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1.����������� Voto a favor de la adopci�n de la presente Opini�n Consultiva, por entender que su interpretaci�n del art�culo 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos atiende con fidelidad a los imperativos complementarios de la b�squeda de la verdad, la seguridad jur�dica, el equilibrio y la equidad procesales, y la realizaci�n de la justicia bajo la Convenci�n. En cuanto a la decisi�n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la cuesti�n de su competencia y de la admisibilidad de la solicitud de Opini�n Consultiva, adem�s de votar a favor de dicha decisi�n, me veo obligado a agregar el presente Voto Concurrente.

 

2.����������� En un procedimiento consultivo marcado por el incidente del retiro por parte de Chile de su consulta a la Corte, considero correcta la firme posici�n por �sta asumida y sostenida, desde sus resoluciones del 14 de abril y del 12 de septiembre de 1997 hasta la adopci�n de la presente Opini�n Consultiva. La decisi�n de la Corte de sostener el amplio alcance de su competencia consultiva, a pesar del retiro de la solicitud original de Chile, representa, a mi juicio, un avance en la materia, con consecuencias positivas hacia el fortalecimiento de su funci�n consultiva bajo el art�culo 64 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

 

3.����������� El incidente ocurrido en el presente procedimiento consultivo gener� una serie de interrogantes e incertidumbres que trascienden las circunstancias del presente asunto y alcanzan las bases de la funci�n consultiva de la Corte Interamericana, con repercusiones en el propio mecanismo de supervisi�n de la Convenci�n Americana. Por consiguiente, me veo en el deber de, a t�tulo de aclaraci�n y como fundamentaci�n de la posici�n que asum� al respecto desde el inicio de la consideraci�n por la Corte del presente asunto, dejar constancia de mi razonamiento al respecto, que refleja, en �ltima instancia, mi concepci�n de los fundamentos del propio ordenamiento jur�dico internacional.

 

4.����������� En su escrito presentado a la Corte el 31 de julio de 1997, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos observ� que, con el retiro efectuado por Chile de su solicitud consultiva original, qued� la Corte sin una "petici�n expl�cita" de Opini�n Consultiva. En el entender de la Comisi�n, el referido retiro priv� a la Corte de la competencia para emitir la Opini�n Consultiva, por cuanto la Convenci�n Americana no le confiere la potestad de emitirla ex officio o motu propio[1]. La l�nea de argumentaci�n de la Comisi�n atribuye, pues, importancia decisiva al comportamiento del Estado solicitante subsiguiente a la presentaci�n de su petici�n, a punto de condicionar la propia competencia de la Corte de decidir la emisi�n de la Opini�n Consultiva a dicho comportamiento y sus efectos.

 

5.����������� El razonamiento de la Comisi�n revela una visi�n de la base jurisdiccional de la funci�n consultiva internacional propia de otra �poca, y de muy dif�cil sustentaci�n en nuestros d�as. Al contrario de lo que supone la Comisi�n, entiendo que, por fuerza de un principio del Derecho Internacional cristalizado en la pr�ctica arbitral internacional y dotado de reconocimiento judicial[2], todo tribunal internacional y todo �rgano poseedor de competencias jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz / comp�tence de la comp�tence).

 

6.����������� Toda vez que la Corte decide responder o no una solicitud de Opini�n Consultiva, est� ejerciendo el poder de determinar su propia competencia, emanado de un principio del Derecho Internacional general, y no condicionado por el comportamiento del Estado u �rgano solicitante. Dicho principio, a su vez, reposa, no en la "voluntad de las partes" (o sea, del Estado u �rgano interesado), como se pensaba en el pasado y como el escrito de la Comisi�n todav�a pretende hacer creer, sino m�s bien en la naturaleza intr�nseca del �rgano judicial internacional.���

 

7.����������� Una vez puesto en movimiento el procedimiento consultivo, y notificada la consulta a todos los Estados miembros y �rganos principales de la Organizaci�n de los Estados Americanos (OEA), y estando la petici�n ya bajo el conocimiento de la Corte, no hay c�mo pretender privar a �sta de su competencia, ni siquiera por el retiro de la solicitud original. La Corte tiene la competencia de la competencia, y decide, en el ejercicio de su discrecionalidad, si emite o no la Opini�n Consultiva. El retiro no tiene cualquier efecto sobre su competencia ya establecida. La materia objeto de la petici�n ya se encuentra bajo su conocimiento, y la Corte es maestra de su jurisdicci�n.�

 

8.����������� La fragilidad del argumento en contrario, pretendiendo negar la competencia de la Corte en las circunstancias del presente procedimiento consultivo, no resiste a un examen m�s riguroso de la materia. Como me he mantenido siempre en la posici�n de la defensa de la integridad de las facultades, como �rganos de protecci�n de los derechos humanos bajo la Convenci�n Americana, tanto de la Corte como de la Comisi�n, me veo aqu� en la obligaci�n de, con la misma determinaci�n, sostener la intangibilidad de la competencia de la Corte, la cual curiosamente la Comisi�n busc� negar en el presente asunto.�

 

9.����������� Entiendo que, a�n en la circunstancia del retiro de una solicitud de Opini�n Consultiva, como en el presente procedimiento, se impone, a mi juicio, la prevalencia de la jurisdicci�n consultiva de la Corte. Dicha jurisdicci�n (jus dicere, jurisdictio, la potestad de declarar el Derecho) no puede estar a merced de la voluntad cambiante de los interesados; su competencia (potestad de conocer un determinado asunto), como medida o especie de tal jurisdicci�n, no puede estar condicionada por las vicisitudes de las manifestaciones del consentimiento por parte del Estado u �rgano solicitante de la Opini�n Consultiva.�

 

10.��������� La consideraci�n de la materia no puede prescindir de un examen de los elementos jurisprudenciales disponibles. Como la Corte Europea de Derechos Humanos todav�a no ha ejercido su funci�n consultiva bajo el Protocolo n. 2 (de 1963) a la Convenci�n Europea de Derechos Humanos, en raz�n de los t�rminos extremamente restrictivos de aquel Protocolo (sobre todo su art�culo 1(2)) que casi lo privan de finalidad, torn�ndolo vac�o de sentido), - el an�lisis que me permito desarrollar incide en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (y su predecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional), a la par de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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11.��������� En el asunto de la Carelia Oriental (1923), la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) se abstuvo de dar una Opini�n Consultiva por considerar que, si la emitiera, equivaldr�a �sto a decidir una disputa pendiente entre Rusia y Finlandia. Esta decisi�n se torn� locus classicus para la tesis de que el consentimiento del Estado interesado era siempre un prerrequisito para el ejercicio de la competencia consultiva de la Corte[3]. Esta tesis, alineada con el positivismo jur�dico prevaleciente en la �poca[4], fue, sin embargo, prontamente abandonada y sistem�ticamente rechazada por la nueva Corte Internacional de Justicia (CIJ).

 

12.��������� Ya en 1950 se manifest� esta �ltima contra el llamado "principio de la Carelia Oriental": en el asunto de la Interpretaci�n de los Tratados de Paz, la CIJ descart� la oposici�n de Bulgaria, Hungria y Rumania a que emitiera una Opini�n Consultiva en raz�n de la falta de su consentimiento. Para la CIJ, trat�base de una confusi�n entre los principios que rigen los procedimientos contencioso y consultivo, por cuanto el consentimiento del Estado interesado era una precondici�n tan s�lo de la jurisdicci�n contenciosa, y no de la consultiva. Por consiguiente, ning�n Estado podr�a impedir que la CIJ decidiera dar una Opini�n Consultiva solicitada[5].

 

13.��������� As�, tanto en la Opini�n Consultiva sobre la Interpretaci�n de los Tratados de Paz (1950) como en la Opini�n Consultiva sobre las Reservas a la Convenci�n contra el Genocidio (1951)[6], la CIJ se manifest� en defensa de la base jurisdiccional propia de su competencia consultiva, afirmando que no deber�a en principio dejar de responder a un pedido de Opini�n Consultiva. La funci�n consultiva de un tribunal internacional como la CIJ pasaba a afirmarse como dotada de caracter�sticas propias, que la distingu�an claramente de la competencia en materia contenciosa.

