Comunicación No. 282/1988 : Jamaica. 12/05/93.
CCPR/C/47/D/282/1988. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
47º período de sesiones

ANEXO*

Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del

párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*

- 47º período de sesiones -

Comunicación No. 282/1988

Presentada por: Leaford Smith [representado por un abogado]

Presunta víctima: El autor

Estado Parte: Jamaica

Fecha de la comunicación: 15 de febrero de 1988 (fecha de la comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 31 de marzo de 1993,

Habiendo concluido su examen de la comunicación No. 282/1988, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Leaford Smith con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le presentaron por escrito el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba las observaciones siguientes con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

1. El autor de la comunicación es Leaford Smith, ciudadano de Jamaica que se encuentra actualmente en la cárcel del distrito de St. Catherine, Jamaica, en espera de ser ejecutado. El autor alega que es víctima de violaciones de sus derechos humanos cometidas por Jamaica.

Hechos expuestos

2.1 El autor fue detenido el 27 de octubre de 1980, acusado de haber asesinado a Errol McGhie, el 26 de octubre de 1980, en la comuna de St. James. El 26 de enero de 1982 fue declarado culpable y condenado a muerte por el Tribunal de Circuito de St. James. El 24 de septiembre de 1984 el Tribunal de Apelación de Jamaica rechazó su apelación. Una petición ulterior en la que solicitaba autorización especial para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado fue denegada en febrero de 1987, debido a que no existía un fallo escrito del Tribunal de Apelación de Jamaica. El abogado pro bono del autor en Londres preparó y presentó una segunda solicitud de autorización especial para apelar que fue denegada el 15 de diciembre de 1987, sin motivos especificados.

2.2 En el juicio, Owen McGhie, hermano del difunto, declaró que la noche del 26 de octubre de 1980 él, el difunto y otros tres hombres se encontraban charlando en la carretera principal cuando el autor salió de una plantación con una escopeta recortada e hizo un disparo contra el grupo. El fiscal se basó además en las declaraciones juradas hechas durante las indagaciones iniciales, realizadas entre el 16 de enero y el 26 de marzo de 1981 por Merrick McGhie, otro hermano del difunto, y por un tal Ephel Williams. Ninguno de estos testigos estuvo presente en el juicio.

2.3 El autor prestó una declaración jurada desde el banquillo, en la que afirmó que el fallecido y otros, incluido Owen McGhie, lo habían acechado con la escopeta porque sospechaban que había advertido a un grupo de "laboristas" (partidarios del Partido Laborista de Jamaica) de que había un plan para atacarlos. El autor afirma además que Lloyd Smart le apuntó con la escopeta y que ésta se disparó accidentalmente, matando a Errol McGhie, mientras él, Leaford Smith, trataba de desarmar a Lloyd Smart.

2.4 El autor sostiene que las pruebas del fiscal, según las cuales el disparo fatal se hizo desde una distancia aproximada de cinco metros, quedaron invalidadas por el testimonio médico, según el cual el disparo fatal se hizo desde una distancia de 2 pies como máximo. Además, el autor afirma que un disparo hecho contra un grupo de personas con una escopeta recortada de 24 pulgadas habría ocasionado la muerte o habría herido a más de una persona.

2.5 En cuanto a la apelación, el autor señala que el Tribunal de Apelación sólo pronunció un fallo oral; ulteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de Jamaica le informó que no se emitiría una sentencia por escrito.

2.6 El 17 de noviembre de 1987 se dictó una orden para que el autor fuese ejecutado el 24 de noviembre de 1987. El abogado del autor pidió al Gobernador de Jamaica el aplazamiento de la ejecución, alegando que se habían obtenido nuevos elementos de prueba que justificarían un nuevo juicio. A continuación figuran algunos pasajes de la petición del abogado:

