Caso
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia
del 31 de agosto de 2001, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 79 (2001).
En el caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni (en adelante “la Comunidad”, “la Comunidad Mayagna”,
“la Comunidad Awas Tingni” o “Awas Tingni”),
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el
Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;
Hernán Salgado Pesantes, Juez;
Oliver Jackman, Juez;
Alirio Abreu Burelli, Juez;
Sergio García Ramírez, Juez;
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez, y
Alejandro Montiel Argüello, Juez ad hoc;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario adjunto,
de conformidad con los
artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre el
presente caso.
I
Introducción de la Causa
1. El 4 de junio de 1998 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua (en adelante
“el Estado” o “Nicaragua”) que se originó en la denuncia No. 11.577, recibida
en la Secretaría de la Comisión el 2 de octubre de 1995.
2. En su demanda, la Comisión invocó los
artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención Americana” o “la Convención”) y los artículos 32 y siguientes
del Reglamento. La Comisión presentó
este caso con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos
1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención, en razón de que Nicaragua no ha demarcado las
tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni ha tomado medidas efectivas
que aseguren los derechos de propiedad de la Comunidad en sus tierras ancestrales
y recursos naturales, así como por haber otorgado una concesión en las tierras
de la Comunidad sin su consentimiento y no haber garantizado un recurso efectivo
para responder a las reclamaciones de la Comunidad sobre sus derechos de propiedad.
3. Asimismo, la Comisión solicitó a la
Corte que declarara que el Estado debe establecer un procedimiento jurídico
que permita la pronta demarcación y el reconocimiento oficial de los derechos
de propiedad de la Comunidad Mayagna, así como abstenerse de otorgar o considerar
el otorgamiento de cualquier concesión para el aprovechamiento de recursos
naturales en las tierras usadas y ocupadas por Awas Tingni hasta que se resuelva
la cuestión de la tenencia de la tierra que afecta a la Comunidad.
4. Finalmente, la Comisión solicitó a
la Corte que condene al Estado a pagar una indemnización compensatoria equitativa
por los daños materiales y morales que la Comunidad ha sufrido, y al pago
de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción
interna y ante el Sistema Interamericano.
II
Competencia
5. Nicaragua es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 25 de septiembre de 1979 y reconoció la competencia contenciosa
de la Corte el 12 de febrero de 1991. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer
del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención.
III
Procedimiento Ante La Comisión
6. El 2 de octubre de 1995 la Comisión Interamericana
recibió en su Secretaría una denuncia presentada por el señor Jaime Castillo
Felipe, Síndico de la Comunidad, por sí mismo y en representación de ésta.
En dicha denuncia también se solicitó la adopción de medidas cautelares,
en virtud de que supuestamente el Estado se disponía a otorgar una concesión
a la empresa Sol del Caribe, S.A. (SOLCARSA) (en adelante “SOLCARSA”) para
comenzar la explotación de madera en las tierras comunales. El 6 de los mismos mes y año la Comisión acusó recibo de dicha comunicación.
7. El 3 de diciembre de 1995 y el 4 de enero
de 1996 la Comisión recibió escritos mediante los cuales se reiteró la solicitud
de medidas cautelares a que hace referencia el párrafo anterior.
8. El 19 de enero de 1996 los peticionarios
solicitaron audiencia a la Comisión, pero ésta les informó que no sería posible
concederla.
9. El 5 de febrero de 1996 la Comisión inició
la tramitación del caso y envió al Estado las partes pertinentes de la petición,
solicitando a éste que remitiera la información correspondiente en un plazo
de 90 días.
10. El 13 de marzo de 1996 el señor James Anaya,
representante legal de la Comunidad, presentó a la Comisión dos artículos
de prensa referentes al otorgamiento de la concesión a SOLCARSA y una carta
enviada por el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales al Presidente de
SOLCARSA, en que le informaba que la “solicitud de concesión forestal esta[ba]
en trámite[,] que lo que falta[ba] e[ra] firmar el contrato de concesión”,
y que el obstáculo principal lo constituían las reclamaciones de la Comunidad.
11. Mediante comunicación de 28 de marzo
de 1996, los peticionarios enviaron a la Comisión un proyecto de “memorándum
de entendimiento” para llegar a una solución amistosa en el caso, documento
que, según el señor James Anaya, representante legal de la Comunidad, había
sido presentado a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente y Recursos
Naturales.
12. El 17 de abril de 1996 el señor James Anaya,
representante legal de la Comunidad, presentó un documento mediante el cual
otras comunidades indígenas de la Región Autónoma Atlántico Norte (en adelante
“la RAAN”) y el Movimiento Indígena de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS)
se adherían a la petición presentada ante la Comisión.
13. El 3 de mayo de 1996 se realizó una reunión
informal entre los peticionarios, el Estado y la Comisión con el fin de alcanzar
una solución amistosa sobre este caso. El 6 de los mismos mes y año, la Comisión se puso a disposición
de las partes para procurar dicha solución y les otorgó un plazo de 30 días
para que emitieran su respuesta al respecto.
El 8 y 20 de mayo de 1996 los peticionarios y el Estado, respectivamente,
accedieron a esa propuesta.
14. El 20 de junio de 1996 se celebró una segunda
reunión entre los peticionarios, el Estado y la Comisión. En esta reunión, Nicaragua rechazó el proyecto
de “memorándum de entendimiento” presentado por los peticionarios (supra párr. 11). A su vez, propusieron que una delegación de
la Comisión visitara Nicaragua para dialogar con las partes.
15. El 3 de octubre de 1996 se celebró una tercera
reunión entre los peticionarios, el Estado y la Comisión. En ésta, los peticionarios solicitaron al Estado
que no otorgara más concesiones en la zona, que iniciara el proceso de demarcación
de las tierras de la Comunidad y diferenciara éstas de las tierras estatales.
Por su parte, el Estado presentó algunos documentos probatorios, anunció
la creación de la Comisión Nacional de Demarcación e invitó a los peticionarios
a participar en ella.
16. El 5 de marzo de 1997 los peticionarios
reiteraron a la Comisión su solicitud de medidas cautelares (supra párrs. 6 y 7) ante la amenaza del
inicio de las operaciones forestales en las tierras indígenas y, el 12 de
los mismos mes y año, la Comisión otorgó al Estado plazo de 15 días para que
presentara un informe al respecto. El
20 de marzo de 1997 Nicaragua solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días
para responder a su solicitud, la cual fue concedida.
17. El 3 de abril de 1997 los peticionarios
informaron a la Comisión sobre el fallo de la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de 27 de febrero de 1997, que resolvió
el recurso de amparo interpuesto por miembros del Consejo Regional de la RAAN
y declaró la inconstitucionalidad de la concesión otorgada por el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (en adelante “MARENA”) a SOLCARSA, debido
a que no contaba con la aprobación del Consejo Regional de la RAAN, tal como
lo señala el artículo 181 de la Constitución nicaragüense. También informaron que el Estado no había suspendido
la concesión.
18. El 23 de abril de 1997 Nicaragua solicitó
a la Comisión que desechara las medidas cautelares solicitadas por los peticionarios
(supra párrs. 6, 7 y 16), con fundamento
en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, la cual se comprometía a cumplir. Sin embargo, el 11 de junio del mismo año,
los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado y SOLCARSA continuaban
actuando como si la concesión fuera válida, a pesar de la sentencia de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
19. En audiencia celebrada en la Comisión el
8 de octubre de 1997, los peticionarios señalaron que proseguían las operaciones
forestales en las tierras de la Comunidad y pidieron a la Comisión que observara
la situación in situ. El 27 de octubre del mismo año, tres días antes
de la visita programada por la Comisión a Nicaragua, el Estado informó a ésta
que no era necesaria dicha visita, debido a que preparaba un informe adicional
al respecto.
20. El 31 de octubre de 1997 la Comisión solicitó
al Estado que adoptara las medidas cautelares (supra párrs. 6, 7, 16 y 18) que fueran necesarias para suspender la
concesión otorgada a SOLCARSA, y fijó
un plazo de 30 días para que Nicaragua informase sobre aquéllas.
21. El 5 de noviembre de 1997 el Estado solicitó
a la Comisión que cerrara el caso, basado en que el Consejo Regional de la
RAAN había ratificado la aprobación de la concesión otorgada a SOLCARSA, lo
cual subsanó el “error de forma” cometido y, por ende, quedó vigente la concesión.
22. El 17 de noviembre de 1997 los peticionarios
manifestaron a la Comisión que el punto central de la denuncia era la falta
de protección por parte de Nicaragua de los derechos de la Comunidad sobre
sus tierras ancestrales, situación que aún permanecía vigente.
Asimismo, con respecto a la ratificación del Consejo Regional de la
RAAN de la concesión otorgada a SOLCARSA, señalaron que este Consejo era parte
de la organización político-administrativa del Estado y que había actuado
sin tomar en cuenta los derechos territoriales de la Comunidad.
Por último, solicitaron a la Comisión que rindiera un informe de acuerdo
con el artículo 50 de la Convención.
23. El 4 de diciembre de 1997 el Estado envió
una comunicación a la Comisión, en la que señaló que los peticionarios habían
interpuesto, el 7 de noviembre de 1997, un recurso de amparo ante el Tribunal
de Apelaciones de Matagalpa con el fin de que aquél declarara nula la concesión
otorgada a SOLCARSA. Por ello, Nicaragua
alegó que no se habían agotado los recursos internos e invocó la aplicación
de los artículos 46 de la Convención y 37 del Reglamento de la Comisión.
24. El 2 de marzo de 1998 el Estado comunicó
a la Comisión que el 22 de enero del mismo año los peticionarios habían presentado
ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de ejecución de la sentencia
de 27 de febrero de 1997 dictada por ese tribunal (supra párr. 17). En esta oportunidad Nicaragua reiteró su posición
en el sentido de que no se habían agotado los recursos internos, y solicitó
a la Comisión que se abstuviera de continuar conociendo del caso.
25. El 3 de marzo de 1998 la Comisión Interamericana
aprobó el Informe No. 27/98, que fue transmitido al Estado el 6 de los mismos
mes y año, y otorgó a Nicaragua un plazo de 2 meses para que informara sobre
las medidas que hubiese adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones.
En dicho Informe, la Comisión concluyó:
141. Sobre
la base de las acciones y omisiones examinadas, [...] que el Estado de Nicaragua
no ha cumplido con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. El Estado de Nicaragua no
ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni de otras
comunidades indígenas. Tampoco ha
tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la Comunidad
en sus tierras. Esta omisión por parte
del Estado constituye una violación a los artículos 1, 2, y 21 de la Convención,
los cuales en su conjunto establecen el derecho a dichas medidas efectivas.
Los artículos 1 y 2 obligan a los Estados a tomar las medidas necesarias
para implementar los derechos contenidos en la Convención.
142. El
Estado de Nicaragua, es responsable por [violar el] derecho a la propiedad
en forma activa, consagrado en el artículo 21 de la Convención, al otorgar
una concesión a la compañía SOLCARSA para realizar en las tierras [de] Awas
Tingni trabajos de construcción de carreteras y de explotación maderera, sin
el consentimiento de la Comunidad Awas Tingni.
143. [...]
que el Estado de Nicaragua no garantizó un recurso efectivo para responder
a las reclamaciones de la Comunidad Awas Tingni sobre sus derechos a tierras
y recursos naturales, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención.
Asimismo, la Comisión recomendó
a Nicaragua que:
a. Estable[ciera]
un procedimiento en su ordenamiento jurídico, aceptable a las comunidades
indígenas involucradas, que t[uviera] como resultado la pronta demarcación
y el reconocimiento oficial del territorio de Awas Tingni y de los territorios
de otras comunidades de la Costa Atlántica;
b. Suspend[iera]
a la mayor brevedad, toda actividad relativa a la concesión maderera otorgada
a SOLCARSA por el Estado dentro de las tierras comunales de Awas Tingni, hasta
que la cuestión de la tenencia de la tierra que afecta a las comunidades indígenas
h[ubiera] sido resuelta, o que se h[ubiera] llegado a un acuerdo específico entre el Estado y la Comunidad Awas
Tingni; [y]
c. Iniciar[a]
en el plazo de un mes un diálogo con la Comunidad Awas Tingni, a fin de determinar
bajo qu[é] circunstancias se pu[diera] llegar a un acuerdo entre el Estado
y la Comunidad Awas Tingni.
26. El 7 de mayo de 1998 la Comisión Interamericana
recibió la respuesta del Estado. La Comisión señaló que, aunque dicha respuesta fue presentada extemporáneamente,
analizaría su contenido para agregarse a autos. Con respecto a las recomendaciones de la Comisión
Interamericana, Nicaragua manifestó que:
a) A
fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la [Comisión] en relación
a establecer un procedimiento jurídico aceptable a las comunidades indígenas
involucradas que t[uviera] como resultado la demarcación y el reconocimiento
oficial del territorio de Awas Tingni y de otras comunidades de la Costa Atlántica,
el Gobierno de Nicaragua cuenta con una Comisión Nacional para la Demarcación
de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica.
Con este mismo objetivo, se [... procedió]
a preparar un Proyecto de Ley de Propiedad Comunal Indígena que tiene tres
componentes:
1. Establecer lo relativo a la acreditación de las comunidades indígenas
y de sus autoridades.
2. Proceder
a la delimitación y titulación de las propiedades.
3. Soluci[onar
el c]onflicto.
Este proyecto de ley, presupone dar una solución
legal de la propiedad indígena o de minorías étnicas. Dicho proyecto será consultado con la sociedad
civil y una vez consensuado será presentado a la Asamblea Nacional para su
discusión y posterior aprobación. El
plazo estimado para todo este proceso es de unos tres meses a partir de esta
fecha.
b) En
relación a la recomendación de suspender toda actividad relativa a la concesión
maderera otorgada a SOLCARSA y cumplir con la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, el Gobierno de Nicaragua canceló el 16 de febrero de 1998 dicha
concesión y notificó el mismo día al Señor Michael Kang, Gerente General de
SOLCARSA[,] que a partir de esa fecha la concesión quedaba sin efecto y valor
alguno. Igualmente, se le comunicó
que ordenara la suspensión de toda acción, bajo apercibimiento de violar el
artículo 167 de la Constitución Política y hacerse merecedor de entablar en
su contra indistintamente la acción civil y penal.
c) Respecto
a la recomendación de iniciar un diálogo con la [C]omunidad de Awas Tingni,
el Gobierno de Nicaragua tiene la firme voluntad de dar una solución global
a todas las comunidades indígenas de la [C]osta [A]tlántica, en el marco del
proyecto de ley de propiedad comunal, para lo cual se hará también una amplia
consulta con dichas comunidades.
27. En relación con las conclusiones contenidas
en el Informe No. 27/98, el Estado nicaragüense expresó su reconocimiento
de los derechos de las comunidades indígenas, consagrados en su Constitución
y otras normas legislativas. Además,
señaló que
ha dado fiel cumplimiento a las anteriores
disposiciones legales, y por consiguiente, su actuación ha sido acorde con
el ordenamiento jurídico nacional y lo que establecen las normas y procedimientos
de la Convención [Americana sobre] Derechos Humanos. Por su parte, la Comunidad de Awas Tingni ejerció sus derechos consignados
en la ley y tuvo acceso a los recursos que la misma le confiere.