 

14.��������� En succesivas ocasiones la CIJ, en efecto, afirm� la existencia de una "cuesti�n jur�dica", y acrecent� que, aunque existieron aspectos pol�ticos, ni por eso la cuesti�n objeto de los pedidos de Opini�n Consultiva dejaba de ser jur�dica, afirm�ndose as� su competencia para emitir la Opini�n Consultiva, en el desempe�o de una tarea esencialmente judicial[7]. La supuesta motivaci�n pol�tica de una solicitud de Opini�n Consultiva y las eventuales "implicaciones pol�ticas" que la Opini�n Consultiva pudiera tener, - advirti� la CIJ, - eran irrelevantes en el establecimiento de su competencia para dar tal Opini�n Consultiva[8].

 

15.��������� En el c�lebre asunto de Namibia (1971), por ejemplo, la CIJ rechaz� el argumento de �frica del Sur - que se opon�a a que ella emitiera la Opini�n Consultiva - de que se trataba de una cuesti�n pol�tica involucrando una disputa entre �frica del Sur y otros Estados: de esto no se trataba, replic� la CIJ, ponderando que estaba delante de una solicitud de Opini�n Consultiva que ella, como �rgano judicial principal de las Naciones Unidas, deb�a atender para aclarar las consecuencias e implicaciones de las decisiones del Consejo de Seguridad al respecto. Adem�s, el hecho de haber puntos "factuales" para requerir examen en nada afectaba el car�cter de "cuesti�n jur�dica" a ella sometida para una Opini�n Consultiva. Para pronunciarse sobre "cuestiones jur�dicas", remat� la Corte, hab�a tambi�n que examinar aspectos factuales, no habiendo cualquier "fuerte raz�n" que pudiera llevar a la CIJ a abstenerse de dar la Opini�n Consultiva solicitada[9].

 

16.��������� Si la CIJ hubiera tomado otra posici�n, seg�n una visi�n m�s restrictiva de su competencia consultiva, hubiera dejado de dar una Opini�n Consultiva de transcendencia hist�rica. Considero la Opini�n Consultiva sobre Namibia (1971), para el derecho intertemporal, la Opini�n Consultiva sobre las Reservas a la Convenci�n contra el Genocidio (1951), para el reconocimiento de principios humanitarios imponi�ndose a los Estados a�n en la ausencia de cualquier obligaci�n convencional (preanunciando el advenimiento del concepto del jus cogens[10]), y la Opini�n Consultiva sobre Reparaciones de Da�os (1948), para la aserci�n de la personalidad jur�dica internacional de Naciones Unidas (y a fortiori de la de otras organizaciones internacionales), las tres Opiniones Consultivas de la CIJ de mayor significaci�n en perspectiva hist�rica para la evoluci�n del Derecho Internacional contempor�neo.

 

17.��������� Ninguna de ellas hubiera sido posible[11] si la CIJ hubiera partido de una concepci�n voluntarista ultrapasada del Derecho Internacional, con un apego instintivo al consentimiento del Estado individual para el ejercicio de la competencia no s�lo contenciosa sino tambi�n consultiva de los tribunales internacionales. La gran contribuci�n de la Opini�n Consultiva de la CIJ sobre la Interpretaci�n de los Tratados de Paz (1950) consisti� precisamente en dejar bien claro que los principios que rigen los procedimientos contencioso y consultivo son esencialmente distintos. El consentimiento estatal condiciona el primero, pero no el segundo.

 

18.��������� Eventuales oposiciones al ejercicio de la funci�n consultiva (alegando la existencia de "elementos factuales", o de un "caso contencioso encubierto", o de una "disputa" involucrando uno o m�s Estados, o de una simple "controversia") no deben, pues, impresionar; no hay que darles una dimensi�n que no tienen. Tales oposiciones han sido una constante en la pr�ctica judicial internacional, y han sido repetidamente descartadas por la CIJ. No hay nada de nuevo bajo el sol. Por ejemplo, en el asunto del Sahara Occidental (1975), fue� Espa�a quien invoc� en vano el requisito del consentimiento tal como afirmado �ste por la antigua CPJI en el asunto de la Carelia Oriental (supra), mientras que Marruecos y Mauritania optaron por fundamentarse en los desarrollos jurisprudenciales posteriores (Opiniones Consultivas de la CIJ sobre la Interpretaci�n de los Tratados de Paz, y sobre Namibia, supra).