"... He tenido la oportunidad de leer la declaración jurada de Ephel Williams y, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean el presente caso, estimo que sus declaraciones sobre lo que realmente aconteció la noche del 26 de octubre de 1980 deberían persuadir a Su Excelencia reunido en Consejo, cuando menos, a ordenar un aplazamiento de la ejecución para que puedan investigarse y estudiarse más cuidadosa y diligentemente esas declaraciones.
En la página 40 de la transcripción del juicio consta que, según el oficial encargado de la investigación, cuando se amonestó a Leaford Smith en la comisaría de Montego Bay, éste declaró: 'Nunca tuve intención de pegarle un tiro'. En las páginas 41 y 46 se repite esta declaración al mismo efecto.
Este hecho habría justificado un veredicto de homicidio sin premeditación de haberse determinado entonces la verdad ...
Debe tenerse en cuenta que en aquel momento la posesión ilegal de un arma de fuego suponía obligatoriamente una sentencia de prisión perpetua: de ahí el interés en mentir y acusarse mutuamente, pensando en el cargo mucho más grave de asesinato.
Aunque la Corona no está obligada a determinar los `motivos', y, de hecho, en el presente caso no se determinó motivo alguno, los testigos de la Corona afirmaron que existía una buena relación entre el Sr. Smith y el Sr. Errol McGhie ...
Este hecho reforzaría aún más la credibilidad de la declaración jurada del Sr. Ephel Williams que, además, queda confirmada por las declaraciones del forense, según el cual Errol McGhie recibió un disparo hecho a una distancia de dos pies y no de 18 como dice la versión de la Corona ..."
2.7 Se concedió el aplazamiento de la ejecución y, de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 29 de la Ley de competencia de tribunales (Jurisdicción de apelación), el Gobernador General remitió el caso al Tribunal de Apelación para que lo examinara El apartado a) del párrafo 1 del artículo 29 de la Ley de competencia de tribunales (Jurisdicción de apelación) dice así: "El Gobernador General ... podrá, cuando lo estime conveniente, remitir todo el caso al Tribunal, que lo estudiará y adoptará una decisión al respecto como si se tratara de un recurso interpuesto por un condenado".. Posteriormente, el Tribunal de Apelación concedió autorización para la presentación de nuevas pruebas en el caso y se fijó una audiencia para el 29 de febrero de 1988; la audiencia fue aplazada, según se afirmó, por no poderse encontrar algunos de los documentos pertinentes.

2.8 A una carta de fecha 10 de enero de 1989, el autor acompaña una carta de su abogado en la que se indica que el Tribunal de Apelación rechazó las nuevas pruebas el 5 de diciembre de 1988. Se presentaron al tribunal tres declaraciones juradas, en todas las cuales se contradecían las pruebas presentadas por el fiscal y la defensa durante el juicio del autor. Así, las declaraciones juradas presentadas por el hermano del difunto, Merrick McGhie, y por Ephel Williams, contradecían lo que estos testigos habían declarado bajo juramento en apoyo de la acusación del fiscal. Las autoridades no pueden localizar al Sr. McGhie ni al Sr. Williams. La tercera declaración jurada, de Angela Robinson, contradice en parte las pruebas del autor. Aunque Angela Robinson se presentó al tribunal el 5 de diciembre de 1988, los jueces se negaron a escuchar a la testigo argumentando que la declaración jurada no satisfacía los requisitos necesarios para la admisión de nuevas pruebas El Tribunal de Apelación permite la presentación de nuevas pruebas si éstas son pertinentes y creíbles y si no se dispuso de ellas en el juicio. Parecería que el Tribunal de Apelación no quedó satisfecho de la credibilidad de las declaraciones juradas de Ephel Williams y Merrick McGhie, por cuanto contradecían lo que habían declarado bajo juramento durante la investigación preliminar; la declaración de la Sra. Robinson se rechazó, al parecer, por cuanto que no presenció realmente lo ocurrido en el lugar de los hechos. Sin embargo, todo esto es hipotético, ya que el Tribunal de Apelación no ha explicado por escrito los motivos por los que rechazó las nuevas pruebas, pese a que en la audiencia afirmó que así lo haría..

2.9 Los autores de las declaraciones juradas mencionadas niegan que el Sr. Smith hubiera salido de una plantación de ñame y disparado contra un grupo de personas, incluido el difunto. La declaración jurada de Merrick McGhie, de fecha 1º de diciembre de 1987, dice, en particular, que "no es verdad ninguna historia sobre la muerte de mi hermano que sugiera que le dispararon deliberadamente ... La afirmación insistente de mi hermano Owen de que Leaford Smith disparó contra mi hermano Errol intencionadamente se debe sólo a su deseo de no verse implicado en el delito de posesión ilegal de armas de fuego".

