Comunicación No. 627/1995 : Georgia. 29/05/98.
CCPR/C/62/D/627/1995. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité de Derechos Humanos
62º período de sesiones

23 de marzo - 9 de abril de 1998

ANEXO

Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del

párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*

-62º período de sesiones-

Comunicaciones Nos. 623/1995, 624/1995, 626/1995, 627/1995

Presentadas por: Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani e Irakli Dokvadze

Víctimas: Los autores

Estado Parte: Georgia

Fecha de las comunicaciones: 22 y 23 de diciembre de 1994 y 9 de julio

de 1995 (comunicaciones iniciales)

El Comité de Derechos Humanos, establecido de conformidad con el artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 6 de abril de 1998,

Habiendo concluido el estudio de las comunicaciones Nos. 623/1995, 624/1995, 626/1995 y 627/1995 presentadas al Comité de Derechos Humanos en nombre de los Sres. Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani e Irakli Dokvadze de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información presentada por escrito por el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5
del Protocolo Facultativo

1. Los autores de las comunicaciones son Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani e Irakli Dokvadze, tres ciudadanos georgianos y uno ruso actualmente presos en Georgia, los dos últimos condenados a muerte. Alegan que Georgia ha violado los derechos que les reconocen los artículos 7, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1.2. El 5 de julio de 1996 el Comité decidió examinar conjuntamente las cuatro comunicaciones.

Los hechos expuestos por los autores:

2.1. El autor de la primera comunicación (No. 623/1995), el Sr. Domukovsky, es ruso. El 5 de octubre de 1993, el Sr. Domukovsky y otras 18 personas fueron juzgados por el Tribunal Supremo de Georgia, acusados de participar en actos terroristas con el propósito de debilitar el poder del Gobierno y matar al Jefe de Estado, Sr. Shevardnadze. El 6 de marzo de 1995, el Sr. Domukovsky fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión.

2.2. El autor afirma que, el 3 de febrero de 1993, el Gobierno de Azerbaiyán, donde había buscado refugio, rechazó la solicitud de Georgia de que lo extraditaran a él y a otro procesado en la misma causa, el Sr. P. Gelbakhiani. Poco después, en abril de 1993, fue secuestrado en Azerbaiyán y detenido ilegalmente. A este respecto, afirma que el Presidente de Georgia elogió públicamente a los servicios especiales que llevaron a cabo el secuestro por haber realizado una operación excelente. Asegura que lo golpearon cuando lo detuvieron y que lo tuvieron preso del 6 de abril de 1993 al 27 de mayo del mismo año, fecha en que lo trasladaron al KGB, donde estuvo preso en régimen de incomunicación hasta agosto de 1993. Afirma asimismo que su detención fue ilegal, puesto que era miembro suplente del Soviet Supremo de Georgia y, como tal, gozaba de inmunidad.

2.3. El 13 de agosto y el 11 de diciembre de 1994 fue brutalmente golpeado en su celda, como resultado de lo cual sufrió una conmoción cerebral. Afirma también, sin dar detalles, que le obligaron a declarar en contra de sí mismo.

2.4. El autor sostiene que, el 13 de octubre de 1993, el Tribunal rechazó su solicitud de recibir copia del auto de procesamiento en su lengua materna, el ruso, lo que es contrario a las disposiciones legales aplicables al caso. Afirma asimismo que no se le dio copia de toda la documentación relacionada con los cargos que se le imputaban. Además sostiene que, en varias ocasiones, el juez le impidió reunirse con sus abogados. A este respecto, afirma que tenía que pedir autorización al juez para ver a su abogado. Sostiene que la restricción de su derecho a comunicarse con sus abogados es una violación del apartado b) del párrafo 3 del artículo 14.

2.5. Afirma que no se le permitió hablar ante el Tribunal, que lo expulsaron de la sala sin razón / Según los documentos adjuntos, el autor dio la espalda al Tribunal en protesta por la irregularidad del proceso./ y que fue juzgado sin estar presente y sin abogado defensor. A este respecto, afirma que el juez expulsó a tres de sus abogados durante el juicio y a un cuarto abogado no lo admitió en la sala, por lo que no pudo llamar a ningún testigo ni interrogar a los testigos de cargo.

2.6. Afirma que los tribunales de Georgia no son independientes, sino que actúan de acuerdo con las órdenes del Presidente Shevardnadze.

2.7. El autor sostiene que se le está persiguiendo por tener opiniones políticas diferentes y por tratar de expresarlas, lo cual es contrario al artículo 19 del Pacto, así como por defender la Constitución, que fue violada el 22 de diciembre de 1991 al intervenir un cambio del poder político. Niega ser culpable de ningún acto de violencia.

2.8. En lo que respecta al agotamiento a los recursos internos, el autor declara que ha apelado al Presidente del Tribunal Supremo, al juez que le condenó en primera instancia, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Ministro del Interior y al Presidente del KGB, siempre sin resultado. Según el autor, el juez le dijo que como su juicio no era normal no podía seguirse el procedimiento normal. Se afirma que no es posible recurrir contra la sentencia del Tribunal Supremo.

3.1. El autor de la segunda comunicación (No. 624/1995), el Sr. Tsiklauri, es ciudadano de Georgia nacido en 1961, de profesión físico. Fue detenido el 7 de agosto de 1992 cuando visitaba a su hermano, quien era miembro del Consejo Supremo y Gobernador de la región de Kazbegi antes del golpe militar de 1991-1992. Afirma que fue detenido sin orden judicial de detención. Un año después se le mostró una orden, en la cual se le acusaba de preparar un golpe en julio de 1992, de posesión de armas de fuego y explosivos, de alta traición y de obstaculizar la investigación. El autor rechaza esas acusaciones y afirma que están comprendidas en la amnistía del Estado de 4 de agosto de 1992. Explica que las acusaciones se originan en la lucha de los partidarios del Presidente Gamsakhurdia contra el régimen que se hizo con el poder entre diciembre de 1991 y enero de 1992 y no se legitimó hasta las elecciones de octubre de 1992.

3.2. El Sr. Tsiklauri dice que fue sometido a constantes presiones sicológicas y físicas en un intento de averiguar cuáles habían sido sus contactos con el Presidente Gamsakhurdia. Como resultado del trato de que fue objeto sufrió graves lesiones, conmoción cerebral, pérdida del habla y el movimiento, fractura de huesos de las piernas y de costillas, heridas abiertas sangrantes y quemaduras con agua caliente. Sostiene que a raíz de las torturas firmó una confesión. Fundamenta sus afirmaciones adjuntando varias declaraciones de testigos sobre los efectos de las torturas.

3.3. Afirma que el juicio contra él y otro acusado fue totalmente parcial y violó casi todos los artículos del Código Penal de Georgia. Más precisamente, señala que no se le entregó copia del auto de procesamiento ni de los demás documentos relativos a los cargos formulados contra él. Dice también que se le negó la posibilidad de elegir a un abogado para que lo defendiera en el juicio, que no pudo citar testigos de descargo, que le prohibieron asistir al juicio, y que, como resultado de ello, no pudo interrogar a los testigos de cargo ni defenderse. El 6 de marzo de 1995 fue condenado y sentenciado a cinco años de prisión.

4.1. El autor de la comunicación No. 626/1995, el Sr. Gelbakhiani es profesor de medicina. Es ciudadano de Georgia y nació en Tbilisi en 1962.

4.2. El Sr. Gelbakhiani afirma que el 6 de enero de 1992 el Presidente de Georgia, elegido por el 87% de la población, fue derrocado por un golpe militar, en violación del artículo 25 del Pacto. Desde entonces, la oposición ha estado sometida a una represión rigurosa. El Sr. Gelbakhiani sostiene que ha sido perseguido por sus ideas políticas, en particular durante reuniones y manifestaciones, en violación del artículo 19 del Pacto, y que el 7 de mayo de 1992 se dispersó una reunión de médicos que él presidía, violándose así el artículo 21. En estas condiciones, prefirió abandonar el país. En ese contexto el autor también afirma que se ha violado el párrafo 2 del artículo 12 del Pacto.

