|
INFORME N° 81/01
CASO
12.228
ALFONSO
MARTÍN DEL CAMPO DODD
MÉXICO
10
de octubre de 2001
I.
RESUMEN
1.
El 13 de julio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió
una denuncia presentada por Alfonso Martín del Campo Dodd en la cual
se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el Estado”)
por su detención ilegal y tortura, así como su posterior condena
a 50 años de prisión en un juicio sin respeto de las normas de debido
proceso, que incluye la utilización de una confesión obtenida bajo tortura.
En una posterior comunicación se presentaron como peticionarios
Acción de los Cristianos contra la Tortura (ACAT) el Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Abogados por los Derechos
Humanos (Lawyers Committee for Human Rights).
2.
Los peticionarios alegan que
los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención
Americana”): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad
personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); y protección
judicial (artículo 25) y que se han cumplido todos los requisitos de
admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional.
El Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones
de la Convención Americana, pues el señor Martín del Campo tuvo acceso
a varios tribunales y procedimientos en los que se respetaron las normas
de debido proceso y no se estableció que fuera torturado, y su condena
judicial tiene carácter de cosa juzgada que no puede ser revisada por
la CIDH. En consecuencia,
el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible
la petición.
3.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en
este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos
en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la
decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo
a la supuesta violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención
Americana.
II.
TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
4.
El señor Martín del Campo remitió documentación adicional en
comunicación de 17 de julio de 1998, que fue contestada por la Comisión
Interamericana el 10 de agosto de 1998 con una solicitud de información
adicional acerca de los requisitos de admisibilidad previstos en los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
La comunicación de los peticionarios de 27 de octubre de 1999
fue transmitida al Estado mexicano el 4 de noviembre de 1999 bajo el
número 12.228. El Estado
presentó sus observaciones el 2 de febrero de 2000, las que se trasladaron
a los peticionarios el 17 de febrero del mismo año.
Los peticionarios presentaron observaciones e información adicional
el 13 de abril de 2000, el 22 de marzo de 2001 y el 31 de mayo del mismo
año. Las correspondientes
observaciones adicionales del Estado fueron presentadas el 21 de julio
de 2000, el 21 de abril de 2001 y el 9 de julio de 2001. El 1°
de octubre de 2001 los peticionarios presentaron una comunicación en
la cual informaron acerca de la emisión de la sentencia final sobre
el amparo en México. La
Comisión Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas
partes el 11 de octubre de 2000, durante su 108°
período ordinario de sesiones.
Ambas partes solicitaron prórrogas, que fueron concedidas por
la Comisión Interamericana.
III.
POSICIONES DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A.
Los peticionarios
5.
De acuerdo a los peticionarios, el 29 de mayo de 1992 el señor
Alfonso Martín del Campo Dodd se hallaba durmiendo en su domicilio en
la Ciudad de México, D.F. que compartía con su hermana Patricia Martín
del Campo Dodd, su cuñado Ricardo Zamudio Aldaba y las tres hijas de
dicho matrimonio, cuando lo despertaron gritos de pánico de su hermana
cerca de medianoche. Cuando
intentó acudir a ver lo que sucedía, dos personas desconocidas con la
cabeza cubierta por medias lo golpearon varias veces e intentaron desmayarlo. Luego le ordenaron que se vistiera, lo introdujeron en la valijera
de uno de los autos que estaban en la casa, y condujeron por unos 25
minutos hasta que detuvieron el auto.
El señor Martín del Campo sostiene que luego logró abrir la valijera
del auto y salió a buscar ayuda, hasta que llegó a un puesto de la Policía
Federal de Caminos, en la carretera a Cuernavaca.
6. Conforme a la
denuncia, uno de los policías acompañó al señor Martín del Campo hasta
el vehículo, donde hallaron un guante y un cuchillo, que éste reconoció
como el que habían utilizado los desconocidos para amenazarlo.
Luego fue conducido a su residencia por otro policía, y al llegar
vio que estaba estacionada una ambulancia y se enteró que su hermana
y cuñado habían sido asesinados.
Luego fue llevado a la Delegación Benito Juárez, donde los peticionarios
sostienen que el señor Martín del Campo fue torturado por policías judiciales:
Le
colocaron una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta
bolsa la apretaban con el fin de que le faltara aire, mientras los
policías judiciales iban redactando su versión de los hechos.
Fueron entre 10 y 12 agentes que lo presionaban, asimismo fue
severamente golpeado en el estómago con franelas mojadas así como
en la cabeza. Recibió también golpes con la mano abierta en la cara, dándole
también patadas en los testículos, los policías judiciales se turnaban
para golpearlo, obligándolo a firmar una declaración autoinculpatoria
y a colocar su huella dactilar.
Dentro de dicha declaración arrancada bajo coacción Alfonso
Martín del Campo Dodd reconoce haber asesinado tanto a su hermana
como a su cuñado, señalando también que trató de aparentar un secuestro
para evadir su culpabilidad.
7.
El señor Martín del Campo fue procesado y condenado a 50 años
de prisión por el doble homicidio de su hermana y cuñado.
