Decisión del Comité contra la Tortura en virtud del

artículo 22 de la Convención contra la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

- 15º período de sesiones -

Comunicación No. 23/1995

Presentada por: Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Presunta víctima: X [nombre suprimido]

Estado parte: España

Fecha de la comunicación: 20 de enero de 1995

El Comité contra la Tortura, establecido en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 15 de noviembre de 1995,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre admisibilidad

1. El autor de la comunicación es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en nombre de X, ciudadano de Argelia, nacido el 20 de febrero de 1958. Se alega que fue víctima de una violación por parte de España del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por haber sido devuelto a Argelia el 24 de noviembre de 1994.

Los hechos expuestos por el autor

2.1 El 15 de noviembre de 1993 X ingresó en territorio español por la ciudad de Melilla y viajando con un pasaporte francés falso. Fue detenido por la policía y declaró que deseaba trasladarse a Alemania. El 16 de diciembre de 1993 compareció ante un tribunal acusado de falsificación de documentos y fue puesto en libertad provisional.

2.2 El 11 de enero de 1994 X solicitó asilo declarando que era miembro del proscrito Frente Islámico de Salvación (FIS) en Sidi Bel-Abbes, que las fuerzas de seguridad se habían presentado en su domicilio buscándole, que temía ser condenado a muerte si era detenido.

2.3 El 3 de octubre de 1994 la solicitud presentada por X para que se le reconociese la condición de refugiado fue rechazada por el Ministro de Justicia, ordenándosele que abandonara el país en el plazo de 15 días. El 13 de octubre de 1994 X se dirigió a la Audiencia Nacional pidiendo que se revisara la citada decisión y solicitando la suspensión de la orden de expulsión. El 9 de noviembre de 1994 X se dirigió por carta al Ministro de Justicia solicitando que, si su presencia en España llegaba a considerarse indeseable, se le enviase a un tercer país.

2.4 La noche del 22 al 23 de noviembre de 1994 X fue detenido por la policía en su domicilio y la mañana del 23 de noviembre de 1994, a las 11.00 horas, fue conducido a bordo de un avión con destino a Málaga y Madrid, desde donde sería expulsado a Argelia. La CEAR señala que, a pesar de los numerosos esfuerzos realizados, no le ha sido posible obtener información sobre el paradero de X con posterioridad al 23 de noviembre de 1994.

2.5 La CEAR indica que la cuestión no se ha sometido a ningún otro procedimiento de investigación o arreglo internacional, y que X ha agotado todos los recursos existentes.

La denuncia

3. La CEAR sostiene que las autoridades españolas han violado el artículo 3 de la Convención al enviar a X de regreso a Argelia, a pesar de que éste era miembro del FIS. Se afirma que las autoridades españolas no tuvieron en cuenta la existencia en Argelia de una situación de violaciones sistemáticas brutales, flagrantes y masivas de los derechos humanos. Se hace referencia a las informaciones de prensa que señalan que en Argelia continúan violándose los derechos humanos.

Observaciones del Estado parte

4.1 En sus observaciones de fecha 30 de junio, 6 y 13 de octubre de 1995 el Estado parte rechaza las alegaciones de la CEAR, como falsas e inexactas. Según se afirma, entró ilegalmente en territorio español el 14 de noviembre de 1993, habiendo cruzado la alambrada cerca de la frontera de Beni-Enzar. Con anterioridad había salido de Argelia y cruzado Marruecos. El día 15 de noviembre fue detenido cuando pretendía embarcar de Melilla hacia la Península Ibérica, sirviéndose de un pasaporte falso de la República de Francia. No manifestó en ese momento que su intención era pedir asilo político, sino que quería trabajar en Alemania. Estas declaraciones, prestadas con asistencia de abogado y auxilio de intérprete, las realizó tras haber sido informado de sus derechos, diligencia en la que consta su deseo de comunicar la detención al Consulado de Argelia.

4.2 La comunicación no menciona que hubo un procedimiento de expulsión, en presencia de abogado con asistencia de intérprete. Expresamente se le notificó que tenía un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El Estado parte subraya que X no alegó absolutamente nada en el trámite de audiencia del expediente de expulsión, conducta que no se explica si la persona teme ser perseguida o torturada en su país.

4.3 El 15 de diciembre, un mes después de su detención, se decreta su expulsión, que no se lleva a efecto por existir causa judicial pendiente. El 16 de diciembre el juez penal dicta sentencia y X es puesto en libertad. X no presenta solicitud de asilo en España hasta el 11 de enero de 1994, ocho semanas después de haber entrado en territorio español, cuando se iba a llevar a efecto la expulsión. Es en ese momento cuando por primera vez afirma pertenecer al FIS. Presenta una atestación sin fecha ni lugar de emisión, examinada por los expertos del Estado parte, los que manifestaron dudas sobre su autenticidad. Alega sin prueba alguna, que las autoridades del Gobierno argelino "determinaron su detención" y en aparente contradicción "que está condenado por delito de carácter político", sin explicar el delito o cuándo y por qué tribunal fue condenado.

