada en los artículos 41(f); 44; y 46(1), (a), (b), (c) y (d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”).  

2.          La denuncia se fundamenta en la supuesta violación de los artículos 7(3) (Derecho a la Libertad Personal); 8(1), (2), (c) y (d) (Garantías Judiciales); 10 (Derecho a Indemnización); 11(1) y (2) (Protección a la Honra y a la Dignidad); 14(1) (Derecho de Rectificación o Respuesta); 24 (Igualdad ante la Ley); y 25 (Protección Judicial) en relación con el artículo 1(1), todos de la Convención Americana por parte del Estado a raíz de una serie de actuaciones de los Tribunales venezolanos que culminaron con el procesamiento y condena de la peticionaria por el delito de “falsa o maliciosa denuncia” en perjuicio de una Juez Superior Penal. La Comisión dio inicio al trámite de la petición el 27 de agosto de 1997 y el Estado presentó su escrito de contestación el 22 de abril de 1998.  El Estado alegó la  inadmisibilidad de la demanda en virtud de los artículos 46(1)(b), 47(c) de la Convención Americana, y 38(1) del Reglamento de la Comisión (en adelante “el Reglamento”), por considerar que la denuncia se presentó extemporáneamente y que ninguno de los derechos denunciados como violados habían sido menoscabados por Venezuela.  La Comisión se puso a disposición de las partes para iniciar un proceso de solución amistosa el 10 de febrero de 1999, y este proceso concluyó el 17 de marzo de 1999 ante el rechazo del ofrecimiento por parte del Estado. 

3.          A partir del análisis de los requisitos de admisibilidad,  la Comisión considera que la peticionaria presentó su denuncia extemporáneamente y que no agotó debidamente los recursos de la jurisdicción interna; y declara inadmisible la presente denuncia.  

II.          TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN  

4.          El 27 de agosto de 1997, la Comisión dio inicio a la tramitación del caso y efectuó una solicitud de información al Estado sobre los hechos alegados por la peticionaria.  El 21 de noviembre de 1997 el Estado presentó una solicitud de información dirigida a la peticionaria, de fecha 19 de noviembre de 1997, alegando que ésta era de importancia para la elaboración de la respuesta del Estado.  El 5 de marzo de 1998, la peticionaria presentó un escrito de 26 de febrero de 1998 con la información requerida por Venezuela y a la vez solicitó al Estado que se manifestara sobre ciertos puntos relativos a su procesamiento y condena ante los Tribunales venezolanos.   

5.          El 22 de abril de 1998, el Estado presentó su contestación a la denuncia y alegó su inadmisibilidad de conformidad con los artículos 46(1)(b) y 47(c) de la Convención  Americana, así como 38(1) del Reglamento de la Comisión.  La respuesta del Estado fue objeto de observaciones de la peticionaria y posteriormente se obtuvo información de ambas partes.  La Comisión recibió las observaciones de la peticionaria así como información suplementaria en fechas 3 de junio, 23 de junio, 23 de julio, 8 de septiembre, y 29 de diciembre de 1998; 9 de marzo, 26 de abril, 14 de junio, 27 de septiembre, y 15 de noviembre de 1999; y 5 de mayo de 2000.  El Estado presentó sus observaciones el 22 de abril, 13 de julio y 13 de octubre de 1998; 11 de marzo y 20 de septiembre de 1999; y 1º de febrero de 2000.   

6.          El 10 de febrero de 1999, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa, de acuerdo con el artículo 48(1) de la Convención y el artículo 45 de su Reglamento. El 9 de marzo del mismo año la peticionaria presentó su aceptación al ofrecimiento de la Comisión.  El 11 de marzo de 1999, el Estado comunicó a la Comisión su rechazo al ofrecimiento; y la Comisión dio por concluido el trámite de solución amistosa el 17 de marzo de 1999. 

III.          POSICIONES DE LAS PARTES 

A.          La peticionaria 

7.          De acuerdo con la denuncia, en el mes de mayo de 1989 el señor Genady Kamenev falleció y heredó por testamento a la señora Eligia Andrade Bolaños para que se encargara de la señora Anastasia de Kamenev, madre del difunto,  hasta su muerte.[1] A pesar de lo anterior, el señor Ernesto Croce Navarro, aprovechando la ausencia de familiares y la avanzada edad de la señora de Kamenev, forjó un poder a su favor y comenzó a disponer del patrimonio de la familia en referencia. 