4.3. Declara que el Presidente de Azerbaiyán y su Ministro del Interior le concedieron autorización para vivir en Bakú, capital de ese país. El 6 de abril de 1993, 30 hombres fuertemente armados lo secuestraron junto con el Sr. Domukovsky y llevaron a ambos a Tbilisi, donde fueron torturados física y moralmente para que confesaran. Manifiesta que pasó dos meses en el calabozo, donde sólo se puede recluir a los detenidos durante tres días.

4.4. El autor dice que mientras el Tribunal Supremo conocía de la causa, el Sr. Shevardnadze hizo declaraciones en los periódicos y en la televisión haciendo caso omiso de la presunción de inocencia, calificando a los acusados de "asesinos" y "pidiendo la pena de muerte", en violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.

4.5. El autor también afirma que se han producido graves violaciones del Código de Enjuiciamiento, ya que sólo pudieron asistir al juicio determinadas personas que figuraban en la lista especial firmada por el juez. Se dice que esto constituye una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

4.6. El Sr. Gelbakhiani afirma que su juicio no fue imparcial. Varios de los otros acusados no tenían abogado y no fueron autorizados a seguir la causa en su idioma materno, obstaculizándose así su defensa. El autor señala que no tuvo la posibilidad de estudiar el sumario del juicio con antelación. Más aún, el juez nombró de oficio a un abogado defensor a quien él ya había rechazado.

4.7. Las actuaciones ante el Tribunal Supremo se detuvieron varias veces sin razones objetivas y el juicio duró del 5 de octubre de 1993 al 6 de marzo de 1995.

4.8. El autor afirma que en determinado momento fue expulsado de la sala y que el juicio continuó en su ausencia. No se interrogó a los principales testigos y lo carearon con muy pocos de ellos. También sostiene que durante el interrogatorio fue sometido a presiones morales y físicas a fin de que se declarara culpable y "confesara".

4.9. El 6 de marzo de 1995 el autor fue condenado a muerte. Afirma que su condena a muerte viola el artículo 15 del Pacto, puesto que la Constitución vigente al momento de ocurrir los hechos por los que fue condenado prohibía la imposición de la pena de muerte.

5.1. El autor de la comunicación No. 627/1995 es el Sr. Dokvadze, ciudadano georgiano nacido en Tiblisi en 1961.

5.2. El Sr. Dokvadze afirma que lo detuvieron el 3 de septiembre de 1992 y que lo torturaron gravemente, en violación del artículo 7 del Pacto. Durante la investigación le extrajeron una confesión bajo la amenaza de que matarían a sus dos hijas pequeñas. El autor dice que en el juicio se retractó de dicha confesión.

5.3. Al igual que otros de los procesados en la misma causa, el Sr. Dokvadze fue expulsado de la sala y el juicio continuó sin su presencia. Afirma que ni él ni los demás procesados fueron juzgados con las debidas garantías por un tribunal imparcial y competente.

5.4. El 6 de marzo de 1995 fue condenado a muerte.

La denuncia

6. Los autores sostienen que tanto su detención como su prisión fueron arbitrarias y contrarias a diversas disposiciones del artículo 9 del Pacto. Afirman también haber sido sometidos a torturas y malos tratos, en violación de los artículos 7 y 10 del Pacto. Sostienen asimismo que el Estado Parte violó en relación con ellos los artículos 19, 21 y 25 del Pacto, puesto que les impidió dedicarse a actividades políticas y los persiguió por sus ideas políticas. En cuanto al proceso seguido en su contra, afirman que no fue imparcial y que se violaron tanto la presunción de inocencia como las garantías de un juicio imparcial. En cuanto a las dos penas de muerte, son contrarias al principio nulla poena sine lege y violan el artículo 15 del Pacto y, por ende, su artículo 6.

Exposición del Estado Parte y comentarios de los autores al respecto

7.1. El 2 de marzo de 1995, en virtud del artículo 91 del reglamento, se enviaron las comunicaciones de los Sres. Domukovsky y Tsiklauri al Estado Parte, con el ruego de que presentara observaciones acerca de la admisibilidad de las comunicaciones. Al mismo tiempo, el Comité pidió al Estado Parte, en virtud del artículo 86, que suspendiera la ejecución de las penas de muerte hasta que el Comité hubiera tenido la oportunidad de examinar los casos. El 10 de marzo de 1995 se enviaron las comunicaciones de los Sres. Gelbakhiani y Dokvadze con arreglo a los artículos 86 y 91 del reglamento.

7.2. Si bien se le había pedido que presentara sus observaciones sobre la admisibilidad, el Estado Parte se limitó a comunicar, el 10 de marzo de 1996, que el 6 de marzo de 1996 se habían impuesto diversas penas a 17 procesados en la causa No. 7493010, incluidas sendas penas de muerte a Petre Gelbakhiani e Irakli Dokvadze, y adjuntó una lista de las personas condenadas y de las penas correspondientes. Refiriéndose a las condenas a muerte en general, el Estado Parte indicó que podía recurrirse contra ellas ante el Tribunal Supremo, y que las penas de muerte no se ejecutan hasta que la Comisión de Indultos examina la posibilidad de conceder éstos.

7.3. Por carta de 23 de marzo de 1995, el Sr. Tsiklauri informó al Comité de que había sido condenado a cinco años de prisión en una colonia de régimen de rigor y de que se habían confiscado sus bienes. Afirma que fue torturado, que es inocente, y que durante el juicio se violó en varias ocasiones la presunción de inocencia, que no estuvo presente en el juicio, salvo el último día para oír el veredicto, que se le negó el derecho a elegir abogado, que no pudo declarar en su defensa, y que se le negó el derecho a interrogar a los testigos. La comunicación del Sr. Tsiklauri, así como los documentos presentados para fundamentar sus afirmaciones, se remitieron al Estado Parte el 11 de mayo de 1995, pero no se han recibido las observaciones de éste a pesar del recordatorio que se le envió el 30 de octubre de 1995.

7.4. En cartas de 17 de marzo de 1995, el Dr. Petre Gelbakhiani y el Sr. Irakli Dokvadze reiteraron su inocencia y pidieron la intercesión del Comité. Las comunicaciones fueron remitidas al Estado Parte el 16 de mayo de 1995. No se ha recibido ninguna respuesta del Estado Parte.

Decisión del Comité respecto de la admisibilidad

8.1. En su 57º período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de las comunicaciones y se cercioró, según se estipula en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no había sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

8.2. El Comité observó con preocupación la falta de cooperación del Estado Parte, a pesar de los recordatorios que se le dirigieron. Sobre la base de la información que tenía ante sí, el Comité consideró que, con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, procedía examinar la comunicación.

8.3. Basándose en las comunicaciones que tenía ante sí, el Comité observó que los autores habían fundamentado suficientemente, a los fines de la admisibilidad, sus denuncias de violaciones del Pacto por el Estado Parte, en particular de los artículos 7, 9, 10, 14, 15, 19, 21 y 25, cuyo fondo se debía examinar.

9. Por consiguiente, el 5 de julio de 1996 el Comité de Derechos Humanos decidió que las comunicaciones eran admisibles, y pidió al Estado Parte, de conformidad con el artículo 86 del reglamento, que no ejecutara las penas de muerte contra los Sres. Dokvadze y Gelbakhiani hasta que el Comité concluyera el examen de esa comunicación.

