Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
37° período de sesiones

DECISION DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PROTOCOLO
FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS, 37° PERIODO DE SESIONES

relativa a la

Comunicación No. 222/1987

Presentada por: M. K. [se suprime el nombre]

Presunta víctima: El autor

Estado Parte interesa: Francia

Fecha de la comunicación: 20 de febrero de 1987 (fecha de la carta inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del articulo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 8 de noviembre de 1989,

Aprueba la siguiente:

Decisión sobre admisibilidad

1. El autor de la comunicación (carta inicial de fecha 20 de febrero de 1987, comunicaciones ulteriores de fechas 10 de marzo, 29 de junio de 1987, 28 de diciembre de 1988 y 22 de mayo de 1989)es M. K., ciudadano francés, nacido en 1952, que reside en Rennes, Francia, y está empleado como profesor. Afirma ser víctima de violaciones, por parte de Francia, de los artículos 2, 16, 19, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2.1. El autor declara que es bretón y que su idioma materno es el bretón. Denuncia el hecho de que los tribunales franceses le han negado siempre el derecho a expresarse en bretón, que no se respetan ni su derecho a defenderse en bretón ni el derecho a la libertad de expresión en bretón. Su hija, según dice, no goza del derecho a la educación en bretón y las emisiones de televisión en bretón duran sólo una hora y media al día, excepto en verano en que no hay ninguria emisión en bretón.

2.2. Más detalladamente, el autor afirma que el Tribunal'Administrativo de Rennes se negó a considerar su denuncia, que había presentado en bretón el 6 de marzo de 1987. Esta denuncia era contra la persistente negativa de las autoridades fiscales francesas de escribir su dirección en bretón. De esta manera, el autor trató de obligar a las autoridades fiscales a utilizar su dirección en bretón. El 6 de marzo de 1987 el Tribunal decidió que el documento tenía que ser presentado en francés si había de ser considerado por el Tribunal.

2.3. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el autor afirma que no hay ninguno disponible., ya que el derecho francés no reconoce el derecho a usar el bretón ante los tribunales franceses, ni el derecho a ser educado en el idioma bretón.

3. En la decisión de 9 de abril de 1987, el Comité de Derechos Humanos, sin transmitir la comunicación al Estado Parte, pidió al autor, de conformidad con el artículo 91 del reglamento, que aclarase si entendía y hablaba el francés y que indicase si, además de en su propio nombre, se proponía también actuar en nombre de su hija.

4.1. En su respuesta a las preguntas del Comité, de fecha 29 de junio de 1987, el autor declara que , si bien comprende y habla el francés, considera que no lo domina suficientemente ni practica convenientemente el francés jurídico como para poder redactar sin ayuda exterior su solicitud ante el Tribunal Administrativo de Rennes ni su comunicación al Comité de Derechos Humanos.

4.2. El autor afirma que el Tribunal Administrativo de Rennes hubiera debido aceptar su solicitud, porque el artículo 27 le reconoce el derecho a emplear su propio idioma ante los tribunales. Además, según el autor, el Tribunal desestimó su solicitud sobre la base de una jurisprudencia que niega su personalidad jurídica (art. 16 del Pacto)y que establece así una discriminación entre los ciudadanos sobre la base de su origen nacional bretón y de su expresión lingüística propia, en violación del artículo 26 del Pacto.

4.3. En lo que respecta a la supuesta violación del artículo 14, el autor afirma que el derecho a emplear un intérprete, previsto en el inciso f) del apartado 3)del artículo 14 del Pacto, siempre se ha negado a los ciudadanos franceses de idioma bretón. Por último, afirma que la administración francesa de justicia espera simplemente que todo ciudadano francés hable francés.

5. En la decisión de fecha 20 de octubre de 1988, el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos transmitió la comunicación al Estado Parte, de conformidad con el artículo 91 del reglamento provisional, solicitando información y observaciones pertinentes sobre la cuestión de la admisibilidad de la comunicación, en particular sobre los recursos eficaces disponibles al autor en las circunstancias concretas del caso.
6.1. En la comunicación de fecha 15 de enero de 1989, presentada de conformidad con el articulo 91, el Estado Parte impugna la admisibilidad de la comunicación por varias razones. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, afirma que el autor no los agotó, como exige el inciso b)del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. Según el Estado Parte, el autor debería haberse atenido a las normas de presentación de solicitudes al Tribunal Administrativo; además, el autor aun tenía derecho a apelar al
Consejo de Estado si el Tribunal Administrativo rechazaba su solicitud.

