EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura
España
430. El Comité examinó el segundo informe periódico de
España (CAT/C/17/Add.10) en sus sesiones 145ª y 146ª, celebradas
el 23 de abril de 1993 (véanse CAT/C/SR.145 y 146 y Add.4).
431. El representante del Estado Parte completó oralmente el informe
precisando que, a raíz de la reciente disolución del Parlamento,
el nuevo Gobierno seguiría ocupándose del proyecto de ley relativo
a un nuevo Código Penal en el informe, de conformidad con el artículo
115 de la Constitución.
432. Los miembros del Comité lamentaron que el informe incluyese, en
general, menos información sobre los diferentes artículos de la
Convención y su aplicación en la práctica que el informe
inicial.
433. En cuanto al marco constitucional y jurídico de aplicación
de la Convención, los miembros del Comité dijeron que deseaban
recibir información complementaria sobre el rango de la Convención
dentro del ordenamiento jurídico español; y sobre las relaciones
existentes entre la policía, el ministerio público y el poder
judicial, en particular en lo que toca a cuestiones relativas a la seguridad.
El Comité se preguntó si se habían presentado a la Comisión
Europea de Derechos Humanos casos relativos a la esfera de aplicación
de la Convención; si se preveía publicar el acta de la visita
efectuada a España en abril de 1991 por el Comité Europeo para
la Prevención de la Tortura; y si España se proponía volver
a realizar aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones
Unidas para las Víctimas de la Tortura, como lo había hecho desde
1987 hasta 1989.
434. En cuanto al artículo 1, leído conjuntamente con el artículo
4 de la Convención, los miembros del Comité estimaron que los
artículos 204 bis y 551 del Código Penal español eran de
alcance más limitado que la definición del artículo 1 de
la Convención al no incluir, por ejemplo, la tortura infligida con fines
punitivos. Preguntaron si el Tribunal Constitucional había aplicado las
disposiciones de la Convención, sin limitarse a mencionarla solamente
en el texto de sus decisiones. También se pidieron aclaraciones con respecto
a la aplicación del artículo 582 del Código Penal.
435. A propósito del párrafo 1 del artículo 2 y de los
artículos 4 y 11 de la Convención tomados en conjunto, los miembros
del Comité se refirieron a ciertas informaciones recibidas de fuentes
no gubernamentales sobre casos de presunta violación de algunas disposiciones
de la Convención. Así pues, se solicitaron aclaraciones con respecto
a las denuncias de malos tratos infligidos a personas privadas de su libertad,
en cárceles o comisarías, en especial durante los interrogatorios.
Además, se solicitaron aclaraciones con respecto a denuncias de que,
al parecer, se dictaban sistemáticamente penas sumamente leves, generalmente
con suspensión de su aplicación, contra los funcionarios del Estado
culpables de actos de tortura. Asimismo, el Comité se preguntó
de qué manera los ascensos o traslados con el mismo grado de agentes
de la fuerza pública condenados por actos de tortura podían conciliarse
con el espíritu de la Convención y las decisiones pertinentes
del Tribunal Supremo.
436. Los miembros del Comité solicitaron pormenores con respecto a la
aplicación del artículo 3 de la Convención en los casos
mencionados en el párrafo 15 del informe sobre un centenar de personas
procedentes del Africa central que, según parece, fueron autorizadas
provisionalmente a instalarse en territorio español en espera de una
solución definitiva. Asimismo preguntaron cómo se aseguraban las
autoridades españolas de que las personas rechazadas o expulsadas no
serían sometidas a tratos crueles o inhumanos al volver a sus países.
437. También se pidieron aclaracionens sobre la aplicación de
los artículos 5 a 7 de la Convención.
438. Se solicitó información complementaria sobre la aplicación
de los artículos 8 y 9 de la Convención.
439. Con respecto al artículo 10 de la Convención, los miembros
del Comité manifestaron su deseo de recibir información complementaria
sobre la formación del personal encargado de hacer cumplir la ley y del
personal médico, y sobre las medidas adoptadas para divulgar lo más
ampliamente posible las disposiciones de la Convención.
440. En cuanto al artículo 11 de la Convención, los miembros del
Comité pidieron información sobre la aplicación concreta
de la instrucción relativa a la asistencia médica obligatoria
a los detenidos, promulgada por el Ministerio del Interior en junio de 1981.
Subrayaron que las condiciones de detención en las cárceles españolas
podían asimilarse algunas veces a tratos crueles o inhumanos y mencionaron
al respecto las condiciones sanitarias que imperaban en ellas, la falta de ventilación
y, la superpoblación carcelaria, las medidas reiteradas de aislamiento
prolongado, la incomunicación de los sospechosos durante cinco días,
los traslados frecuentes de una cárcel a otra, dificultando así
las visitas de los familiares y la clasificación arbitraria de los detenidos
aún no inculpados en la categoría de "primer grado".