8.          Según la peticionaria,  en un momento de lucidez, la señora de Kamenev contrató sus servicios, por intermedio de su empleada, para impedir que el señor Croce concretara sus pretensiones y ella en su función de abogado, procedió a denunciar las acciones del señor Croce con el objeto de revocarle el poder que ostentaba.[2] 

9.          Alega que posteriormente el señor Croce fue citado por el Tribunal correspondiente pero no compareció; y en cambio, logró orientación y procedió a denunciar el “secuestro y abandono físico y moral” de la señora Anastasia de Kamenev por un grupo de personas, entre las cuales se encontraba la peticionaria.  Agrega que como consecuencia,  la Juez XXIX Penal le dictó auto de detención y le acusó de falso testimonio, abandono de persona incapaz y agavillamiento junto con la señora Eligia Andrade, actuación que considera privación arbitraria de su libertad porque la decisión no satisfizo los extremos legales exigidos. 

10.          La peticionaria señala que los autos de detención fueron revocados en apelación por el Tribunal XIX Superior Penal; no obstante, éste cambió la calificación de los delitos a Homicidio Calificado en grado de tentativa atribuido a la señora Andrade y  Omisión de Socorro a la señora Cardozo.  

11.          Sostiene la peticionaria que durante el proceso que se le siguió hubo muchas infracciones de leyes internas por parte de la Juez XXIX Penal, lo que provocó que la peticionaria la denunciara penalmente por alteración y retención de documento público.   Sin embargo, el Tribunal VIII Penal declaró la denuncia averiguación terminada, sin cumplirse los pasos procedimentales de ley, por considerar lo denunciado como “totalmente falso”. 

12.            La señora Cardozo indica que posteriormente, la Juez la acusó por falsa o maliciosa denuncia, y el Tribunal  le dictó auto de detención, la juzgó en ausencia y la condenó por el delito imputado, el 2 de febrero de 1993.  Agrega que hubo evidente parcialización hacia la Juez acusada, por ser un funcionario del poder judicial en ejercicio de sus funciones y en cambio a la peticionaria no se le otorgaron las garantías previstas en la ley, no se le escuchó previamente y no tuvo conocimiento de la averiguación penal en su contra.   

13.          Considera que se le violó el derecho a ser asistida por un defensor de su elección, ya que el Tribunal determinó que su defensa sólo era válida en la etapa sumarial del proceso y se le nombró una defensora pública de presos para el plenario, quien no fue diligente en su defensa, no ejerció los recursos procesales respectivos, ni se pronunció sobre la irregular “averiguación terminada”, por lo que no cumplió con su obligación ni juramento.[3] 

14.          Añade que fue juzgada con ironía, con insuficiencia y con marcada intencionalidad, desvirtuándose el verdadero sentido de la justicia, a pesar de que los Tribunales están constituidos para hacer cumplir las leyes y en el caso que la propia ley le quita al funcionario público todo privilegio, mal pueden los Tribunales otorgarlo sin constituir violaciones de normas procedimentales y procesales que socavan las instituciones del derecho procesal criminal. 

15.          Transcurrido el plazo, la pena interpuesta prescribió y la señora Cardozo solicitó la prescripción el 23 de septiembre de 1994; no obstante, el Tribunal se pronunció cinco meses después por la intervención de un Inspector de Tribunales y de esta forma obtuvo su libertad plena el 13 de enero de 1995; por lo que considera que durante ese lapso también existió privación arbitraria de su libertad.  El 30 de junio de 1995, solicitó la revisión de la sentencia ante el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público y éste declaró su improcedencia el 12 de diciembre de 1996.  Ambos lapsos, el de la prescripción y el de la improcedencia de su recurso de revisión, son considerados por la peticionaria como moras procesales que violentan su derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo. 

