Comunicación No. 262/1987 : France. 03/04/89.
CCPR/C/35/D/262/1987. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
35° período de sesiones

Decisión del Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos -35" Período de sesiones

relativa a la

Comunicación No. 262/1987

Presentada por: R. T. [se suprime el nombre]

Presunta víctima: El autor

Estado parte interesado: Francia

Fecha de la comunicación: 14 de octubre de 1987 (fecha de la carta inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 30 de marzo de 1989,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre admisibilidad

El autor de la comunicación (carta inicial de 14 de octubre de 1987; otras cartas de 30 de junio, 10 de septiembre y 20 de octubre de 1988)es R. T., ciudadano francés, nacido en 1942, residente actualmente en Sevran, Francia. Afirma ser víctima de violaciones, por parte del Gobierno francés, de los párrafos 1 a 3 del artículo 2, del párrafo 2 del artículo 19 y de los artículos 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2.1 El autor señala que en los últimos 10 años ha enseñado el idioma bretón en varias escuelas secundarias de París. Agrega que las autoridades francesas trataron de denegarle el derecho a enseñar bretón y lo presionaron a ese efecto, por ejemplo, reduciendo su sueldo. El autor considera que no hay motivos para estas presiones, puesto que en la zona del gran París vive más de un millón de bretones y que entre los estudiantes secundarios hay una demanda creciente de enseñanza del idioma bretón.

2.2 El autor señala que en los Últimos 10 años sólo ha enseñado bretón y que es el Único profesor de la especialidad en la Academia de París. Las autoridades francesas nunca han reconocido oficialmente este hecho y, en cambio, lo han clasificado como "profesor adjunto" (adioint d'enseignement)de inglés (idioma que, según el autor, nunca ha enseñado)y como "profesor auxiliar" (maître auxiliaire) de armenio (idioma que, según el autor, no conoce). Según señala, a partir del año escolar 1987/88, las autoridades francesas tratan de obligarlo a enseñar inglés. Como se ha negado, la Academia de París lo ha amenazado declarando que considerará que ha abandonado su puesto, lo cual significaría perder el derecho a las prestaciones de desempleo. Como la Academia ha dispuesto en otras oportunidades que se ponga término a la enseñanza de otros idiomas regionales, como el vasco y el catalán, el autor se siente especialmente amenazado.

2.3 Fn lo que respecta al agotamiento de los recursos internos, el autor adjunta copias de su correspondencia con las autoridades pertinentes del Ministerio de Educación de Francia, que demuestran sus esfuerzos por llegar a una solución amistosa (recours amiables).

3. Por decisión de fecha 15 de marzo de 1988, el Grupo de Trabajo del Comité de Derechos Humanos transmitió la comunicación al Estado parte interesado y le Solicitó, con arreglo al artículo 91 del reglamento provisional, informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad de la comunicación. Se solicitó al autor que aclarara si había sometido su caso a algún tribunal administrativo o judicial y, en ese caso, con qué resultados.

4.1 En su exposición de 30 de junio de 1988, presentada de conformidad con el articulo 91, el autor reitera que, en su caso, los hechos atestiguan el deseo de las autoridades francesas de eliminar la enseñanza del idioma bretón y agrega que, desde su carta inicial al Comité, esta cuestión ha sido evocada por muchos diputados de la Asamblea Nacional francesa y del Parlamento Europeo. Con respecto a sus obligaciones como profesor, afirma que debe cumplir, en principio, un servicio de 18 horas semanales. Desde 1982/83, enseñó 18 horas semanales en tres liceos del gran París, donde sostiene que su tarea fue regularmente perturbada por obstáculos de carácter administrativo y por el retraso de varios meses de la autorización para dar cursos de idioma bretón. Durante el año escolar 1987/88, la administración de la educación nacional se opuso en un comienzo a que reiniciara sus tareas de enseñanza en septiembre de 1987. Finalmente, en diciembre de 1987, fue autorizado a enseñar el bretón, pero sólo durante 10 horas semanales: ocho horas, garantizadas según afirma por un acuerdo con el rectorado de París. fueron "suprimidas arbitrariamente". Según el autor, las explicaciones ofrecidas por las autoridades para limitar las clases de idioma bretón a 10 horas semanales no pueden justificarse.

4.2 El autor afirma que la decisión de reducir en gran parte los cursos de bretón es contraria a los compromisos contraídos por el Ministro el 15 de junio de 1987, cuando afirmó que "los medios, tanto en número de horas como en número de profesores, puestos a disposición de los rectores de academia, han sido prorrogados para el año 1987188". Además, algunos funcionarios del Departamento de Educación afirman que no hay necesidad de enseñar bretón a los alumnos de París. El autor responde que esta afirmación es contraria a la tendencia observada desde mediados del decenio de 1980.

4.3 En lo que se refiere al requisito del agotamiento de los recursos internos, el autor explica que sus gestiones, hasta el momento de su comunicación al Comité, han sido de índole administrativa. Tras el cambio de Gobierno en Francia, en mayo de 1988, denunció por escrito al nuevo Ministro de Educación las medidas discriminatorias descritas supra. El autor afirma que no ha recurrido ante ningún tribunal administrativo u otra instancia judicial; agrega que esta es una posibilidad que ya no puede excluir.