Por último, Nicaragua solicitó a la
Comisión Interamericana que diera por concluido el presente caso.
28. El 28 de mayo de 1998 la Comisión decidió
presentar el caso ante la Corte.
IV
Procedimiento Ante la Corte
29. La Comisión presentó la demanda ante la
Corte el 4 de junio de 1998.
30. La Comisión designó delegados, a los señores
Claudio Grossman y Hélio Bicudo; asesores jurídicos, a los señores David Padilla,
Hernando Valencia y Bertha Santoscoy, y asistentes, a los señores James Anaya,
Todd Crider y María Luisa Acosta Castellón.
31. El 19 de junio de 1998 la Secretaría de
la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda
realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la
notificó al Estado, informándole asimismo sobre los plazos para contestarla,
oponer excepciones preliminares y nombrar su representación. Asimismo, se invitó al Estado a designar Juez
ad hoc. Ese mismo día, la Secretaría solicitó a la
Comisión que remitiera algunos folios de los anexos a la demanda que se encontraban
ilegibles.
32. El 2 de julio de 1998 Nicaragua designó
al señor Alejandro Montiel Argüello como Juez ad hoc y al señor Edmundo Castillo Salazar como agente.
33. El mismo día la Comisión presentó a la Corte
copias de los folios de los anexos
de la demanda solicitados por la Secretaría (supra párr. 31), así como las direcciones y los poderes de los representantes
de las víctimas, con excepción del poder otorgado al señor Todd Crider, el
cual fue aportado el 24 de julio de 1998.
34. El 18 de agosto de 1998 el Estado acreditó
como asesores legales a los señores Rosenaldo J. Castro S. y Bertha Marina
Argüello.
35. El 19 de agosto de 1998 Nicaragua interpuso
la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción
interna, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención, y solicitó
que la Corte declarara inadmisible la demanda.
36. El 25 de septiembre de 1998 la Comisión
presentó sus observaciones a la excepción preliminar interpuesta por el Estado.
37. El 19 de octubre de 1998 el Estado presentó
la contestación a la demanda.
38. El 27 de enero de 1999 la Organización de
Síndicos Indígenas del Caribe Nicaragüense (OSICAN) presentó un escrito en
calidad de amicus curiae. El 4 de febrero de 1999 se recibió en
la Secretaría una nota del señor Eduardo Conrado Poveda, mediante la cual
se adhirió al anterior escrito de amicus
curiae .
39. El 15 de marzo de 1999 la Secretaría solicitó
al Estado el envío de diversos documentos ofrecidos como anexos en los escritos
de contestación de demanda y de excepciones preliminares que no habían sido
presentados en su oportunidad. Del escrito de contestación de la demanda se
solicitaron: folios 129 y 130 del anexo 10; mapas y descripciones físicas
ofrecidas en el anexo 15, así como documentos relativos a titulación de comunidades
vecinas de Awas Tingni ofrecidos en ese mismo anexo. Del anexo 10 al escrito de excepciones preliminares
se solicitaron los siguientes documentos: proyecciones estimadas de la ubicación
geográfica del área que pretende la Comunidad Awas Tingni, reclamos de otras
comunidades, “traslapes” de reclamos, tierras ejidales, tierras nacionales
y otras ilustraciones pertinentes al caso; certificación del Instituto Nicaragüense
de Reforma Agraria (en adelante “INRA”) en relación con la solicitud de titulación
de la Comunidad Awas Tingni; Constitución Política de Nicaragua; certificaciones
de artículos de Códigos de Leyes de Nicaragua, Leyes y Decretos pertinentes,
y certificación de lo actuado por instituciones de organismos del Gobierno
Central, organismos descentralizados o entes autónomos y otras instituciones
de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
40. El 26 de mayo de 1999 el Estado presentó
un escrito al que adjuntó los siguientes documentos: Constitución Política
de Nicaragua con sus reformas, Ley de Amparo, Ley No. 290 y páginas 8984 a
8989 del Diario Oficial La Gaceta No. 205 de 30 de octubre de 1998. En el mismo escrito, Nicaragua manifestó que
no presentaría los mapas y descripciones físicas ofrecidos como anexo 15 en
su escrito de contestación de la demanda, por cuanto “los mapas presentados
con el escrito de excepciones preliminares demuestran la ubicación geográfica
del área pretendida por la Comunidad, reclamos de otras comunidades, descripciones
físicas, etc.”. Igualmente, expresó que no presentaría la certificación
del INRA referente a la solicitud de titulación de la Comunidad Awas Tingni,
ofrecida como anexo 10 del escrito de excepciones preliminares, “por cuanto
en el mismo escrito [...] se incluyó constancia de dicha institución, sobre
el mismo asunto, de fecha 5 de agosto de 1998”. Asimismo, en cuanto a los
folios 129 y 130 del anexo 10 del escrito de contestación de la demanda, indicó
que dicho anexo finalizaba realmente en la página 128. En lo que respecta a los documentos referentes a la titulación de
otras comunidades indígenas, señaló que, si lo consideraba oportuno, los presentaría
en un momento procesal posterior.
41. El 28 de mayo de 1999 la organización Assembly of First Nations (AFN) de Canadá,
presentó un escrito en idioma inglés, en calidad de amicus curiae. En febrero de 2000 fue presentada la versión
en español de dicho documento.
42. El 31 de mayo de 1999 la organización International Human Rights Law Group presentó
un escrito en idioma inglés, a título de amicus curiae.
43. El 31 de mayo de 1999 se celebró la audiencia
pública sobre excepciones preliminares en la sede de la Corte.
44. El 1 de febrero de 2000 la Corte dictó Sentencia
de excepciones preliminares, mediante la cual desestimó la excepción preliminar
interpuesta por Nicaragua.
45. El 2 de febrero de 2000 la Secretaría solicitó
a la Comisión el envío de la lista definitiva de los testigos y peritos ofrecidos
por ella para comparecer en la audiencia pública sobre el fondo del caso.
El 18 de los mismos mes y año la Comisión presentó dicha información.
46. El 20 de marzo de 2000 el Presidente dictó
una Resolución mediante la cual convocó a la Comisión Interamericana y al
Estado a una audiencia pública sobre el fondo, que se celebraría en la sede
de la Corte el 13 de junio de 2000. Dicha audiencia pública no se realizó
en razón de reducciones presupuestarias que determinaron que la Corte suspendiese
su XLVIII Período Ordinario de Sesiones, en el que se efectuaría dicha audiencia.
47. El 7 de abril de 2000 el Estado remitió
un escrito indicando “los nombres de las personas que explicar[ían] el contenido
y alcance de los documentos probatorios oportunamente ofrecidos”, con el fin
de que las siguientes personas fueran escuchadas en calidad de testigos y
peritos en la audiencia pública sobre el fondo del presente caso: señores
Marco Antonio Centeno Caffarena, Director de la Oficina de Titulación Rural;
Uriel Vanegas, Director de la Secretaría de Demarcación Territorial del Consejo
Regional de la RAAN; Gonzalo Medina, asesor y experto en Geodesia y Cartografía
del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, y María Nella Rocha,
Procuradora Especial del Medio Ambiente de la Procuraduría General de la República.
Los argumentos presentados
por el Estado en dicho escrito indican que las intervenciones de los testigos
y peritos propuestos contribuirían a establecer:
a) el
perjuicio resultante para los derechos de propiedad de las comunidades indígenas
vecinas a la Comunidad Mayagna de Awas Tingni, de proceder la titulación en
la superficie desproporcionada pretendida por dicha Comunidad[;]
b) el
perjuicio que resultará para los reclamos de tierras del resto de las comunidades
indígenas existentes en la Costa Atlántica de Nicaragua, de asignarse a la
Comunidad Indígena de Awas Tingni la superficie desproporcionada que pretende;
c) el
interés del Estado en conducir un proceso de titulación ecuánime y objetivo
de las tierras de las Comunidades Indígenas que salvaguarde los derechos de
cada una de las Comunidades; argumentos expuestos en los escritos de Excepciones
Preliminares y Contestación de la Demanda y soportados documentalmente por
medio de los Anexos referidos.
48. El 13 de abril de 2000 la Comisión envió
un escrito en el que solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara
“las medidas necesarias para asegurar que sus funcionarios no actúen de manera
que tienda a presionar a la Comunidad a renunciar a su demanda, o que tienda
a interferir en la relación entre la Comunidad y sus abogados[, y…] que deje
de intentar negociar con los miembros de la Comunidad sin que haya un acuerdo
o entendimiento previo con la Comisión y la Corte al respecto”. Adjunto, presentó un escrito de 12 de abril
de 2000 dirigido por el señor James Anaya, representante legal de la Comunidad,
al señor Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión, que contenía
como anexo el informe elaborado por la señora María Luisa Acosta Castellón
sobre la reunión entre funcionarios del Estado y la Comunidad Awas Tingni,
celebrada los días 30 y 31 de marzo
de 2000 en las oficinas de la Cancillería de Nicaragua.
49. El 14 de abril de 2000 la Secretaría otorgó
un plazo de 30 días al Estado para que presentara sus observaciones al escrito
anterior. El 10 de mayo del mismo
año Nicaragua señaló que no ha ejercido presión alguna sobre la Comunidad
ni ha interferido en sus relaciones con sus representantes legales. Además,
indicó su disposición de procurar un arreglo amistoso a través de conversaciones
directas y exclusivas con la Comisión. Adjunto, presentó un documento fechado 3 de febrero de 2000 y titulado
“acta de nombramiento de representantes de los habitantes que conforman el grupo étnico Mayagna de la
Comunidad de Awas Tingni, Municipio de Wa[s]pam, Río Coco, RAAN”.
50. El 10 de mayo de 2000 la Comisión remitió
un escrito en el que expresó que Nicaragua, en su contestación a la demanda,
no había ofrecido testigos o peritos. Además, agregó que el Estado no había
alegado fuerza mayor ni otras razones que justificaran la admisión de pruebas
no señaladas en su contestación, por lo que solicitó a la Corte que declarara
improcedente la convocatoria de los testigos y peritos propuestos por Nicaragua
(supra párr. 47).
51. El 1 de junio de 2000 la Secretaría solicitó
al Estado que presentara, a más tardar el 15 de junio del mismo año, fundamentos
o comentarios sobre su ofrecimiento de testigos y peritos, para que el Presidente
considerara su admisibilidad. Asimismo, mediante Resolución de 18 de agosto de 2000, la Corte
reiteró al Estado la solicitud de que presentara los fundamentos que motivaron
la propuesta extemporánea de testigos y peritos (supra párr. 47); además, le solicitó que especificara qué personas
fueron ofrecidas para rendir declaración en calidad de testigos y quiénes
en calidad de peritos.
52. El 31 de mayo de 2000 el bufete Hutchins,
Soroka & Dionne presentó un escrito de amicus
curiae en idioma inglés, en representación de la Comunidad Indígena Mohawks
de Akwesasne.
53. El 5 de septiembre de 2000 el Estado presentó
una comunicación mediante la cual informó que las personas señaladas en su
escrito de 7 de abril de 2000 (supra
párr. 47) habían sido propuestas en calidad de peritos. Al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones
del Presidente, pidió a la Comisión que remitiera sus observaciones a dicho
escrito, así como su lista definitiva de testigos y peritos, para lo cual
otorgó plazo hasta el 12 de septiembre de 2000.
54. El 12 de septiembre de 2000 la Comisión
remitió una nota en la que mantuvo su solicitud de que se declarara improcedente
el nombramiento de peritos propuestos por el Estado, en razón de que este
último no indicó las razones que fundamentaban la propuesta extemporánea.
En la misma nota, la Comisión presentó la lista definitiva de sus
testigos y peritos, en la que incluyó al señor Theodore Macdonald Jr.
en calidad de perito, quien en la demanda había sido propuesto como testigo.
55. Mediante Resolución de 14 de septiembre
de 2000 el Presidente decidió que el ofrecimiento de prueba efectuado por
el Estado el 7 de abril de 2000 (supra párr. 47) era extemporáneo;
sin embargo, como prueba para mejor resolver, conforme al artículo 44.1 del
Reglamento, convocó al señor Marco Antonio Centeno Caffarena para que compareciera
ante la Corte en calidad de testigo. Además, el Presidente rechazó el planteamiento
hecho por la Comisión de que el señor Theodore Macdonald Jr. actuara como
perito, por ser extemporáneo y lo admitió en calidad de testigo, tal como
había sido propuesto originalmente. Asimismo,
el Presidente citó a los testigos Jaime Castillo Felipe, Charly Webster Mclean
Cornelio, Wilfredo Mclean Salvador, Brooklyn Rivera Bryan, Humberto Thompson
Sang, Guillermo Castilleja y Galio Claudio Enrique Gurdián Gurdián, y a
los peritos Lottie Marie Cunningham de Aguirre, Charles Rice Hale,
Roque de Jesús Roldán Ortega y Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, todos propuestos
por la Comisión en su demanda, para que rindieran declaración en la audiencia
pública sobre el fondo del caso, que se celebraría en la sede de la Corte
el 16 de noviembre de 2000.
56. El 5 de octubre de 2000 la Comisión presentó
un escrito, mediante el cual solicitó a la Corte sus buenos oficios para que
la audiencia pública sobre el fondo pudiera realizarse en la sede de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, debido al gran número de personas que habían
expresado interés en asistir a dicha audiencia.
57. El 20 de octubre de 2000 el Presidente emitió
una Resolución mediante la cual informó a la Comisión y al Estado que la audiencia
pública convocada por Resolución de 14 de septiembre de 2000, se celebraría
en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, a partir de las
16:00 horas del 16 de noviembre de 2000, con el fin de recibir las declaraciones
e informes, respectivamente, de los testigos y peritos ya convocados.
58. El 26 de octubre de 2000 el Estado remitió
un escrito en el que pidió a la Corte que rechazara la solicitud de la Comisión
de realizar la audiencia pública sobre el fondo en la sede de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica, por considerar que las razones alegadas eran “puramente especulativas” y que no constituían
“motivo jurídico suficiente para justificar el traslado de tales audiencias”.
59. El 27 de octubre de 2000 la Comisión remitió
un escrito que contenía una lista de 19 miembros de la Comunidad Awas Tingni
que asistirían a la audiencia pública en calidad de observadores.
60. Ese mismo día, el Presidente dictó una Resolución
en la que consideró que, debido
a que el Estado había solicitado que la audiencia pública sobre el fondo se
realizara en la sede de la Corte y a que el número de miembros de la Comunidad
Mayagna que asistirían a la misma, según la Comisión, era mucho más reducido
que el originalmente previsto, no existía el motivo considerado para realizar
la audiencia pública fuera de la sede del Tribunal y, por ello, decidió que
aquélla se llevaría a cabo en la sede de la Corte, el mismo día y a la misma
hora establecidos en su Resolución de 20 de octubre de 2000 (supra párr. 57).
