Comunicación No. 490/1992 : Australia. 30/03/93.
CCPR/C/47/D/490/1992. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
47º período de sesiones

ANEXO

Decisión del Comité de Derechos Humanos emitida a tenor

del Protocolo Facultativo

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- 47º período de sesiones -

Comunicación No. 490/1992

Presentada por: A. S. y L. S. (nombres omitidos)

Presunta víctima: Los autores

Estado Parte: Australia

Fecha de la comunicación: 26 de diciembre de 1991 (fecha de la carta inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 30 de marzo de 1993,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1. Los autores de la comunicación, de fecha 26 de diciembre de 1991, son A. S. y L. S., ciudadanos australianos que residen actualmente en Tuross Head, Nueva Gales del Sur, Australia. Alegan que han sido víctimas de violaciones por Australia de los artículos 2, 16, 17, 26 y "posiblemente de otros que deberá determinar el Comité de Derechos Humanos" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Australia el 25 de diciembre de 1991.

Hechos expuestos

2.1 Los autores son accionistas y directores de la Sapphire Investments Ltd. En 1981-1982 compraron una serie de terrenos en Merimbula, Nueva Gales del Sur. En 1984 decidieron usar esos terrenos para construir una aldea para jubilados, "Valley High Resort Village"; se trataba de un proyecto ambicioso que requería la obtención de préstamos importantes. En un primer momento, Sapphire Investments estuvo financiada por Esanda Ltd., pero en marzo de 1985 la compañía entró en contacto con otras empresas financieras para gestionar un préstamo considerable a fin de comprar la parte de Esanda y financiar el ulterior desarrollo del proyecto. A. S. se puso en contacto con el grupo E. M., un grupo de consultores con sede en Melbourne que actuaban como administradores de hipotecas, corredores y consultores financieros. Otra compañía, la B. P. T., prestamista autorizada de fondos públicos de inversión, actuaba como fideicomisario de ciertos fideicomisos establecidos y administrados por E. M. En su calidad de fideicomisario, B. P. T. adelantó dinero a Sapphire Investments, que aportó por su parte algunas garantías colaterales.

2.2 En 1985 y 1986 surgieron controversias entre los autores y B. P. T./E. M. en cuanto al alcance de obligaciones financieras de estos últimos. Las controversias estuvieron centradas en la cuestión de si B. P. T./E. M. aportarían el total de los fondos requeridos para construir, comerciar y administrar Valley High, y sobre si E. M. aportaría, o prestaría asistencia para obtener las nuevas líneas de créditos requeridas por la empresa y los autores en caso de que B. P. T. no lo hiciera. Los autores sostienen que, en efecto, se hicieron esas promesas; los demandados lo niegan.

2.3 El 15 de mayo de 1987, los autores presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur y el Tribunal Federal de Australia, por incumplimiento de contrato y varias presuntas violaciones de la Ley Australiana de Prácticas Comerciales. El 16 de diciembre de 1987, el Tribunal Federal falló en favor de B. P. T. y E. M.

2.4 Según los autores, el caso que tuvo ante sí el Tribunal Federal fue examinado con excesiva rapidez; sostienen que asistieron a la audiencia sin la debida preparación y en contra de su deseo expreso, una vez que el juez se negara a fijar una nueva fecha para la vista. A ese respecto, consideran que el juez invocó de manera inadecuada una disposición del Colegio de Abogados con arreglo a la cual su defensor principal, a quien se habían dado las instrucciones, un abogado de la Corona (Queen's Counsel), debió retirarse del caso inmediatamente, en virtud de afirmaciones "infundadas" de que anteriormente había prestado asesoramiento comercial y jurídico a los autores.

2.5 Como resultado de las decisiones adversas, los autores perdieron sus bienes, entre ellos la casa de la familia; estiman que fueron víctimas de un desposeimiento ilícito y creen que este desposeimiento fue organizado para ocultar un gran escándalo financiero en que habían participado los demandados y para cubrir a dirigentes de empresas que habían delinquido. En opinión de A. S., B. P. T. adoptó una serie de posiciones contradictorias en el proyecto de Valley High, con intención de despojar fraudulentamente a Sapphire Investments y a la A. S. Family Trust de sus bienes. Se afirma que los demandados fueron ayudados en estas actividades por el grupo E. M.