Preguntaron qué medidas se habían adoptado para que cada detenido
dispusiera de la nota de información sobre los derechos de las personas
detenidas, mencionada en el informe; y cómo se ejercía en la práctica
la vigilancia sistemática de los métodos y prácticas de
interrogación. Asimismo, se solicitaron pormenores sobre las garantías
previstas respecto a la incomunicación de los sospechosos de pertenecer
a un grupo armado, en particular el derecho de acceso a un abogado.
441. A propósito de los artículos 12 y 13 de la Convención,
los miembros del Comité desearon que se les facilitara información
estadística sobre el número de investigaciones de oficio, de investigaciones
de denuncias, de juicios y condenas en casos de tortura o malos tratos. Se refirieron
a un informe del Defensor del Pueblo, anexo al informe inicial, en el que se
deploraba la lentitud del procedimiento judicial y preguntaron qué medidas
se habían adoptado para agilizar la justicia en el examen de cuestiones
relativas a casos de tortura o malos tratos. Pidieron detalles sobre el funcionamiento
de los Tribunales Provinciales, en particular a la luz de un decreto por el
que se declaraban inconstitucionales ciertas disposiciones que les incumbían.
442. En cuanto al artículo 14 de la Convención, los miembros del
Comité pidieron aclaraciones sobre las condiciones en que la víctima
de un acto de tortura podía obtener reparación, en especial cuando
el culpable de la infracción era un agente de la autoridad; y en qué
condiciones intervenía la responsabilidad subsidiaria del Estado o de
otro organismo de derecho público.
443. Los miembros del Comité solicitaron aclaraciones con respecto a
un fallo del Tribunal Constitucional de fecha 15 de abril de 1991 en el que,
según parece, no se aplicaron las disposiciones del artículo 15
de la Convención; y con respecto al párrafo 27 del informe, que
no parece excluir completamente la admisibilidad de las declaraciones obtenidas
bajo tortura.
444. En su respuesta, el representante del Estado Parte manifestó que
la publicación del informe del Comité Europeo para la prevención
de la tortura, redactado a raíz de su visita a España, estaba
pendiente de una decisión política del Consejo de Ministros. Añadió
que España seguía contribuyendo al Fondo de Contribuciones Voluntarias
de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y que para el
año de 1992 había duplicado efectivamente su aportación.
445. Con respecto a los presuntos malos tratos de que informan las organizaciones
no gubernamentales, el representante del Estado Parte describió brevemente
varios casos de supuestos malos tratos por parte de la policía en Benidorm,
Ibiza y Mallorca. El Ministerio Público inició de inmediato sendas
investigaciones: en un caso, se afirmaba que un oficial de la policía
local se había excedido en el uso de la fuerza, y en otro caso, se acusaba
a un sargento de un delito sancionable con una pena de hasta dos años
de cárcel. En ninguna circunstancia se permite que un funcionario público
se exceda de sus atribuciones, y de ser así las sanciones impuestas son
mucho más graves que las que se impondrían por los mismos actos
a un particular.
446. Los indultos concedidos respecto de actos de tortura no implicaban ninguna
complicidad por parte de las autoridades respecto de los delitos cometidos por
los funcionarios. En un caso en el que estaban implicados algunos miembros de
la guardia civil, se concedió el indulto habida cuenta del período
de 12 años transcurrido desde que se cometió el delito y de conformidad
con la política de reinserción social. Sin embargo, los funcionarios
de que se trataba habían sido destituidos de sus cargos, aunque no privados
de su libertad. La suspensión de la sentencia en los casos en que la
sanción era menor de un año no era automática y se exigía
para ello la decisión de un órgano judicial. En un caso, el órgano
judicial ordenó que se cumpliera la sentencia de cárcel de cuatro
meses dictada contra un miembro de la guardia civil.
447. Con respecto a los artículos 1 y 4 de la Convención, el representante
hizo hincapié en que cualquier forma de trato degradante o cruel infligido
como castigo se consideraba tortura y se sancionaba en consecuencia, y que las
inquietudes del Comité respecto de los artículos 204 y 551 del
Código Penal se tendrían debidamente en cuenta en el nuevo proyecto
de ley que debía redactarse en breve en España.
448. Refiriéndose al artículo 3 de la Convención, el representante
subrayó que la ubicación geográfica de España alentaba
a muchos inmigrantes ilegales a solicitar asilo. Sin embargo, no había
habido casos de racismo o tortura contra los inmigrantes o extranjeros. Si no
se concedía el derecho de asilo a una persona, se la devolvía
a su país de origen.