61. En noviembre de 2000 el señor Robert A.
Williams Jr., en representación de la organización National Congress of American Indians (NCAI), presentó un escrito,
en idioma inglés, en calidad de amicus
curiae.
62. Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2000
la Corte recibió, en audiencia pública sobre el fondo, las declaraciones de
los testigos y peritos propuestos por la Comisión y la del testigo convocado
por la Corte de conformidad con el artículo 44.1 del Reglamento. Además, la Corte escuchó los alegatos finales
orales de las partes.
Comparecieron ante la Corte:
Por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos:
Hélio Bicudo, delegado;
Claudio Grossman, delegado;
Bertha Santoscoy, abogada;
y
James Anaya,
asistente.
Por el Estado de Nicaragua:
Edmundo Castillo Salazar,
agente;
Rosenaldo Castro, asesor;
Betsy Baltodano, asesora;
y
Ligia Margarita Guevara,
asesora.
Testigos propuestos por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Jaime Castillo Felipe (Intérprete: Modesto José Frank
Wilson);
Charly Webster Mclean Cornelio;
Theodore Macdonald Jr.;
Guillermo
Castilleja;
Galio Claudio
Enrique Gurdián Gurdián;
Brooklyn Rivera
Bryan;
Humberto Thompson
Sang; y
Wilfredo Mclean
Salvador.
Peritos propuestos por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Rodolfo Stavenhagen
Gruenbaum;
Charles Rice
Hale;
Roque de Jesús
Roldán Ortega; y
Lottie Marie
Cunningham de Aguirre.
Testigo convocado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 44.1 del Reglamento):
Marco Antonio
Centeno Caffarena.
63. Durante su comparecencia en la audiencia
pública sobre el fondo del caso el día 17 de noviembre de 2000, el señor Marco
Antonio Centeno Caffarena ofreció varios documentos para fundamentar su testimonio,
y el 21 de noviembre de 2000 presentó ocho documentos (infra
párrs. 79 y 95).
64. El 24 de noviembre de
2000 la Corte, de conformidad con el artículo 44 de su Reglamento, resolvió
que era útil agregar al acervo probatorio del presente caso los siguientes
documentos ofrecidos por el señor Marco Antonio Centeno Caffarena: copia certificada
por notario público de la certificación de 22 de febrero de 1983 de la inscripción
del Registro Público de la Propiedad Inmueble del Departamento de Zelaya de
10 de febrero de 1917 de la propiedad No. 2111, y dictamen etnográfico elaborado
por el señor Ramiro García Vásquez sobre el documento elaborado por Theodore
Macdonald, titulado “Awas Tingni un Estudio
Etnográfico de la
Comunidad y su Territorio” (infra párrs. 79 y
95).
Además, la Corte requirió
al Estado que, a más tardar el 15 de diciembre de 2000, presentara copia de
la totalidad del estudio titulado “Diagnóstico de la tenencia de la tierra
de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”, elaborado por el Central American and Caribbean Research Council.
65. El 20 de diciembre de 2000 el Estado presentó,
en cumplimiento de lo requerido por la Corte en la Resolución señalada en
el párrafo anterior, copia del Marco general, Resumen ejecutivo e Informe
Final del documento titulado “Diagnóstico general sobre la tenencia de la
tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”, elaborado por
el Central American and Caribbean Research
Council (infra párr. 80 y 96).
66. El 29 de enero de 2001 la Comisión presentó
una nota a la que acompañó tres documentos: comentarios de Theodore Macdonald
de 20 de enero de 2001, y comentarios de Charles Rice Hale de 7 de enero de
2001, ambos con respecto al dictamen etnográfico elaborado por Ramiro García
Vásquez sobre el documento elaborado por Theodore Macdonald bajo el título
“Awas Tingni un Estudio Etnográfico de la Comunidad y su Territorio”(infra párrs. 81 y 97); y copia del documento
titulado “Awas Tingni Un Estudio Etnográfico de la Comunidad y su Territorio.
Informe 1999”.
67. El 21 de junio de 2001,
la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó a la Comisión
y al Estado plazo hasta el 23 de julio del mismo año para presentar sus escritos
de alegatos finales. El
3 de julio de 2001 la Comisión solicitó prórroga hasta el 10 de agosto del
mismo año para la presentación de su escrito. El 6 de julio de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones
del Presidente, informó a la Comisión y al Estado que había sido otorgada
la prórroga solicitada.
68. Mediante nota de 31 de julio de 2001,
la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de conformidad con
el artículo 44 del Reglamento, solicitó a la Comisión que presentara los documentos
de prueba y los alegatos que acreditaran la solicitud de pago de reparaciones,
costas y gastos presentada por la Comisión en el punto petitorio de su demanda
(supra párr. 4), para lo cual otorgó
plazo hasta el 10 de agosto de 2001.
69. El 31 de julio de 2001 la Secretaría, siguiendo
instrucciones de la Corte y de conformidad con el artículo 44 del Reglamento,
otorgó plazo a Nicaragua hasta el 13 de agosto de 2001 para que remitiera,
como prueba para mejor resolver, la siguiente documentación: títulos de propiedad
existentes de la Comunidad Awas Tingni (Comunidad Mayagna); de las Diez Comunidades
(Comunidad Miskita); de la Comunidad Indígena de Tasba Raya (también conocida
como Seis Comunidades), que comprende las comunidades de Miguel Bikan, Wisconsin,
Esperanza, Francia Sirpi, Santa Clara y Tasba Pain (Comunidades Miskitas,)
y de la Comunidad Indígena de Karatá (Comunidad Miskita).
Estos documentos no fueron presentados a la Corte.
70. El 8 de agosto de 2001 el Estado presentó
una objeción a que se otorgara a las partes la posibilidad de presentar alegatos
finales escritos y solicitó que, en caso de que la Corte decidiera seguir
adelante con la admisión de dichos alegatos, se le concediera una prórroga
para su presentación hasta el 10 de septiembre de 2001. Al día siguiente la Secretaría, siguiendo instrucciones
del Presidente, informó al Estado que ha sido práctica constante y uniforme
de la Corte conceder a las partes la oportunidad de presentar alegatos finales
escritos, entendidos éstos como un resumen de las posiciones de las partes
manifestadas en la audiencia pública sobre el fondo, en la inteligencia de
que dichos escritos no están sujetos a observaciones adicionales contradictorias
de las partes. En relación con la
solicitud de prórroga para la presentación de los alegatos finales del Estado,
la Secretaría manifestó a éste que, siguiendo instrucciones del Presidente,
en atención al tiempo que han tenido las partes para presentar sus alegatos
finales escritos, y en aras de que no se menoscabara el equilibrio que debe
guardar el Tribunal entre la protección de los derechos humanos, la seguridad
jurídica y la equidad procesal, se otorgaba un plazo improrrogable a ambas
partes hasta el 17 de agosto de 2001.
71. El 10 de agosto de 2001 la Comisión presentó
su escrito de alegatos finales, al cual adjuntó un anexo (infra párr. 82).
72. El 17 de agosto de 2001 Nicaragua presentó
su escrito de alegatos finales.
73. El 22 de agosto de 2001 la Comisión presentó
extemporáneamente el escrito referente a las reparaciones, costas y gastos
(infra párr. 159).
74. El 25 de agosto de 2001 el Estado solicitó
a la Corte que se abstuviera de conocer el escrito remitido por la Comisión
sobre reparaciones, costas y gastos, por haber sido presentado extemporáneamente.
V
La Prueba
A) Prueba Documental
75. Con el escrito de demanda
(supra párrs. 1 y 29), la Comisión
Interamericana presentó copia de 58 documentos contenidos en 50 anexos.
76. Al presentar su contestación a la demanda
(supra párr. 37), el Estado adjuntó
copia de 16 documentos contenidos en 14 anexos.
77. Durante la fase de excepciones preliminares
el Estado presentó copia de 26 documentos.
78. La Comisión presentó copia de 27 documentos
durante la fase de excepciones preliminares.
79. El 21 de noviembre de 2000 el señor Marco
Antonio Centeno Caffarena, Director General de la Oficina de Titulación Rural
de Nicaragua, remitió copia de 8 documentos (supra
párrs. 63 y 64).
80. El 20 de diciembre de 2000, a solicitud
de la Corte, el Estado presentó copia de un documento (supra párr. 65).
81. Mediante nota de 29 de enero de 2001
la Comisión aportó 3 documentos (supra
párr. 66).
82. El 10 de agosto de 2001, junto al escrito
de alegatos finales, la Comisión presentó un documento como anexo a dicho
escrito (supra párr. 71).
B) Prueba Testimonial y Pericial
83. En audiencia pública celebrada los días
16, 17 y 18 de noviembre de 2000 (supra
párr.62), la Corte recibió las declaraciones de ocho testigos y cuatro
peritos propuestos por la Comisión Interamericana, así como la declaración
de un testigo convocado por el Tribunal en uso de las facultades señaladas
en el artículo 44.1 del Reglamento. Dichas declaraciones son sintetizadas
a continuación, en el orden en que fueron
producidas:
a. Testimonio de Jaime Castillo Felipe, miembro
de la Comunidad Awas Tingni (Intérprete: Modesto José Frank Wilson)
Nació en Awas Tingni el
15 de junio de 1964 y actualmente reside en la Comunidad Awas Tingni. Pertenece a la etnia Mayagna y su lengua materna
es la “Sumo Mayagna”.
Los otros miembros de la
Comunidad Awas Tingni son Sumos también.
Es cierto que en la Comunidad existen personas que no son de la etnia
Mayagna, pero son pocas, que han llegado a vivir ahí o han formado pareja
con miembros de la Comunidad. En Awas
Tingni tienen más de cincuenta años y anteriormente vivían en Tuburús. No sabe exactamente en qué año se formó el
caserío de Awas Tingni. Son los dueños
de la tierra en la que habitan porque han vivido en el territorio por más
de 300 años y ello se puede demostrar porque tienen lugares históricos y porque
el trabajo lo desarrollan en ese territorio.
Hubo miembros de la Comunidad de Tilba-Lupia que vivieron en Awas Tingni.
Podría indicar qué personas componen la Comunidad.
Fue síndico de la Comunidad
Awas Tingni de 1991 a 1996. Síndico
es quien se ocupa de solucionar los conflictos que pudieran surgir en la comunidad,
así como también quien hace gestiones, en coordinación con las autoridades
comunales, ante las instancias estatales.
Durante el tiempo en que
fue síndico gestionó ante el INRA la titulación o demarcación de las tierras
en favor de la Comunidad, pero esas gestiones fueron infructuosas, puesto
que no ha obtenido respuesta hasta la fecha.
El 12 de marzo de 1996 realizó una gestión ante el Gobierno Regional
de la RAAN. La respuesta de las autoridades
fue que iban a estudiar su solicitud, pero no ha recibido contestación alguna
al respecto. En esa oportunidad presentó
mapas de la Comunidad, el censo de la población de Awas Tingni y un documento
referente al territorio de la Comunidad realizado por el doctor Theodore Macdonald,
de la Universidad de Harvard.
Él y los miembros de la
Comunidad viven de la agricultura, la caza y la pesca, entre otras actividades.
Para cazar realizan un viaje de 15 días.
La Comunidad selecciona lo que consume, y así no destruye los recursos
naturales.
Las tierras son ocupadas
y explotadas por toda la Comunidad. Nadie
es individualmente dueño de la tierra, los recursos de ésta son colectivos.
Si la persona no pertenece a la Comunidad no puede explotar la tierra.
No existe el derecho de expulsar a alguien de la Comunidad. Para negar el derecho al uso de la tierra a
alguno de los miembros de la Comunidad, el asunto tiene que ser considerado
y decidido por la Junta de ésta. Cuando
una persona muere sus familiares son dueños de aquellas cosas que poseía el
difunto. Pero, al ser las tierras
propiedad colectiva de la Comunidad, no hay manera de que un miembro transmita
a otro libremente los derechos que tiene en relación con el uso de ellas.
No tiene conocimiento de
si sus ancestros habían obtenido algún título de propiedad. En la oportunidad en que se celebró un convenio
entre la empresa maderera Maderas y Derivados de Nicaragua S.A. (MADENSA)
(en adelante “MADENSA”) y la Comunidad,
en el año 1992, esta última afirmó que tenía título de propiedad reconocido
por el Gobierno Central y por el Gobierno Nacional, porque el testigo y los
demás miembros de la Comunidad, se sienten como verdaderos dueños de las tierras,
en razón de que tienen más de 500 años de residir en ella.
La Comunidad presentó la
demanda ante la Comisión Interamericana porque necesita el título de propiedad
que ha solicitado en varias oportunidades y nunca ha obtenido respuesta del
Estado. Esperan tener una respuesta
basada en la justicia y en el derecho de las comunidades indígenas. En un principio el propósito era resolver de
forma amistosa el reclamo de tierra, pero ahora, una vez agotados todos los
mecanismos y habiendo llegado a la instancia de la Corte Interamericana, espera
su decisión para que se ponga fin al conflicto.
b. Testimonio de Charly Webster Mclean Cornelio,
Secretario de la Comisión Territorial de Awas Tingni
Nació en Awas Tingni, Nicaragua,
y es miembro de la Comunidad Mayagna, que significa en el idioma mayagna “hijo
del sol”. Ocupó el cargo de Responsable del Bosque dentro de la Comunidad,
por lo que protegía el bosque de los daños y cuidaba los animales. Actualmente
ocupa el cargo de Secretario de la Comisión Territorial de Awas Tingni y,
en 1991, participó junto con los demás líderes de la Comunidad en la elaboración
del mapa que señala los límites territoriales de la Comunidad Mayagna.
La Comunidad a la que pertenece
consta de 1.016 habitantes, integrada por 208 familias; sólo cuatro familias
están formadas por el matrimonio de hombres miskitos y mujeres mayagna.
El número de habitantes fue establecido por un censo elaborado recientemente
por los líderes de la Comunidad. Las cifras presentadas por el Estado, según un censo realizado
años atrás, indican que el número de miembros de la Comunidad oscila entre 300 y 400, pero tal cifra no es la actual.
La lucha de los mayagna
para lograr que el Estado reconozca
el derecho histórico que tienen sobre sus tierras data de mucho tiempo atrás. Dentro de los últimos intentos que han realizado
para obtener el respeto al derecho a sus tierras se encuentra la elaboración,
sin asesoría, de un documento titulado
“Luchando para Mayagna Sumo”, en el cual piden al Estado que reconozca su
derecho de propiedad. Ese documento
fue puesto en conocimiento del entonces delegado del INRA, señor Alberto Escobar.
Posteriormente se dirigieron a Managua para dialogar con el
Ministro del INRA, pero no obtuvieron la titulación de su tierra.
En 1992 la Comunidad firmó
un contrato con la empresa MADENSA, sin contar con asesoría. Los líderes de la Comunidad manifestaron a
los representantes de MADENSA que tenían título sobre esas tierras en el sentido
de que tenían derecho a ellas por su posesión histórica. Luego firmaron otro convenio con MADENSA, contando
con asesoría y con la participación del MARENA, el cual adquirió el compromiso
de ayudar a la Comunidad en la demarcación de su territorio, pero esto no
se cumplió.