2.10 Ephel Williams, en su declaración jurada de fecha 8 de agosto de 1984, dice lo siguiente: "La primera vez que me llamaron a declarar ante el tribunal, ... no acudí. La segunda vez me enviaron una citación. No declaré en el juicio porque no quería seguir siendo parte del complot para inculpar a Leaford Smith de la muerte de Errol ... y también porque temía, fundadamente, que si acudía al tribunal y decía la verdad, todos los parientes de Errol, en especial Owen McGhie, me harían mucho daño. ... Debido a que Owen, Merrick, Errol, Leaford, Junior James y yo hemos vivido relativamente cerca unos de otros y nos identificamos con el socialismo y lo apoyamos como ideología política, y por lealtad a ellos, pero más por temor a una represalia, consentí en esa versión y esa es la razón por la que hice una declaración falsa. Ni Owen ni Leaford declararon la verdad ante el tribunal. La escopeta se disparó cuando Leaford Smith se la entregaba a Owen McGhie, que quería examinarla".

Denuncia

3.1 El autor alega que su juicio fue injusto. Sostiene que no tuvo tiempo suficiente para preparar su defensa. Afirma que sólo pudo consultar a su abogado el día en que se inició el juicio. Además, se le comunicó que uno de los jurados había sido visto en la casa del difunto la noche antes de iniciarse el juicio. Al parecer, el juez no investigó esta cuestión. En este contexto, señala que aunque su juicio duró dos días, el jurado no tardó más de 20 minutos en llegar a un veredicto. El autor se queja además de que el juez del proceso no se ocupó de la discrepancia entre la declaración del principal testigo de cargo y la del forense. Aunque por lo menos hubo cinco posibles testigos del disparo, sólo se convocó a juicio a dos, y de ellos sólo Owen McGhie dijo que había visto efectivamente el disparo.

3.2 En cuanto a la apelación, el autor sostiene que aun cuando el Tribunal de Apelación de Jamaica no está obligado por ley a emitir un fallo por escrito, debería hacerlo en interés de la justicia, especialmente en los casos de pena capital. Alega, además, que, de hecho, el no disponer de una sentencia escrita le impidió apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado, dado que ese órgano denegó su petición en razón de que no se podía examinar el fondo de la apelación contra la condena.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4. En su exposición de fecha 7 de diciembre de 1988, el Estado Parte sostiene que la comunicación es inadmisible por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna, como lo exige el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, sin proporcionar otras explicaciones.

Decisión del Comité sobre la admisibilidad

5. El 17 de octubre de 1989 el Comité declaró la comunicación admisible con respecto al artículo 14 del Pacto. Tomó nota de la afirmación del Estado Parte de que la comunicación era inadmisible por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna y observó que el Comité Judicial del Consejo Privado había denegado en dos oportunidades la solicitud del autor de autorización especial para apelar y que el Tribunal de Apelación de Jamaica denegó la solicitud del autor de que se reexaminase su caso por considerar que las pruebas presentadas eran inadmisibles. En tales circunstancias, el Comité consideró que el autor no tenía efectivamente otros recursos de qué hacer uso.

Nuevo examen de la admisibilidad

6.1 En una nueva exposición de 7 de enero de 1991 el Estado Parte reitera que la comunicación es inadmisible porque no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. Con respecto a las presuntas violaciones del artículo 14, señala que el autor puede pedir reparación constitucional en virtud del artículo 25 de la Constitución de Jamaica por las violaciones de sus derechos protegidos por el artículo 20.

6.2 En respuesta a la exposición del Estado Parte el abogado señala que una moción constitucional ante el Tribunal Supremo de Jamaica sería rechazada inevitablemente a la luz del precedente establecido por la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en los casos DPP contra Nasralla [(1967) 2 AER 161] y Noel Riley y otros contra el Fiscal General [(1982) 3 AER 469], en los que se consideró que la Constitución de Jamaica tenía por objeto impedir la promulgación de leyes injustas y no meramente los tratos injustos con arreglo a la ley. Dado que el autor sostiene que ha recibido un trato injusto con arreglo a la ley y no que las leyes ulteriores a la Constitución sean inconstitucionales, no puede interponer el recurso de reparación constitucional.