16.          Según la señora Cardozo, su honra y dignidad fueron violentadas por los comentarios  públicos perjudiciales.  Considera que desde el punto de vista profesional se le niega la posibilidad de ocupar cargos públicos por carecer de ética y moral, lo que constituye una lesión muy grave y causal de un daño irreparable en su perjuicio y el de su familia.   

17.          Finalmente, invoca la aplicación del artículo 10 de la Convención Americana, por cuanto considera que fue objeto de errores y detenciones arbitrarias; así como el derecho de rectificación o respuesta, artículo 14 de la Convención, ante las informaciones inexactas y agraviantes que se dirigieron al público en su contra, por parte de los medios de comunicación escrita.  

B.          El Estado 

18.            El Estado solicita que se declare la inadmisibilidad de la denuncia  de conformidad con lo establecido en los artículos 46(1)(b) y 47(c) de la Convención Americana, así como 38(1) del Reglamento de la Comisión, por su presentación extemporánea, inexistencia de las violaciones alegadas, e inadecuación de la realidad a los hechos. Agrega que el Estado no ha interferido u obstaculizado el acceso de la señora Gladis Cardozo Andrade a los recursos de la jurisdicción internacional y que por el contrario, dicha ciudadana ha gozado de plena libertad para interponerlos, y en el presente caso lo ha hecho de forma extemporánea. 

19.          Alega que la denuncia resulta inadmisible por haber sido sometida a la consideración de la Comisión con posterioridad al plazo de seis meses desde que quedó firme la sentencia dictada en contra de la señora Cardozo, por la comisión del delito contemplado en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.[4]  Indica que la condena impuesta el 2 de febrero de 1993 quedó firme el mismo día, puesto que la señora Cardozo no apeló de la decisión   del Tribunal y fue hasta el 27 de agosto de 1997 cuando la denunciante presentó su escrito a la Comisión lo que, según el Estado, conforma un plazo de más de cuatro años y seis meses. 

20.          El Estado afirma que la regla de los seis meses está íntimamente asociada con el agotamiento de los recursos internos, porque la violación de los derechos consagrados en la Convención se considera cometida en el momento en que se dicte la sentencia definitiva conforme al derecho local, que en el presente caso es la sentencia dictada el 2 de febrero de 1993 y; en todo caso, el Estado considera que se deduce de la misma petición que la señora Cardozo quedó notificada de la condena desde el día en que ésta se dictó porque esa es la fecha que ella utiliza en sus escritos.    

21.          En referencia al recurso de revisión, indica el Estado que la señora Cardozo pretendió crear una nueva instancia judicial después de encontrarse vencidos todos los plazos para ejercer recursos ordinarios contra la sentencia condenatoria y éste fue declarado inadmisible en razón de inexistencia de vicios en el proceso seguido en su contra.  Agrega que éste es un recurso de sentencias penales que “en modo alguno modifica o varía el carácter firme de la sentencia condenatoria, sino que dada su naturaleza extraordinaria, su declaratoria con lugar perseguiría exclusivamente reparar los agravios de las condenas injustas”; lo que se persigue es un desagravio en beneficio de los victimados.   

22.     El Estado afirma que la denuncia de la señora Cardozo contra Venezuela pretende que la Comisión pase a analizar, valorar y decidir los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamentaron los Tribunales venezolanos para dictar sentencia en los casos relacionados con la presente petición; y señala, que tanto la Corte como la Comisión Interamericanas han manifestado en diversas ocasiones que la Comisión  no constituye una instancia para recurrir contra las decisiones dictadas por los Tribunales que actúan en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a los fines de que sean analizados, valorados y decididos los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron para dictar las sentencias, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención. 

23.          Agrega que la función de la Comisión es garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede hacer de Tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los Tribunales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia, puesto que no es una cuarta instancia; y que, la señora Cardozo ha sacado de contexto los derechos protegidos y denunciados como violados, ya que es evidente que éstos no configuran una violación de la Convención. 