Después, el Estado le otorgó
una concesión a la empresa SOLCARSA. Su inconformidad con dicha concesión
se basa en que el Estado no realizó una consulta previa a la Comunidad
para determinar la conveniencia de la concesión y, además, porque las obras de SOLCARSA se desarrollarían en 62.000
hectáreas del territorio de Awas Tingni. Por lo tanto, la Comunidad reaccionó
y realizó una Asamblea General en la cual decidió elaborar una carta para
demandar al Estado.
Los líderes de la Comunidad,
para lograr el respeto de su territorio, elaboraron un mapa. La Comunidad tiene 13 kilómetros dentro de
la montaña, se ubica desde Puerto Cabezas, 21 kilómetros del lado del municipio
de Waspám, y según el mapa sus fronteras se encuentran dentro de los siguientes
límites: desde Caño Coco Lano pasa por Kisak Lainí, por Suku Was, Kalwa, Kitan
Mukni, Kuru Was, Kiamak, Caño Turuh Wasni, Caño Rawa Was, Tunjlan Tuna hasta
Kuah Sahna. Dicho mapa muestra el
área que están reclamando. Los líderes
de la Comunidad han hecho referencia a su territorio y no han hablado de hectáreas. Desconoce que los doctores Anaya y Acosta en
el año 1993 hayan solicitado un título de propiedad por 16.000 hectáreas para
la Comunidad. Por su parte, el Estado
ha afirmado que la extensión del territorio reclamado por los Mayagna es excesiva,
teniendo en cuenta el número de miembros de la Comunidad establecido por el
censo oficial, y que el área reclamada por dicha Comunidad no guarda proporción
con el área efectivamente ocupada por ella. Los Mayagna han tenido algunos conflictos por
reclamos de tierras con las comunidades Francia Sirpi, Santa Clara y Esperanza,
los cuales han sido resueltos pacíficamente. Según el Estado, parte de su territorio es
reclamado por los grupos de las Dieciocho Comunidades y de las Diez Comunidades,
las cuales afirman ser poseedores desde antes que arribaran los Mayagna, y
que como gesto de buena voluntad les habían permitido asentarse en su territorio.
Frente a tal afirmación, señala el testigo que los territorios de estas
comunidades quedan muy distantes de los de Awas Tingni y que, por lo tanto,
no entienden por qué se habla de conflicto de tierras, si no lo hay.
Aclara que para llegar
desde el poblado de Awas Tingni, donde se concentra la mayoría de la Comunidad,
hasta Tuburús, también habitada por miembros de la Comunidad Mayagna, deben
desplazarse mediante “pipantes”, una clase de canoas impulsadas por remo,
y tardan en tiempo seco un día y medio, y en el invierno, dos días y medio.
El territorio de los Mayagna
es vital para su desarrollo cultural, religioso y familiar, y para su
propia subsistencia, pues realizan
labores de caza (cazan “chanchos de monte”) y pesca (desplazándose a lo largo
del Río Wawa) y, además, cultivan la tierra. Es un derecho de todo miembro de la Comunidad trabajar la tierra,
cazar, pescar y recolectar plantas medicinales; sin embargo, está prohibida
la venta y la privatización de estos recursos.
El territorio es para ellos
sagrado, y a lo largo de éste se encuentran varios cerros de gran importancia
religiosa, como el Cerro Mono, el Cerro Urus Asang, el Kiamak y el Cerro Quitirís.
Existen también otros lugares sagrados, en los cuales la Comunidad tiene árboles
frutales de pejibaye, limón y aguacate. Cuando los habitantes de Awas Tingni pasan
por estos lugares, que datan de 300 siglos, según lo que su abuelo le decía,
lo hacen en silencio como señal de respeto a sus muertos y saludan a Asangpas
Muigeni, el espíritu del monte, que vive debajo de los cerros.
c. Testimonio de Theodore Macdonald Jr.,
antropólogo
Ha estado en contacto con
la Comunidad Awas Tingni. Hizo tres
visitas a la Comunidad, en marzo y
julio del año 1995 y en enero de 1999. El
objetivo de estas visitas era estudiar la relación entre la gente del asentamiento
de Awas Tingni y la tierra que utiliza, lo cual requería de un estudio socio-político
e histórico, y también investigaciones. Empezó a trabajar en este estudio gracias a
un proyecto financiado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund. Ellos contrataron
a la Universidad de Iowa, y fue ésta la que lo contrató para hacer ese trabajo.
Los resultados del estudio
que realizó con la Comunidad Awas Tingni fueron documentados, primero como
informe preliminar, en 1996, en el que presentó un mapa de las tierras del
asentamiento de Awas Tingni, y después en otro informe de enero de 1999. El propósito de hacer este último informe fue
ampliar el de 1996, ya que ese era un informe preliminar y, además, porque
al regresar encontró que había muchas cosas que quería conocer de la historia
de la Comunidad Mayagna. Entre esos
dos informes no existen contradicciones, pero en el segundo se profundizó
más desde el punto de vista etnográfico y se obtuvieron más detalles para
respaldar el estudio.
La Comunidad Awas Tingni
elaboró un mapa, en el año de 1992
aproximadamente, sin contar con su asesoría, lo realizaron por sí mismos
y lo presentaron al empezar el estudio del testigo.
Según los Mayagna, ese mapa representa el territorio que les pertenece.
En dicho mapa se puede ver la frontera, el lugar donde se asienta la comunidad
principal, donde se ubican otras comunidades, los sitios sagrados y otros
lugares más antiguos en los que han vivido antes.
También se ve el Río Wawa, que corre desde el oeste y llega a la Costa
Atlántica.
Hay otros dos mapas, elaborados
por el testigo. El primero de ellos fue elaborado en 1996 con un sistema de
computación llamado Sistema de Información Geográfica (GIS, sigla en inglés).
Lo que hizo fue poner los datos y elementos recopilados por la Comunidad
para determinar el territorio en toda su extensión.
En ese mapa se puede observar el asentamiento de la Comunidad Awas
Tingni, el Río Wawa, Tuburús, los sitios sagrados y también la frontera.
El segundo mapa, preparado en 1999, es casi igual. La diferencia principal es que está hecho a
mano, pero ambos mapas se basan en la misma información.
La metodología para la
elaboración del mapa fue la siguiente: primero
se empezó en la Comunidad Awas Tingni con un Sistema de Posición Geográfica
(GPS, sigla en inglés), que trabaja con base en satélites. En la primera etapa con cinco miembros de la
Comunidad subió el Río Wawa, para tomar datos sobre el uso de la tierra en
todo el territorio y para confirmar la información que habían recibido de
la Comunidad. En la segunda etapa,
los miembros de la Comunidad, después de haber recibido una capacitación por
parte del testigo, recorrieron el territorio con el aparato GPS. Ellos registraron más de 150 puntos de referencia
en esas visitas.
Para realizar el trabajo
de localización de puntos de referencia a fin de elaborar el mapa, se capacitó
a dos jóvenes de la Comunidad. Así,
su elaboración en el campo la hicieron los indígenas de Awas Tingni. Una vez puesta esa información en el sistema
de localización de puntos no hay forma de manipularla.
Los puntos de referencia
obtenidos fueron plasmados en un mapa base, elaborado por un cartógrafo profesional
(estudiante de derecho de la Universidad de Harvard, que había aprendido
a manejar el Sistema de Información Geográfica -GIS, sigla en inglés- y que
era un experto en computación).
Para hablar de los Mayagna
como comunidad hay que verlo todo como un proceso. Actualmente es un grupo
que tiene su propio liderazgo, tiene su propia forma de organización social
y se reconoce a sí misma como una comunidad indígena.
En cuanto a la tenencia
actual de la tierra de la Comunidad Awas Tingni, el testigo considera que
primero hay que hablar de la historia. La
Comunidad se ha identificado como una comunidad Mayagna, pero poco a poco,
con base en el crecimiento demográfico y también en la comunicación continua
que ha tenido con gentes de otras zonas, se fue identificando a sí misma como
una comunidad independiente, alrededor de sus líderes espirituales llamados
caciques. Así se fue formando y fortaleciendo,
su sentido de comunidad, con sus propios límites y fronteras.
Hay dos comunidades Miskitas
en el territorio de Awas Tingni, según lo demuestra el mapa. Esperanza es una, y se formó en dos etapas,
a saber: en 1971, después de la guerra entre Honduras y Nicaragua y en 1972
después del huracán de ese año, cuando llegaron otras comunidades. Una de las cinco comunidades que se ubicaron
en el territorio y que se denomina como Tasba Raya, Esperanza, que está al
norte del Río Wawa. Ellos llegaron
allí bajo órdenes del Estado en esa época y fueron aceptados por la Comunidad Awas Tingni. La otra, se llama Yapú Muscana, la cual mas que una comunidad, es
nada más que un refugio; fue una familia
miskita que se había asentado independientemente al lado sur. No hay ninguna evidencia de que esas comunidades
estuvieran antes de la Comunidad Awas Tingni; al contrario, un miembro de
Francia Sirpi, que es la comunidad que colinda con Esperanza, indicó al testigo
que Awas Tingni llegó ahí antes.
Actualmente hay algunos
conflictos con las comunidades aledañas a la Comunidad, principalmente a causa
de la presencia y la falta de entendimiento con la compañía SOLCARSA, porque
miembros de comunidades vecinales quieren apoderarse de sus tierras, pensando
que quien sea el dueño de la tierra será el beneficiado con las obras que
se adelanten.
Se ha construido una historia
y una posesión ancestral con indígenas
de diferente etnia. El sentido de
fronteras de la Comunidad se fue fortaleciendo con la interacción vecinal.
La única prueba que puede utilizarse para determinar la existencia
de la Comunidad antes de 1990 es la tradición oral.
Hay investigaciones acerca de la historia de la Comunidad, y también
se consultó a algunos expertos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos,
y de América Central, y no se encontraron datos que contradijeran la tradición
oral en la que se basa su estudio.
Las formas de explotación
del suelo del área de la Comunidad Awas Tingni se basan en un sistema comunal,
dentro del cual hay usufructo de parte
de individuos, lo cual significa que nadie puede vender
ni alquilar ese territorio a gente de fuera de la Comunidad.
Sin embargo, dentro de la Comunidad, ciertos individuos utilizan un
lote, un área determinada, año tras año.
Así, la Comunidad respeta el derecho de usufructo pero no permite el
abuso de ese derecho. Este derecho
de usufructo se adquiere en muchos casos por herencia, pasando de generación
en generación, pero principalmente se otorga por un consenso de la Comunidad. También, puede transferirse de una familia
a otra. Quien se beneficia de ese
usufructo tiene la posibilidad de excluir del uso de esa tierra, del aprovechamiento
de esos recursos, a los demás miembros de la Comunidad.
Los cerros ubicados en
el territorio de la Comunidad son muy importantes. Dentro de ellos viven los “espíritus del monte”, jefes del monte,
que en Mayagna se dice “Asangpas Muigeni”, que son quienes controlan los animales
alrededor de esa región. Para aprovechar
esos animales hay que tener una relación especial con los espíritus. En muchas
ocasiones es el cacique, que es una especie de “chaman” llamado Ditelian, quien puede mantener esa relación
con los espíritus. Entonces, la presencia
de animales y la posibilidad de aprovecharlos mediante la cacería, se basa
en la cosmovisión y tiene mucho que ver con las fronteras, porque según ellos
esos amos del monte son dueños de los animales, especialmente del puerco de
monte que se desplaza en manadas alrededor de las montañas. Así, hay un vínculo muy fuerte con el entorno,
con estos sitios sagrados, con los espíritus que viven dentro y los hermanos
miembros de la Comunidad.
Hay dos tipos de lugares
sagrados en las zonas fronterizas: cementerios, que son visitados actualmente
con frecuencia por los miembros de la Comunidad, y se ubican a lo largo del
Río Wawa; son asentamientos viejos que los visitan cuando van de cacería. Ir de cacería es, hasta cierto punto, un acto
espiritual, y tiene mucho que ver con el territorio que ellos aprovechan.
El segundo tipo de zonas sagradas son los cerros.
d. Peritaje de Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum,
antropólogo y sociólogo
Conoce la situación de
los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua por referencia, no
directamente. El conocimiento lo tiene
a través de la literatura etnográfica y antropológica sobre Nicaragua y de
informes hechos por especialistas referentes a la situación de los pueblos
de la Costa Atlántica de Nicaragua, pueblos que han estado tradicionalmente
marginados del poder central y vinculados a algunos intereses de tipo económico
o internacional, pero muy conscientes de su identidad cultural, de su autopercepción
social, al ser grupos sociales con una continuidad histórica, vinculación con la tierra, actividades de tipo
económicas y formas de organización propias que los han distinguido del resto
de la población de Nicaragua.
Los pueblos indígenas en
diferentes países de nuestro continente enfrentan problemas de discriminación.
La situación se ha ido modificando desde hace algunos años, debido
a cambios legislativos y constitucionales, a la opinión pública y a los reclamos
y demandas presentados a nivel nacional e internacional por las
organizaciones indígenas.
Los pueblos indígenas se
definen como aquellos grupos sociales y humanos, identificados en términos
culturales y que mantienen una continuidad histórica con sus antepasados,
desde la época anterior a la llegada a este continente de los primeros europeos. Esta continuidad histórica se advierte en las
formas de organización, en la cultura propia, en la autoidentificación que
estos pueblos hacen de sí mismos y en el manejo de un idioma cuyos orígenes
son prehispánicos. Estos pueblos se
conocen en nuestros países porque mantienen formas de vida y de cultura que
los distinguen del resto de la sociedad, y han estado subordinados y marginados
tradicionalmente por estructuras económicas, políticas y sociales discriminatorias,
que prácticamente los han mantenido en condición de ciudadanía de segunda
clase, a pesar de que en las legislaciones, formalmente, los indígenas tienen
los mismos derechos que tienen los no indígenas. Pero, en la realidad, esta ciudadanía es como imaginaria, porque
siguen sufriendo de formas estructurales de discriminación, de exclusión social,
de marginación.
Desde hace muchos años,
el Estado nicaragüense ha llevado a cabo políticas de incorporación, de integración,
de estas poblaciones de la Costa Atlántica al Estado Nacional, con algunos
resultados positivos en cuanto a la integración nacional del país, pero también
se han producido tensiones entre la población indígena de esta zona con el
resto de la sociedad, particularmente porque los procesos de incorporación
vulneran algunos derechos fundamentales de estas poblaciones indígenas, y
se pone en peligro su supervivencia como grupos sociales identificados con
una personalidad colectiva y con una identidad étnica particular.
Un tema fundamental en
la definición de los pueblos indígenas es la relación de éstos con la tierra.
Todos los estudios antropológicos, etnográficos, toda la documentación
que las propias poblaciones indígenas han presentado en los últimos años,
demuestran que la relación entre los pueblos indígenas y la tierra es un vínculo
esencial que da y mantiene la identidad cultural de estos pueblos.