 

19.��������� En la misma l�nea de �stos �ltimos, sostuvo la Corte de La Haya que una cuesti�n no dejaba de ser jur�dica por tener aspectos pol�ticos, siendo, pues, susceptible de constituirse en objeto de una Opini�n Consultiva. Siendo la competencia contenciosa (sujeta al consentimiento) distinta de la consultiva, y teniendo una Opini�n Consultiva - por fuerza de su propia definici�n - car�cter tan s�lo consultivo, - prosigui� la referida Corte, - ning�n Estado miembro de Naciones Unidas pod�a impedir que tal Opini�n Consultiva fuera emitida por la CIJ, como �rgano judicial principal que participa en la vida de la Organizaci�n de las Naciones Unidas; tanto es as� que en el procedimiento consultivo no hay partes, ni reglas sobre pruebas (tal como la de la carga de la prueba)[12].

 

20.��������� M�s recientemente, en el asunto de la Aplicabilidad del Art�culo VI, Secci�n 22, de la Convenci�n sobre Privilegios e Imunidades de Naciones Unidas (1989), volvi� la CIJ a ponderar que se encontraba delante de una cuesti�n jur�dica, por cuanto se refer�a a una convenci�n internacional y su aplicaci�n; distintamente de la competencia contenciosa, el consentimiento de los Estados no es precondici�n de su competencia consultiva, y ning�n Estado pod�a impedir que la CIJ diera una Opini�n Consultiva. En aquel procedimiento, agreg� la Corte, la ausencia de consentimiento por parte de Rumania no ten�a efecto alguno sobre la jurisdicci�n de la Corte[13]. Prosigui� la Corte, por consiguiente, como en ocasiones anteriores, a emitir la Opini�n Consultiva.

 

21.��������� Pasando del plano global al regional interamericano, la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como �sta propia ha se�alado desde el inicio en su jurisprudencia, es particularmente amplia, como se desprende de los t�rminos del art�culo 64 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, in�ditos y sin paralelos[14] en la funci�n judicial internacional. Los travaux pr�paratoires� del art�culo 64 de la Convenci�n Americana confirman el prop�sito original de dotar a la Corte Interamericana de competencia consultiva particularmente amplia, sin antecedentes en el Derecho Internacional contempor�neo[15].

 

22.��������� Abierta la facultad de solicitud de Opiniones Consultivas tanto a los Estados Partes en la Convenci�n Americana, como a los Estados miembros y a los �rganos principales de la OEA, el atendimiento por la Corte de eventuales solicitudes corresponde a un imperativo de ordre public, para ayudar a dichos Estados y �rganos en la correcta aplicaci�n de la Convenci�n y en el cumplimiento cabal de las obligaciones convencionales[16]. Resulta claro, pues, que la funci�n consultiva de la Corte, tan ampliamente concebida, no est� sujeta a las restricciones derivadas del prerrequisito del consentimiento de los Estados para someterse a su jurisdicci�n, distintamente de su competencia en materia contenciosa (art�culo 62(1) de la Convenci�n). Las limitaciones de esta �ltima dan muestras de la falta de automatismo de la jurisdicci�n internacional para el examen de casos concretos.

 

23.��������� El procedimiento consultivo tiene caracter�sticas y l�gica propias: en �l no hay partes (demandante y demandada), no hay Sentencia (tan s�lo Opini�n Consultiva), tampoco hay sanciones y reparaciones. Nada hay que permita extender a dicho procedimiento el prerrequisito del consentimiento estatal, propio del ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte. Todo lo que se busca, en el procedimiento consultivo bajo la Convenci�n Americana (en los t�rminos de su art�culo 64), es obtener una interpretaci�n por parte de la Corte Interamericana de disposiciones de la Convenci�n (o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos en los Estados americanos) que facilite y perfeccione la aplicaci�n de �sta[17].

 

24.��������� La Corte s�lo se abstendr�a de responder a una solicitud de Opini�n Consultiva si encontrase que la consulta excede el alcance de su competencia consultiva, sea porque busca debilitar el mecanismo de protecci�n de la Convenci�n de modo que menoscaba los derechos protegidos, sea porque busca desvirtuar o perjudicar la jurisdicci�n contenciosa de la Corte[18]. En la experiencia de la Corte hasta la fecha, en solamente una �nica ocasi�n estim� que responder la consulta formulada (por Costa Rica) podr�a desvirtuar su jurisdicci�n contenciosa y menoscabar los derechos humanos protegidos (de quienes hab�an formulado peticiones ante la Comisi�n Interamericana)[19]; la Corte decidi�, pues, no responder la consulta, haciendo uso de su juicio discrecional, en el pleno ejercicio de su competencia consultiva.

