Argentina
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero
de la Argentina (CEDAW/C/ARG/2 y Add. 1 y 2 y CEDAW/C/ARG/3) en sus sesiones
355ª y 356ª, celebradas el 22 de julio de 1997 (véase CEDAW/C/SR.355
y 356).
En su presentación del informe, la representante de la Argentina señaló
que se habían efectuado profundas transformaciones en el país
desde 1989, cuando el Gobierno Nacional había asumido el poder. Desde
entonces, los programas de salud, educación y bienestar social se habían
trasladado a las provincias con el objeto de fortalecer el sistema federal.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 había representado
un paso importante hacia el logro de la igualdad de la mujer argentina. Se había
asignado rango normativo constitucional a muchos de los tratados de derechos
humanos, incluida la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, por lo que se les consideraba
complementarios de los derechos reconocidos en el texto de la Constitución.
Además, la Constitución promovía la acción positiva
para lograr la igualdad de jure y de facto de la mujer y reafirmaba la necesidad
de un régimen especial de seguridad social que amparara a la mujer durante
el embarazo y la lactancia.
La representante observó que el Consejo Nacional de la Mujer había
aplicado una política decidida de vigilancia de la aplicación
de la Ley de Cupos que lo había llevado incluso a interponer acciones
judiciales para pedir que no se reconocieran oficialmente las listas de partidos
políticos que no cumplieran las disposiciones de la ley.
La representante destacó también el lugar destacado que ocupaba
en la jerarquía institucional el Consejo Nacional de la Mujer, que tiene
rango ministerial e informa directamente al Presidente de la Nación.
El Consejo se había propuesto en fecha reciente descentralizar sus estructuras,
reforzando los mecanismos en las provincias. Hasta la fecha se habían
establecido 24 consejos provinciales de la mujer en 9 de las 24 provincias del
país. El Consejo Nacional también proporcionaba asistencia técnica
y capacitación para reforzar los mecanismos provinciales.
En cuanto a la situación laboral de la mujer, el Consejo Nacional de
la Mujer había establecido una estrecha colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social a fin de promover la participación de la
mujer en el mercado de trabajo.
Con el objeto de lograr una mayor difusión de la información sobre
los derechos de la mujer, el Consejo Nacional de la Mujer había distribuido
gratuitamente 35.000 ejemplares de una revista bimensual y un CD-ROM con información
sobre legislación nacional e internacional de interés para la
mujer, que incluía la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Plataforma de
Acción de Beijing.
La representante informó al Comité de las medidas que se habían
adoptado para prevenir la violencia en la familia y prestar asistencia a las
víctimas de la violencia. Con ese propósito se habían establecido
centros de información y asesoramiento y servicios de atención
telefónica permanentes. En un acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional
de la Mujer y el Ministerio de Justicia se propuso crear un programa de capacitación
para los asesores y funcionarios que atienden a las víctimas de la violencia.
En colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Consejo Nacional de la Mujer había iniciado un programa
nacional de capacitación sobre la violencia contra la mujer.
La representante afirmó que, en todos los niveles de enseñanza,
más del 50% de los alumnos eran mujeres. El Ministerio de Educación
y Cultura había establecido una entidad especial encargada de los asuntos
de la mujer, cuyas funciones comprendían la revisión de los programas
de estudio, la capacitación de personal en las provincias y la administración
de un concurso de investigación sobre la mujer en el sistema educativo.
La representante indicó que la salud de la mujer había mejorado
en el último decenio. La esperanza de vida de las mujeres superaba por
un margen cada vez mayor a la de los hombres y se habían reducido las
tasas de mortalidad derivada de la maternidad. El Ministerio de Salud había
iniciado programas de capacitación para promover la salud de la mujer.
Con el objeto de prestar asistencia a la mujer rural, en 1989 se puso en marcha
un proyecto para ofrecer capacitación y facilidades de crédito
a las agricultoras.
La Secretaría de Recursos Naturales había declarado su determinación
de incorporar una perspectiva de género en todos sus programas y políticas,
de conformidad con lo previsto en la Plataforma de Acción de Beijing.
La representante informó al Comité que se habían adoptado
medidas para la plena aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones para las Amas de Casa, aprobado mediante la Ley 24.828. Además,
se habían presentado al Congreso Nacional proyectos de ley para reglamentar
las relaciones laborales y el régimen de pensiones de las mujeres empleadas
en el servicio doméstico.
Para concluir, la representante observó que se estaban preparando instrumentos
jurídicos para garantizar a las mujeres el pago de alimentos. Un proyecto
de ley por el cual se establecería un registro nacional de evasores del
pago de alimentos había sido aprobado por la Cámara de Representantes
y se encontraba en esos momentos ante el Senado.
Observaciones finales del Comité
Introducción
El Comité expresó su agradecimiento por las respuestas exhaustivas
proporcionadas por el Gobierno de la Argentina a todas las preguntas enviadas
con antelación, así como la actualización de la información
contenida en los informes periódicos segundo y tercero que la delegación
había hecho en su presentación.
El Comité agradeció mucho que la delegación hubiera reiterado la firme decisión adoptada por el Gobierno, como parte de la democratización, de seguir desarrollando una ideología política de igualdad para la mujer y garantizar la plena aplicación de la Convención.
Aspectos positivos
El Comité acogió con satisfacción la consolidación
de la democracia en la Argentina.
El Comité encomió al Gobierno por haber asignado a la Convención
rango normativo en paridad con la Constitución.
El Comité tomó nota con satisfacción de que en la Constitución
se reconociera la competencia del Congreso Nacional para adoptar leyes de acción
positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato.