24.          El Estado considera necesario precisar que la señora Cardozo fue juzgada en ausencia por su negativa a comparecer en juicio, pero siempre contó con la debida representación de un defensor público de presos.  Además de que este juzgamiento en ausencia obedeció a que se le imputaba un delito contemplado en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la cual permite el juzgamiento en ausencia.[5] 

25.          Añade que la señora Gladis Cardozo sí gozó de las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención y que por su propia voluntad no se apersonó en la denuncia formulada en su contra ni ejerció recurso alguno contra la sentencia condenatoria y como no obtuvo una decisión ajustada a su pretensión, denuncia la violación del artículo 8 de la Convención Americana, cuando la Comisión no es un órgano de revisión de las decisiones dictadas.   

26.          En relación con la alegada falta de igualdad en el trato que recibió por los Tribunales venezolanos, el Estado considera que la peticionaria no ha proporcionado información sobre la forma en que se violaron sus derechos, ni ha aportado prueba que acredite la alegada imparcialidad en su perjuicio; y que, aún en su posición de abogada aspirante a Juez  no ejerció ninguno de los recursos de la jurisdicción interna para asegurar el resguardo del derecho a la defensa, como lo sería la recusación.  Agrega que la peticionaria fue negligente en el ejercicio de sus derechos y pretende que la Comisión analice y valore las defensas que ella nunca opuso. El Estado sostiene que por el contrario, la peticionaria se mantuvo prófuga de la justicia venezolana hasta lograr que operara la prescripción de la pena. 

27.          El Estado manifiesta que es infundado el alegato de la supuesta privación arbitraria de la libertad de la peticionaria, por un lapso de un mes y medio, debido a que el auto de detención que se le dictó fue posteriormente revocado; ya que la medida preventiva que recayó sobre la señora Cardozo fue producto de un auto de detención dictado por un Juez competente que conocía sobre el procedimiento en que estaba involucrada y fue dictado de acuerdo a la concurrencia de los requisitos establecidos por el Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano.  Al respecto, cita las observaciones de la Corte Interamericana, quien se ha pronunciado en el sentido de que la detención judicial de una persona inocente que ha sido dictada por un Juez competente no producirá el efecto de una acción ilícita, ya que según la Convención, sólo en el caso de que no se hubiesen adoptado las medidas correspondientes para dar solución al entuerto, es cuando se originaría la acción ilícita.[6] 

28.          Agrega que el hecho de que la decisión posteriormente haya sido revocada por un Tribunal Superior no significa que la detención haya sido arbitraria, sino que refleja la existencia del derecho a la defensa en la tramitación del procedimiento, que fue ejercido exitosamente por la señora Gladis Cardozo.

29.          El Estado sostiene que es falso el argumento de la señora Cardozo en cuanto a que se le violó su derecho a la honra y a la dignidad, ya que lo único que se desprende de los artículos de prensa citados por la peticionaria es que el Consejo de la Judicatura excluyó a la señora Cardozo de una lista para optar por el cargo de Juez en 1989, porque su conducta se encontraba cuestionada. Para la época existía sobre la denunciante un auto de detención y una averiguación penal en su contra; por lo anterior, es falso que de dichas declaraciones se desprendan violaciones, sino que las mismas fueron producto de los hechos acontecidos en la época. 

30.          En cuanto a la alegada violación al derecho a un recurso rápido y sencillo, el Estado alega que la Convención no señala que la violación del derecho a un recurso rápido y sencillo tenga lugar cuando la decisión se toma fuera del plazo establecido en la legislación nacional.  El retardo debe ser injustificado y en ambos casos los recursos fueron resueltos en un plazo prudencial y al contrario, consta que no hay ningún recurso pendiente o que no se haya tramitado en Venezuela.  En consecuencia, es infundado que la señora Cardozo, que reconoce la existencia del recurso de Amparo gracias al cual obtuvo un resultado favorable para sí, alegue la violación del artículo 25 de la Convención. 

31.          Finalmente, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare la  inadmisibilidad de la denuncia en razón de la información aportada y la argumentación de la peticionaria, ya que los hechos denunciados no caracterizan una violación de los derechos garantizados por la Convención, por lo que resulta infundada e improcedente.   