 

25.��������� Aparte de este episodio aislado, la jurisprudencia de la Corte, desde su primera Opini�n Consultiva (de 1982), se ha desarrollado en las mismas l�neas de la jurisprudencia internacional sobre la materia (en particular la de la Corte Internacional de Justicia), en el sentido de, en principio, responder siempre las consultas formuladas (aunque ante la oposici�n de alg�n Estado), descartando as� una interpretaci�n indebidamente restrictiva de su funci�n consultiva[20]. De ese modo, en el asunto de las Restricciones a la Pena de Muerte (1983), la Corte desestim� la oposici�n de Guatemala a que diera la Opini�n Consultiva, al considerar que el mero hecho de que existiera una controversia entre la Comisi�n Interamericana y Guatemala acerca del art�culo 4 (derecho a la vida) de la Convenci�n Americana no constitu�a fundamento suficiente para que se abstuviera la Corte de ejercer su competencia consultiva en aquel procedimiento[21].

 

26.��������� Siempre hay la posibilidad de que el inter�s de alg�n Estado pueda ser afectado, de un modo o de otro, por la interpretaci�n dada en una determinada Opini�n Consultiva; precisamente por eso se faculta a los Estados resguardar sus intereses mediante la plena participaci�n, a ellos asegurada, en el procedimiento consultivo, para someter a la Corte sus puntos de vista sobre la materia bajo examen[22] (Reglamento de la Corte, art�culo 62). La Corte, a su vez, no tiene porqu� preocuparse con las motivaciones que por ventura hayan inspirado una solicitud de Opini�n Consultiva[23], o el retiro subsiguiente de dicha solicitud, o la reconsideraci�n de tal retiro. Su �nica preocupaci�n debe ser con el fiel ejercicio de la importante funci�n consultiva que le atribuye el art�culo 64 de la Convenci�n Americana.�����

 

27.��������� Teniendo presente lo que se�ala la jurisprudencia internacional sobre la materia, una cuesti�n sometida al examen de la Corte Interamericana en la forma de una solicitud de Opini�n Consultiva no debe acarrear la inhibici�n del Tribunal por el s�lo hecho de estar circundada de alguna controversia. Por el contrario, con mayor raz�n debe la Corte Interamericana ejercer su funci�n consultiva para aclarar la cuesti�n y, por este medio, abrir camino para una aplicaci�n m�s eficaz de la Convenci�n Americana. La experiencia de la CIJ provee una clara ilustraci�n en este sentido. En lo que respecta a la Corte Interamericana, esta posici�n se impone con a�n mayor fuerza, trat�ndose de una jurisdicci�n internacional de salvaguarda de los derechos humanos, a cuyos mecanismos de protecci�n est� subyacente la noci�n de garant�a colectiva.

 

28.��������� De lo anteriormente expuesto, resulta, a mi juicio, enteramente descartada la tesis del consentimiento del Estado u �rgano individual interesado como base de la competencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Su �nica manifestaci�n, propia de otra �poca, el llamado "principio de la Carelia Oriental", es hoy una pieza de museo, de inter�s tan s�lo hist�rico. La jurisprudence constante de la CIJ cuid� de sepultar aquella manifestaci�n de la concepci�n voluntarista del Derecho Internacional - reflejo o emanaci�n de un positivismo jur�dico degenerado[24], - que, si se hubiera mantenido y llevada a extremos, hubiera conllevado a la propia negaci�n de todo ordenamiento jur�dico internacional.