Observaciones del Estado Parte respecto del fondo de la comunicación y de los comentarios de los autores

10.1. Por escrito de 21 de febrero de 1997, el Estado Parte formuló observaciones sobre el fondo de las comunicaciones.

El caso del Sr. Viktor P. Domukovsky

10.2. Respecto del Sr. Domukovsky, el Estado Parte explica que éste fue sentenciado a 14 años de prisión por bandidaje y por organizar actos terroristas y actos diversivos con objeto de debilitar a la República de Georgia.

10.3. El Estado Parte alega que el Sr. Domukovsky y el Sr. Gelbakhiani fueron arrestados legalmente en Azerbaiyán, en virtud de un acuerdo concertado entre los ministerios pertinentes de Georgia y Azerbaiyán en que se dispone la localización y arresto de sospechosos que se oculten en cualquiera de esos Estados. Fueron arrestados el 6 de abril de 1993, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el fiscal del Gobierno el 30 de septiembre de 1992.

10.4. El Estado Parte niega que el Sr. Domukovsky gozara de inmunidad parlamentaria en el momento de ser detenido. Explica que en ese momento el Parlamento que estaba en ejercicio había sido elegido recientemente, y por eso el Sr. Domukovsky, en su calidad de miembro del desaparecido Soviet Supremo, ya no gozaba de inmunidad.

10.5. El Estado Parte alega que en el examen judicial no se corroboraron las afirmaciones del Sr. Domukovsky de haber sido víctima de violencia física y de coacción durante la indagación preliminar. El Tribunal llegó a esa conclusión debido a que ni el acusado ni su abogado, en cuya presencia fue interrogado, hicieron mención alguna de tal violencia. Además, los expedientes compilados por el equipo de instrucción contienen también documentos en los que el Sr. Domukovsky niega haber sido el responsable de ciertos incidentes. El Tribunal llegó a la conclusión de que esto no habría ocurrido si la instrucción se hubiera realizado injustamente.

10.6. En relación con el incidente del 13 de agosto de 1995, el Estado Parte alega que, en virtud de una declaración formulada ante el Tribunal por el Sr. Domukovsky el 15 de agosto, se habían dado instrucciones al servicio médico de la prisión para que examinara al acusado. El examen se llevó a cabo el 17 de agosto. Según el informe sobre los resultados del examen / Según el texto parafraseado por el Estado Parte. No se presentó copia del informe./, su cuerpo no presentaba señales de heridas y se determinó que su estado de salud era satisfactorio. No se corroboró que hubiese sido golpeado.

10.7. Respecto de que el Tribunal no hubiese proporcionado al Sr. Domukovsky un auto de acusación en ruso, el Estado Parte explica que el Tribunal había establecido que el Sr. Domukovsky tenía perfecto dominio del georgiano. A ese respecto, se alega que había testificado en georgiano durante las indagaciones preliminares y no pidió intérprete. Según el Estado Parte, el Sr. Domukovsky leyó las deposiciones en georgiano y las autenticó con su firma, formuló sus propias declaraciones en georgiano y afirmó en los documentos que el georgiano era su lengua materna. A la luz de lo anterior, el Tribunal determinó que su petición de un auto de acusación en ruso era una táctica dilatoria.

10.8. El Estado Parte alega que, tras la investigación preliminar, el Sr. Domukovsky y su abogado revisaron todo el material compilado. En ninguna de sus peticiones solicitaron que se les proporcionaran datos adicionales ni alegaron que no se les hubiera proporcionado toda la información. Antes de que se iniciara el proceso, el Sr. Domukovsky pidió que se le concediera la oportunidad de examinar los expedientes una vez más. El Tribunal accedió a esa solicitud. Se alega que el Sr. Domukovsky examinó los expedientes desde el 13 de octubre de 1993 hasta el 6 de enero de 1994.

10.9. El Estado Parte alega que el Sr. Domukovsky y los demás acusados pudieron ejercer sin restricciones su derecho a la defensa durante la indagación preliminar y la instrucción judicial. Se les otorgó la oportunidad de seleccionar sus propios abogados. Con ese objeto, el Tribunal convocó a los miembros de las familias de los acusados y les dio la oportunidad de reunirse con los acusados repetidas veces, a fin de que decidieran qué abogados deseaban utilizar.

10.10. El Estado Parte alega que uno de los objetivos de los acusados era retrasar el examen del caso y obstruir las actuaciones del Tribunal y explica que, después de que el abogado del Sr. Domukovsky se retiró del caso, se concedió al acusado y a su familia el tiempo previsto por la ley para que encontraran un nuevo abogado. Como no habían designado a ninguno cuando el plazo venció, el Tribunal nombró a un abogado defensor y le concedió un mes y medio para que se familiarizara con el caso. Durante ese período se suspendieron las actuaciones. Según el Estado Parte, cuando el proceso se reanudó el Sr. Domukovsky rechazó a ese abogado sin presentar razones válidas y lo amenazó. A continuación, el abogado se retiró del caso, el Tribunal determinó que el Sr. Domukovsky había abusado de su derecho a la defensa y el caso se concluyó sin la asistencia de abogado que representara al Sr. Domukovsky.

10.11. El Estado Parte explica que el Sr. Domukovsky y otro de los acusados obstaculizaron sistemáticamente las actuaciones durante las vistas judiciales, faltando al respeto al Tribunal, haciendo caso omiso de las instrucciones del Presidente e impidiendo que el Tribunal realizara normalmente su labor. El Estado Parte alega que ambos dieron la espalda al Tribunal, presentaron resistencia a los guardias militares, se trasladaron de la sala del Tribunal a sus celdas y se dedicaron a silbar. En una ocasión, el Sr. Domukovsky saltó una barrera para entrar en la sala del Tribunal y se apoderó del arma automática de uno de los guardias. El Estado Parte llegó a la conclusión de que ésa era una razón suficiente para que el Tribunal siguiera examinando el caso en ausencia de los acusados, como está previsto en el artículo 262 del Código Penal de Georgia. El Estado Parte señala que, después de cierto tiempo, el Tribunal permitió que los acusados retornaran a la sala, pero éstos siguieron obstaculizando las actuaciones, tras lo cual se ordenó de nuevo que se retiraran.

10.12. El Estado Parte rechaza la sugerencia del Sr. Domukovsky de que los tribunales de Georgia no son independientes y declara que se rigen exclusivamente por la ley. Además, el Estado Parte rechaza la afirmación del Sr. Domukovsky de que fue condenado por sus opiniones políticas y hace hincapié en que fue condenado por haber cometido determinados delitos.

10.13. Según el Estado Parte, las leyes de Georgia disponen que incumbe al Tribunal Supremo enjuiciar los casos de delitos graves, en los cuales cabe imponer la pena de muerte. Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo son inapelables, pero la ley prevé la posibilidad de una revisión judicial. Tras la revisión, se determinó que la condena y la sentencia del Sr. Domukovsky y de los demás acusados eran legales y legítimas.

11.1. En sus observaciones sobre la comunicación del Estado Parte, el abogado del Sr. Domukovsky declara que pidió al Ministerio de Asuntos Internos de Azerbaiyán que determinara si tenía confirmación alguna de haber autorizado la detención y el arresto del Sr. Domukovsky y del Sr. Gelbakhiani. El abogado adjunta la respuesta del Ministerio, de fecha 7 de julio de 1995, en la cual el Jefe del Departamento de Enjuiciamiento Criminal declara que no sabía nada del caso. El abogado alega que si fuera cierto que el Sr. Domukovsky y el Sr. Gelbakhiani había sido arrestados sobre la base de un acuerdo bilateral entre Azerbaiyán y Georgia, sería lógico que el Ministerio de Azerbaiyán tuviera documentos sobre una operación de esa índole. En ausencia de esos documentos, el abogado alega que el Sr. Domukovsky y el Sr. Gelbakhiani fueron detenidos en violación del artículo 9 del Pacto.