Hay que entender la tierra no como un simple instrumento de producción
agrícola, sino como una parte del espacio geográfico y social, simbólico y religioso, con el cual se vincula la historia
y actual dinámica de estos pueblos.
La mayoría de los pueblos
indígenas en América Latina son pueblos cuya esencia se deriva de su relación
con la tierra, ya sea como agricultores, como cazadores, como recolectores,
como pescadores, etc. El vínculo con
la tierra es esencial para su autoidentificación. La salud física, la salud
mental y la salud social del pueblo indígena están vinculadas con el concepto
de tierra. Tradicionalmente, las comunidades
y los pueblos indígenas de los distintos países en América Latina han tenido
un concepto comunal de la tierra y de sus recursos.
En las tierras bajas, tradicionalmente
los pueblos indígenas han llevado a cabo una agricultura de subsistencia rotativa,
sobre todo en los bosques tropicales. Con frecuencia, combinan esa agricultura de
subsistencia de tipo rotativo con otras actividades que requieren un espacio
económico relativamente más amplio que una parcela propiamente agrícola. El espacio en el cual se mueve la población
indígena, casi seminómada a veces, es un espacio colectivo. Las autoridades locales de cada comunidad tienen
mecanismos propios, usos y costumbres, derecho consuetudinario para distribuir el acceso equitativo entre
las comunidades domésticas. Según
la tecnología, la productividad, la sustentabilidad ecológica y la capacidad
productiva, esta rotación puede durar años, ya que cuando un pueblo va moviéndose
ocupa espacios antes de volver al lugar original. Esto se da mucho en las zonas bajas y es muy
distinto de las zonas altas más densamente pobladas. Las comunidades indígenas de Nicaragua corresponden al modelo de
las tierras bajas.
Hay dos conceptos de tierra
colectiva: el territorio, en su generalidad, que la comunidad considera común,
pero internamente existen mecanismos para asignar utilización y ocupación
eventual a sus miembros y que no permite enajenación a personas que no son
miembros de la comunidad; y lo que son áreas exclusivas de utilización colectiva, “commons”, que no se dividen en parcelas.
Casi todas las comunidades indígenas tienen una parte de “commons”,
de uso colectivo, y luego otra parte que puede ser dividida y asignada a familias
o a unidades domésticas. Sin embargo,
se mantiene el concepto de propiedad colectiva, que cuando no está titulada
es cuestionada por otros, por el Estado mismo muchas veces. Cuando hay problemas
surge la necesidad de que existan títulos de propiedad porque la comunidad
se arriesga a perderlo todo. La historia
de América Latina ha consistido en un despojo prácticamente permanente de
comunidades indígenas por intereses externos.
Se dan presiones para que,
en el interior de las comunidades, quienes tienen derecho de usufructo u ocupación
titulen esas parcelas de alguna manera; pero al reconocerla el Estado como
propiedad privada se puede vender o alquilar y eso rompe con la tradición
de la comunidad.
La historia de la práctica
y de la política de los Estados en América Latina, con respecto a la tierra
indígena, es larga y dramática. Antes
de la conquista y de la colonización y antes de la formación de los Estados
nacionales, los pueblos indígenas y sus tierras formaban un todo, un todo
único. A esto se vino a superponer
el Estado Nacional, el cual en la mayoría de los países asume una propiedad
sobre tierras que ancestralmente correspondían y corresponden a los pueblos
indígenas. En los siglos XIX y XX,
los Estados declararon grandes espacios geográficos del territorio americano
como tierras baldías, como tierras nacionales y autoasumieron el derecho de
disponer de esas tierras, sin tomar en consideración los derechos originarios,
los derechos históricos, y la presencia física de pueblos indígenas organizados
de diferentes maneras en estas tierras desde tiempos inmemoriales.
Los problemas surgen cuando los Estados deciden titular estas tierras
o dar concesiones o permitir desmontes, autorizar la utilización de estas
tierras para otras finalidades determinadas por intereses económicos diversos. En esos momentos es cuando muchos pueblos indígenas se dan cuenta
de que no son, jurídicamente hablando, los dueños auténticos de los territorios
que tradicionalmente ocupan.
En las últimas décadas,
los pueblos indígenas han comenzado a organizarse, ya que se han dado cuenta
de que tienen que hacer algo para salvaguardar y proteger jurídicamente estas
tierras. Lo que se denomina genéricamente
derecho consuetudinario indígena no es un cuerpo estructurado, ni mucho menos
codificado; son una serie de prácticas reales que se llevan a cabo de manera
distinta en diferentes comunidades, para resolver una serie de problemas de
administración de justicia, resolución de conflictos, mantenimiento del orden
interno, normatividad de los reclamos interpersonales, vinculación con el
mundo exterior, etc. En el derecho
consuetudinario, la tierra, al vincularla con los seres humanos, es vista
como un lugar espiritual, puesto que cuenta con sitios sagrados, con bosque,
etc. Esa vinculación del ser humano
con el territorio no necesariamente está escrita, es algo que se vive en lo
cotidiano.
En lo atinente a la ocupación
ancestral de la tierra, la continuidad se establece en términos de continuidad
histórica de un grupo que durante siglos ha mantenido una identidad y de la
cual deriva precisamente su situación actual en el país del que se trate. El hecho es que por razones de cambios históricos,
depresiones económicas, violencia, guerras civiles y presiones del sistema
económicamente dominante, que durante siglos ha presionado y confinado a los
indígenas a zonas que los primeros invasores, los colonos y luego las grandes
empresas, no han apetecido, los grupos de indígenas se han visto obligados
a buscar nuevos hábitats, para poder mantener esa continuidad histórica sin
la intervención de fuerzas extrañas, para mantener su libertad y su derecho
de vivir como ellos lo entienden. Se
pueden dar muchos ejemplos de comunidades que se han ido moviendo de un lugar
a otro, en épocas históricas relativamente recientes.
Todo esto forma parte de
la cosmovisión indígena que en la actualidad está siendo recogida por el derecho
positivo y se está construyendo un derecho internacional indígena. Lo comprenden los Trabajos de las Naciones
Unidas, en el Proyecto de Declaración de los Derechos de los Indígenas, lo
comprende la Organización de Estados Americanos, en el Proyecto de Derechos
Indígenas, lo recoge la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio
169. Hasta ahora el reconocimiento
de esos derechos indígenas es meramente formal, ya que no se ha podido adelantar
en la reglamentación de los mismos. El
Convenio de la OIT los recoge en forma general e impone el reto de traducir
estas normas en reglamentaciones a nivel nacional para que sean efectivas.
El informe elaborado por
el profesor Theodore Macdonald responde a todos los requerimientos de un estudio
metodológicamente responsable de investigación etnográfica, basado en el uso
de múltiples fuentes, en el manejo de conceptos que provienen de varias disciplinas:
de la antropología, historia, geografía, economía, etc. Se desprende de la lectura del estudio que
el investigador ha hecho extensos recorridos por las zonas, entrevistado a
mucha gente, obtenido información directa, que es lo que los antropólogos
generalmente hacen y, además, se ha basado en el análisis crítico de una cantidad
de documentación que no siempre es fácil conseguir, para sustentar los resultados
a los que se llega.
En ciertos contextos históricos
los derechos de la persona humana se garantizan y se pueden ejercer plenamente
sólo si se reconocen los derechos de la colectividad y de la comunidad a la
que pertenece esta persona desde su nacimiento y de la que forma parte y la
cual le da los elementos necesarios para poder sentirse plenamente realizado
como ser humano, que significa también ser social y cultural. La contraposición de esta afirmación es que,
al violarse los derechos de una comunidad de seguir subsistiendo como tal
y de poder reproducirse como unidad e identidad, se violan una serie de derechos
humanos básicos: el derecho a la cultura, la participación, la identidad,
la sobrevivencia; esto lo han demostrado numerosos estudios sobre pueblos
y comunidades indígenas en Latinoamérica.
La comunidad internacional
y el derecho de los derechos humanos tienen el reto de desarrollar nuevos
conceptos y nuevas normas que, sin lesionar ni cercenar de ninguna manera
los derechos humanos de la persona, logren enriquecer las formas de vida de
los pueblos indígenas al reconocer la realidad social y cultural, en la que
ocurren violaciones a dichos derechos.
e. Testimonio de Guillermo Castilleja, Director
de Proyectos Especiales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
En el año 1993, al ser
el Oficial de Política Forestal para Latinoamérica del Fondo Mundial para
la Naturaleza, World Wildlife Fund,
inició un proyecto relativo a la Comunidad Awas Tingni, en Nicaragua. El objetivo principal de ese proyecto era apoyar
al Gobierno de Nicaragua en el establecimiento de un arreglo contractual que
permitiera el aprovechamiento sostenible de los bosques “latifoliados” en
la Costa Atlántica, particularmente los bosques de Awas Tingni. Este proyecto respondió a una iniciativa expresa
de Nicaragua para que se le brindara asesoría.
Desde 1991 el Fondo Mundial
para la Naturaleza asumió un papel de asesor en materia de Política Forestal,
en particular hacia el entonces Instituto de Recursos Naturales (IRENA), que
en la actualidad es el MARENA, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
El antecedente inmediato del proyecto en Awas Tingni fue una concesión
que el Estado otorgó a una compañía taiwanesa llamada EQUIPE, por un área
aproximada de un millón de hectáreas en la Costa Atlántica.
Esto generó un conflicto sustancial que fue resuelto finalmente con
la cancelación de la concesión por parte de Nicaragua.
De la concesión de EQUIPE se aprendió que se debían desarrollar modelos
de explotación forestal que realmente tuvieran viabilidad y pudieran ser sostenibles
a largo plazo.
En el caso de la Comunidad
Awas Tingni, ésta ya había iniciado un arreglo contractual con una compañía
de capital dominicano llamada MADENSA, Maderas y Derivados de Nicaragua, que
establecía las bases de lo que pudiera
ser una forma de explotación maderera que tomara en cuenta la participación
de los habitantes de la zona.
Básicamente, lo que no
se usa, lo que no se reclama, lo que no tiene un manejo adecuado, está abierto,
en el caso específico de la Costa, a invasión por colonos, a transformación
de bosques en áreas agrícolas, y así es como, desgraciadamente, Nicaragua
y otros países de la región han perdido gran parte de sus bosques.
Para conservar los recursos
a través de la actividad forestal es necesario que ocurran tres cosas.
Primero, que la operación forestal sea técnicamente sustentable, es
decir, que la explotación no exceda la capacidad que tiene el bosque de regenerarse
naturalmente. Segundo, que existan los elementos para que
la operación sea económicamente rentable, es decir, viable económicamente. Tercero, específicamente para el caso de los
bosques en América Latina donde hay una gran cantidad de poblaciones rurales
que viven alrededor de éstos, es indispensable que sea viable socialmente,
que exista el apoyo social y el marco legal
que se requiere para que estas operaciones, aunque sean técnicamente exitosas
y económicamente viables, no atenten contra derechos que puedan tener las
comunidades que habitan en estos bosques.
Por todo esto es que el
Fondo Mundial para la Naturaleza encontró en el caso de la relación contractual
entre Awas Tingni y MADENSA una posibilidad muy interesante de mostrar que
efectivamente se puede hacer este tipo de manejo forestal. El hecho de que MADENSA ya hubiera aceptado
de entrada la presencia de la Comunidad era un avance significativo con respecto
al caso de una concesión otorgada con anterioridad a eso a una empresa taiwanesa,
en la que simplemente no se reconoció el hecho de que existían comunidades
indígenas en la zona.
Antes de iniciar el proyecto
tuvo contacto con los siguientes funcionarios estatales: el entonces Ministro
del MARENA, doctor Jaime Incer; el Director del Servicio Forestal Nacional,
ingeniero Roberto Araquistain; el encargado de la Administración de Bosques
en Tierras Públicas (ADFOREST), el ingeniero Brady Watson, y con el Delegado
de IRENA, ahora MARENA, en Puerto Cabezas, señor James Gordon. En el marco de las discusiones con dichos
funcionarios, se partía del hecho
de que si bien la Comunidad no tenía título formal sobre la tierra, se reconocía
la propiedad implícita que correspondía a la ocupación de esas tierras, la
cual tendría que ser eventualmente formalizada.
Es decir, se tenía conocimiento de que, al menos una parte, sino toda
el área del plan de manejo de MADENSA, era tierra comunal de la Comunidad
Awas Tingni. También se reconoció
que como resultado de este proceso se llevaría a cabo la demarcación de esta
tierra comunal, porque el marco legal claro es una de las condiciones fundamentales
para un manejo sostenible.
El primer contacto que
el testigo tuvo con la Comunidad fue a principios de 1993. Estuvieron acompañados por representantes del
IRENA y del Servicio Forestal Nacional. Tuvieron
reuniones en Puerto Cabezas con algunos líderes y miembros de la Comunidad.
Después se desplazaron a Awas Tingni para conocer al resto de la Comunidad
y así ver en qué condiciones vivían y poder escuchar directamente la opinión
de la gente. Al hablar con los líderes de la Comunidad en
Puerto Cabezas y con miembros de la Comunidad, se conocieron dos preocupaciones
principales. Una era el contrato que
la Comunidad había firmado con MADENSA, un contrato a 25 años, con el cual
se sentían atrapados, y la segunda inquietud, que para ellos era la principal,
era la incertidumbre que sentían respecto a la tenencia de la tierra. La Comunidad no estaba tan interesada en la
explotación propiamente dicha del bosque o de los recursos que éste proporcionara,
sino en obtener el financiamiento de los estudios necesarios para poder
demarcar finalmente sus tierras. Esas
eran sus preocupaciones fundamentales.
Se acordó con MADENSA y
con IRENA que se renegociaría el contrato de 25 años que había firmado Awas
Tingni con la primera. Para ello se
requeriría, porque así lo había solicitado la Comunidad, asesoría técnica
y legal con el fin de negociar mejores condiciones.
El papel del Fondo Mundial
para la Naturaleza fue asegurar que existiera este apoyo a la Comunidad. Contribuyeron
a la formación de un equipo técnico legal que se inició con la participación
del señor James Anaya, de la Universidad de Iowa, y del señor Hans Ackerson,
experto forestal que había brindado asesoría forestal a Nicaragua.
Un obstáculo importante
en la negociación del proceso era la ausencia de un precedente legal que pudiera
servir de referencia para poder hacer este tipo de arreglos. Otro obstáculo
que se presentó a lo largo de la negociación fue la cuestión de la tenencia
de la tierra, porque para poder tener un plan de manejo se necesita contar
con un área definida.
Otra tarea del Fondo Mundial
para la Naturaleza fue asegurar que se llevaría a cabo un proceso al cual
se ciñeran las diferentes partes. Además,
una vez iniciadas las negociaciones, se contribuyó a contratar a un facilitador
que ayudara a “destrabar” la negociación. El resultado de esas negociaciones fue un convenio
tripartito, en el que participaban la Comunidad Awas Tingni, el Estado a través
del MARENA y la compañía MADENSA. Era
un convenio a cinco años, renovable, en el cual se establecen los términos
de la compraventa de la madera que vende la Comunidad y compra la compañía;
los términos en los que MARENA reconoce la propiedad de la tierra, la tenencia
de la tierra; los términos de las actividades de aprovechamiento anual, y
el sistema de monitoreo que esta operación iba a requerir.