 

29.��������� La referida concepci�n positivista-voluntarista jam�s se libr� de la contradicci�n entre el consentimiento estatal como supuesta base de las obligaciones derivadas de las normas internacionales y su premisa de la existencia de una regla jur�dica previendo la fuerza obligatoria de todo aquello en que se consent�a. A�n en un dominio del Derecho Internacional visiblemente permeado del voluntarismo estatal como el derecho de los tratados, se hac�a presente la premisa de la fuerza objetivamente obligatoria de los tratados (pacta sunt servanda). Muy pronto la doctrina m�s esclarecida se dio cuenta de que el ordenamiento jur�dico internacional era, m�s que voluntario, necesario. Y eso se torn� tan evidente sobre todo en el presente dominio de la protecci�n internacional de la persona humana.��� �����������

 

30.��������� No tendr�a sentido intentar resucitar el principio de la Carelia Oriental en nuestros d�as, en v�speras del nuevo siglo, despu�s de 50 a�os de jurisprudencia internacional s�lidamente construida en sentido contrario. No estando el ejercicio de la competencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana condicionado al consentimiento individual de cada Estado, no hay c�mo sostener que el ejercicio de tal competencia afecte la soberania estatal, - noci�n �sta, adem�s, ajena al dominio de la protecci�n internacional de los derechos humanos, el cual se ha inspirado m�s bien en la noci�n de solidariedad.

 

31.��������� En el presente procedimiento, en su ya mencionado escrito presentado a la Corte el 31.07.1997, la Comisi�n Interamericana reconoci� la facultad de la Corte de proseguir con el examen de un caso contencioso a�n cuando la parte demandante notifica su intenci�n de desistir (art�culo 54 del Reglamento de la Corte), pero consider� que esta norma, a la luz del art�culo 63 del Reglamento, "no es completamente compatible" con el procedimiento consultivo[25]. Dicha conclusi�n requiere demostraci�n.

 

32.��������� El art�culo 54 del Reglamento se�ala, como justificaci�n de la facultad que atribuye a la Corte, "las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos". De ese modo, al contrario de lo que supone el escrito de la Comisi�n, si en el ejercicio de su competencia contenciosa (condicionada por el previo consentimiento de los Estados Partes) puede la Corte proseguir con el examen de un caso concreto a�n despu�s del desistimiento de la parte demandante, a fortiori puede la Corte, con a�n mayor raz�n, proseguir con el examen de una materia para emitir una Opini�n Consultiva (cuyo tr�mite no est� condicionado por el previo consentimiento estatal) a�n despu�s del retiro de la solicitud original.

 

33.��������� Al solicitar una Opini�n Consultiva de un tribunal internacional (dotado de competencia para tal), el Estado o el �rgano solicitante no se presenta o se afirma como "parte demandante", pero tan s�lo desencadena un procedimiento consultivo que existe en beneficio de todos los Estados Partes, y no solamente del Estado u �rgano solicitante. Este �ltimo pone en movimiento un procedimiento destinado a aclarar cuestiones jur�dicas, en beneficio de todos los Estados Partes, adem�s de los �rganos del sistema de protecci�n.

 

34.��������� Tanto es as� que, en el presente procedimiento, despu�s de solicitada por Chile (el 11 de noviembre de 1996) la Opini�n Consultiva, dos otros Estados Partes en la Convenci�n Americana, Guatemala y Costa Rica, intervinieron, remitiendo a la Corte Interamericana (en 31.01.1997 y en 17.03.1997, respectivamente) sus observaciones al respecto. Las de Guatemala tocaron clara y pertinentemente el fondo del asunto, y fueron reiteradas por el Estado de Guatemala ante la Corte en la audiencia p�blica del 10 de noviembre de 1997.

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35.��������� La solicitud de Chile de Opini�n Consultiva vers� efectivamente sobre una cuesti�n jur�dica, atinente a la interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 51 de la Convenci�n Americana, de importancia a todos los Estados Partes en la Convenci�n as� como a los dos �rganos de supervisi�n de la misma. Con el retiro subsiguiente de la solicitud por parte de Chile, despu�s de notificada �sta a todos los Estados miembros y �rganos principales de la OEA, la cuesti�n planteada en la consulta no perdi�, como que por un toque de magia, ni su car�cter jur�dico, ni su importancia pr�ctica.