IV.            ANÁLISIS 

A.            La competencia de la Comisión  

32.          La peticionaria reclama que el Estado ha violado sus derechos de conformidad con los artículos 1(1); 7(3); 8(1), (2), (c) y (d); 10; 11(1), (2); 24 y 25 de la Convención Americana.  El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977 y los acontecimientos que tienen relación con los reclamos ante la Comisión ocurrieron posteriormente a la ratificación de la Convención por parte del Estado venezolano.  Por lo anterior, la Comisión considera que tiene competencia ratione materiae y ratione loci por tratarse la petición de derechos protegidos por la Convención Americana respecto a la República Bolivariana de Venezuela. 

33.          Con respecto a la competencia ratione personae, la petición fue presentada por la señora Gladis Cardozo Andrade, quien tiene capacidad legal para presentar la petición ante la Comisión según el artículo 44 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión es competente para examinar esta petición conforme al artículo 44 de la Convención Americana y los artículos 18 y 19 de su Estatuto. 

34.          En relación con la competencia ratione termporis, la Comisión concluye de acuerdo con el análisis de la información presentada por ambas partes y su propio análisis de los requisitos de admisibilidad de la denuncia, que carece de competencia para conocer de ésta, de acuerdo con los artículos 46(1)(a) y (b) de la Convención Americana y 37 y 38 de su Reglamento, por los motivos que se analizan a continuación. 

B.        Requisitos de admisibilidad de la petición 

a.        Agotamiento de los recursos internos y plazo de presentación 

35.          De acuerdo con el artículo 46(1)(a) y (b) de la Convención Americana, la admisión de una petición está sujeta a los requisitos de que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna y que se haya presentado en forma oportuna, dentro de los seis meses de la fecha en que la parte demandante fue notificada de la sentencia final en el ámbito interno.  Lo anterior con el fundamento de que el Estado tiene la obligación jurídica de proporcionar los recursos internos idóneos y efectivos, a fin de reparar las violaciones de los derechos humanos; y como contrapartida, la presunta víctima tiene la obligación de agotar la jurisdicción interna, salvo las excepciones aplicables, mediante la interposición de los recursos apropiados para resolver las violaciones alegadas.  Este requisito existe para que el Estado en cuestión tenga la oportunidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico. 

36.          En el presente caso, el Estado considera que la demanda se presentó con posterioridad al plazo de los seis meses desde que la sentencia dictada en contra de la señora Gladis Cardozo quedó en firme y que por lo tanto la petición es inadmisible bajo ese precepto.  La peticionaria, por su parte, alega en varias ocasiones que es el Estado quien tiene la carga de desvirtuar sus alegatos y que constan en la petición suficientes elementos para desestimar este argumento del Estado, además de que sostiene que fueron agotados los recursos internos para la presentación de la denuncia como lo son:  recusación, acusación penal, apelaciones, denuncias y revisión de sentencia.[7] 

37.          En este sentido, la Comisión observa que algunos de los recursos que la peticionaria considera interpuestos ante la jurisdicción interna no fueron directamente interpuestos por ella, sino por otras partes interesadas en el proceso, como lo era la señora Tibisay Díaz.[8] No obstante, esta situación deviene secundaria al observar que es la sentencia condenatoria, de fecha 2 de febrero de 1993, la que directamente afecta a la peticionaria y que provoca la cosa juzgada en materia penal o criminal.  Esta sentencia contra la señora Cardozo  no fue impugnada sino hasta después de prescrita la pena y mediante un recurso de revisión presentado por la señora Cardozo el 30 de junio de 1995. 

38.          En relación con lo expuesto anteriormente, la Comisión analiza si el recurso de revisión interpuesto por la peticionaria constituye un recurso idóneo y efectivo para impugnar las resoluciones en las que, como en el caso en estudio, la peticionaria alega error en la aplicación de las normas jurídicas o en la apreciación de los hechos por parte del Estado; y en el mismo sentido, para el agotamiento de los recursos internos antes de acudir al sistema interamericano.   