6.3 Además, señala el abogado, si el Estado Parte tuviese razón en afirmar que efectivamente se puede interponer un recurso constitucional, al menos en teoría, el autor no podría valerse de éste en la práctica por no contar con medios financieros ni con asistencia letrada. El abogado afirma que es extremadamente difícil encontrar en Jamaica a un abogado que desee representar gratuitamente a los que desean presentar una moción constitucional. Por lo tanto, concluye el abogado, la incapacidad o la falta de voluntad del Estado Parte de proporcionar asistencia letrada para tales mociones es lo que eximió al Sr. Smith de buscar la reparación constitucional.

7.1 El Comité ha tomado nota de las objeciones del Estado Parte a la decisión del Comité que declaraba admisible la comunicación, especialmente en lo que respecta a la existencia de recursos constitucionales que el autor todavía podría entablar. El Comité recuerda que en algunas causas recientes, el Tribunal Supremo de Jamaica ha permitido que se presentara un recurso constitucional para obtener reparación por la violación de derechos fundamentales después de que la jurisdicción penal hubo rechazado las apelaciones interpuestas en esas causas.

7.2 Sin embargo, el Comité recuerda asimismo que en sus observaciones de fecha 10 de octubre de 1991 relativas a otro asunto Comunicación No. 283/1988 (Aston Little c. Jamaica), observaciones aprobadas el 1º de noviembre de 1991. el Estado Parte señaló que no se proporcionaba asistencia letrada para la presentación de mociones constitucionales y que nada de lo dispuesto en el Pacto lo obligaba a proporcionar esa asistencia respecto de las mociones constitucionales, ya que ellas no tenían por objeto la defensa contra una acusación penal, según se establecía en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. En opinión del Comité, esta afirmación refuerza la conclusión a que se llegó en la decisión sobre la admisibilidad, esto es, que la moción constitucional no es un recurso de que disponga un autor que no tiene medios propios para entablarla. En este sentido, el Comité observa que el autor no pide que se le exima de entablar un recurso constitucional en razón de su calidad de indigente; antes bien, el hecho de que el Estado Parte no esté dispuesto o no esté en condiciones de proporcionar asistencia jurídica con ese fin hace que dicho recurso no sea uno de los que deben agotarse a los efectos del Protocolo Facultativo. Por consiguiente, el Comité considera que no hay ninguna razón para revisar la decisión sobre la admisibilidad, de 15 de marzo de 1990.

7.3 Además, teniendo presente que el autor fue detenido en octubre de 1980 y condenado en enero de 1982, que su apelación fue desestimada en octubre de 1984 por el Tribunal de Apelación y su petición de autorización especial para apelar fue desestimada en 1987 por el Comité Judicial, y que, además, el Tribunal de Apelación de Jamaica rechazó la solicitud del autor de que se reabriese su caso en diciembre de 1988, el Comité considera asimismo que todo recurso ante el Tribunal Supremo (Constitucional) entrañaría una prolongación injustificada de la aplicación de los recursos de la jurisdicción interna, cosa que, junto con la falta de asistencia letrada, no puede exigirse del autor con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. En consecuencia, no hay razón alguna para revocar la decisión sobre la admisibilidad de 17 de octubre de 1989.

Examen del fondo del caso

8. El Estado Parte sostiene que, como la queja del autor de que su juicio fue injusto se basa en el carácter contradictorio de las pruebas presentadas durante el juicio, plantea esencialmente cuestiones de hechos y pruebas para cuya evaluación el Comité carece de competencia. A este respecto, el Estado Parte se remite a la jurisprudencia del Comité.