11.2. El abogado afirma que la detención del Sr. Domukovsky constituye una violación de su inmunidad parlamentaria. Niega que las elecciones celebradas el 11 de octubre de 1992 hayan sido libres y democráticas. Además, alega que, aunque se aceptara el carácter legal de esas elecciones, la orden de detención contra el Sr. Domukovsky se emitió el 30 de septiembre de 1992, antes de que las elecciones se celebraran, y afirma que en tales circunstancias era ilegal emitir una orden de arresto sin que el Soviet Supremo hubiera despojado a la persona en cuestión de su inmunidad. El abogado alega que la detención del Sr. Domukovsky constituyó, por ende, una violación del artículo 25 del Pacto.

11.3. Respecto de los golpes y el maltrato psicológico a los que el Sr. Domukovsky y los demás acusados fueron sometidos, el abogado alega que no fue posible formular declaraciones por escrito, debido a que eso no se hubiera permitido, debido a que tales declaraciones hubieran tenido que dirigirse a los funcionarios que habían participado en las palizas y debido a que los acusados estaban preocupados por sus familias y trataban de protegerlas guardando silencio. El abogado afirma que el Sr. Domukovsky fue sometido a prisión preventiva del 7 de abril al 28 de mayo de 1993, a pesar que la ley establece un máximo de tres días para arrestos de esa índole. El Sr. Domukovsky fue mantenido en condiciones de absoluto aislamiento y no pudo entrevistarse con su abogado. Sólo después de haber iniciado una huelga de hambre el 25 de mayo, fue transferido el 28 de mayo de 1993 a uno de los pabellones de arresto de la prisión del KGB. Fue sometido a constante maltrato físico y psicológico y recibió amenazas de que arrestarían a su familia. Por último, consintió en declararse culpable en el caso Kvareli si le demostraban que su familia estaba a salvo y bien. Además, el abogado alega que permitir que el acusado niegue ciertos cargos es una vieja táctica para dar más credibilidad a los documentos de ciertos interrogatorios.

11.4. Respecto del incidente del 13 de agosto de 1995, el abogado alega que muchos de los que estaban presentes el 15 de agosto en la sala del Tribunal habían visto que el Sr. Domukovsky mostraba señales de haber sido golpeado. Según el abogado, uno de los periodistas había filmado un vídeo, pero al día siguiente dijo que no lo tenía en su poder. El abogado declara también que el juez no se mostró inicialmente dispuesto a ordenar un examen médico y que éste se llevó a cabo por fin el 15 de agosto de 1995, gracias a la solicitud de la esposa del Sr. Domukovsky, quien en esos momentos actuaba como su asesor jurídico. Según el abogado, en el examen se detectaron hematomas en el codo y el hombro derechos y, al parecer, se determinó que, debido a las contusiones, se debería haber ordenado reposo en cama durante 10 días. Sin embargo, según el abogado, esto último no se mencionó en el informe médico.

11.5. El abogado señala que el Estado Parte no se ocupó del segundo incidente del 11 de diciembre de 1994. El abogado se refiere a un incidente (cuya fecha no se conoce con exactitud) en el cual el juez conversó con los médicos antes y después de que éstos examinaran al Sr. Domukovsky y cuando lo sometieron a un electrocardiograma sin haber colocado correctamente, al parecer, el electrodo izquierdo. Según el abogado, los médicos habían detectado síntomas leves del síndrome de Babinski. El abogado reitera que los acusados no tenían medios de protestar, pero que trataron de hacerlo de todos modos.

11.6. El abogado declara que tiene en su poder certificados que demuestran que el Sr. Domukovsky había concluido sus estudios en la Universidad de Tbilisi en ruso y que había realizado investigaciones, también en ruso, en la Academia de Ciencias de Georgia. Señala que en los documentos del interrogatorio del 12 de abril de 1993 se consigna que se le había explicado al acusado que tenía derecho a declarar en su lengua materna y a recibir los servicios de un intérprete. A continuación, se le hizo firmar una declaración en la cual afirmaba que hablaba bien el idioma georgiano y que necesitaba un intérprete. Según el abogado, los interrogadores se alegraron tanto de que él hubiera consignado que hablaba bien el idioma, que pasaron por alto el hecho de que no había escrito la palabra "no" en relación con la necesidad de un intérprete. En ese contexto, el abogado señala también que el Sr. Domukovsky trató siempre de firmar en georgiano y en ruso, a modo de protesta. El abogado declara que el defensor del Sr. Domukovsky en la indagación preliminar era georgiano de origen y, por ende, no tenía problemas para leer el expediente.

11.7. Respecto del acceso a los expedientes, el abogado explica que, al principio, el Sr. Domukovsky no entendió claramente que sería juzgado con otros 18 acusados y que, además, el juicio por el asunto Kvareli no había concluido aún. El abogado explica que el Sr. Domukovsky estaba acusado también en el asunto Kvareli y que todos los acusados en ese asunto se habían retractado de las declaraciones que formularan durante las vistas preliminares. Según el abogado, ni el Sr. Domukovsky ni su abogado tuvieron acceso a las declaraciones formuladas por los acusados en las vistas públicas del Tribunal. El abogado confirma que el Sr. Domukovsky tenía conocimiento de los expedientes desde el 13 de octubre, pero señala que el acusado había realizado una huelga de hambre entre el 18 y el 25 de noviembre a fin de tener acceso al caso principal.

11.8. Respecto del acceso del acusado a sus representantes letrados, el abogado declara que ese derecho se vio restringido considerablemente, ya que el Sr. Domukovsky fue mantenido, primero, en prisión preventiva y fue luego trasladado a la prisión del KGB, y durante ese período no pudo recibir visitas de su abogado sin que el fiscal estuviera presente.

11.9. El abogado niega que el Sr. Domukovsky haya obstaculizado las actuaciones del proceso judicial, pero declara que había participado en una protesta pasiva dando la espalda al juez. El abogado alega que no había otro modo de mostrar su desacuerdo con el proceso, ya que el juez no había aceptado ninguna declaración. El abogado explica que, cuando el Sr. Domukovsky saltó por encima de la barrera, había sido provocado por las vulgares palabras del juez. Además, no fue retirado de la sala en ese momento. El abogado declara que el juez no decidió voluntariamente que el Sr. Domukovsky regresara a la sala del tribunal, sino que se vio forzado a hacerlo debido a una huelga de hambre de 64 días que el acusado llevó a cabo desde el 13 de enero al 17 de marzo de 1994. El abogado afirma que el Sr. Domukovsky aún sufre las consecuencias que dicha huelga de hambre tuvo en su salud.

11.10. El 13 de septiembre de 1994, el Sr. Domukovsky fue excluido una vez más del proceso, cuando solicitó la retirada de su abogado. En ese contexto, el abogado explica que el juez se vio influido por la situación política del país y había demorado el inicio del proceso por razones políticas. Según el abogado, demorar un proceso nunca puede convenir a ningún acusado.

11.11. Se alega que, por razones ajenas a su voluntad, el Sr. Domukovsky se quedó sin abogado el 6 de junio de 1994. Se le concedió un plazo de 10 días para encontrar un nuevo abogado, pero el juez le asignó un abogado defensor cuando habían transcurrido sólo ocho días. Cuando el juez preguntó si el Sr. Domukovsky aceptaba al abogado defensor, éste dijo que no podía decir nada, pues no lo conocía. El abogado rechaza la afirmación del Estado Parte de que Domukovsky estuvo de acuerdo con el nombramiento de ese abogado defensor. Se alega que el abogado defensor visitó al Sr. Domukovsky sólo dos veces y que en ambas ocasiones estaba ebrio. El 15 de agosto, el Sr. Domukovsky informó al juez de que no podía aprobar el nombramiento de ese abogado defensor si éste no lo visitaba más a menudo para familiarizarse con el caso. Como el abogado defensor no lo visitó, el Sr. Domukovsky procedió a retirar su aprobación. El abogado declara que, el 12 de septiembre de 1994, el juez dispuso ilegalmente que la esposa del Sr. Domukovsky dejara de ser la representante letrada del acusado, debido que ésta había solicitado un examen médico. El 13 de septiembre de 1994, el Sr. Domukovsky fue privado de asistir a la vista. El 19 de septiembre, el Sr. Domukovsky nombró a un nuevo abogado defensor, que había seguido el proceso desde el principio como representante de uno de los otros acusados. Sin embargo, el juez se negó a aceptar el nombramiento de ese abogado y, el 24 de septiembre de 1994, decidió que el Sr. Domukovsky no tuviera abogado defensor.