En el convenio hay varias
partes que se refieren a la tenencia de la tierra. Una de ellas considera a la Comunidad como
si fuera “el propietario de estas tierras”.
Además, Nicaragua se comprometía a facilitar el proceso de titulación
y a no menoscabar las aspiraciones de la Comunidad en cuanto a su pretensión
territorial. Si bien en el contrato
se estipulaba que el Estado facilitaría el proceso de titulación de la tierra,
el testigo no recuerda haber escuchado cómo se llevaría esto a cabo. Recuerda una
discusión que se tuvo al respecto, debido a que el proceso de titulación que
se conocía hasta ese momento era el que practicaba el entonces INRA, Instituto
Nicaragüense de Reforma Agraria, donde se hacía un reparto agrario con base
en cincuenta manzanas por familia. Sin embargo, el Servicio Forestal Nacional era muy enfático en considerar
ese proceso como inadecuado para este caso, alegando que se estaba tratando
de fomentar un uso forestal del suelo, mientras que el proceso del INRA lo
que fomentaba era un uso agrícola. Se
temía que se desatara una ola de deforestación utilizando el modelo de reparto
agrario agrícola. No recuerda que
el MARENA haya establecido una ruta respecto de cómo la Comunidad debía solicitar
la titulación de la tierra, ya que ellos también tenían confusión en cuanto
a cuál debería ser el proceso.
A partir de 1994 su contacto
con el proyecto fue menor y no tuvo conocimiento directo de lo que estaba
ocurriendo. Supo de los planes del
Estado de otorgar una concesión a la compañía SOLCARSA a través de una carta
que la Comunidad envió, por medio de sus representantes, al Ministro Milton
Caldera. Tuvo una conversación con
el entonces Ministro Caldera relacionada con la concesión a SOLCARSA. El nombrado funcionario sabía que la tierra
reclamada por la Comunidad incluía la mayor parte del área de la concesión
y que dicha Comunidad se oponía a ésta. La
reacción del Ministro fue que el convenio que había firmado el MARENA con
la Comunidad y con MADENSA, era un convenio con el que no estaba de acuerdo
y, en cuanto a las pretensiones de la Comunidad, dijo “son demasiadas”.
El Estado ha tenido dos
políticas al otorgar la concesión a MADENSA, primero, y a SOLCARSA, posteriormente.
Una consistía en un reconocimiento de los derechos adquiridos de las
comunidades y que deben ser tomados en cuenta a la hora de esos contratos
de aprovechamiento de manejo forestal; la otra considera que mientras no exista
título de propiedad no hay bases para pensar que hay derechos adquiridos por
parte de las comunidades y, entonces, se pueden otorgar concesiones a terceros
sobre tierras públicas.
f. Testimonio de Galio Claudio Enrique Gurdián
Gurdián, licenciado en filosofía, especializado en antropología social y estudios
del desarrollo, especialmente en las relaciones entre Estados y pueblos indígenas
Vivió en la Región Atlántica
Norte de Nicaragua entre 1979 y 1990, entre 1996 y 1998, y de forma esporádica
durante 1999 y 2000.
Fue uno de los tres investigadores
principales y coordinador general del Diagnóstico general sobre la tenencia
de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, diagnóstico
realizado por el Central American and
Caribbean Research Council. El
diagnóstico tenía dos objetivos fundamentales. La parte formal trataba de proyectar cartográficamente
lo que las comunidades o una parte de las comunidades de la Costa del Caribe
de Nicaragua, consideraban como sus tierras comunales y sus usos.
El propósito implícito era la modernización del catastro.
También se perseguía, al delimitar los territorios de las comunidades
indígenas, dejar más claro cuáles eran las tierras nacionales sobre las que
el Estado podía incidir. El diagnóstico
fue realizado en desarrollo de un convenio entre Nicaragua y el Banco Mundial.
El diagnóstico tenía cinco
capítulos. En el primer capítulo,
denominado Principios Generales, lo que se recomendaba era que, por la historia
que ha tenido el Estado nicaragüense en relación con las comunidades indígenas,
emitiera una declaración haciendo ver su voluntad de resolver este tipo de
problemas. Otra recomendación que
se hacía era completar el diagnóstico realizado por el Central American and Caribbean Research Council, ya que se calculaba
que en la Costa Caribe de Nicaragua hay entre 280 y 300 comunidades, y el
diagnóstico sólo cubre aproximadamente un 50% de ese universo total. Para tener una visión integral de los reclamos,
de los traslapes, de los problemas en general de la tenencia de la tierra,
era necesario completar el diagnóstico. Un tercer aspecto en el capítulo de los Principios Generales era
entregar los resultados del diagnóstico a las comunidades que habían dado
la información. Eso es algo que no
se suele hacer y es clave para poder iniciar un proceso de demarcación y titulación.
Un segundo capítulo, denominado
Resolución de Conflictos, era muy importante debido a los traslapes que hay
en la zona. Los traslapes son áreas
donde varias comunidades coinciden en el uso y posesión del territorio.
La recomendación fundamental
de entregar el diagnóstico a las comunidades, a través de un taller masivo,
nunca se realizó ni se han tomado las medidas conducentes a la implementación
de las recomendaciones del diagnóstico.. Se sugirió que el Estado hiciera uso del derecho
consuetudinario y de las relaciones existentes entre las comunidades, a través
de sus autoridades tradicionales, para buscar una solución a los conflictos. Por eso era fundamental solucionar los conflictos
aplicado a un esquema donde el Estado nicaragüense dejase de ser juez y parte,
que ha sido su papel histórico en esto, y se convirtiera en un Estado facilitador.
El Estado no dio seguimiento a las recomendaciones emitidas en el diagnóstico.
Hubo dos iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo en 1998 en relación
con las tierras comunales de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica,
pero ninguno de los dos proyectos respondía a lo que reflejaba el diagnóstico.
Nicaragua consultó a las
comunidades indígenas acerca del Anteproyecto de Ley de Titulación de sus
tierras. Esas consultas se lograron
por la presión de los pueblos indígenas.
Hay una propuesta presentada por los dos Consejos Regionales en septiembre
de 2000, y la percepción que existe a nivel nacional es que esa propuesta
no va a prosperar, porque no existe la voluntad política de aprobarla.
El antiguo INRA, en la
actualidad Ministerio Agropecuario y Forestal, no tiene competencia para demarcar
o titular la tierra comunal de las comunidades indígenas. Desde 1990 no ha habido titulación de comunidades
indígenas, no se ha aplicado la potestad formal de demarcar y titular tierras.
Si una comunidad indígena
quisiera lograr la titulación de su tierra no existe un mecanismo o una institución
del Estado a la cual pueda acudir. El único título que aparece es el de las Diez Comunidades, otorgado
por la Comisión del Tratado Harrison-Altamirano entre 1905 y 1917.
El territorio del resto de las comunidades no ha sido titulado.
Hay otra titulación, a raíz del conflicto limítrofe entre Nicaragua
y Honduras, que se dio a principios de los años 60, a favor de las comunidades
del Río Coco, pero estas titulaciones no corresponden a las necesidades ni los patrones de uso y posesión de las comunidades
en el territorio. La interrupción
en la titulación de las tierras por parte de Nicaragua se puede deber a que
el Estado parece responder a situaciones de crisis. Es decir, la titulación que se da durante los
80, fundamentalmente debido a la guerra, es parte de la estrategia de convertir
un conflicto militar en una discusión política. De tal manera que después de las elecciones
y con el clima de paz que se va dando, el Estado parece no tener incentivo
alguno para resolver las demandas históricas de las comunidades.
Uno de los dos mapas consolidados
que presentó el diagnóstico corresponde a la Región Autónoma Atlántico Norte
y resume el problema de los traslapes. El total de las comunidades, que son 116, presentaron
su demanda en bloque y tienen la característica del traslape. Únicamente la
comunidad de Tumarín no tiene esta característica. El fenómeno de los traslapes es más complejo
en la Comunidad Awas Tingni, en la zona entre dicha Comunidad y las Diez Comunidades.
El área reclamada por Awas
Tingni es aproximadamente de 90.000 hectáreas. Las comunidades argumentaban su proyección cartográfica con base
en la historia oral que tiene que ver con la etnografía del territorio.
De tal manera, las fuentes bibliográficas hasta el siglo XIX apuntan
a que las comunidades Miskitas, que reciben título del Tratado Harrison-Altamirano
están en el litoral. El resto, desde la zona costera hacia el interior,
son comunidades Sumo Mayagnas, de tal manera que la presencia de Awas Tingni
en el territorio no es una anomalía, no es una excepción, sino que representa
el patrón de asentamiento de las Comunidades Tuascas, Panamascas, Wugas.
Precisamente por la expansión de las comunidades del litoral y de las
compañías bananeras y forestales, en este caso, es que las comunidades
se van retirando hacia las cabeceras de los ríos. La presencia de Awas Tingni en este territorio,
en la zona superior del Río Wawa, es parte del patrón de asentamiento de las
comunidades Mayagnas del territorio.
En el diagnóstico no se
incluyó el reclamo de tierras de Awas Tingni porque su caso estaba siendo
tratado legalmente y se estaba realizando otro trabajo, por parte del doctor
Macdonald, bajo una metodología muy similar, que garantizaba la calidad del
trabajo.
Los traslapes que tiene
Awas Tingni con las comunidades de Francia Sirpi, con las Dieciocho Comunidades
y con las Comunidades de Puerto Cabezas, eran parte del mismo patrón, no había
nada en especial y en el diagnóstico se trató de establecer las características
propias de estos traslapes. Era más
importante para el diagnóstico hacer la síntesis de todos esos traslapes y
no centrarse en un caso que tenía las mismas características de traslape;
no era muy diferente de lo que pasaba en otras zonas y se estaba haciendo
un trabajo que tenía las mismas calidades de lo que se estaba realizando en
el diagnóstico. No se documentó en
el diagnóstico el conflicto de tierras entre Awas Tingni y el grupo de las
Diez Comunidades, ni el conflicto entre Awas Tingni y la Comunidad de Kukalaya,
la Comunidad Esperanza, Santa Clara y Francia Sirpi.
Según la historia oral,
la Comunidad Awas Tingni se desplazó. El
patrón de asentamiento de las comunidades es un patrón de desplazamiento en
el territorio. Uno de los fundamentos
del Estado para negar derechos de posesión en el territorio ha sido argumentar
el carácter nomádico de estas comunidades. La Comunidad Awas Tingni se desplazó del asentamiento
tradicional de las comunidades Mayagnas y también de las comunidades Miskitas,
buscando mejores condiciones para su subsistencia.
Desde 1990 el Estado, a
través de sus instancias correspondientes, no ha dado título alguno a las
comunidades.
Trabajó en el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) durante 18 años. En el INCORA trabajó dos años en programas
de titulación de tierra campesina, y 16 en la oficina encargada de legalizar
las tierras a favor de los pueblos indígenas colombianos. Laboró en el Ministerio de Gobierno como Jefe
de la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas. Ha realizado consultorías internacionales sobre la legislación indígena
en varios países de Latinoamérica.
En Nicaragua ha hecho dos
consultorías. En 1995 hizo una consultoría
para el MARENA, y en 1996 hizo una consultoría para el INRA. La consultoría con el INRA se desarrolló dentro
del marco de un programa para la administración de tierras en la Región del
Atlántico que realizaba este organismo con el apoyo del Banco Mundial. La
consultoría pretendía determinar la viabilidad de la titulación de tierras
dentro del Programa de Corredor Biológico que realizaba el MARENA bajo los
auspicios del Banco Mundial.
Recientemente publicó un
libro que se llama “Legalidad y Derechos en la Costa Atlántica”, que hace
una revisión crítica del ordenamiento legal nicaragüense en lo referente al
tema de los derechos de las minorías étnicas del país y también se refiere,
al intento de reformar el ordenamiento legal sobre tierras en Nicaragua.
En Nicaragua hay dos sectores
de indígenas: un sector ubicado en la zona pacífica, fuertemente vinculado
a la economía de mercado y bastante integrado a los patrones de la cultura
nacional, y otro sector ubicado en la zona atlántica, que mantiene rasgos
fuertes de su cultura tradicional. Las
demandas de los indígenas de la Costa Atlántica se apoyan en razones de carácter
histórico, por la ocupación milenaria que estos pueblos han ejercido sobre
ese territorio, puesto que se encontraban
allá desde la época de la conquista o de la ocupación europea de este territorio
por ingleses y españoles. Los estudios arqueológicos y/o antropológicos muestran que estos
pueblos venían ocupando dichos territorios desde varias centurias antes del
descubrimiento. Esta ocupación milenaria
se manifiesta por los hechos positivos que los habitantes ejercen sobre ese
territorio, por la realización de actividades de supervivencia, como son las
de cacería, pesca, recolección.
Nicaragua ha suscrito compromisos
para el reconocimiento de las tierras indígenas, tales como la firma del Tratado
Harrison-Altamirano; ha producido ordenamientos posteriores que lo comprometen
al reconocimiento legal de las tierras indígenas, especialmente los adoptados
en 1987 con las modificaciones a la Constitución y el “Estatuto de la Autonomía”.
La política de tratamiento
de los pueblos indígenas en todos los países de América Latina, a partir del
descubrimiento, fue la búsqueda de la integración acelerada de estos pueblos
a los patrones de vida del resto de la sociedad nacional. Esta política se mantuvo durante mucho tiempo.
Paulatinamente, los países han ido cambiando su régimen constitucional,
a tal punto que hay un buen número de naciones que ya cuentan con normas que
reconocen la diversidad cultural de las respectivas sociedades nacionales,
la existencia de los pueblos indígenas, el derecho de estos pueblos a mantener
esa diversidad cultural a perpetuidad y el derecho a la legalización de sus
tierras. Nicaragua fue uno de los
primeros países en América Latina que hizo ese reconocimiento.
Está aceptada, a nivel constitucional, la existencia de los pueblos
indígenas como sociedades culturalmente diferenciadas del resto de la sociedad,
con derechos específicos que se refieren fundamentalmente a la posesión de
la tierra en forma colectiva. A partir
del momento en que fueron adoptadas la Constitución Política de 1987 y la
Ley de Autonomía, que determinan que los indígenas tienen derecho al reconocimiento
de la propiedad sobre ésta, del dominio que han ejercido sobre la tierra,
desde ese momento los indígenas pueden ser considerados propietarios plenos
de la tierra y pueden, si no tienen títulos escritos, acreditar esta condición
por medio de pruebas diferentes. La
adopción de estas normas debieran obligar al Estado a abstenerse de tomar
determinaciones en relación con los territorios ocupados por los indígenas.