9.1 El abogado señala que con anterioridad al juicio, el Sr. Smith no tuvo oportunidad de consultar a sus abogados para la preparación de la defensa. Sólo dispuso de una breve entrevista con su abogado, durante un breve aplazamiento de la audiencia en la primera mañana del juicio. Se afirma que el hecho de que el autor no contara con tiempo suficiente para preparar su defensa constituye una violación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

9.2 El abogado señala también que, dado que el autor no pudo consultar a sus abogados, no se localizó o citó a comparecer en el juicio a diversos testigos fundamentales para la defensa, lo cual constituye una violación del apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Así:

a) Según Owen McGhie, el principal testigo de cargo, estaban presentes cinco hombres cuando se produjo el disparo. De los cuatro posibles testigos de cargo sólo se citó a Owen McGhie y a un tal Junior James. Solamente Owen McGhie dijo que vio realmente el disparo; Junior James dio un testimonio indirecto. No se citó a Ephel Williams ni a Merrick McGhie para que declararan en el juicio; aunque ambos habían hecho declaraciones durante la investigación preliminar. L. B., el funcionario de policía encargado de la investigación, dijo en el juicio que no había podido ponerse en contacto con ellos. Las declaraciones juradas de los dos hombres indican que si hubiesen estado presentes en el juicio para prestar declaración al fiscal y a la defensa, su testimonio podía haber sido de importancia decisiva;

b) Owen McGhie indicó que en el lugar de los hechos estaba presente un tal F., y L. B. declaró en el juicio que F. había sido detenido y acusado en el caso y absuelto posteriormente. Se señala que la defensa no tuvo oportunidad de entrevistar a F. ni de citarlo como testigo, por no haber contado con tiempo para preparar la defensa;

c) El autor mantuvo a lo largo del juicio que el día después del disparo fue a la comisaría de Spring Mount junto con un tal F. W. con objeto de hacer una declaración sobre lo que había sucedido. Sin embargo, el funcionario que estaba en servicio se negó a tomar la declaración, diciendo que ya había oído que él, Leaford Smith, había disparado contra el difunto. Fue puesto entonces en prisión preventiva. El 28 de octubre de 1980 vio a L. B. en la comisaría dando a dicho funcionario la orden de trasladarlo a la comisaría de Montego Bay. No obstante, L. B. inicialmente declaró que había visto por primera vez al Sr. Smith el 10 de noviembre de 1980, en la comisaría de Montego Bay, cuando éste fue acusado del homicidio de Errol McGhie; al ser interrogado por el fiscal y el defensor, L. B. admitió más tarde que había visto al Sr. Smith algún tiempo antes, en la comisaría de Spring Mount. Se señala que la defensa no puso suficientemente de relieve en el juicio esta importante discrepancia. Además, el abogado señala que, debido al poco tiempo de que se dispuso para la preparación de la defensa, no se hicieron investigaciones con respecto a las afirmaciones del autor y que no se citó a F. W. ni al funcionario mencionado para que prestaran declaración;

d) Además el autor sostuvo que F. no estaba presente en el lugar de los hechos; afirmó que Lloyd Smart estaba presente y que fue detenido y puesto en libertad más tarde. Al prestar declaración, Owen McGhie admitió que Lloyd Smart fue detenido en relación con el disparo; sin embargo, L. B. negó que hubiese sido detenido. Según el abogado, había allí un importante conflicto de testimonios, que tendía a poner más en duda la sinceridad de L. B.; con todo, la defensa no controló los registros de detención pertinentes de la policía por no contar con tiempo suficiente para preparar el caso.

9.3 El abogado observa que no se juzgó al autor hasta 14 meses después de haber sido detenido. En particular, hubo una demora de 10 meses desde la conclusión de la investigación preliminar; durante ese período el autor no contó con asistencia letrada y permaneció en prisión preventiva, sin poder llevar a cabo su propia investigación a fin de preparar la defensa.