11.12. El abogado afirma que el Presidente Shevarnadze ha ejercido influencia sobre el Tribunal mediante una entrevista publicada en los diarios el 29 de noviembre, en la cual dijo que el acusado había cometido actos de terrorismo. Además, se alega que el juez había ordenado que se confeccionaran listas de todos los que habían asistido al juicio. Según el abogado, en el dictamen del caso se revela también el carácter político del proceso, pues en él se afirma que los representantes del viejo poder y los enemigos del poder presente habían organizado contingentes armados para cometer delitos contra el Estado. El abogado sostiene que no existen pruebas suficientes para condenar al Sr. Domukovsky por bandidaje.

11.13. Respecto de la revisión judicial, el abogado parece sugerir que el Sr. Domukovsky aún no ha recibido del Tribunal Supremo respuesta alguna a su solicitud de revisión.

El caso del Sr. Zaza S. Tsiklauri

12.1. El Estado Parte explica que el Sr. Tsiklauri fue condenado por portar ilegalmente armas de fuego y almacenar explosivos. Fue sentenciado a pena de prisión de cinco años.

12.2. El Estado Parte sostiene que el 1º de agosto de 1993 se emitió la orden de detención del Sr. Tsiklauri, y que éste fue detenido el 7 de agosto de 1993. Según el Estado Parte, el autor no estaba comprendido en la declaración de amnistía del Consejo del Estado, ya que esa declaración se aplicaba sólo a los que habían participado en el asalto y la ocupación del edificio de la radio y televisión de Georgia en Tbilisi, el 24 de junio de 1992.

12.3. El Estado Parte sostiene que el Tribunal no aceptó la denuncia de Tsiklauri, de que había sido sometido a coacción física y mental durante la investigación preliminar, dado que ni Tsiklauri ni su abogado mencionaron estos hechos durante las investigaciones. Los interrogatorios se celebraron en presencia de un abogado y Tsiklauri escribió de su puño y letra sus confesiones y firmó las actas de los interrogatorios. Además, el Estado Parte sostiene que durante su detención, Tsiklauri fue visitado por representantes de organizaciones internacionales, a los que no hizo ninguna afirmación de que hubiera estado sometido a cualquier tipo de presión. Además, el Fiscal inició actuaciones judiciales en relación con las lesiones de Tsiklauri y se realizó una investigación a fondo, pero el caso se ha cerrado por falta de pruebas. Según el Estado Parte, se ha determinado que saltó de un vehículo en marcha en el que era transportado.

12.4. El Estado Parte sostiene que el Sr. Tsiklauri recibió una copia de la acusación de conformidad con la ley. Una vez finalizada la investigación preliminar, Tsiklauri y los otros acusados, examinaron los expedientes junto con sus abogados. El Estado Parte señala que las solicitudes presentadas no mencionan la necesidad de consultar otros materiales. Antes del juicio, Tsiklauri pidió consultar el expediente de la causa; el Tribunal accedió a esta petición y facilitó los archivos y expedientes que estaban disponibles en ese momento desde el 13 de octubre de 1993 hasta el 6 de enero de 1994. Durante ese período se suspendieron las actuaciones judiciales.

12.5. El Estado Parte sostiene que Tsiklauri gozó sin restricciones del derecho a defenderse durante toda la investigación preliminar y las actuaciones judiciales. Se le concedió la oportunidad de escoger a su propio letrado. El Sr. Tsiklauri escogió como letrado de la defensa al Sr. T. Nizharadze, del 21 de septiembre de 1992 en adelante. El 6 de enero de 1994 pidió que su esposa, N. Natsvlishvili, fuera admitida como letrada adicional de la defensa y se le permitiera consultar los expedientes de la causa. El Tribunal, considerando que se trataba de un intento deliberado de demorar el juicio, denegó la solicitud y el juicio continuó con el Sr. Nizharadze como abogado defensor.

12.6. Con respecto a la denuncia de Tsiklauri de que el juicio se celebró en su ausencia, el Estado Parte se refiere a las explicaciones dadas en el caso del Sr. Domukovsky (véase el párrafo 10.11).

13.1. En sus comentarios sobre las explicaciones del Estado Parte, el Sr. Tsiklauri declara que el 7 de agosto de 1992 fue llevado del departamento de su madre a la KGB para celebrar "conversaciones". Su familia no fue informada de su paradero. El 17 de agosto de 1992, el jefe de la KGB, Sr. Batiashvili, apareció en la televisión nacional y anunció su renuncia en razón de los malos tratos de que fue objeto Tsiklauri.

13.2. El Sr. Tsiklauri sostiene que vio la orden de detención sólo un año después de ser arrestado, cuando estaba terminando la investigación preliminar y se le entregaron los materiales de su causa. Afirma que la información incluida en la orden, que tiene fecha 1º de agosto de 1992, sobre fecha de nacimiento, dirección y estado civil no coincide con su situación real. Declara además que la orden se refería a su participación activa en la preparación del golpe militar del 24 de junio de 1992, y a que tenía armas y materiales explosivos. Declara que, de conformidad con el material que se encuentra en el expediente de la causa, las acusaciones oficiales contra él datan del 20 de agosto de 1992 y no corresponden a los mencionados en la orden de detención.

13.3. Sostiene que los delitos que se le imputan, de los que niega tener todo conocimiento, quedaron comprendidos en la amnistía del 3 de agosto de 1992 que, según él, dice:

"10. De conformidad con los intereses supremos de unidad y concordia, no se establecerán acusaciones penales contra las personas que hayan tomado parte en las acciones contra las autoridades de la República de Georgia desde el 6 de enero del corriente año, en tanto no hayan cometido delitos graves contra la población pacífica...

12. Los participantes en el imprudente intento de golpe de Estado del 24 de julio de 1992 no serán objeto de acusaciones penales por las acciones cometidas contra el país y el pueblo."

De esta forma, el Sr. Tsiklauri confirma que las acusaciones contra él estaban comprendidas en la amnistía.

13.4. El Sr. Tsiklauri niega que sus lesiones hayan sido provocadas por una caída desde un automóvil en marcha. Declara que la investigación de las causas de sus lesiones estuvo a cargo de las mismas personas que investigaron las acusaciones penales contra él. Niega que haya tratado de escapar saltando de un automóvil en movimiento y califica de mentira la afirmación de que quemó un tercio de su cuerpo volcando sobre él el té hirviendo que estaba bebiendo. Declara además que esto se podía haber determinado fácilmente si hubiera habido una audiencia judicial sobre su causa.

13.5. El Sr. Tsiklauri declara además que, con excepción de las confesiones que hizo como resultado de la tortura, en todos los testimonios que dio en presencia de su abogado negó toda culpa. Declara que el Tribunal nunca se tomó la molestia de comprobar si los testimonios de la investigación preliminar habían sido dados efectivamente por él. Explica, además, que como no se le permitió estar presente durante las actuaciones judiciales, no pudo prestar testimonio, interrogar a testigos ni presentar pruebas de su inocencia.