2.6 Los autores consideran además que el Gobierno, a fin de limitar los daños, actuó en "colusión" con las autoridades judiciales para no hacer justicia a los autores. Varias apelaciones solicitando una revisión del fallo dirigidas al Comisionado Federal de Derechos Humanos, el Primer Ministro y el Presidente del Tribunal de Justicia de Nueva Gales del Sur, resultaron infructuosas. Los autores admiten que sería posible impugnar el fallo ante el Alto Tribunal; señalan, sin embargo, que la oficina del Procurador General ha rechazado su solicitud de que se les conceda asistencia jurídica.

Denuncia

3.1 Los autores afirman que al precipitar el abandono de su defensor principal en el procedimiento entablado ante el Tribunal Federal, el juez discriminó en contra de ellos y favoreció indebidamente a los demandados, que por su parte dispusieron de otro defensor principal, mientras que los autores quedaron sin asesoramiento jurídico competente. Se dice que la medida adoptada por el juez constituye una violación de los artículos 2 y 26.

3.2 Se afirma además que el juez se negó injustamente a adoptar una decisión con arreglo al artículo 57 de la Ley de Asistencia Jurídica de Nueva Gales del Sur, cuando rechazó la solicitud de los autores de que se postergara la audiencia, debido a que la cuestión de la asignación de asistencia jurídica no había sido resuelta por la Comisión de Asistencia Jurídica. A. y L. S. explican que la negativa del juez obligó a sus hijos y amigos a adelantarles dinero para no perder la casa de la familia por rebeldía. Sostienen que la decisión sobre la asignación de asistencia jurídica no se adoptó hasta después de comenzado el juicio, el 28 de agosto de 1987, en que compareció un nuevo defensor principal en nombre de los autores, y añaden que el nuevo abogado sólo dispuso de un fin de semana para estudiar el expediente.

3.3 Los autores alegan que son víctimas de una violación del artículo 17 del Pacto, porque presuntamente el juez permitió a los demandados que presentaran como pruebas documentos confidenciales sobre A. S. obtenidos por "medios ilegales" del Departamento Federal de Seguridad Social. Por otra parte el juez permitió que los demandados hiciesen comentarios presuntamente difamatorios e infundados con objeto de desacreditar el honor y reputación de los demandantes. Al hacerlo, se dice que los demandados pudieron distorsionar las actas del tribunal, que de otra manera hubieran indicado que habían violado la Ley sobre Fideicomiso del Estado de Victoria.

3.4 Con respecto a su apelación, los autores alegan violaciones de los artículos 16, 17 y 26, puesto que el Tribunal de Apelación procedió a examinar la apelación en el otoño de 1987 incluso después de ser informado que L. S. no podía asistir a la audiencia por razones de enfermedad. Los autores afirman además que se les negó la igualdad ante la ley puesto que se les negó asistencia jurídica para exponer los siete motivos de la apelación. En este contexto, A. S. indica que el Tribunal decidió que él, australiano de origen no anglófono, podía representar los intereses de Sapphire Investments, mientras que los demandados estuvieron representados por un abogado de la Corona.

3.5 Por último, los autores alegan una violación de los artículos 2 y 26, porque presuntamente el Tribunal de Apelación no dictó su veredicto de manera independiente, sobre la base de las pruebas presentadas en los documentos de la apelación, negando así a los autores un recurso efectivo.

Actuaciones del Comité

4.1 De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar las alegaciones contenidas en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si ésta es o no es admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

4.2 Con respecto a la aplicación del Protocolo Facultativo a Australia, el Comité recuerda que entró en vigor el 25 de diciembre de 1991. Observa que el Protocolo Facultativo no puede aplicarse retroactivamente y concluye que el Comité no es competente ratione temporis para examinar acontecimientos que ocurrieron en 1985-1987, a menos que se demuestre que esos actos u omisiones continuaron o tuvieron efecto después de entrado en vigor el Protocolo Facultativo, constituyendo en sí mismos violaciones del Pacto. No se ha presentado ninguna prueba en el sentido de que tales procedimientos tuvieran esos efectos.

5. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide:

a) Que la comunicación es inadmisible;

b) Que se comunique la presente decisión a los autores y, para fines de información, al Estado Parte.

[Hecho en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original.]