Está establecido también
en el Estatuto de Autonomía que la propiedad sobre tierras indígenas, por
parte de comunidades indígenas, es inembargable, imprescriptible e inalienable. En la práctica se presentan algunos problemas
porque la Ley de Reforma Agraria, que autorizó la entrega de tierras a los
indígenas, fue expedida un año antes de la adopción de la Constitución y de
la Ley de Autonomía. Y esa Ley de
Reforma Agraria no contempla la propiedad indígena con carácter especial,
sino con carácter de propiedad en los términos regulados en el Código Civil
de Nicaragua, es decir, que se trata de una propiedad embargable, prescriptible,
ubicada dentro del comercio y que se entrega con las mismas características
con que se da la tierra a los campesinos, previos estudios que son similares
a los que deben efectuarse antes de entregar tierras a los campesinos.
La propiedad indígena es
una propiedad privada que figura en cabeza de un grupo, de una comunidad o
de un pueblo indígena. Exhibe limitaciones
en cuanto a la posibilidad de disposición, teniendo en cuenta que es una propiedad
que está asignada a un grupo que presenta la condición de pueblo y quiere
perpetuarse como tal y demanda el mantenimiento de esa población y de ese
territorio.
Las tierras ocupadas por
los indígenas en la Costa Atlántica han sido vistas como tierras nacionales,
tierras fiscales, tierras de libre disposición por parte del Estado, y en
tal medida se han estado haciendo entrega de las tierras a campesinos que
se han ido ubicando en estas regiones. A
las comunidades indígenas también se les han dado títulos sobre las tierras,
pero son títulos que revisten el mismo carácter que tienen las tierras entregadas
a los campesinos.
Hay que introducir algunos
cambios de orden legal en el país. Primero,
hay que aclarar o desarrollar algunas de las normas constitucionales, darles
un desarrollo legal. Se debe establecer un procedimiento claro que asegure
a los pueblos indígenas la capacidad de acceder al dominio pleno de sus tierras,
que sea un procedimiento que ellos puedan manejar conforme a su tradición
y a su cultura, que les reconozca la imprescriptibilidad e inembargabilidad
de estas tierras. Hay que avanzar, también, en la definición
de algunos aspectos que tienen que ver con la propiedad y el manejo de los
recursos naturales, ya que pese a que estén considerados como propiedad de
los indígenas en el ordenamiento constitucional y en la Ley de Autonomía,
se contraponen con algunas normas que ha expedido el Estado. Tal es el caso, por ejemplo, de los territorios
que se han constituido como “parques” en la misma Región Atlántica.
Es necesario esclarecer qué derechos tienen los pueblos indígenas sobre
estos territorios y qué derechos tiene el Estado.
Hay que establecer un régimen de administración de las tierras una
vez que sean entregadas por el Estado.
El proceso de consulta
del Anteproyecto de Ley de titulación de la propiedad comunal indígena que
se lleva a cabo en Nicaragua constituye un avance importante, ya que abrió
un espacio de participación y de consulta con los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas subsisten
de la tierra, es decir, la posibilidad
de mantener la unidad social, de mantener y reproducir la cultura y de sobrevivir
física y culturalmente depende de la existencia y el mantenimiento de la tierra
en forma colectiva, comunitaria, como la han tenido desde tiempos antiguos.
Los mismos indígenas, en algunas regiones, están interesados en la
explotación de sus recursos, pero la experiencia ha demostrado que la explotación
de recursos naturales, renovables o no renovables, sin la adopción de medidas
especiales que garanticen la estabilidad de los indígenas en la tierra, que
les respeten su cultura, que eviten el deterioro ambiental, causa daños catastróficos.
No hay uniformidad clara
en todos los países de América Latina respecto al tema de si puede haber derecho
a propiedad sin título. Algunas legislaciones,
como es el caso, por ejemplo de Colombia, aceptan que los pueblos indígenas
son propietarios de la tierra y que el título es simplemente un reconocimiento,
un medio de prueba. Esta posición puede ser sustentada por los indígenas de
todos los países que han acogido los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo. Nicaragua aceptó constitucionalmente
el derecho a la propiedad de los indígenas, al adoptarse el Estatuto de Autonomía,
porque declaró que los indígenas tienen derechos sobre las tierras, derecho
a acceder a las tierras que han ocupado por tradición.
Los países que hicieron
reformas constitucionales han contribuido eficazmente a dar una mayor estabilidad
a los pueblos indígenas y a mejorar sustancialmente las relaciones que existen
entre estas poblaciones con el resto de la población nacional y con el Estado.
No ha hecho estudios específicos
sobre la situación de la Comunidad Awas Tingni. Los estudios que realizó se refieren al análisis
y revisión de los ordenamientos legales de Nicaragua en relación con los derechos
territoriales de los indígenas.
La experiencia que existe
en América Latina en relación con el tema de la propiedad comunal es muy ejemplicativa.
Toda la política de los Estados Latinoamericanos se orientó, durante
casi 180 años, a buscar la liquidación de
las formas de propiedad colectiva y las formas de gobierno autónomas de
los pueblos indígenas. Esto contribuyó a liquidar gran parte de los
pueblos indígenas, a llevarlos no sólo a su desaparición cultural sino a su
desaparición física. La experiencia
que se ha ganado en los últimos 20 años, en aquellas comunidades que han logrado
acceder al dominio colectivo de la tierra y han recibido algún tipo de apoyo
del Estado para desarrollar una economía dentro de esos espacios, demuestra
que el mantenimiento del régimen comunal se convierte en una fuerza muy poderosa
de transformación y desarrollo para el beneficio de estas comunidades y de
los respectivos países.
En el caso de Nicaragua,
si se hubiera definido un procedimiento para demarcar territorios y titular
tierras indígenas, a partir de la adopción
de la Constitución y de la Ley de Autonomía, teniendo en cuenta el número
de comunidades que existen en la Costa Atlántica y el avance que las mismas
comunidades tienen en la autodefinición de sus propios espacios de vida, se
habría podido acortar significativamente la entrega legal de estas tierras,
reduciendo el tiempo a uno, dos o tres años.
l. Peritaje de Lottie Marie Cunningham
de Aguirre, abogada
Residente en la Ciudad
Bilwi, Municipio de Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántico Norte. Es abogada
y notaria pública. Tiene 6 años de
experiencia en el trabajo con las comunidades indígenas de la Costa Atlántica
en Nicaragua y ha brindado asesorías legales a las comunidades indígenas de
los diferentes territorios en la RAAN, tanto en el Municipio de Puerto Cabezas
como en el de Waspam. Es Miskita indígena
y su lengua materna es el miskito, lo cual le da alguna posibilidad
de entender los fenómenos de esta
comunidad.
En el funcionamiento del
sistema judicial en su país, las comunidades indígenas enfrentan problemas por la falta de armonía del derecho positivo
con el derecho consuetudinario y el retardo de justicia. El uso exclusivo del idioma español en los procesos judiciales constituye otra dificultad,
existe una ley de lenguas que establece que las lenguas de los pueblos indígenas
y comunidades étnicas son de uso oficial en las regiones autónomas, pero los
jueces no nombran traductores ni intérpretes para los miembrosde los pueblos
indígenas.
La Constitución de Nicaragua
consagra el derecho de propiedad de las comunidades indígenas. Los artículos 5, 89 y 180 de dicha Constitución
reconocen el derecho de propiedad y establecen también garantías sobre estos
derechos de los pueblos indígenas directamente y sin necesidad de calificación
posterior.
En cuanto a los recursos
internos en la legislación de Nicaragua, el único recurso que existe es el
de amparo. Según la Ley No. 49, Ley de Amparo, las comunidades indígenas tienen
que recurrir ante el Tribunal de Apelación, para interponer tal recurso. Esta ley señala que el recurso de amparo
se interpondrá ante el Tribunal de Apelación el cual “conoce de las primeras
actuaciones hasta el acto de suspensión y posteriormente conocerá la Corte
Suprema de Justicia, la parte ulterior hasta la resolución definitiva”.
Las poblaciones indígenas
han utilizado muy poco el recurso de amparo porque antiguamente en la RAAN
no tenían tribunal de apelaciones, el cual solo se creó en 1999. En
1982 se creó el Tribunal de Apelación en el Departamento de Matagalpa, que
se encuentra a gran distancia de la Comunidad Awas Tingni y de otras comunidades
indígenas, por lo que las comunidades tenían que trasladarse –porque no hay
otra forma- a Bilwi, luego a la capital de Nicaragua y finalmente a Matagalpa.
Demoraban tres días para interponer el recurso.
La Comunidad Awas Tingni
presentó un recurso de amparo el 12 de septiembre de 1995, respecto al cual
hubo demora de justicia. La ley establece
un plazo de 5 días para que el Tribunal ante el que se presenta el recurso
decida si lo acepta o rechaza, y lo pase después a la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua, la cual debe resolverlo en 45 días. El recurso presentado por Awas Tingni no fue
resuelto dentro de los 45 días, sino fue decidido casi dos años después, el
27 de febrero de 1997, sin responderse a
las pretensiones de los peticionarios.
Después se presentó un
segundo recurso de amparo, debido a que el primero fue rechazado, no con base en la titulación de tierras
sino en función de otras causales,
como el no haberse consultado al Consejo Regional de la RAAN. Igualmente lo pretendido con ese segundo recurso,
que si fue aceptado, suspendió la concesión otorgada a SOLCARSA.
La Corte acogió el recurso
de inconstitucionalidad, porque la aprobación no había sido efectuada por
el Consejo en pleno. Así, la Corte de Nicaragua dijo que había lugar a la
petición de inconstitucionalidad y anuló la concesión en 1997. Una vez declarado inconstitucionalidad el Consejo
Regional, se reunió y ratificó la concesión.
La ley en Nicaragua, respecto
al cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Nicaragua en recursos
de amparo, señala que deben hacerse en 24 horas. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema
sobre el recurso al que se ha hecho referencia no se cumplió dentro de dicho
término, sino aproximadamente en un año.
Mientras estaba pendiente
el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Nicaragua, la testigo se
enteró que se multó a la compañía por el corte de árboles de maderas preciosas,
entre otras cosas. La multa fue de
1.000.000.00 de córdobas. También
sabe que la Contraloría General de la República aprobó la extensión de esta
multa y que la Contraloría volvió a sancionar a la autoridad competente.
La Contraloría estableció una sanción que al menos es el doble de aquella
multa, y solicitó que el ministro responsable cumpliera individualmente con
el pago por no haber aplicado la ley, pero el ministro nunca pagó; es más,
ese ministro recientemente ha vuelto a tener problemas con la Contraloría
en función de la tala de árboles de maderas preciosas en Nicaragua.
En su concepto no existe
ningún otro procedimiento judicial que haya probado ser efectivo para la aplicación
de las normas constitucionales de Nicaragua con relación a los pueblos indígenas.
Para mejorar el funcionamiento del sistema judicial con respecto a
las comunidades indígenas se deberá modificar la Ley No. 49 de Amparo, que
señala los procedimientos de recurso de amparo, procedimiento que debe ser
establecido en una forma sencilla, ágil y eficaz, para que las comunidades
indígenas puedan acceder a la justicia; modificar la Ley Orgánica del Poder
Judicial para adecuarla al marco constitucional y establecer que las autoridades
judiciales puedan actuar de oficio en las demandas de las comunidades indígenas
con respecto a sus derechos territoriales; y aplicar, publicar y poner en
vigencia la propuesta de Ley de Demarcación y Titulación de las Tierras Tradicionales
para las Comunidades Indígenas y Waspam, para que las comunidades puedan disponer
de un procedimiento para resolver sus demandas de derechos territoriales. Dicha propuesta de ley fue avalada por los
dos Consejos Regionales Autónomos y entregada oficialmente a la Asamblea Nacional.
Es de especial interés el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de
las Regiones Autónomas, el cual establece que la administración de justicia
deberá regirse por regulaciones especiales, tomando en cuenta las particularidades
culturales de las comunidades indígenas y comunidades étnicas.
Por otra parte, la testigo
da fe de la ancestralidad de la posesión de Awas Tingni por ser esta una comunidad
indígena con su propia lengua, su propia cultura e históricamente posesionada
en su territorio. Se enteró de que la Comunidad Awas Tingni solicitó administrativamente
la titulación de sus tierras, agotó todas las vías administrativas y, sin
embargo, la Comunidad no ha recibido ninguna respuesta de la administración.
Como abogada está familiarizada
con el concepto del silencio administrativo. Este se configura conforme a
la voluntad de la autoridad. Configurado éste, y agotada la vía administrativa,
las comunidades no tienen otra opción que ir por la vía judicial, es decir,
el único procedimiento es el recurso de amparo ante la omisión de la autoridad.
El plazo para interponer un recurso de amparo es de 30 días contados desde
la notificación del acto o la omisión de la autoridad. La Comunidad Awas Tingni pidió judicialmente,
mediante un recurso de amparo, la titulación de sus tierras ancestrales.
Conoce las acciones que Awas Tingni realizó ante los Tribunales de Justicia
para promover sus derechos.
Respecto de la petición
de suspensión de la concesión forestal, el recurso de amparo presentado por
la Comunidad Awas Tingni fue rechazado por el irrespeto constante que tiene
el Estado de reconocer los derechos indígenas para las comunidades. Desde
un punto de vista procesal, los tribunales no argumentaron la razón por la
cual rechazaron el recurso.
Para las comunidades indígenas
no existe ningún procedimiento mediante el cual puedan hacer valer sus derechos
ancestrales reconocidos en la Constitución Política.
El artículo 18 del Estatuto
de Autonomía de las Regiones Autónomas establece que la administración de
justicia deberá regirse por regulaciones especiales, pero es una ley general
que nunca ha sido reglamentada. No existe ningún procedimiento que permita
a la autoridad judicial tomar en cuenta las particularidades que debiera considerar.
m. Testimonio de Marco Antonio Centeno Caffarena,
Director de la Oficina de Titulación Rural de Nicaragua
Reside en Managua, Nicaragua.
Es funcionario del Gobierno desde el año 1991, donde ha ocupado cargos
de alto nivel en asesorías y de temas relacionados con materia de propiedad.
Actualmente es el Director General de la Oficina de Titulación Rural.
Para explicar la historia
de la titulación de tierras en Nicaragua hay que distinguir entre tres momentos
o etapas que se han dado en el transcurso del siglo XX.
En el primer momento se
implementó el Tratado entre el Reino de Gran Bretaña y la República de Nicaragua
llamado Tratado Harrison-Altamirano. Ese
tratado, en su artículo tercero, ordenaba conceder títulos de propiedad a
las comunidades indígenas existentes en la Miskitia de Nicaragua en un área
específica. Se titulaban ocho manzanas
a cada núcleo familiar de cuatro individuos.
Si el núcleo familiar excedía ese número de miembros, entonces se titulaban
dos manzanas adicionales por persona.
El objetivo del tratado
era titular a todas las etnias o las comunidades indígenas que habitaban en
esa época en la Costa Atlántica de Nicaragua.