13.6. Impugna también la observación del Estado Parte de que nunca informó a los representantes de las organizaciones internacionales de que fue sometido a torturas. Afirma que hizo declaraciones en ese sentido en el Tribunal, y también a Human Rights Watch/Helsinki y al British Human Rights Helsinki Group. Hace referencia también a un informe sobre la tortura en Georgia, a la declaración de Batiashvili's en la cadena nacional de televisión el 17 de agosto de 1992, a un artículo aparecido en un diario el 27 de agosto de 1992 y a una entrevista con el British Human Rights Helsinki Group. El Sr. Tsiklauri se refiere también a la declaración que prestó ante el experto médico el 18 de agosto de 1992, aparentemente reflejada en el expediente de su causa, de que el 7 de agosto de 1992 fue fuertemente golpeado por personas desconocidas. Se refiere también a una carta dirigida a la Oficina del Fiscal por la KGB, en la que esta última dice que la declaración del Sr. Batiashvili el 17 de agosto se basa en una reunión que tuvo ese mismo día con Tsiklauri en la celda de detención preventiva, cuando Tsiklauri denunció que había sido golpeado y luego torturado con agua hirviendo por personas desconocidas. Se remite también a los testimonios presentados en las audiencias judiciales por Gedevan Gelbakhiani, Gela Mechedilishvili y Gia Khakhviashvili, que confirman que fue torturado.

13.7. El Sr. Tsiklauri declara que después de la aparición del jefe de la KGB en la televisión, se creó una Comisión Especial para realizar una investigación. Afirma que su estado de salud era grave, que tenía múltiples fracturas de huesos y que había perdido parcialmente el habla. Agrega que no fue transferido al hospital de la cárcel hasta que firmó los testimonios falsos. Más tarde, durante uno de los interrogatorios ordinarios en presencia de su abogado, negó las declaraciones que había hecho a raíz de las torturas.

l3.8. El Sr. Tsiklauri sostiene que no tuvo acceso a todos los materiales de la causa.

13.9. El Sr. Tsiklauri dice que no contó con un letrado al comienzo de su detención, y que sólo en octubre de 1992 pudo contratar a un abogado. El 22 de marzo de 1994 pidió al Tribunal que permitiera a su esposa, Nino Natvlishvili, que actuara como su representante legal en la audiencia. Esta petición fue rechazada por el Tribunal, porque la letrada necesitaría más tiempo para familiarizarse con los materiales de la causa y eso demoraría el juicio. Cuando Tsiklauri dijo que no se necesitaba tiempo adicional, el Tribunal mantuvo su denegación de la petición. El 4 de abril de 1994, el abogado Nizharadze, a quien el Tribunal ordenó que continuara la defensa del Sr. Tsiklauri, presentó una moción pidiendo su remoción de la defensa de Tsiklauri, dado que el acuerdo entre él y el acusado había sido anulado. El Tribunal se negó, según el autor en violación de la ley, y el abogado manifestó al Tribunal que no podía defenderlo contra su voluntad. El juez se dirigió luego al Colegio de Abogados, para informar que el letrado no había cumplido la orden del Tribunal de asumir la defensa de Tsiklauri. El abogado fue posteriormente expulsado del Colegio de Abogados, y desde ese momento no puede ejercer su profesión. El 8 de julio de 1994, el Tribunal nombró a un nuevo abogado, el Sr. G. Kapanadze, a quien señaló de plazo hasta el 29 de julio para estudiar los expedientes. Aunque no se negó a asumir la defensa, el abogado manifestó públicamente que el Sr. Tsiklauri no le tenía confianza y que, en consecuencia, de hecho no tenía abogado defensor. Dejó bien en claro que no se negaba a asumir la defensa por temor a ser excluido del foro. El 9 de febrero de 1995, el abogado declaró ante el Tribunal que el acusado no lo quería como abogado, que no tenía contacto con él, y que tenía el derecho a elegir a su propio abogado y a rechazar a un letrado aún en esa etapa de las actuaciones. Declaró que la decisión del Tribunal de negarle el abogado de su elección violaba sus derechos.

13.10. A este respecto, el Sr. Tsiklauri declara que fue el propio Tribunal el que demoró el juicio, y que eran los acusados los que exigían que se respetaran los plazos del juicio. Según el autor, el juez no consideró ninguna de las demandas legales de los acusados, creando situaciones de estrés y violando abiertamente la ley. Supuestamente el juez dijo que la ley se había promulgado para audiencias normales y no para actuaciones anormales. Se alega que los tribunales de Georgia no son independientes sino que están subordinados al Gobierno. En este contexto, se hace referencia a las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema de Georgia.

13.11. El Sr. Tsiklauri declara que nunca violó ninguna orden judicial durante el juicio y que no había motivos para excluirlo de las actuaciones. Declara que el juez no quería que estuviese presente porque no quería acceder a sus demandas legales. Declara que el incidente en que todos dieron las espaldas al juez se produjo cuando éste decidió ordenar a uno de los acusados que saliera de la sala, porque había pedido asistencia especial en razón de que sufría de sordera parcial causada por la tortura. Todos los acusados fueron desalojados por el juez. Después de tres meses se les permitió que volvieran a las audiencias del Tribunal, pero el juez siguió rechazando las peticiones legales de los acusados. El Sr. Tsiklauri declara que fue desalojado de la sala en razón de una "sonrisa cínica". No se le permitió volver y, por consiguiente no tuvo oportunidad de defenderse.

El caso del Sr. Petre G. Gelbakhiani

14.1. El Estado Parte sostiene que el Sr. Gelbakhiani fue condenado por bandidaje, preparación de actos de terrorismo, preparación de acciones de diversión con el fin de debilitar a la República de Georgia y asesinato premeditado de varios individuos e intento de asesinato con circunstancias agravantes. Tras haber sido condenado a muerte, el 25 de julio de 1997 su condena se conmutó a 20 años de reclusión.

14.2. El Estado Parte rechaza la denuncia del Sr. Gelbakhiani de que fue condenado por sus opiniones políticas y hace hincapié en que fue condenado por haber cometido delitos penales.

14.3. El Estado Parte reitera que el Sr. Gelbakhiani y el Sr. Domukovsky fueron arrestados en Azerbaiyán en virtud de un acuerdo entre Georgia y Azerbaiyán. La orden de detención del Sr. Gelbakhiani fue emitida por el Fiscal General el 30 de septiembre de 1992, y el acusado fue arrestado el 6 de abril de 1993.

14.4. Según el Estado Parte, no se ha demostrado que el Sr. Gelbakhiani haya sido sometido a coacción mental y física durante la investigación preliminar.

14.5. En cuanto al procedimiento de examen, se ha determinado que no se produjeron violaciones de procedimiento en la investigación preliminar ni en las actuaciones judiciales.

14.6. El Estado Parte explica que el juicio tuvo lugar en público y que la entrada a la sala y la asistencia se limitaron sólo cuando no había más lugar.

14.7. El Estado Parte sostiene que el Sr. Gelbakhiani recibió una copia de las acusaciones contra él, en plena consonancia con la ley. Una vez terminadas las investigaciones preliminares, el Sr. Gelbakhiani y los otros acusados, examinaron los expedientes junto con sus abogados. El Estado Parte señala que en las solicitudes presentadas no se menciona la necesidad de consultar material adicional. Antes del juicio, Gelbakhiani pidió consultar los expedientes de la causa; el Tribunal accedió a esa petición y le facilitó los archivos disponibles en ese momento desde el 13 de octubre de 1993 hasta el 6 de enero de 1994. Durante ese período, las actuaciones judiciales estuvieron suspendidas.

l4.8. El Estado Parte sostiene que el Sr. Gelbakhiani gozó sin restricciones del derecho a defenderse durante todas las investigaciones preliminares y las actuaciones judiciales, y que tuvo oportunidad de escoger a su propio abogado defensor. A tal fin, el Tribunal le permitió reunirse con miembros de su familia para escoger al abogado. El Sr. Gelbakhiani escogió como defensor al Sr. I. Konstantinidi, del 24 de septiembre de 1993 en adelante. Este abogado también lo había defendido durante las investigaciones preliminares. El 16 de febrero de 1994 el Sr. Konstantinidi pidió al Tribunal que lo excusara del caso, pero el Tribunal se negó, considerando que la solicitud era un intento de demorar las actuaciones.