 

36.��������� Todo al contrario, el propio Estado de Chile, en su carta de retiro de la petici�n, del 24.03.1997, cuid� de hacer la salvedad de que "la solicitud de Opini�n Consultiva recae sobre un punto jur�dico de la mayor importancia pr�ctica" (p�gina 3). Y, en la audiencia p�blica ante la Corte del 10 de noviembre de 1997, al mismo tiempo en que afirm� su derecho tanto de solicitar una Opini�n Consultiva a la Corte como de retirarla o desistirse de ella, se�al� que acatar�a la resoluci�n de la Corte del 14 de abril de 1997, en orden a proseguir la consideraci�n del asunto, y declar� que - a pesar del retiro anterior - "desde luego acepta la competencia de la Corte para conocer esta solicitud de Opini�n"[26].������

 

37.��������� Es cierto que un tribunal internacional no puede ex officio emitir una Opini�n Consultiva, sponte sua, pues esto equivaldr�a a transformarse, ultra vires, en un legislador internacional. Nadie osar�a atribuirle tal facultad, que no tiene. Sin embargo, un tribunal como esta Corte, una vez consultado, por un Estado o un �rgano internacional, asume jurisdicci�n sobre el asunto, y puede y debe determinar ex officio si emitir� o no la Opini�n Consultiva solicitada, aunque la solicitud haya sido retirada. El tribunal internacional tiene la Kompetenz-Kompetenz (compet�nce de la comp�tence), cuyo ejercicio corresponde a un juicio de discrecionalidad (conocido como "judicial propriety"), enteramente distinto de la cuesti�n de la competencia original para emitir la Opini�n Consultiva.

 

38.��������� En el presente procedimiento, la Corte retuvo correctamente su jurisdicci�n y determin� el alcance de su competencia, a pesar del retiro de la solicitud; de la misma forma, la cuesti�n en consideraci�n mantuvo su car�cter jur�dico e importancia pr�ctica para todos los Estados Partes en la Convenci�n y los dos �rganos de supervisi�n de esta �ltima, a pesar del retiro de la solicitud. Por consiguiente, el retiro de la solicitud se configur� desprovisto de efectos jur�dicos, y la Corte, con toda propiedad, teniendo presente lo dispuesto en el art�culo 63 de su Reglamento, entendi� que ten�a la facultad y el deber de pronunciarse sobre la materia sometida a su conocimiento, en el ejercicio de la funci�n consultiva que le atribuye el art�culo 64 de la Convenci�n Americana.��

 

39.��������� El incidente ocurrido en el presente procedimiento deja una buena lecci�n, para que en el futuro se eviten incidentes como �ste[27]. Pero si, a�n as�, el retiro de una solicitud de Opini�n Consultiva vuelve a ocurrir, es de esperarse que no m�s se busque dotarlo de efectos que no tiene. La Comisi�n Interamericana, que siempre se ha guiado por el ideal de la realizaci�n de la protecci�n internacional de los derechos humanos, en el presente asunto avanz� una argumentaci�n que claramente no sirve a� este prop�sito, y que, es de esperarse, sea por lo tanto abandonada por ella al pasado ya distante al cual pertenece. Los desencuentros de este incidente han servido, como el oro que se extrae de la piedra bruta, al menos para dejar aclarada la base jurisdiccional de la funci�n consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

40.��������� Dicha funci�n consultiva, en res�men, subsiste, independientemente del comportamiento subsiguiente del Estado u �rgano solicitante. Este �ltimo, al formular la consulta, pone en movimiento un procedimiento consultivo que existe en beneficio de todos los Estados Partes, y que no est� condicionado al consentimiento individual del solicitante. Al empezar a conocer la cuesti�n jur�dica sobre la cual se solicita la Opini�n Consultiva, la Corte, a su vez, como ya se�al�, es maestra de su jurisdicci�n y soberana del procedimiento. A�n m�s, como advierte la jurisprudencia internacional, tiene ella el deber de salvaguardar su propia funci�n judicial[28].

 

41.��������� Siendo as�, resultar�a inadmisible cualquier intento de subordinar la competencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana al comportamiento cambiante y a las vicisitudes de las manifestaciones del consentimiento de cada uno de los interesados en la consulta. Tal como es concebida la funci�n consultiva de la Corte Interamericana, su operaci�n es materia de ordre public internacional. La tesis que aqu� firmemente sostengo, en apoyo a la decisi�n de competencia y admisibilidad tomada por la Corte en la presente Opini�n Consultiva, se impone, a mi juicio, con a�n mayor fuerza, en el presente dominio de la protecci�n internacional de los derechos humanos, que se inspira en valores comunes superiores.����������

 

 

 

 

 

 

 

�������������������������������������������������������� Ant�nio Augusto Can�ado Trindade

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������Juez

 

 

 

 

 

 

 

Manuel E. Ventura Robles

����� Secretario