5.1 En su exposición presentada el 5 de agosto de 1988, de conformidad con el artículo 91, el Estado parte interesado objeta la admisibilidad de la comunicación por no haberse agotado los recursos internos y por su incompatibilidad con las disposiciones del Pacto.

5.2 En lo que respecta al agotamiento de los recursos internos, el Estado parte interesado afirma que la correspondencia con asociaciones o parlamentarios no puede ser calificada como un recurso en derecho francés y que sólo las dos cartas dirigidas por el autor al Rector de la Academia de París y al Ministro de Educación, el 9 de septiembre de 1987 y el 8 de octubre de 1988 respectivamente, presentan ciertas características de recurso administrativo. El autor disponía de varios recursos judiciales en lo que concierne a la tarea de enseñar inglés asignada en 1984. El Estado parte explica que, para obtener que esa medida fuera anulada, podía presentar un recurso de anulación administrativa ante una autoridad administrativa superior. Este recurso tiene la ventaja de que puede basarse no solamente en los datos jurídicos del problema, sino también en consideraciones de equidad y oportunidad. Además si consideraba que una decisión violaba SUS derechos, podía presentar un recurso contencioso por abuso de autoridad, mediante el cual podía pedir al juez administrativo que anulara esa decisión. Ese recurso debía ejercerse en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la medida que le interesaba, pero como el autor no presentó el recurso en el plazo prescrito, la decisión se ha hecho definitiva.

5.3 El Estado parte subraya que, si bien el autor no dispone ya de la posibilidad de obtener del juez administrativo la anulación por una supuesta ilegalidad de la decisión cuestionada, esto es resultado solamente de su propia acción y su abstención o negligencia no pueden imputarse al Gobierno francés: "La facultad de presentar una comunicación al Comité de Derechos Humanos no podría utilizarse en sustitución del ejercicio normal de los recursos internos, cuando estos recursos no se han ejercido por culpa exclusiva del interesado".

5.4 El Estado parte expone además que el autor habría podido someter su caso a un tribunal administrativo por abuso de autoridad, "invocando las violaciones del Pacto que alega, la decisión explícita o implícita por la cual el Ministro de Educación Nacional ha rechazado su demanda, contenida en la carta del 8 de octubre de 1987 solicitando la reiniciación de los cursos de bretón en París". Aunque el autor ya no puede solicitar del juez que se pronuncie sobre la legalidad de esa medida, puede todavía invocar los perjuicios que le causa el hecho de no haber obtenido una plaza como profesor de bretón y presentar un recurso encaminado a
obtener una indemnización como reparación de los perjuicios que pretende haber sufrido. En resumen, el Estado parte afirma que el autor "no ha ejercido ninguno de los recursos jurisdiccionales de que disponía".

5.5 El Estado parte interesado considera también que la comunicación debe declararse inadmisible por su incompatibilidad con las disposiciones del Pacto. Con respecto a la violación que se alega del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto, el Estado parte afirma que el autor no prueba su queja y que, por el contrario, cada una de sus afirmaciones demuestra que ha tenido plena libertad para hacer conocer su posición. Afirma además que la "libertad de expresión", .en el sentido del artículo 19, no abarca un pretendido derecho a ejercer una determinada actividad docente.

5.6 En lo relativo a la violación que alega del artículo 26, el Estado parte interesado recuerda que, de conformidad con la ley y los reglamentos pertinentes, una plaza de profesor de bretón sólo puede otorgarse si se satisfacen dos condiciones: a)la existencia de un cuerpo docente en el que pueda ser integrada la persona que ha de ocuparla, y b) la existencia de una partida presupuestaria que permita la remuneración de un profesor en esa plaza. Dado que cuando se examinó el caso del autor estas condiciones no se cumplían, las autoridades no pudieron adoptar la medida solicitada. Esto no suponía discriminación contra él, sino simplemente la aplicación a su caso de las normas existentes.

5.7 Con respecto a la violación que se alega del artículo 27 del Pacto, el Estado parte interesado recuerda la declaración hecha por el Gobierno de Francia cuando se adhirió al Pacto, que estipula: "Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución de la República Francesa, el artículo 27 [del Pacto]no puede aplicarse en lo que concierne a la República".

5.8 Finalmente, el Estado parte interesado considera que una violación del artículo 2 no puede cometerse directamente de manera inmediata y aislada, y que una violación de estas disposiciones no puede ser sino el corolario de una violación de otro artículo del Pacto. Como el autor no demuestra que ha sido perjudicado en relación con uno de los derechos protegidos por el Pacto, no puede invocar el artículo 2.