14.9. En este contexto, el Estado Parte señala que el juicio duró un año y cinco meses, pero que el Tribunal examinó la causa sólo durante seis meses. El resto del tiempo, la consideración de la causa se demoró debido a solicitudes injustificadas de los acusados.

14.10. Con respecto a la denuncia del Sr. Gelbakhiani de que el juicio se celebró en su ausencia, el Estado Parte se refiere a las explicaciones dadas respecto de la causa del Sr. Domukovsky (véase el párrafo 10.11).

14.11. En cuanto a la legitimidad de la condena a muerte, el Estado Parte explica que en la declaración del Soviet Supremo de la República de Georgia del 21 de febrero de 1992 se reconoce la supremacía de la Constitución de Georgia democrática del 21 febrero de 1921 y se establecen los procedimientos para su aplicación, teniendo en cuenta las condiciones imperantes en la actualidad. De conformidad con el primer párrafo de la ordenanza aprobada por el Consejo del Estado el 24 de febrero de 1992, la legislación existente en ese momento se aplicaría en la República de Georgia hasta que la legislación actual se pusiera en consonancia con los principios de la Constitución de Georgia. Además, el 11 de junio de 1992 el Consejo del Estado emitió una ordenanza explicando que la legislación existente, incluido el sistema de sanciones establecido en el Código Penal, que dispone la pena de muerte, estaba en vigor en el territorio de la República de Georgia. El Estado Parte sostiene, por lo tanto, que no está justificada la denuncia de Gelbakhiani de que la condena a muerte se le impuso en violación de la Constitución en vigor en ese momento.

15.1. En sus comentarios, el Sr. Gelbakhiani explica que salió de Georgia debido a sus opiniones políticas y que recibió permiso para vivir en Azerbaiyán. El 6 de abril de 1993, 30 personas armadas rodearon su casa y lo secuestraron junto con el Sr. Domukovsky. Afirma que no se le mostró la orden de detención y que fue trasladado a Georgia ilegalmente.

l5.2. Sostiene que durante su detención fue golpeado y que en su cara tiene todavía las cicatrices. Durante el interrogatorio fue sometido a presión psicológica y los interrogadores amenazaron a los miembros de su familia. Declara que fue mantenido en el pabellón de detención durante dos meses, mientras que según la ley el período máximo de detención es de tres días.

l5.3. Declara que durante el juicio se violaron los principios de las garantías procesales y que no se permitió a ciudadanos ordinarios asistir al juicio. Declara además que se violó el principio de la presunción de inocencia, dado que el Presidente de la República llamó asesinos a los acusados y exigió la aplicación de la pena de muerte.

l5.4. Reitera además que se le negó acceso a los documentos del denominado caso Kvareli, que inicialmente iba a ser juzgado junto con el suyo pero que luego fue separado.

l5.5. El 28 de enero de 1994 el Sr. Gelbakhiani decidió anular el acuerdo con su abogado en razón de las difíciles relaciones de trabajo con el Tribunal. El acuerdo fue anulado el 28 de enero de 1994, pero el Tribunal no accedió a esta petición y el 16 de febrero de 1994 nombró nuevamente al mismo abogado. Cuando el abogado presentó una protesta, el Colegio de Abogados confirmó la decisión del Tribunal el 21 de febrero de 1994. El Sr. Gelbakhiani sostiene que, al haber estado asesorado por un abogado defensor al que había despedido, se le negó la libertad para elegir al abogado defensor y, de hecho, no tuvo asistencia letrada.

l5.6. Según el Sr. Gelbakhiani, el 25 de febrero de 1992 se restituyó la Constitución de 1921, en la que se abolía la pena de muerte. Esta siguió siendo la situación jurídica hasta el 17 de junio de 1992. Dado que el incidente por el que fue condenado tuvo lugar el 14 de junio de 1992, la pena de muerte no se puede aplicar legalmente a su caso.

El caso del Sr. Irakli Dokvadze

16.1. El Estado Parte explica que el Sr. Dokvadze fue declarado culpable de bandidaje, preparación de actos terroristas y actos destinados a crear confusión para debilitar la República de Georgia, así como del asesinato de varias personas y de intento de asesinato con circunstancias agravantes. Fue condenado a la pena de muerte. El 25 de julio de 1997, le fue conmutada la sentencia por 20 años de prisión.

16.2. El Estado Parte comunica que la denuncia del Sr. Dokvadze de que se vio obligado a prestar declaración bajo coacción física y mental no quedó demostrada durante el examen judicial del caso. El Estado Parte explica que durante la investigación preliminar el Sr. Dokvaze no hizo mención alguna de que se le hubiera infligido torturas o presiones psicológicas a pesar de que en varias ocasiones se reunió en privado con su abogado y, de este modo, tuvo la oportunidad de apelar ante las autoridades o ante las organizaciones internacionales de derechos humanos, con cuyos representantes también se entrevistó. El Estado Parte informa de que el 8 de septiembre de 1992 fue entrevistado por televisión y reconoció sus crímenes. Además, durante la investigación preliminar fue interrogado en presencia de un abogado y redactó él mismo su confesión, leyó los informes de los interrogatorios, añadió sus comentarios y firmó la declaración, refrendando su exactitud. Sobre esta base, el tribunal concluyó que no quedada probado que se hubiera infligido violencia al acusado.

16.3. Con respecto a la denuncia de que el juicio se celebró en ausencia del acusado, el Estado Parte se refiere a sus explicaciones en el caso del Sr. Domukovsky (véase el párrafo 10.11).

17. No se han recibido observaciones del Sr. Dodvadze, pese a que se le envió un recordatorio el 20 de noviembre de 1997.

Cuestiones y procedimientos ante el Comité

18.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información que le proporcionaron las partes, como se prevé en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

18.2. Con respecto a las denuncias formuladas por el Sr. Domukovsky y el Sr. Gelbakhiani en el sentido de que fueron detenidos ilegalmente cuando se encontraban en Azerbaiyán, el Comité toma nota de que el Estado Parte ha informado de que fueron detenidos a raíz de un acuerdo con las autoridades de Azerbaiyán sobre cooperación en asuntos criminales. El Estado Parte no ha proporcionado información específica sobre el acuerdo, ni sobre sus modalidades de aplicación al presente caso. El abogado del Sr. Domukovsky, sin embargo, ha presentado una carta del Ministerio del Interior de Azerbaiyán en la que se afirmaba no tener conocimiento de que se hubiese pedido su detención. A falta de una explicación más concreta del Estado Parte en cuanto al fundamento jurídico de su detención en Azerbaiyán, el Comité considera que debe darse la debida consideración a las afirmaciones detalladas de los autores y considera que su detención fue ilegal, en violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.

18.3. En consecuencia, el Comité no tiene que pasar a examinar la cuestión de si la detención del Sr. Domukovsky fue también ilegal a causa de la inmunidad parlamentaria que éste aduce o de si se violó el artículo 25 del Pacto.

18.4. El Sr. Tsiklauri alega que se le detuvo ilegalmente en agosto de 1992 y que no le mostró la orden de detención hasta después de haber transcurrido un año desde que fuera detenido. El Estado Parte ha negado este particular, informó que fue detenido en agosto de 1993, pero no trata detalladamente la denuncia ni proporciona documento alguno para rebatirla. A falta de información proporcionada por el Estado Parte, acerca de la fecha en que se le mostró al Sr. Tsiklauri la orden de detención y la fecha en que se le leyó el acta de acusación, y a falta de respuesta a la denuncia del autor de que se le mantuvo detenido por un año antes de que se emitiera la orden de detención, el Comité considera que debe darse la debida consideración a la denuncia del autor. Por consiguiente, el Comité concluye que, en el caso del Sr. Tsiklauri, se ha violado el párrafo 2 del artículo 9.