9.4 Además el abogado observa que pasaron otros 32 meses antes de que se viera y desestimara la apelación y que hasta la fecha el Tribunal de Apelación no ha emitido un fallo por escrito. En este contexto, el abogado presenta una carta, de fecha 20 de junio de 1986, del Secretario del Tribunal de Apelación en la que se indica que no se emitiría sentencia escrita en la causa del autor. Se afirma que el hecho de que el Tribunal de Apelación no emitiera un fallo por escrito en un tiempo razonable representa una violación del apartado c) del párrafo 3 y del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, ya que privó al autor de una apelación eficaz ante el Comité Judicial del Consejo Privado. El abogado señala que, en virtud del artículo 4 del reglamento del Consejo Privado, para que el Comité Judicial considere una apelación se requiere una sentencia razonada del Tribunal de Apelación. En cuanto a la nueva audiencia de apelación de 5 de diciembre de 1988, el abogado afirma que se aseguró al representante del autor que el Tribunal de Apelación redactaría la explicación de la sentencia en fecha ulterior, pero que, transcurridos cerca de cuatro años, aún no se ha presentado tal documento. En consecuencia, el autor se ve una vez más imposibilitado para presentar un recurso eficaz ante el Comité Judicial del Consejo Privado, lo cual es contrario a lo dispuesto en el párrafo c) del párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 14.

9.5 Por último, con referencia a la jurisprudencia del Comité, el abogado señala que la imposición de una pena de muerte tras la conclusión de un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto constituye, si no se dispone de una ulterior apelación contra la sentencia, una violación del artículo 6 del Pacto. Como el autor no dispone de más recursos y la pena de muerte firme se pronunció tras un juicio que no cumplió las garantías estipuladas en el Pacto, se afirma que se ha violado el artículo 6 del Pacto en el caso del autor.

10.1 En cuanto al fondo de las alegaciones del Sr. Smith, el Comité observa con preocupación que el Estado Parte se ha limitado a observar que las explicaciones dadas por el autor sirven para plantear cuestiones relativas a los hechos y las pruebas que el Comité no tiene competencia para evaluar. El Estado Parte no ha respondido a ninguna de las alegaciones concretas del autor referentes a violaciones de las garantías de un juicio imparcial. El párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo exige al Estado Parte que investigue de buena fe todas las denuncias de violaciones del Pacto formuladas contra él y sus autoridades judiciales y que presente al Comité toda la información de que disponga. El Comité opina que, desestimando sumariamente las denuncias del autor, como se hace en el presente caso, no se cumple lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4. En estas circunstancias, se debe dar la debida importancia a las denuncias del autor, en la medida en que hayan sido fundamentadas.

10.2 El Comité no acepta la afirmación del Estado Parte de que la comunicación no tiene más objeto que plantear cuestiones relativas a los hechos y las pruebas. La comunicación plantea otras cuestiones relacionadas con el derecho y la práctica de Jamaica en relación con los casos de pena capital que requieren un examen del fondo. El Comité reafirma su jurisprudencia de que en principio incumbe a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular o examinar las instrucciones concretas dadas al jurado por el juez, a menos que pueda determinarse que las instrucciones dadas al jurado o la actuación del juez durante el proceso son arbitrarias o equivalen a una denegación de justicia. Habiendo examinado las actas literales del juicio, el Comité observa que del testimonio pericial de médicos se desprende claramente que el occiso recibió un disparo desde muy corta distancia. Dicho testimonio pericial fue señalado a la atención del jurado por el juez y el jurado decidió no tomarlo en cuenta. Por lo tanto, el Comité no considera que haya habido violación de la garantía de un juicio imparcial a este respecto.

10.3 En relación con la queja del autor de que el jurado, o uno de sus miembros, estaba predispuesto contra él, el Comité observa que esta cuestión no se ha fundamentado debidamente, y que, por lo tanto, no revela una violación del artículo 14 del Pacto.

