Canadá
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto presentados por el Canadá (CEDAW/C/CAN/3 y 4) en sus sesiones 329ª y 330ª, celebradas el 28 de enero de 1997 (véanse CEDAW/C/SR.329 y 330).

Al presentar los informes, la representante situó la aplicación de la Convención y de la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el marco del sistema federal canadiense. Señaló que, en el Canadá, los gobiernos federal y provincial o territorial compartían la autoridad legislativa. La responsabilidad en esferas como la educación, la salud y los servicios sociales se delegaba en gran medida en las autoridades provinciales o territoriales. Los mecanismos nacionales del Canadá para el adelanto de la mujer estaban firmemente establecidos en el plano federal, y había oficinas u organismos para la mujer en todos los gobiernos provinciales o territoriales.

El criterio con que el Canadá promovía la igualdad entre los sexos se basaba en el reconocimiento de que los sistemas político, económico y social estaban sujetos a la influencia de factores de género. Como consecuencia, debían tenerse en cuenta los diferentes efectos en el hombre y en la mujer de todas las políticas sociales. Los mecanismos nacionales ofrecían análisis de género y asesoramiento normativo a las entidades gubernamentales para asegurar la incorporación de los factores de género en la legislación, las políticas y los programas.

La representante destacó que su Gobierno asignaba gran importancia a la cooperación estrecha con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil como aspecto fundamental para el adelanto de la mujer. Se habían puesto en marcha diversas iniciativas para incorporar las opiniones de la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas. Asimismo, se habían establecido amplias redes con organizaciones no gubernamentales, y el Gobierno aportaba recursos a muchas organizaciones de mujeres.

La representante señaló que el Canadá estaba afrontando nuevos retos socioeconómicos en los planos nacional e internacional y subrayó que había adoptado medidas decisivas para que la mujer contara con un marco jurídico efectivo que la protegiera de la discriminación. La Carta de derechos y libertades del Canadá garantizaba la igualdad ante la ley y bajo la ley, así como una legislación que protegía por igual a mujeres y a hombres. Toda persona o grupo podía cuestionar la legislación y las prácticas del Gobierno federal, provincial o territorial si las consideraba discriminatorias. La Carta ofrecía protección contra la discriminación intencional y la discriminación sistémica y protegía a la mujer contra las leyes y prácticas que trajeran aparejado, inadvertidamente, un trato injusto de la mujer. Mediante un programa especial, se prestaba apoyo financiero a grupos e individuos que desearan acogerse al principio de protección equitativa consagrado en la Carta. En una enmienda reciente de la Ley nacional de derechos humanos, se garantizaba la protección contra la discriminación sobre la base de la orientación sexual.

La representante destacó varias iniciativas recientes de su Gobierno encaminadas a promover la igualdad de la mujer en las esferas económica y social. Como el empleo y la autonomía económica de la mujer se consideraban bases fundamentales de su derecho a la igualdad, había que mejorar su situación en materia de ingresos y atacar el persistente problema de la segregación en el empleo. Se tenía previsto afrontar esos problemas mediante varias medidas legislativas de adopción reciente. También se estaba midiendo y valorando el trabajo no remunerado de la mujer y del hombre en el hogar para tenerlo en cuenta en el marco de la política.

La eliminación de la violencia contra la mujer y el niño era otra cuestión de alta prioridad. El Canadá encaraba la cuestión de forma amplia e integrada, prestando particular atención a las causas que subyacían a esa violencia. Además de las enmiendas introducidas recientemente en el Código Penal con miras a dar una respuesta más enérgica a la violencia, estaban pendientes de aprobación varias iniciativas legislativas en la materia.