18.5. En cuanto a la reclamación del Sr. Tsiklauri de que las acusaciones formuladas en su contra estaban cubiertas por el decreto de amnistía de 3 de agosto de 1992, el Comité considera que la información de que dispone no le permite llegar a ninguna conclusión al respecto y concluye que el autor no ha sustanciado su reclamación.

18.6. Cada uno de los autores ha denunciado que fue objeto de tortura y maltratos, incluidas palizas brutales y presiones físicas y morales, que en el caso del Sr. Domukovsky provocaron una conmoción cerebral, al Sr. Tsiklauri le causaron conmoción cerebral, rotura de huesos, heridas y quemaduras, al Sr. Gelbekhiani cicatrices y en el caso del Sr. Dokvadze supusieron tanto torturas como amenazas a su familia. El Estado Parte ha negado que se hubiere torturado, e indicó que el examen judicial puso de relieve que las denuncias carecían de fundamento. Sin embargo, no indicó la manera en que el tribunal investigó las denuncias, ni proporcionó copias de informes médicos al respecto. En particular, con respecto a la denuncia del Sr. Tsiklauri, el Estado Parte no ha contestado a la denuncia, limitándose a referirse a una investigación que supuestamente concluyó que el Sr. Tsiklauri había saltado de un vehículo en marcha y que se había derramado té caliente encima. El Comité no recibió copia alguna de dicha investigación y el Sr. Tsiklauri ha impugnado las conclusiones de la investigación, que según dice fue realizada por oficiales de policía sin que se hubiera nunca celebrado una audiencia ante un tribunal. En vista de las circunstancias, el Comité considera que los hechos de que dispone prueban que los autores fueron sometidos a tortura y a un trato cruel e inhumano, en violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

18.7. El Comité ha tomado nota de la denuncia del Sr. Domukovsky en el sentido de que no recibió una copia del acta de acusación en ruso y que se le negaron los servicios de un intérprete; habida cuenta de que su nacionalidad es rusa y no georgiana. El Estado Parte ha respondido que el Tribunal llegó a la conclusión de que el autor comprendía perfectamente el idioma georgiano y además se dice que el autor redactó sus declaraciones en georgiano. El abogado del autor ha señalado que hizo sus estudios e investigaciones en ruso, pero no ha demostrado que no tuviera conocimientos suficientes de georgiano. En estas circunstancias, el Comité concluye que la información de que dispone no prueba que haya sido violado el derecho del Sr. Domukovsky en virtud del apartado f) del párrafo 3 del artículo 14, que prevé la asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.

18.8. Con respecto a la cuestión de si los autores tuvieron acceso a todo el material utilizado en el juicio contra ellos, el Comité observa que la información de que dispone no le permite pronunciarse sobre el particular. El Comité considera que los autores no han sustanciado su pretensión.

18.9. El Comité observa que no se ha desmentido el hecho de que los autores fueron obligados a estar ausentes durante largos períodos del juicio, y que en parte de su proceso el Sr. Domukovsky carecía de representación letrada, mientras que tanto el Sr. Tsiklauri como el Sr. M. Gelbakhiani estuvieron representados por abogados cuyos servicios habían rechazado, y no se les permitió defenderse ellos mismos o estar representados por abogados de su elección. El Comité afirma que en un juicio en que pueda imponerse la pena de muerte, como era la situación en que se encontraba cada uno de los autores, el derecho a la defensa es inalienable y debe observarse en todos los casos y sin excepción. Ello implica el derecho a estar presente en el juicio, a ser defendido por un abogado de su propia elección y no ser obligado a aceptar que se le designe un abogado de oficio / Véanse, entre otros, los dictámenes del Comité respecto de las comunicaciones Nos. 52/1979, Sadías de López c. el Uruguay, (dictamen aprobado el 29 de julio de 1981) y 74/1980, Estrella c. el Uruguay (dictamen aprobado el 29 de marzo de 1983). Véase también 232/1987, Pinto c. Trinidad y Tabago, dictamen aprobado el 20 de julio de 1990./. En este caso, el Estado Parte no ha demostrado que tomó todas las medidas razonables para que los autores estuviesen presentes en todo momento en el juicio, pese a su presunta conducta perturbadora. Tampoco garantizó el Estado Parte que cada uno de los autores estuviese defendido en todo momento por un abogado de su elección. Por consiguiente, el Comité concluye que los hechos del caso revelan una violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14.

18.10. El Sr. Gelbakhiani ha alegado que la pena de muerte que se le impuso a él y al Sr. Dokvadze era ilegal por que la Constitución en vigor en el momento en que los crímenes se cometieron no permitía la pena de muerte. El Estado Parte ha argumentado que, en virtud de decreto del Consejo de Estado, esa disposición de la Constitución no era aplicable y que, por consiguiente, la pena de muerte seguía en vigor. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que derechos básicos, tales como los previstos en la Constitución, hubieran podido ser derogados por decreto del Consejo de Estado. Sin embargo, a falta de información precisa y habida cuenta de la conmutación de la pena de muerte contra los autores, el Comité no necesita entrar a considerar si la imposición de la pena de muerte en el presente caso era efectivamente ilegal por las razones expuestas por los autores. No obstante, el Comité recuerda que la imposición de una pena de muerte a raíz de la celebración de un juicio en el curso del cual no se han respetado las disposiciones del Pacto constituye, si no es posible una apelación contra la sentencia, una violación del artículo 6 del Pacto.

18.11. El Comité observa que, de conformidad con la información que obra en su poder, los autores no podían apelar el fallo condenatorio y la pena, pero que la ley prevé únicamente una revisión judicial, que aparentemente se realiza sin una audiencia pública y versa únicamente sobre cuestiones de derecho. El Comité opina que esta clase de revisión no reúne los requisitos previstos en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, en que se requiere una evaluación plena de las pruebas y de las incidencias del juicio y que se vulneró esta disposición respecto de cada uno de los autores.

18.12. El Comité concluye que no han quedado probadas las alegaciones de los autores de que se les negó un juicio público, se violó la presunción de inocencia, los tribunales no eran imparciales y fueron procesados en violación de su derecho a la libertad de opinión y expresión, y que se violó su libertad de asociación.

19. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opina que los hechos que obran en su poder revelan una violación del artículo 7, del párrafo 1 del artículo 10, del apartado d) del párrafo 3 y del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con respecto a cada uno de los autores, así como una violación del párrafo 1 del artículo 9 con respecto al Sr. Domukovsky y al Sr. Gelbekhiani, y del párrafo 2 del artículo 9 con respecto al Sr. Tsiklauri.

20. El Comité opina que, en virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, los autores tienen derecho a un recurso eficaz, que incluya su puesta en libertad. El Estado Parte tiene la obligación de velar porque violaciones similares no se produzcan en el futuro.

21. Considerando que, al pasar a ser Parte en el Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido una violación del Pacto y que, de conformidad con el artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a asegurar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y aplicable cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información acerca de las medidas que haya adoptado para dar efecto al presente dictamen del Comité.

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* Los siguientes miembros del Comité participaron en el examen de las presentes comunicaciones: Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra N. Bhagwati, Sr. Thomas Buergenthal, Sra. Christine Chanet, Lord Colville, Sr. Omran El Shafei, Sra. Elizabeth Evatt, Sr. Eckart Klein, Sr. David Kretzmer, Sr. Rajsoomer Lallah, Sra. Cecilia Medina Quiroga, Sr. Fausto Pocar, Sr. Julio Prado Vallejo, Sr. Martin Scheinin, Sra. Maxwell Yalden y Sr. Abdallah Zakhia.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo el texto inglés la versión original. Se publicará posteriormente en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]