39.          El artículo 46(1)(a) de la Convención remite a los “principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos” y éstos no se refieren únicamente a la existencia formal de los recursos, sino también a que sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones estipuladas en el artículo 46(2) de la Convención Americana.  En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: 

64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias.  Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.  Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.[9] 

40.          Un recurso debe ser, además, eficaz; es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido y el hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no demuestra por sí solo la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces, pues podría ocurrir por ejemplo que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado.[10] 

41.          En este sentido, la Comisión observa que la peticionaria tenía acceso a varios recursos idóneos para impugnar la sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, no ejerció ninguna acción legal en contra de la sentencia ya sea directamente o por intermedio de su representante legal.   

42.          La señora Cardozo alega que la defensora pública de reos que se le asignó no fue diligente en su defensa y no ejerció los recursos procesales respectivos, mientras que el Estado considera que fue juzgada en ausencia por su negativa de comparecer en juicio pero siempre contó con la debida representación de un defensor público de presos en un delito que contempla esta posibilidad.  Es criterio de la Comisión que si la señora Cardozo se encontraba inconforme con la decisión del Tribunal, ella tenía la oportunidad de haber ejercitado los recursos que la jurisdicción interna le ofrecía; sin embargo, se mantuvo ausente y no fue sino hasta la prescripción de la pena imputada que solicitó la revisión de la sentencia. 

43.          Por otra parte, se ha establecido que: 

10. La doctrina se ha referido en forma reiterada al recurso de revisión como un recurso excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia hubiese modificado su resultado, o que demostraría la existencia de un vicio sustancial en la sentencia.

11. Los motivos legales previstos como causales del recurso de revisión son de carácter restrictivo, ya que el recurso se dirige siempre contra las resoluciones que han adquirido el efecto de cosa juzgada, es decir, contra las sentencias con carácter definitivo o sentencias interlocutorias  ejecutoriadas que ponen fin al proceso.

12. El recurso de revisión debe fundamentarse en hechos o situaciones relevantes desconocidas en el momento de dictarse la sentencia.  De  ahí que ella se puede impugnar de acuerdo a causales excepcionales,  tales como las que se refieren a documentos ignorados al momento de dictarse el fallo, a la prueba documental, testimonial o confesional declarada falsa posteriormente en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; a la existencia de prevaricación, cohecho, violencia o fraude y a los hechos cuya falsedad se demuestra posteriormente, como sería estar viva la persona que fue declarada desaparecida.[11] 

44.          En la hipótesis más favorable a la peticionaria, su solicitud de revisión podría conducir a que los Tribunales venezolanos se manifestaran sobre la forma, mas no sobre el fondo del proceso que se le había seguido, cuando ya éste carecía de efectos jurídicos al encontrarse prescrita la pena dictada.  Consecuentemente, dicha solicitud no podría resultar en un acto que restableciera su situación o anulara las violaciones alegadas por la presunta víctima. La señora Cardozo interpuso un recurso de revisión que a criterio de la Comisión no cumplía cabalmente con el fin de impugnar la pena impuesta, toda vez que ésta ya había prescrito. 

45.     Por las razones antes expuestas, la Comisión concluye que el recurso de revisión es evidentemente inapropiado para resolver la situación jurídica considerada como infringida.  La Comisión concluye igualmente, que dicha iniciativa no constituye un recurso jurisdiccional en el sentido del artículo 46(1)(a) de la Convención y por lo tanto, tampoco cumple con el requisito de los seis meses del artículo 46(1)(b) del mismo instrumento porque pasaron más de cuatro años y un mes desde que la sentencia definitiva fue dictada por los tribunales venezolanos hasta que presentó su petición a la Comisión Interamericana.[12] 

V.          CONCLUSIÓN  

46.          De acuerdo con al análisis de la información presentada por ambas partes y su propio análisis de los requisitos de admisibilidad de la denuncia, la Comisión considera, de acuerdo con los artículos 46(1)(a) y (b) de la Convención Americana y 37 y 38 de su Reglamento, que la presente denuncia es inadmisible. 

47.          Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe,  

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

DECIDE: 

1.     Declarar la inadmisibilidad del presente caso. 

2.     Transmitir el presente informe a la peticionaria y a la República Bolivariana de Venezuela. 

3.     Hacer público el presente informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 3 días del mes de octubre de 2000. (Firmado): Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; Comisionada Marta Altolaguirre, Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.