4.4 Tras la presentación de la solicitud de asilo se le concede un plazo de 15 días para que alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. No lo hizo. Dicha solicitud de asilo fue comunicada al representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual no presentó ningún informe, verbal o escrito, sobre el expediente.

4.5 Casi ocho meses después, en vista de la ausencia de documentación a favor de X, se deniega la concesión de asilo el 31 de agosto de 1994. El 3 de octubre de 1994 se le notificó que tendría que salir del territorio español dentro de un plazo de 15 días. No habiendo cumplido la salida obligatoria, se solicita autorización para su expulsión al juez No. 2 de lo Penal de Melilla, quien accede el 27 de octubre de 1994 y se procede a su expulsión el 24 de noviembre de 1994, de conformidad con la resolución de la Dirección General de la Seguridad del Estado y confirmada por el juez competente, siendo X trasladado por avión de vuelta a Argelia.

5.1 Con respecto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado parte sostiene que a lo largo de su conducta en España X no proporcionó "motivos serios para creer que arriesga ser sometido a tortura" en caso de expulsión.

5.2 Además el Estado parte pone en cuestión la autorización de la CEAR para representar a X ante el Comité, en vista de que el poder presentado se limita a la representación de X para motivos administrativos en España y no constituye un poder general que autorice a la CEAR a presentar una comunicación de conformidad con el artículo 22 de la Convención contra la Tortura.

Comentarios del abogado del autor

6.1 En sus comentarios de fechas 11 de septiembre y 9 de noviembre de 1995 el abogado de la CEAR confirma su autoridad para actuar en nombre de X, quien se había puesto en contacto con la CEAR el 16 de diciembre de 1993 y había sido asesorado por los abogados Arias Herrera y Pellicer Rodríguez. El abogado de la CEAR confirma su autorización para representar a X y envía copia del poder de fecha 14 de noviembre de 1994.

6.2 Con respecto a los hechos la CEAR repite que X temía la persecución en su país por ser miembro del FIS.

Cuestiones y procedimiento ante el Comité

7.1 Antes de examinar cualquiera de las denuncias contenidas en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si ésta es admisible o no con arreglo al artículo 22 de la Convención.

7.2 Si bien el texto del mandato que se acompaña no especifica la actuación ante el Comité, se aceptan en el caso las explicaciones de la CEAR para ejercer la representación de X.

7.3 El Comité ha examinado las reclamaciones presentadas por la CEAR ante las autoridades españolas en relación con el procedimiento de asilo y ante el Comité de conformidad con el artículo 22 de la Convención. El Comité señala que su competencia no se extiende a determinar si el reclamante tiene o no derecho al asilo de conformidad con las leyes nacionales de un país o si puede acogerse a la protección de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado. De conformidad con el artículo 3 de la Convención, el Comité determina si una expulsión o extradición puede exponer a la persona al peligro de ser sometido a tortura.

7.4 El Comité toma nota de que a lo largo de un año de procedimientos en España los representantes de X argumentaron solamente en torno al asilo y no invocaron el derecho protegido por el artículo 3 de la Convención. Tampoco han sido presentadas al Comité evidencias serias que permitan presumir que X corría el riesgo de ser torturado en caso de ser expulsado a Argelia. No se alega que X haya sido detenido o torturado en Argelia antes de su partida a Marruecos y España; no se indica qué actividades concretas desarrollaba en el FIS que justificaran el temor de ser torturado En los dictámenes del Comité con respecto a las comunicaciones No. 13/1993 (Mutombo c. Suiza) y No. 15/1994 (Kahn c. Canadá), ambos autores alegaron y presentaron evidencia médica y otros documentos para fundamentar que habían sido detenidos y torturados antes de fugarse de sus respectivos países. Por el contrario, con abogado e intérprete dijo X en su primera declaración ante las autoridades de Melilla que sus intenciones eran ir a buscar trabajo en Alemania, declaración cuya veracidad no fue cuestionada durante el procedimiento de asilo en España.

7.5 El Comité concluye que la comunicación en nombre de X no ha sido suficientemente fundada en torno a la invocada violación del artículo 3 de la Convención Cf. Decisiones en los casos No. 17/1994 (X c. Suiza) y No. 18/1994 (X c. Suiza), declaradas inadmisibles el 17 de noviembre de 1994., sino que plantea un caso de asilo político, lo que hace que la comunicación sea incompatible con el artículo 22 de la Convención.

8. Por consiguiente, el Comité decide:

a) Que la comunicación es inadmisible;

b) Que esta decisión sea comunicada al autor y al Estado parte.

[Hecha en español, francés, inglés y ruso, siendo la española la versión original.]