6.1 En sus observaciones sobre la exposición del Estado parte interesado de conformidad con el artículo 91, el autor, en su carta de fecha 10 de septiembre de 1988, sostiene que sus alegaciones están bien fundadas. Rechaza la afirmación del Estado parte interesado de que no ha sido discriminado y reitera que los obstáculos a su enseñanza del bretón han sido numerosos y constantes. Por ejemplo, el autor inició el año escolar 1987188 en diciembre y no en septiembre, y se suprimió la mitad de sus clases contrariando acuerdos anteriores. Se afirma que durante los años 1985/86 y 1986/87 la situación fue análoga. El autor considera que "la voluntad deliberada de prohibir o aplazar considerablemente la enseñanza del idioma de una minoría étnica constituye realmente un atentado contra los derechos culturales del hombre", y que se trata de una discriminación no sólo de orden lingüístico sino también profesional. Con respecto al artículo 27, sugiere que el Estado parte interesado no puede, mediante una simple declaración, dispensarse de respetar los derechos de las personas pertenecientes a una minoría étnica.

6.2 Con respecto al requisito del agotamiento de los recursos internos, el autor sostiene que la argumentación del Estado parte interesado sobre este punto no puede ser correcta, puesto que la exposición misma del Estado parte demuestra que él no podía interponer un recurso jurídico en los dos meses siguientes a la obtención de una plaza, en 1984, de profesor auxiliar de inglés. En particular, explica que sólo más tarde, en 1986, se creó un cuerpo restringido de profesores de bretón, en el que intentó ser incluido. Además, afirma que un juez administrativo no tenía los medios de solicitar a la administración que le concediera una plaza de profesor de bretón y que, para agotar los recursos internos, habría sido necesario que el Estado parte le hubiera otorgado los medios jurídicos correspondientes. Concluye que, en esas circunstancias, era más razonable que multiplicara sus esfuerzos para obtener una plaza de profesor de bretón y no de inglés mediante peticiones de recurso de gracia, antes que dejarse "encerrar en un círculo vicioso legislativo y jurídico vacío". El autor declara que, a causa de la forma en que funciona su aparato jurídico, el Estado parte no le ha garantizado los medios de impugnar sus decisiones en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos y en particular sus colegas profesores de lenguas extranjeras vivas. Sugiere que no ha podido recibir una protección jurídica igual y eficaz simplemente por haber querido seguir enseñando su propio idioma, el idioma de una minoría étnica de Francia.

6.3 En una nueva carta, de 20 de octubre de 1988, el autor señala que, desde que Francia se adhirió al Pacto, la Asamblea Nacional no ha promulgado ninguna ley que permita a la minoría bretona utilizar su idioma sin discriminación, y concluye que esto constituye una violación del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto. Pide la opinión del Comité sobre si el hecho de que Francia se haya adherido a un instrumento internacional que condena toda discriminación de idioma no requiere que modifique su legislación para que los bretones puedan utilizar su idioma a todos los niveles.

7.1 Antes de considerar cualquiera de las reclamaciones contenidas en una Comunicación, el Comité de Derechos Humanos, con arreglo al artículo 87 de su reglamento provisional, debe decidir si esa comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

7.2 El Comité se ha cerciorado, tal como lo exige el apartado a)del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3 Con respecto a la afirmación del Estado parte de que la comunicación debe declararse inadmisible de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo por ser incompatible con las disposiciones del Pacto, el Comité observa que el autor no puede invocar una violación de su derecho a la libertad de expresión en virtud del párrafo 2 del artículo 19 del Pacto, por el hecho de que se le haya
negado el ejercicio de su profesión de profesor de bretón. Con respecto a la supuesta violación del artículo 26, el Comité considera que el autor ha realizado un esfuerzo razonable, que es suficiente para respaldar sus alegaciones -a los fines de la admisibilidad -de que ha sido víctima de discriminación por motivos de idioma. Por las razones que se establecen a continuación, el Comité no considera necesario pronunciarse sobre la declaración de Francia respecto del artículo 27 del Pacto.

7.4 El Comité observa que el autor no ha emprendido ningún recurso judicial interno. Comprende su afirmación de que no deseaba dejarse encerrar en "Un círculo vicioso legislativwy jurídico vacío" como una indicación de su creencia de que utilizar dichos recursos era ineficaz, y toma nota de su aseveración de que, dadas las circunstancias del caso, era más razonable buscar la reparación extrajudicial de su situación pidiendo a las autoridades de educación que examinasen la situación. El Comité observa que el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, cuando se refiere a "todos los recursos de la jurisdicción interna" claramente se refiere ante todo a los recursos judiciales. Aun si se acepta la afirmación del autor de que un tribunal administrativo no podría haber impartido instrucciones a las autoridades educacionales para que le concediesen una plaza de profesor de bretón, subsiste el hecho de que la decisión impugnada por el autor podría haber sido anulada. El autor no ha demostrado que no podía recurrir a los procedimientos judiciales de que disponía, como ha declarado plausiblemente el Estado parte interesado, ni que esos recursos eran ineficaces. El Comité observa que, como él mismo manifiesta, el autor no excluye la posibilidad de recurrir ante un tribunal administrativo. El Comité considera que, en las circunstancias reveladas por la comunicación, las dudas del autor sobre la eficacia de los recursos internos no le eximen de la obligación de agotarlos, y llega a la conclusión de que no se han cumplido los requisitos previstos en el apartado b)del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:

a) Que la comunicación es inadmisible.

b) Que se comunique la presente decisión al Estado parte y al autor de la comunicación.