La representante señaló que se estaba prestando asistencia especial a las mujeres que se encontraban en situación desventajosa en diversos aspectos; se trataba de la tercera esfera en que el Gobierno había emprendido iniciativas recientemente. El Canadá reconocía que las mujeres no sólo estaban en desventaja por su género, sino también por su origen étnico, su discapacidad o sus ingresos. La situación de las aborígenes exigía especial atención; se preveía que las recomendaciones de un estudio concluido recientemente por la Comisión Real sobre pueblos indígenas desempeñarían un importante papel en la formulación de políticas sobre el tema.

Garantizar el acceso igualitario de la mujer a los servicios de salud era el cuarto objetivo del Gobierno. Habida cuenta del aumento del costo de los servicios de salud, se tenía previsto efectuar grandes cambios en el sistema de atención de la salud del Canadá en el próximo decenio. En ese proceso, sería una preocupación fundamental la protección del acceso de la mujer a los servicios de salud apropiados en pie de igualdad.

A modo de conclusión, la representante reconoció que, a pesar de los adelantos alcanzados en numerosas esferas, quedaba mucho por hacer. Aseguró al Comité que su Gobierno estaba dispuesto a formular soluciones innovadoras para los problemas pendientes, colaborando estrechamente con todos los sectores de la sociedad del Canadá.

Observaciones finales del Comité

Introducción

El Comité encomió al Gobierno del Canadá por sus informes periódicos tercero y cuarto y por las respuestas excelentes y amplias que dio a las numerosas preguntas escritas formuladas por los expertos.

El Comité también expresó su reconocimiento a la delegación de alto nivel, que incluyó representantes de las provincias.

El Comité consideró que el formato de los informes escritos, desglosados por provincias, era difícil de analizar y de evaluar. Como consecuencia, los expertos no pudieron apreciar cabalmente los logros alcanzados y los obstáculos con que se había tropezado en la aplicación de la Convención.

El Comité tomó nota de la función de liderazgo del Canadá en la promoción de la igualdad entre los sexos en el plano internacional mediante los programas de cooperación para el desarrollo relativos a la integración de la perspectiva de género y a la violencia contra la mujer.

El Comité señaló asimismo que, aunque el informe incluía un examen amplio de la nueva legislación y la jurisprudencia de derechos humanos en relación con la mujer, en la información suministrada no se exponían en grado suficiente sus consecuencias para las mujeres en general o para determinados grupos de mujeres.

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención

La reestructuración de la economía, fenómeno presente en el Canadá y otros países muy industrializados, parecía haber tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres. Aunque el Gobierno había adoptado numerosas medidas encaminadas a mejorar la condición jurídica y social de la mujer, la reestructuración constituía una grave amenaza que podía malograr los progresos y adelantos considerables alcanzados por las mujeres canadienses. Habida cuenta de que el Gobierno ejercía una función de liderazgo a nivel mundial en cuestiones de la mujer, esa situación no sólo afectaría a las mujeres del Canadá sino también a las mujeres de otros países.

Aspectos positivos

El Comité encomió al Canadá por la gran importancia que asignaba a la promoción y al ejercicio de los derechos humanos, que quedaba de relieve en su Carta de derechos y libertades, así como en su ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El Comité tomó nota de que, una vez más, el Canadá se había puesto a la vanguardia al adoptar la decisión histórica de considerar que la violencia basada en el género era motivo para conceder asilo a las mujeres víctimas de esa violencia.

El Comité tomó nota con reconocimiento de la introducción del Plan Federal para la Igualdad entre los Sexos, que constituía el marco de referencia del Canadá para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing en el plano nacional.

El Comité acogió con beneplácito el hecho de que el Canadá hiciera hincapié en la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre los sexos y en el establecimiento de mecanismos de cooperación y diálogo, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales. En particular, era digna de encomio la consulta anual sobre la violencia contra la mujer que llevaba a cabo el Ministerio de Justicia en cooperación con el Consejo sobre la Situación de la Mujer.

El Comité también tomó nota con satisfacción de que el Canadá seguía fortaleciendo y perfeccionando sus actividades de incorporación de una perspectiva de género en todos los planos.

