Filipinas

El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto de Filipinas (CEDAW/C/1997/PHI/3 y 4)** En la 313ª sesión se informó al Comité de que su Mesa había renunciado a la aplicación de la norma general relativa a la publicación simultánea de los documentos oficiales en todos los idiomas de trabajo del Comité, y éste acordó examinar el documento CEDAW/C/1997/PHI/4 sobre la base de su versión en inglés editada. en sus sesiones 327ª y 328ª, celebradas el 27 de enero de 1997 (véanse CEDAW/C/SR.327 y 328). Las representantes, incluida la Presidenta de la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina, presentaron un documento de tres partes que contenía amplias respuestas a las preguntas del grupo de trabajo anterior al período de sesiones del Comité. Dicho documento había sido preparado con la colaboración de organismos ministeriales y organizaciones no gubernamentales.

Se informó al Comité de las diversas medidas que había adoptado el Gobierno en aplicación de la Convención. Se había elaborado un plan perspectivo de 30 años en el que figuraba información sobre la condición jurídica y social de la mujer en todos los sectores y se estipulaban las medidas que habían de adoptarse para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. La política del Gobierno consistía en aplicar un criterio que integrase la perspectiva de género para la mitigación de la pobreza. Asimismo, la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina tenía acceso directo al nivel más alto de determinación de políticas. El compromiso del Gobierno también se había traducido en la garantía de financiación con cargo al presupuesto nacional para mejorar la vida de las mujeres. Además, se informó al Comité de que se habían logrado progresos considerables en las esferas de la salud y la educación de la mujer.

Al mismo tiempo, la representante de Filipinas reconoció que, si bien se había logrado avanzar desde que fuera examinado el segundo informe del Estado Parte, aún quedaba mucho por hacer antes de que la Convención pudiera ser plenamente aplicada en el país. También señaló la ausencia de un mecanismo eficaz para supervisar la aplicación de la Convención. Describió la política oficial de descentralización como un obstáculo importante a la aplicación efectiva de la Convención.

La representante observó que, no obstante la rápida recuperación económica, las mujeres de Filipinas habían sufrido desproporcionadamente los efectos de la pobreza, lo que contribuía al incesante aumento del número de mujeres que trabajaban en el extranjero. Las mujeres de las zonas rurales se habían visto particularmente afectadas y habían tenido que migrar en gran número tanto a las zonas urbanas como al extranjero. La representante informó de que esto era motivo de grave preocupación para el Gobierno de Filipinas, el cual había establecido, entre otras cosas, centros de supervisión, servicios de asesoramiento y programas de apoyo con fines concretos, así como la prestación de asistencia social. Se informó al Comité de que la mayoría de las mujeres que emigraban trabajaban como artistas y como empleadas domésticas. Esos empleos a menudo las colocaban en una posición muy vulnerable y las exponían al riesgo de violencia. A ese respecto, la representante reconoció que era preciso hacer mayores esfuerzos para establecer sistemas más eficaces que permitiesen responder a las necesidades y problemas particulares de las trabajadoras migratorias.

La representante señaló a la atención del Comité el aumento de los delitos de violencia contra la mujer. El Gobierno había adoptado diversas medidas para combatirlos, de conformidad con la recomendación general 19 del Comité sobre la violencia contra la mujer. Se informó al Comité de que se habían creado diversos sistemas de apoyo, incluidos albergues para mujeres y una línea de ayuda abierta las 24 horas. También se habían propuesto varios proyectos de ley, por ejemplo, sobre la violación y la violencia doméstica, como resultado de la labor de defensa de las organizaciones no gubernamentales y organismos gubernamentales. Sin embargo, estaba por verse si podrían aplicarse efectivamente. El Gobierno era consciente de que había que eliminar los estereotipos de género prevalecientes y organizar al respecto una campaña de información pública.

También se informó al Comité de que la prostitución era ilegal en Filipinas. Sin embargo, la representante señaló que se habían producido cambios en la opinión pública sobre el tema, que era objeto de un intenso debate en el país.

La representante de Filipinas terminó su presentación dando seguridades al Comité del compromiso de su Gobierno en relación con el adelanto de la mujer.

Observaciones finales del Comité

Introducción

El Comité acogió con agrado la presentación del Gobierno de Filipinas, y lo felicitó en particular por la excelente calidad de su cuarto informe periódico, que contenía información detallada sobre la aplicación de la Convención de conformidad con las directrices del Comité. En el informe figuraba una reseña amplia de las medidas jurídicas y administrativas adoptadas por el Gobierno de Filipinas, y el análisis indicaba una comprensión adecuada de los problemas que obstaculizaban el adelanto de la mujer. Al mismo tiempo, faltaban datos concretos, incluidas estadísticas sobre los efectos reales de los programas y políticas oficiales. El Comité aplaudió la iniciativa del Gobierno de colaborar con las organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe y se mostró particularmente complacido por la manera abierta y sincera en que el mecanismo nacional se disponía a determinar cuáles eran los principales obstáculos a la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención

El Comité tomó nota de las principales políticas económicas emprendidas por el Gobierno, incluso los acuerdos económicos y comerciales de alcance regional y mundial, que tendrían profundas repercusiones en la situación de la mujer. En particular, la orientación hacia la liberalización económica y la privatización podrían tener graves repercusiones sobre la posición económica de las mujeres, especialmente las que habitaban en las zonas de libre comercio y las zonas rurales. Preocupaba al Comité la posibilidad de que se exacerbara la tendencia a la feminización de la migración y sus problemas asociados, incluida la violencia contra las trabajadoras migratorias.