Los peticionarios alegan que el juicio se llevó a cabo en abierta
violación del debido proceso, fundamentalmente porque la única prueba
en que se sustenta su condena es la declaración que le fue arrancada
bajo tortura y porque no fue asistido por una persona de confianza o
abogado. Las investigaciones
internas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) iniciadas a instancia de la familia del señor Martín del Campo
determinaron en octubre de 1994 que el agente Sotero Galván Gutiérrez
era responsable administrativamente por lo siguiente:
Haberlo
detenido arbitrariamente y por haberlo golpeado, dejando así de salvaguardar
la legalidad y honradez que debe observar realizando actos que implicaron
abuso o ejercicio indebido de su cargo, por no conducirse con buena
conducta en su empleo, por haber violado otras disposiciones jurídicas
relacionadas con el servicio público como el Manual Operativo de la
Policía Judicial, porque no respetó los principios de legalidad y
constitucionalidad del quejoso, porque no se abstuvo de usar la fuerza
y no salvaguardó los derechos fundamentales [del señor Martín del
Campo].
8. Los peticionarios
sostienen que la defensa de la presunta víctima presentó numerosos recursos
en la jurisdicción interna: denuncia penal por tortura de 11 de mayo
de 1995; proceso 57/92 ante el Juzgado 55 Penal contra Alfonso Martín
del Campo Dodd; recurso de apelación ante la Octava Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal; juicio de amparo ante la
Octava Sala del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito
Federal; y finalmente, el reconocimiento de inocencia declarado improcedente
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 6 de abril
de 1999. Además presentaron
recursos no jurisdiccionales consistentes en quejas ante la Contraloría
Interna de la PGJDF; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Los peticionarios consideran que las evidencias presentadas en
todas las instancias mencionadas eran suficientemente contundentes como
para que se remediara la situación de Alfonso Martín del Campo Dodd,
pero ninguna de ellas revirtió la injusticia denunciada.
En consecuencia, sostienen que han cumplido con los requisitos
que establecen los artículos 46 y 47 de la Convención Americana a efectos
de la admisibilidad de las peticiones.
B.
El Estado
9.
En su primera respuesta sobre la petición bajo estudio, el Estado
realiza un resumen del trámite de la acción penal contra el señor Martín
del Campo, dentro del cual estima que la defensa de la presunta víctima
tuvo “el derecho de agotar todos los medios de prueba que consideraran
necesarios a fin de desacreditar su probable responsabilidad”.
Agrega que el juez valoró “los elementos a su disposición y con
fundamento en la legislación aplicable...determinó la culpabilidad del
procesado e impuso una sentencia de 50 años de prisión”.
Alude el Estado al recurso de apelación que confirmó la sentencia
recurrida y al amparo interpuesto por la defensa del señor Martín del
Campo, que fue denegado por “inexistencia de violación a garantías”.
El Estado mexicano menciona igualmente el recurso de reconocimiento
de inocencia que fue declarado improcedente el 29 de abril de 1999 y
las quejas ante la CNDH y la CDHDF y cita los trámites realizados y
la documentación que le llevan a la conclusión de que “no hay evidencia
médico legal de que Alfonso Martín del Campo Dodd haya sido objeto de
actos de tortura por parte de servidores públicos”.
10.
La posición del Estado mexicano en su respuesta a la Comisión
Interamericana es que “para
las autoridades jurisdiccionales este asunto ha sentado cosa juzgada”
y que tanto la CNDH como la CDHDF investigaron el asunto y “concluyeron
que no existen elementos que permitan suponer una posible violación
de los derechos humanos del Sr. Martín del Campo”.
(énfasis en el original). El
Estado mexicano pidió que la Comisión Interamericana declarara inadmisible
la petición con base en que no se configuraron posibles violaciones
de la Convención Americana. Dicha
posición fue reiterada en su comunicación de 21 de julio de 2000, en
la cual sostiene que “la CIDH
no debe ser una cuarta instancia adicional a los mecanismos jurisdiccionales
de los Estados” (énfasis en el original) y que la cuestión denunciada
a la Comisión Interamericana ha pasado en autoridad de cosa juzgada
según el artículo 23 de la Constitución Federal mexicana que dispone
que “ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias”.
11.
Sin embargo, en su comunicación de 21 de abril de 2001 a la Comisión
Interamericana, el Estado manifiesta que habían recursos de la jurisdicción
interna pendientes de agotar.
Dicha posición se reitera en la siguiente comunicación de 9 de
julio de 2001.
IV.
ANÁLISIS
A.
Competencia ratione personae, ratione
materiae, ratione temporis y ratione
loci de la Comisión Interamericana
12.
Los peticionarios se encuentran facultados
por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias
ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a personas
individuales, respecto a quienes México se comprometió a respetar y
garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana.
En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es
parte en la Convención Americana desde el 24
de marzo de 1981, fecha en que se depositó
el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión
tiene competencia ratione personae
para examinar la petición.
13. La Comisión tiene
competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan
violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían
tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado.
Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione
temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos
protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para
el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en
la petición. Finalmente,
la Comisión es competente ratione materiae, debido a que en la petición se denuncian violaciones
de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
B.
Otros requisitos de admisibilidad
de la petición
a.
Agotamiento de los recursos internos
14.
Se ha planteado en el caso bajo análisis una controversia respecto
al agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde
a la Comisión Interamericana una determinación en tal sentido.
15.
En la primera oportunidad procesal que tuvo el Estado mexicano,
es decir en su respuesta de 2 de febrero de 2000 a la petición transmitida
por la Comisión Interamericana, no hizo referencia alguna a recursos
internos pendientes en México.
La segunda oportunidad se verificó en la nota de 21 de julio
de 2000, con la cual respondió a las observaciones de los peticionarios;
tampoco en esta ocasión el Estado planteó la excepción prevista en el
artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. El 21 de julio de 2001, en su tercera comunicación a la CIDH
sobre la petición, el Estado sostiene que “como resultado de la audiencia
ante esa Honorable Comisión el 11 de octubre de 2000, quedó de manifiesto
que había recursos de jurisdicción interna que no habían sido agotados
en el presente asunto”.
16.
El Estado alega en tal sentido que los recursos internos han
estado en todo momento disponibles a los peticionarios.
Sostiene
que no se agotaron los recursos internos respecto a los hechos de tortura
denunciados a la CIDH, pues la defensa del señor Martín del Campo Dodd
no interpuso el amparo, recurso idóneo y efectivo para cuestionar la
decisión del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal por
tales hechos. Sostiene
además que sigue pendiente el recurso de
revisión contra el amparo planteado para revocar la decisión que rechaza
el reconocimiento de inocencia.
El Estado mexicano “se
reserva el derecho de proporcionar
consideraciones adicionales sobre la admisiblidad
de la petición y
el fondo de la misma, una vez que sea resuelto de manera definitiva el juicio de amparo a que se hace referencia”.
17. Los peticionarios
sostienen que la jurisdicción interna en México se agotó con la sentencia
de 29 de abril de 1999 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal que rechazó el reconocimiento de inocencia de Alfonso Martín
del Campo Dodd. En cuanto
al amparo que fue rechazado y el recurso de revisión contra dicha decisión,
los peticionarios han sostenido en todo momento que siguieron presentando
acciones jurídicas con la salvedad de que no constituían recursos a
ser agotados, de acuerdo a la jurisprudencia del sistema interamericano
en la materia. En su comunicación
de 1°
de octubre de 2001, los peticionarios pusieron en conocimiento de la
CIDH que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
había emitido el 3 de septiembre de 2001 la sentencia que rechaza el
amparo planteado por los representantes del señor Martín del Campo.
18.
La Comisión Interamericana observa que el Estado mexicano no
invocó en la petición bajo estudio la falta de agotamiento de los recursos
internos en las primeras etapas del procedimiento.
Por el contrario, lo hizo solamente en su tercera presentación
a la CIDH, luego de una audiencia y transcurrido más de un año desde
su primera comunicación sobre el asunto.
19.
La Corte Interamericana ha establecido reiteradas veces que la
excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, para ser
oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento,
a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma
por parte del Estado interesado.
Por lo tanto, la Comisión Interamericana considera que el Estado
mexicano renunció en este asunto a la excepción de falta de agotamiento
de los recursos internos, ya que no la presentó dentro de los plazos
legales establecidos, y tampoco lo hizo en la primera oportunidad procesal
que tuvo, es decir, en su respuesta a la petición que dio inicio al
trámite.
b.
Plazo de presentación
20.
En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia
tácita del Estado mexicano a su derecho de interponer la excepción de
falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta
aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de
recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de
la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si
la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
En tal sentido, la CIDH observa que la comunicación original
del señor Martín del Campo Dodd fue recibida el 13 de julio de 1998,
con anterioridad a la interposición del recurso de reconocimiento de
inocencia. En virtud de
las circunstancias particulares de la petición bajo análisis, la CIDH
considera que fue presentada dentro de un plazo razonable.
c.
Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
21.
El expediente de la petición no contiene información alguna que
pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente
de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente
decidido por la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones
previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención
Americana.
d.
Caracterización de los hechos alegados
22.
La CIDH considera que los hechos alegados, en caso de resultar
ciertos, caracterizarían violaciones de los derechos garantizados en
los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana.
V.
CONCLUSIONES
23.
La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para
conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad
con los artículos 46 y 47
de la Convención Americana. Con
fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:
1.
Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas
violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 7, 8 y 25
de la Convención Americana.
2.
Notificar
esta decisión a las partes.
3.
Continuar
con el análisis de fondo de la cuestión, y
4. Publicar
esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General
de la OEA.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre de
2001. (Firmado): Claudio Grossman, Presidente; Juan E. Méndez, Primer
Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Hélio Bicudo,
Robert K. Goldman, Peter Laurie, y Julio Prado Vallejo, Comisionados.
|