10.4 En cuanto a la denuncia del autor de que no se le dio tiempo suficiente para preparar su defensa y de que, a causa de ello, no se localizó o citó para que declararan a diversos testigos fundamentales para la defensa, el Comité se remite a su jurisprudencia anterior de que el derecho de un acusado a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa es un elemento importante de la garantía de un juicio justo y una consecuencia del principio de igualdad de oportunidades Véanse las comunicaciones Nos. 253/1987 (Paul Kelly c. Jamaica), observaciones aprobadas el 8 de abril de 1991, párr. 5.9 y 283/1988 (Aston Little c. Jamaica), observaciones aprobadas el 1º de noviembre de 1991, párr. 8.3.. Para determinar lo que constituye "tiempo suficiente" es necesario evaluar las circunstancias individuales de cada caso. En el caso de que se trata no se discute que la defensa del juicio se preparó el primer día del juicio. La documentación que tiene ante sí el Comité indica que uno de los abogados designados por el tribunal pidió a otro abogado que lo sustituyera. Además, otro abogado asignado para representar al autor se retiró el día anterior al juicio; cuando el juicio estaba a punto de comenzar, a las 10.00 horas, el abogado del autor pidió un aplazamiento hasta las 14.00 horas, con el fin de poder asegurar la asistencia profesional y entrevistarse con su cliente, puesto que las autoridades carcelarias no le habían permitido visitarlo la noche anterior. El Comité observa que el juez, que estaba empeñado en tramitar el cúmulo de casos pendientes en el calendario del tribunal, accedió a la solicitud. Así, después de que se hubo seleccionado al jurado, el abogado dispuso sólo de cuatro horas para buscar un asistente y comunicarse con el autor, cosa que sólo pudo hacer brevemente. En opinión del Comité esto es insuficiente para preparar adecuadamente la defensa en un caso de pena capital. Además, de la información disponible se desprende que ello afectó la posibilidad del abogado de determinar qué testigos serían llamados a declarar. En opinión del Comité, esto constituye una violación de los apartados b) y e) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

10.5 Resta al Comité decidir si el hecho de que el Tribunal de Apelación no dictara un fallo razonado violó alguno de los derechos que el Pacto reconoce al autor. El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto garantiza el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo y la pena sean sometidos a "un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley" Véase la comunicación No. 230/1987 (R. Henry c. Jamaica), observaciones aprobadas el 1º de noviembre de 1991, párr. 8.4.. Para poder ejercer eficazmente este derecho el condenado debe tener la oportunidad de obtener, en un plazo razonable, un fallo debidamente explicado para cada instancia de la apelación. El Comité observa que el Comité Judicial del Consejo Privado desestimó la primera solicitud del autor de autorización especial para apelar debido a la falta de un fallo por escrito del Tribunal de Apelación de Jamaica. Observa, además, que, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la desestimación de la apelación del autor en septiembre de 1984 por el Tribunal de Apelación, y de la desestimación por el Comité Judicial de su petición de autorización especial para apelar en febrero y diciembre de 1987, no se había dictado un fallo razonado, lo que una vez más privaba al autor de la posibilidad de presentar eficazmente una petición al Comité Judicial. Por consiguiente, el Comité considera que se han violado los derechos del Sr. Smith reconocidos en el apartado c) del párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

10.6 El Comité opina que la imposición de una pena de muerte contra la cual no se puede ya apelar, tras la conclusión de un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto, constituye una violación del artículo 6 del Pacto. Como señaló el Comité en su Comentario General 6 (16), la disposición de que una pena de muerte sólo puede imponerse conforme al derecho y sin que se contravengan las disposiciones del Pacto implica que "deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior" Véase CCPR/C/21/Rev.1, Comentario General 6 (16), párr. 7.. En el caso presente, dado que la sentencia de muerte definitiva se dictó sin que se cumpliera lo dispuesto en el artículo 14 respecto de un juicio imparcial, se debe llegar a la conclusión de que se ha violado el derecho protegido por el artículo 6 del Pacto.

11. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que le han sido presentados revelan una violación de los apartados b) y c) del párrafo 3, este último conjuntamente con el párrafo 5 del artículo 14 y, en consecuencia, del artículo 6 del Pacto.

12. En los casos en que se imponga la pena capital, la obligación que tienen los Estados Partes de observar rigurosamente todas las garantías de un juicio justo enunciadas en el artículo 14 del Pacto no admite ninguna excepción. A juicio del Comité, el Sr. Leaford Smith, víctima de violaciones del artículo 14 y, en consecuencia, del artículo 6, tiene derecho, de conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, a interponer un recurso efectivo, que en el presente caso entraña su puesta en libertad.

13. El Comité desearía recibir información, dentro del plazo de 90 días, sobre toda medida pertinente que haya adoptado el Estado Parte con respecto a las observaciones del Comité.

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* De conformidad con el artículo 85 del reglamento del Comité, el Sr. Laurel Francis, miembro del Comité, no tomó parte en la aprobación de las observaciones del Comité.

[Hecho en español, francés, inglés y ruso, siendo la inglesa la versión original.]