Principales esferas de preocupación

Aunque existían medidas, inclusive leyes, relativas a la violencia contra la mujer, este fenómeno no disminuía sino que de hecho había aumentado en algunos lugares.

Preocupaba al Comité el aumento de la tasa de embarazo de las adolescentes, que tenía efectos negativos en la salud y la educación y provocaba un aumento de la pobreza y la dependencia entre las mujeres jóvenes.

El Comité expresó su preocupación porque la tendencia a privatizar los programas de salud podría afectar seriamente la accesibilidad y la calidad de los servicios de que disponían las mujeres canadienses, especialmente las más vulnerables y desfavorecidas.

Preocupaba al Comité que, en el marco de los cambios económicos y estructurales, incluidos los derivados de los acuerdos económicos regionales e interregionales, no se hubiera prestado suficiente atención a sus efectos sobre las mujeres en general y sobre las mujeres desfavorecidas en particular.

Preocupaba al Comité el aumento de la pobreza de las mujeres, especialmente entre las madres solteras, que se agravaba a causa de la cesación, modificación o debilitamiento de los programas de asistencia social.

Preocupaba al Comité que, pese a las medidas adoptadas en el sector público para aplicar la Ley Federal de igualdad en el empleo, su efecto en la situación de la mujer era todavía muy limitado y sus disposiciones no se hacían cumplir estrictamente.

Preocupaba al Comité que los programas destinados a las mujeres aborígenes tal vez surtieran efectos discriminatorios.

El Comité también expresó su preocupación por la posibilidad de que los recortes presupuestarios afectaran la continuidad de los servicios de los centros que atendían a la mujer en situaciones de crisis.

Sugerencias y recomendaciones

El nivel de violencia contra la mujer canadiense en general y contra las mujeres y niñas sujetas a explotación sexual, las prostitutas y las mujeres víctimas del tráfico, en particular, requiere la adopción de medidas urgentes. Las medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer deben ser observadas y evaluadas constantemente para determinar su efecto en la conducta y las actitudes a largo plazo.

El Comité sugirió que el Gobierno se ocupara urgentemente de los factores que provocaban el aumento de la pobreza entre las jóvenes y especialmente entre las madres solteras, y que elaborara programas y políticas destinados a luchar contra ese fenómeno.

En futuros informes se deberá presentar información sobre la valoración y la cualificación del trabajo no remunerado de las mujeres, incluido el trabajo doméstico.

El Comité sugirió al Gobierno que, dentro de las posibilidades de su marco jurídico, integrara en el próximo informe la información relativa a los niveles federal y provincial desglosada por artículo. También recomendó que se indicara explícitamente en el informe el efecto de la legislación, las políticas y los programas sobre las mujeres canadienses en general y sobre determinados grupos de mujeres en particular.

Habría que elaborar metodologías para determinar los progresos alcanzados en la reducción de la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres y en el logro de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

El Plan Federal para la Igualdad entre los Sexos debería tener un calendario concreto, puntos de referencia y objetivos mensurables para vigilar su aplicación; además se le deberán asignar recursos especiales.

Se debería presentar un panorama completo de la situación de las mujeres aborígenes, incluida su situación educacional, su situación en la fuerza de trabajo y una descripción y evaluación de los programas federales y provinciales, anteriores y vigentes, para las mujeres aborígenes. Se deberían supervisar los programas dirigidos a las mujeres aborígenes para determinar si tienen efectos discriminatorios. La difícil situación de las mujeres aborígenes recluidas en las cárceles es un problema urgente.

El Comité recomendó que se restituyera a un nivel adecuado a los programas de asistencia social para la mujer.

El Comité encareció que se divulgaran ampliamente las presentes observaciones finales en todo el país a fin de que los canadienses conocieran las medidas adoptadas para garantizar de hecho la igualdad de la mujer, así como las medidas ulteriores que se requerían en ese sentido.