6.2. Con respecto a las presuntas violaciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2, el Estado Parte afirma que esas violaciones no pueden ser sino el resultado de una violación de los derechos del autor previstos en otros artículos del Pacto. El Estado Parte afirma que el autor no ha podido demostrar esas violaciones.

6.3. Con respecto a la afirmación del autor de que se le ha denegado el derecho a que se le reconozca la personalidad jurídica (art. 161, el Estado Parte afirma que el autor no ha presentado pruebas para demostrar esta afirmación y que la referencia al artículo 16 constituye una interpretación abusiva de la noción de "personalidad jurídica". Por el contrario, continúa afirmando el Estado Parte, ese derecho fue plenamente reconocido al autor, ya que tenía la posibilidad de iniciar el procedimiento que le indicó el Tribunal Administrativo en su carta de 6 de marzo de 1987.

6.4. Con respecto a las afirmaciones del autor en relación con el párrafo 2 del artículo 19, el Estado Parte afirma que la pretensión es inadmisible porque el autor no ha demostrado su afirmación de que se le ha negado el derecho a la libertad de expresión. Además, según el Estado Parte, ese derecho no puede entenderse que comprende la libertad de los ciudadanos franceses a utilizar cualquier idioma o dialecto que deseen ante los tribunales administrativos franceses.

6.5. En cuanto a la afirmación del autor de que sufrió discriminación por motivos de su idioma, el Estado Parte afirma que la negativa del Tribunal Administrativo de Rennes a admitir la solicitud del autor estaba en consonancia con la práctica establecida, sancionada por la jurisprudencia del Consejo de Estado para facilitar la administración de justicia, que exime a los tribunales de la obligación de utilizar servicios de traducción y, les permite emitir sus decisiones .sobre la base del texto de la comunicación original. En consecuencia, el Estado Parte llega a la conclusión de que no puede considerarse que el autor haya sido objeto de discriminación por habérsele aplicado una norma general uniforme.

6.6. En cuanto a las denuncias del autor basadas en el artículo 27, el Estado Parte considera que la declaración que formuló al adherirse al Pacto el 4 de noviembre de 1980 excluye la competencia del Comité para examinar las comunicaciones sobre las presuntas violaciones de ese artículo. Por consiguiente, el Estado Parte concluye que la comunicación debería declararse inadmisible por ser incompatible con las disposiciones del Pacto.

7.1. Formulando observaciones a la comunicación del Estado Parte, el autor, en carta de fecha 22 de mayo de 1989, afirma que la jurisprudencia establecida del Consejo de Estado sobre la cuestión indica que los recursos mencionados por el Estado Parte no tendrían posibilidades de éxito.

7.2. El autor èxplica además que ha sido víctima de discriminación por causa de su idioma materno en el sentido de que a algunos ciudadanos franceses se les permite utilizar su propio idioma en los tribunales en tanto que a otros no. Además, según el autor, problemas técnicos tales como la necesidad de que los tribunales utilicen servicios de interpretación no deberían constituir un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos.

En este contexto el autor menciona el ejemplo de Bélgica y Suiza-en donde se siguen prácticas diferentes.

7.3. En lo que respecta al artículo 27, el autor en primer lugar señaló que al adherirse al Pacto el 4 de noviembre de 1980, Francia formuló una "declaración" pero no una "reserva", y que como Francia formuló "reservas"con respecto a otros artículos del Pacto, su "declaración'con respecto al artículo 27 debería tratarse de modo diferente; en segundo lugar, que la existencia de una minoría étnica y lingüística bretona distinta está reconocida internacionalmente por sociólogos y otros publicistas científicos; y en tercer lugar, que numerosos parlamentarios franceses (centristas, comunistas, socialistas) han propuesto proyectos de ley sobre el idioma bretón. Por último, el autor afirma que, no obstante la declaración francesa relativa al artículo 27, el Estado Parte nunca ha formulado una resema o una declaración equivalente a una resema en lo relativo a los artículos 2, 16, 19 y 26 del Pacto.