449. Con referencia al artículo 10 de la Convención, el representante
explicó que los funcionarios de prisiones, los miembros de la guardia
civil y los médicos, recibían cursos de derechos humanos, especialmente
en relación con la prohibición de la tortura.
450. Refiriéndose al artículo 11 de la Convención, el representante
explicó que el período máximo de incomunicación
era de 72 horas para delitos comunes. En el caso de delitos atribuibles al crimen
organizado (narcotraficantes y terroristas), podía detenerse a una persona
hasta cinco días. En esos casos, no se contactaba a los parientes del
detenido, y no se ejercía el derecho a la asistencia de un abogado de
su elección mientras no se hubiera informado a un juez; sin embargo,
desde un principio se contaba con la presencia de un abogado de oficio especializado
en casos de narcotráfico o terrorismo, y todo médico elegido por
el detenido podía preparar un informe totalmente independiente. Con todo,
independientemente del carácter del presunto delito, se respetaban plenamente
los derechos de todos los detenidos. Explicó además que se estaba
juzgando a la sazón en España a dos abogados acusados de actuar
como intermediarios de una organización terrorista, y que se iba a juzgar
a un tercer abogado acusado de recibir dinero procedente de un rescate. La distribución
en cárceles separadas de los miembros detenidos de una banda armada es
una política reconocida por órganos internacionales como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, como un derecho que podían ejercer las autoridades
nacionales si lo estimaban conveniente. Añadió que la Comisión
Europea de Derechos Humanos no había recibido queja alguna de ningún
miembro de grupos terroristas o de narcotraficantes.
451. A las personas detenidas se les informaba de inmediato acerca de todos
sus derechos, incluido el derecho a mantener el silencio y, a los servicios
de un abogado y de un médico, y no podía procederse a ningún
interrogatorio sin la presencia del abogado del detenido. El detenido tiene
que certificar que ha sido informado de sus derechos al conducírsele
a la comisaría y, posteriormente, en presencia de su abogado. Al ingresar
en la cárcel se somete a los presos a un examen médico completo
y, si así lo desean, a una prueba para el SIDA. En cada cárcel
el director médico tiene que verificar diariamente la salud física
y mental de los presos incomunicados y en caso de enfermedad se suspende ese
castigo.
452. El régimen carcelario de España está a la altura de
las más elevadas normas internacionales. Por ejemplo, una de sus disposiciones
es que no puede imponerse ninguna pena a un preso cuando haya alguna actuación
pendiente que afecte a las autoridades penitenciarias. La Secretaría
General de asuntos penitenciarios actúa constantemente para erradicar
toda posibilidad de mal trato de los presos y para descubrir cualesquiera casos
de esa índole. La Oficina del Defensor del Pueblo, que hasta la fecha
sólo había recibido dos quejas a ese respecto, hizo comentarios
favorables acerca de la rapidez y la eficacia de la labor de aquélla.
453. Con respecto a los artículos 12 y 13 de la Convención, el
representante dijo que el artículo 24 de la Constitución prohibía
las dilaciones indebidas en el enjuiciamiento de funcionarios acusados de tortura
y malos tratos. La indemnización por dilaciones anormales en la Administración
de Justicia era un derecho establecido en virtud del artículo 121 de
la Constitución y en virtud del artículo 292 de la ley orgánica
pertinente. Sin embargo, no había habido denuncia alguna por demoras
en la administración de justicia respecto de presuntos casos de tortura.
454. En relación con el artículo 15 de la Convención, el
representante explicó que los tribunales no atribuían valor alguno
a las declaraciones obtenidas bajo tortura y que para condenar a un acusado
se precisaba otra índole de pruebas.
Conclusiones y recomendaciones
455. El Comité agradeció al Gobierno de España su informe
y las respuestas ofrecidas por su delegación.
456. El Comité reiteró las preocupaciones que había expresado
al terminar su examen del informe inicial, en especial respecto de la necesidad
de que se castigaran con igual firmeza todos los delitos especificados en el
artículo 1 de la Convención, y de la conveniencia de la aplicación
general de las normas procesales relativas al régimen de incomunicación
y a la elección de un abogado de confianza.
457. El Comité también expresó su preocupación por
el aumento del número de denuncias de tortura y malos tratos; las demoras
en la tramitación de esas denuncias; y por la aparente impunidad de que
han gozado varios torturadores.
458. El Comité acogió con agrado la cooperación del Estado
Parte y expresó su confianza en que España adoptaría medidas
para mejorar el cumplimiento de la Convención.