Aspectos positivos

El Comité acogió con agrado la adopción oficial del Plan de Filipinas para un desarrollo en que se tenga en cuenta el género, 1995-2025, así como los objetivos de política prioritarios fijados por el mecanismo nacional para la mujer con objeto de aplicar la Plataforma de Acción de Beijing e incorporar el género y el desarrollo en todas las instancias del Gobierno.

El Comité elogió la decisión de asignar un porcentaje determinado de todos los presupuestos gubernamentales a programas y proyectos diseñados concretamente para la mujer, y alentó a que se aumentara el porcentaje mínimo asignado.

El Comité tomó nota con satisfacción de las diversas medidas que se habían adoptado en el intervalo entre los informes periódicos tercero y cuarto, como la prestación de asistencia en materia de créditos a las mujeres, las leyes que prohibían el acoso sexual, el aumento del salario mínimo para las empleadas domésticas y el incremento de las prestaciones de maternidad y paternidad para los empleados.

El Comité se felicitó de la información sobre una consulta inicial para medir el trabajo no remunerado de la mujer dentro de una cuenta satélite del sistema económico nacional.

Asimismo, el Comité encomió el aumento de las organizaciones no gubernamentales de mujeres que trabajaban a nivel popular y su contribución importante al adelanto de la mujer, evidente en los informes del Estado Parte.

El Comité observó complacido el nivel excepcionalmente alto de alfabetización (93%) de la mujer filipina.

Principales esferas de preocupación

El Comité tomó nota con preocupación de las deficiencias en lo tocante a mecanismos de supervisión e indicadores para medir el efecto de las políticas y los programas gubernamentales, así como a leyes y directrices y reglamentos administrativos, especialmente a nivel local.

El Comité manifestó su grave preocupación por las reformas económicas que por una parte habían tenido como resultado un crecimiento del producto nacional bruto (PNB), pero por la otra un aumento de las diferencias en las tasas de empleo de mujeres y hombres y la marginación económica de la mujer. Aun a corto plazo, tales efectos negativos serían cada vez más difíciles de corregir. Al parecer, la falta de medios de subsistencia obligaba a las mujeres de las zonas rurales a migrar a las zonas urbanas, donde el desempleo era más alto que nunca, y esto explicaría el gran número de mujeres que trabajaban como prostitutas y la elevada proporción de trabajadoras migratorias contratadas.

El Comité formuló observaciones sobre las leyes que se aplicaban de forma discriminatoria contra las prostitutas y no contra los hombres que actuaban como tratantes, proxenetas y clientes, y señaló además que los exámenes médicos forzosos de las mujeres sin una atención similar a los clientes masculinos, no podían ser una medida eficaz de salud pública.

El Comité se manifestó profundamente preocupado por las deficiencias del sistema jurídico en lo tocante a la violencia contra la mujer, en vista de que no se sancionaba concretamente por ley el incesto y la violencia doméstica, y más bien se guardaba silencio al respecto.

El Comité tomó nota de que la descentralización de los servicios de población y desarrollo deberá hacerlos más accesibles para la población. El Comité se sentía preocupado porque, a menos que se contara con los recursos necesarios y los funcionarios pertinentes estuvieran sensibilizados respecto de las cuestiones de género, tal descentralización podría entorpecer el acceso de la mujer a dichos servicios, lo cual contravendría las disposiciones de la Convención.

El Comité tomó nota con preocupación de que, no obstante la creciente participación de la mujer en la adopción de decisiones en la esfera pública, especialmente en las organizaciones no gubernamentales, seguía habiendo una representación muy baja de mujeres en la política, en los niveles superiores del Gobierno y en el sistema judicial.

Sugerencias y recomendaciones

El Comité instó al Gobierno de Filipinas a que adoptara una política prioritaria para crear empleos seguros y protegidos para la mujer, como una alternativa económica viable al actual desempleo de mujeres y a su empleo por subcontrata y en el sector no estructurado de la economía, como trabajadoras en las zonas de libre comercio, como prostitutas o como trabajadoras migratorias por contrata.

El Comité sugirió que el Gobierno velara por que su política económica no provocara un grado de marginación y explotación que llevara a las mujeres a emigrar para obtener empleo, en detrimento de la sociedad.

El Comité recomendó enérgicamente que el Gobierno fortaleciera los organismos encargados de proporcionar información y servicios de apoyo a las mujeres en vísperas de partir al extranjero para trabajar, así como en los países de acogida, en casos de necesidad.

El Comité sugirió que las medidas destinadas a solucionar el problema de la prostitución se centrasen en la penalización de los tratantes y en la creación de otras oportunidades de empleo para la mujer.

El Comité encareció al Gobierno que promulgase leyes apropiadas para combatir la violencia contra la mujer y reuniera los datos pertinentes.

Recomendó que se crearan servicios de salud reproductiva y sexual, incluidos servicios de planificación de la familia y suministro de anticonceptivos, y se pusieran al alcance de todas las mujeres en todas las regiones.

El Comité recomendó que se adoptaran medidas especiales de carácter temporal para aumentar la participación de la mujer en los cargos públicos superiores de adopción de decisiones.

El Comité indicó que era indispensable elaborar datos desglosados por género en todas las esferas.

Para facilitar la aplicación de la Convención, el Comité recomendó la creación de mecanismos de supervisión e indicadores para medir el efecto de las políticas y los programas gubernamentales.

El Comité pidió al Gobierno de Filipinas que, en su próximo informe, se refiriera a las preocupaciones señaladas en las presentes observaciones finales e incluyera información sobre la aplicación de las recomendaciones generales del Comité, así como información relativa al seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing de conformidad con las directrices revisadas del Comité para la presentación de informes. También pidió que se divulgaran ampliamente las presentes observaciones en todo el territorio de Filipinas.