8.1. Antes de examinar cualesquiera denuncias contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, deberá decidir si dicha comunicación es admisible o no con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2. El apartado b)del párrafo 2 del articulo 5 del Protocolo Facultativo dispone que el Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo que. no haya agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Esta es una norma general que se aplica, a menos que se prolonguen injustificadamente los recursos o que el autor de la comunicación haya demostrado de forma convincente que los recursos de jurisdicción interna no son eficaces es decir, que no hay ninguna probabilidad de éxito.

8.3. Sobre la base de la información que el Comité tiene ante sí, no existen circunstancias que dispensen al autor de tratar de utilizar todos los recursos de jurisdicción interna. No se ha procedido contra él penalmente, y él trata de iniciar tramites ante un tribunal administrativo para establecer que se le han negado derechos protegidos por el Pacto. El propósito del apartado b)del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo es, entre otros, lograr que las posibles víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto, procuren, en primer lugar, satisfacción de las autoridades competentes del Estado Parte y, al mismo tiempo, hacer que los Estados Partes examinen, sobre la base de reclamaciones individuales, la aplicación, en su territorio y por sus órganos, de las disposiciones del Pacto y, si es necesario, remediar las violaciones que ocurren antes de que el Comité se ocupe del asunto.

8.4. Queda por determinar si el recurso a los tribunales franceses debe considerarse como un medio inasequible o ineficaz, dado que el autor debe utilizar el francés para establecer su reclamación de que es una violación de sus derechos en virtud del Pacto el tener que utilizar el francés y no el bretón en tramites legales. El Comité observa que el asunto del uso exclusivo del francés para entablar procedimientos en los tribunales es la cuestión que han de examinar en primer lugar los órganos judiciales franceses y que, conforme a las leyes aplicables, esto sólo puede hacerse utilizando el francés. En vista de que el autor ha demostrado su conocimiento del francés, el Comité considera que no es irrazonable que presente su reclamación en francés ante tribunales franceses. Además, no se causará ningÚn. daño irreparable al caso principal del autor utilizando el idioma francés en su recurso.

8.5. El autor ha invocado también el artículo 27 del Pacto afirmando que ha sido víctima de una violación de sus disposiciones. Al adherirse al Pacto, el Gobierno francés declaró que "a la luz del artículo 2 de la Constitución de la República Francesa,... el artículo 27 no es aplicable en lo que concierne a la República". A esta declaración no han formulado objeciones otros Estados Partes y tampoco ha sido retirada.

8.6. Por lo tanto, se pide al Comité que decida si esta declaración le impide examinar una comunicación que alegue una violación del artículo 27. El apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice lo siguiente: "Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al... adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado." La Convención no distingue entre reservas y declaraciones. El propio Pacto no da ninguna orientación para determinar si una declaración unilateral formulada por un Estado Parte al adherirse a él debería tener efectos excluyentes, independientemente de si se le califica de reserva o de declaración. A este respecto, el Comité observa que no es la calificación oficial sino el efecto que la declaración quiere significar lo que determina su naturaleza.. Si la declaración muestra unà clara intención por parte del Estado Parte de excluir o modificar los efectos jurídicos de una disposición concreta del tratado, debe considerarse como una reserva obligatoria, aunque la exposición esté enunciada como una declaración. En el presente caso, la declaración que hizo el Gobierno francés al adherirse al Pacto es clara: tiene por objeto excluir a Francia de la aplicación. del artículo 27 y subraya semánticamente esta exclusión con las palabras "no es aplicable". La intención de la declaracion es inequívoca y, así, se le debe dar un efecto de exclusión no
obstante la terminología empleada. Además, la exposición del Estado Parte, de fecha 15 de enero de 1989, se refiere también a una "reserva" francesa con respecto al artículo 27. En consecuencia, el Comité considera que no es competente para examinar denuncias dirigidas contra Francia en relación con presuntas violaciones del artículo 27 del Pacto.

9. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:

a) Que la comunicación es inadmisible en virtud del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo;

b) Que se comunique la presente decisión al Estado Parte y al autor de la comunicación.