El Comité se felicitó del incremento del número de mujeres
parlamentarias como resultado de la eficaz aplicación de la Ley de Cupos.
El Comité encomió el hecho de que en la Constitución se
reconociera el derecho de las personas afectadas, el Alto Comisionado y las
asociaciones de interponer rápidamente recurso de amparo contra actos
u omisiones que lesionen o amenacen derechos reconocidos por la Constitución.
El Comité tomó nota asimismo con satisfacción de la creación
del Consejo Federal de la Mujer y del Consejo Nacional de la Mujer, organismos
encargados de promover y coordinar las políticas de igualdad.
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención
El Comité expresó inquietud por las consecuencias negativas de
las reformas económicas para la mujer, y por las enmiendas introducidas
recientemente en las leyes laborales y de seguridad social.
El Comité expresó preocupación por la persistencia de los
estereotipos de las funciones sociales de la mujer y del hombre.
Principales esferas de preocupación
El Comité tomó nota de que la reforma del Código Penal
que lo pondría en consonancia con lo dispuesto en la Convención,
estaba aún pendiente.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que el porcentaje
de mujeres en las carreras técnicas seguía siendo mínimo.
Preocupó al Comité el hecho de que en los informes del Gobierno
de la Argentina faltaran datos y un análisis sobre la situación
de las mujeres que eran objeto de trata y de explotación con fines de
prostitución.
El Comité expresó preocupación por la muy reducida presencia
de mujeres en puestos de dirección en el sector privado.
El Comité expresó preocupación por la elevada tasa de desempleo
de las mujeres (20,3%) que era cinco puntos porcentuales superior a la de los
hombres (15,7%).
El Comité tomó nota con preocupación de que no existieran
reglamentos sobre las relaciones laborales de las empleadas del servicio doméstico.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que no existieran
normativas que penalizaran el acoso sexual en el lugar de trabajo en el sector
privado.
El Comité demostró inquietud porque, pese al desarrollo económico
y social de la Argentina, seguían siendo elevadas la mortalidad y la
morbilidad de la mujer como consecuencia del parto y los abortos.
El Comité expresó preocupación por el hecho de que las
condiciones de vida de la mujer en las zonas rurales fueran menos satisfactorias
que en las zonas urbanas.
Sugerencias y recomendaciones
El Comité recomendó que se reformara cuanto antes el Código
Penal para que estuviera en consonancia con lo dispuesto en la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, sus recomendaciones generales y la Convención interamericana
para la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia
contra la mujer.
El Comité sugirió que se mantuvieran y consolidaran los planes
del Gobierno en materia de igualdad y que sus resultados se evaluaran de forma
más sistemática. Los esfuerzos que se realicen en esta dirección
deberán indicarse en los próximos informes periódicos.
El Comité recomendó que se mantuvieran y reforzaran los programas
destinados a eliminar los estereotipos de las funciones sociales de la mujer
y el hombre. Debería procurarse un incremento del número de mujeres
que estudian carreras técnicas y ocupan puestos que han estado reservados
al hombre, y además el hombre debería compartir con la mujer la
tarea de atender a los hijos.
El Comité recomendó que aumentaran los servicios de atención
de niños pequeños que no estuvieran todavía en edad de
comenzar la enseñanza obligatoria, y que se aprobaran reglamentos al
respecto.
El Comité sugirió que se mantuvieran y reforzaran los programas
para sensibilizar a la policía, a los jueces y a los profesionales de
la salud en relación con la gravedad de todas las formas de violencia
contra la mujer.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que incluyera en su
próximo informe datos jurídicos y sociológicos relacionados
con el artículo 6 de la Convención.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que informara sobre
las medidas adoptadas para evitar, tanto en el sector público como en
el privado, la discriminación en el acceso al empleo y para hacer cumplir
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo No. 100 relativo
a la igualdad de remuneración y No. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares.
El Comité sugirió que se reglamentaran las relaciones laborales
de las empleadas domésticas.
El Comité recomendó que se penalizara el acoso sexual en las relaciones
laborales en el sector privado.
El Comité sugirió que, de conformidad con su recomendación
general 17 (décimo período de sesiones)Ibíd., cuadragésimo
sexto período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/46/38), cap. I. y la
Plataforma de Acción de Beijing, el Gobierno de la Argentina asignara
un valor al trabajo no remunerado y lo incluyera en las cuentas nacionales en
la forma de una cuenta subsidiaria.
El Comité recomendó que se complementaran las estadísticas
desglosadas por sexo relacionadas con la educación, el empleo y la seguridad
social, con datos en particular sobre el número de maestros y profesores
en los diferentes niveles del sistema de enseñanza; el número
de estudiantes que disfrutan de becas; el trabajo a tiempo parcial; el número
de contratos de duración indeterminada y a plazo fijo; el salario medio;
y la pensión de jubilación media.
El Comité recomendó que se intensificaran los programas destinados
a promover el empleo de mujeres, en particular las jóvenes.
El Comité sugirió que se adoptaran más medidas de todo
tipo para reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas de la maternidad.
El Comité recomendó que se revisara la legislación por
la que se penaliza a las mujeres que optan por el aborto.
El Comité recomendó que se intensificaran los programas y servicios
dirigidos a las mujeres rurales.
El Comité pidió al Gobierno de la Argentina que difundiera ampliamente
estas observaciones en todo el país a fin de dar a conocer a la población
las disposiciones adoptadas en relación con la aplicación de la
Convención y las medidas que habrán de adoptarse para lograr la
igualdad de facto de la mujer.