Durante los años 1915 y 1920, se titularon más de 80.000 hectáreas,
y en consecuencia, se emitieron 60 títulos que están debidamente registrados
en el Registro Público de la Propiedad de Bluefields, que es el único en la
Costa Atlántica. Asimismo, se dieron
dos títulos a la comunidad llamada Tilba-Lupia y cuyas cuentas registrales
son la 2111 y la 2112. En esa oportunidad,
a las etnias Mayagnas o Sumos, se les tituló una área considerable de
tierra, aproximadamente 3.690 hectáreas, para efectos de lo cual se tomó en
cuenta el resultado del censo poblacional de 1950, que estimaba que dicha
población era de aproximadamente 407 personas en la Costa Atlántica de Nicaragua.
El procedimiento utilizado
durante la implementación del Tratado Harrison-Altamirano era elemental.
Se conformó la Comisión de la Titulación de la Mosquitia, y ésta visitaba
los lugares de titulación o donde había presencia de las comunidades, las
cuales planteaban sus requerimientos. Dichos
requerimientos “eran publicados, para efecto de que si alguien se sentía conculcado
o atropellado por la eventual titulación, se opusiera”. Si no había oposición, se efectuaba la mensura y la subsiguiente
titulación, pero en el caso de que alguien se opusiera, se trataba de lograr
una solución amistosa en la que se compensaran las áreas a quienes fueran
afectados en materia de titulación.
Posteriormente, en un segundo
momento, durante los años sesentas y setentas, el Instituto Agrario Nicaraguense
(IAN) tituló con un criterio agrario; por lo que se pasó de una titulación
de espirítu comprehensivo a una etapa en la que se titularon tierras adicionales
bajo el marco de la Ley Agraria de 1963. En esa época se tituló un área de 62.500 hectáreas para comunidades
indígenas. En total se titularon 28
comunidades. A las etnias Mayagnas
o Sumos les correspondieron 14 mil hectáreas. En este período fue cuando se presentó el diferendo
entre Nicaragua y Honduras, y entonces hubo comunidades que quisieron regresar
a Nicaragua y fueron tituladas; dentro de ellas están Francia Sirpi, Wisconsin,
entre otras.
Otro momento, es el período
de la Revolución, de los años ochentas; con una nueva ley de reforma agraria,
basada en el criterio de tierras adicionales y bajo la institución llamada
MIDINRA, se titularon 29 comunidades, pero el número preciso de hectáreas
no se asentó en el Registro Público de la Propiedad. En un rastreo realizado en los archivos de la institución y en el
Registro Público de la Propiedad sólo se logró comprobar que habían sido tituladas
28.000 hectáreas.
En el período 95-98 se
efectuó un diagnóstico muy completo de las comunidades indígenas sobre la
tenencia de la tierra de dichas comunidades.
Este diagnóstico mostró la situación en que, de acuerdo con el criterio
de los consultores, se encontraban las mencionadas comunidades en ese momento.
En el diagnóstico no se hizo referencia al caso de la Comunidad Awas
Tingni.
Un punto de especial interés
del reclamo de tierras en la Costa Atlántica de Nicaragua tiene que ver con
la conformación de bloques. Dichos
bloques tienen un alcance muy positivo, porque dan fuerza a la gestión de
las comunidades. Sin embargo, tienen
el problema de que se han sumado a las “comunidades madres” que recibieron
titulos de la Comisión Tituladora de la Mosquitia, comunidades de reciente
data, llamadas “comunidades hijas”, las cuales se han desprendido de aquéllas
con cierta autonomía y ahora pretenden hacer un reclamo de titulación invocando
ancestralidad.
En los archivos de la institución
que hoy se llama Oficina de Titulación Rural (antes INRA y anteriormente MIDINRA)
no se ha encontrado una solicitud formal de titulación de la Comunidad Awas
Tingni. Sin embargo, la Comisión Interamericana aportó en algún momento del
juicio, una fotocopia de un libro de registro “de visitas o de documentación
que entra”, en el que estaba anotada una petición de dos representantes de
la Comunidad en la que reclamaban 16 mil hectáreas de titulación. Con todo,
el testigo no puede precisar el año en que tuvo lugar tal reclamo.
Tiene conocimiento del
estudio preparado por el doctor Theodore Macdonald, en el cual se pretende
mostrar la ocupación ancestral de sus tierras por parte de la Comunidad Awas
Tingni. Al respecto, afirma que la
Oficina de Titulación Rural ha atendido el tema de la Comunidad, “en el entendido
de que ya transcendió y que es un
tema que deben documentar[…] institucionalmente”, por lo cual la Oficina mencionada
contrató a un experto nicaragüense, el señor Ramiro García, arqueólogo, investigador
de planta del Museo Nacional de Nicaragua y asesor del Instituto Nicaragüense
de Cultura, para que hiciera una valoración del estudio.
El criterio institucional
de la Oficina, que representa, es que la Comunidad Awas Tingni no ostenta
ocupación ancestral de las áreas cuya titulación pide.
De hecho, la Comunidad
Awas Tingni tiene conflictos de intereses en materia de titulación con comunidades
que ya fueron debidamente tituladas por la Comisión Tituladora de la Mosquitia,
pero especialmente con comunidades o grupos que fueron titulados en el período
del IAN, específicamente con las Comunidades Francia Sirpi, Wisconsin, Santa
Clara, Aminrosita 1, Aminrosita 2, las llamadas Dieciocho Comunidades y las
llamadas Diez Comunidades. Ello ha
imposibilitado que se efectúe una titulación expedita a propósito de la petición
o el reclamo de la Comunidad Awas Tingni. Pero la oficina a cargo del testigo no ha negado
a dicha Comunidad, en momento alguno, el derecho de titulación.
Como consecuencia de un
Anteproyecto de Ley que introdujo el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa
de Nicaragua en el mes de octubre de 1998, se ha hecho una serie de consultas
tanto a las comunidades y a las autoridades autonómicas de la Costa Atlántica,
como a la sociedad civil nicaragüense.
En el período comprendido
entre los años sesenta y setenta, el IAN emitió 28 títulos a las comunidades
indígenas. A partir del año 1974, durante el Gobierno del General Anastacio
Somoza, se entregaron algunos títulos de los cuales no maneja datos precisos,
pero según los registros de la Oficina
de Titulación Regional, se dieron aproximadamente 68.000 quinientas hectáreas.
El reclamo presentado por
la Comunidad Awas Tingni es contradictorio. Su petición, de acuerdo con la autoridad competente en materia de
georeferenciación y cartografía en Nicaragua, que es el Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales, INETER, comprendía 156.000 hectáreas aproximadamente.
En los últimos 11 años
ninguna comunidad indígena ha sido titulada y durante el año que el testigo
ha estado en la respectiva institución, no se ha realizado ninguna titulación
a favor de comunidades indígenas, básicamente porque existe un marco jurídico
incipiente. Por lo tanto, “sería totalmente
improcedente que la institución […] emitiera oficiosamente [títulos indígenas]con
criterios que tal vez no van acorde al espíritu que se refleja[rá] en la ley”.
No puede precisar el número
de indígenas que hay en Nicaragua, pero esa información está en los documentos
del censo de 1995, aunque un inventario realizado por la Oficina de Titulación
Rural en 1991, registra 230 comunidades. De ello, 60 se titularon con la Comisión Tituladora de la Mosquitia;
se detectaron 7 comunidades adicionales en el estudio que se contrató con
la Universidad de Austin, Texas; 28 comunidades se titularon en el período
del IAN, y 29 comunidades en el período de los ochenta, bajo la institución
llamada MIDINRA. En consecuencia, según este cálculo básico, 124 comunidades están tituladas.
Con respecto al reclamo
de la Comunidad Awas Tingni, la Oficina de Titulación Rural se dio a la tarea
de documentar el caso, por ser contradictorio en cuanto al área reclamada,
ya que Awas Tingni tiene problemas de linderos.
En este sentido, en un documento presentado por la Comisión Interamericana
ante la Corte, consta un plano en el cual se señala un área de aproximadamente
cincuenta y tantos miles de hectáreas. El
Instituto de Estudios Territoriales digitalizó y georeferenció esa información
y dio un área totalmente contradictoria.
El hecho de que exista
esta querella y que no se haya resuelto todavía, es un elemento adicional
para que no se pueda emitir una titulación a favor de Awas Tingni, de manera
oficiosa y con criterios que tal vez contradigan el espíritu de la ley aún
no aprobada.
Existen críticas al informe
elaborado por Theodore Macdonald, que están orientadas al aspecto metodológico
del estudio, porque éste privilegió la fuente oral y no la contrastó con la
fuente arqueológica, no se utilizaron técnicas etnográficas combinadas con
elementos de demografía histórica, no se hicieron estudios lingüísticos que
acreditaran que la comunidad en cuestión era una comunidad compacta y pertenecía
a una etnia definida. Además, ese
trabajo no es conclusivo en cuanto a la ancestralidad de la ocupación del
área en reclamo.
Existen normas constitucionales
relativas a la titulación y el reconocimiento de los derechos de las comunidades
indígenas, pero la Oficina de Titulación Rural no es la entidad que debería
hacer ese tipo de reconocimientos, sólo le corresponde operativizarlos.
Como institución tituladora, tiene delegaciones en las áreas donde
hay presencia indígena, las cuales sirven precisamente para detectar y recoger
las solicitudes de titulación; pero de acuerdo con el Estatuto de Autonomía
de la Costa Atlántica, las autoridades locales tienen la responsabilidad de
prestar asistencia a las poblaciones y contribuir a la adecuada tramitación
de sus reclamos.
VI
Valoración
de la Prueba
84. El artículo 43 del Reglamento señala el
momento procesal oportuno para la presentación de los elementos de convicción
y su admisibilidad, a saber:
Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas
si son señaladas en la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito
de excepciones preliminares y en su contestación. Excepcionalmente la Corte podrá admitir una
prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave
o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre
que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.
85. El artículo 44 del Reglamento faculta al
Tribunal a:
1. Procurar de
oficio toda prueba que considere útil. En
particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier
persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente.
2. Requerir
de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de cualquier
explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.
3. Solicitar
a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga
información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre
un punto determinado. Mientras la
Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados.
[…]
86. Es importante señalar que en materia probatoria
rige el principio del contradictorio. Este
principio es uno de los fundamentos del artículo 43 del Reglamento, en lo
que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba con el fin de que
haya igualdad entre las partes.
87. Dado que el objeto de la prueba es demostrar
la veracidad de los hechos alegados, resulta de suma importancia establecer
los criterios que utiliza un tribunal internacional de derechos humanos en
la valoración de los elementos de convicción.
88. La Corte tiene criterio discrecional para
valorar las declaraciones o manifestaciones que se le presenten, tanto en
forma escrita como por otros medios. Para ello puede hacer una adecuada valoración
de la prueba, según la regla de la “sana crítica”, lo cual permitirá a los
jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados, tomando
en consideración el objeto y fin de la Convención Americana.
89. Con el fin de obtener
el mayor número posible de pruebas, este Tribunal ha sido muy flexible en
la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las reglas de la lógica
y con base en la experiencia. Un criterio
ya señalado y aplicado con anterioridad por la Corte es el de la ausencia
de formalismo en la valoración de la prueba. El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la
Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del
aplicable en los procesos de derecho interno, no estando el primero sujeto
a las formalidades propias del segundo.
90. Es por ello que la
“sana crítica” y el no requerimiento de formalidades en la admisión y valoración
de la prueba, son criterios fundamentales para valorar ésta, la cual es apreciada
en su conjunto y racionalmente.
91. Corresponde ahora a la Corte apreciar
el valor de los elementos de convicción presentados por las partes en el presente
caso.
92. En cuanto a la prueba documental aportada
por la Comisión y por el Estado que no fue controvertida ni objetada, ni cuya
autenticidad fue puesta en duda, este Tribunal le da valor y la incorpora
al acervo probatorio del presente caso.
93. Los documentos titulados “Awas Tingni.
Un Estudio Etnográfico de la Comunidad y su Territorio”, elaborado
por Theodore Macdonald en febrero de 1996; “Dictamen etnográfico al documento
elaborado por el Dr. Theodore Macdonald”, realizado por Ramiro García Vásquez,
y diversos mapas referentes a la delimitación del territorio ocupado por la
Comunidad Awas Tingni, fueron objetados en cuanto a su contenido.
La Corte toma en cuenta las diversas posiciones de las partes respecto
de dichos documentos; sin embargo, este Tribunal considera útil incorporarlos
al acervo probatorio del caso.
94. Respecto de los recortes de periódicos
aportados por la Comisión, el Tribunal ha considerado que aun cuando éstos
no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, pueden ser apreciados
cuando recojan hechos públicos o notorios, declaraciones de altos agentes
del Estado, o cuando corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios
recibidos en el proceso.
95. Los documentos presentados por Marco Antonio
Centeno Caffarena el 21 de noviembre de 2000 con ocasión de la audiencia pública,
fueron valorados por la Corte y este Tribunal, mediante Resolución de 24 de
noviembre de 2000, agregó al acervo probatorio del presente caso, de conformidad
con el artículo 44 de su Reglamento, dos de los ocho documentos por él aportados
(supra párrs. 63, 64 y 79).
96. El documento titulado “Diagnóstico general
sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”,
elaborado por el Central American and
Caribbean Research Council, fue presentado por el Estado el 20 de diciembre
de 2000, tal como fue solicitado mediante Resolución de la Corte de 24 de
noviembre de 2000 (supra párrs.
64, 65 y 80). Dado que dicho documento
fue solicitado por el Tribunal, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento,
se incorpora al acervo probatorio del presente caso en aplicación de lo dispuesto
en el inciso primero de esa misma norma.
97. La Corte considera útiles los tres documentos
presentados por la Comisión el 29 de enero de 2001 (supra párrs. 66 y 81), máxime cuando no
fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad fueron
puestas en duda. En consecuencia,
los incorpora a la prueba del presente caso.
98. El acervo probatorio de un caso es único
e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas
del procedimiento. Por esta razón, la prueba documental presentada
por el Estado y la Comisión durante la fase de excepciones preliminares forma
parte del acervo probatorio del presente caso.
99. El Estado no presentó la documentación solicitada
por la Corte el 31 de julio de 2001 como prueba para mejor resolver (supra
párr. 69). Observa la Corte al respecto,
que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas solicitadas por éste,
sean documentales, testimoniales, periciales o de otra índole. La Comisión y el Estado deben facilitar todos
los elementos probatorios requeridos -de oficio, como prueba para mejor resolver
o a petición de parte- a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número
de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus resoluciones.
Sobre el particular, es preciso tomar en cuenta que en los procesos
sobre violaciones de derechos humanos puede ocurrir que el demandante no cuente
con la posibilidad de allegar pruebas que sólo puedan obtenerse con la cooperación
del Estado.
100. En relación con la prueba testimonial y pericial
evacuada, la cual no fue objetada ni controvertida, la Corte la admite únicamente
en cuanto concuerde con el objeto del respectivo interrogatorio.
101. En su escrito de alegatos finales, el Estado
manifestó que:
La casi totalidad de los expertos presentados
por [l]a Comisión, admitieron no tener conocimiento directo del reclamo de
tierras ancestrales sustentado por la Comunidad Indígena de Awas Tingni; esto
es, admitieron que sus opiniones profesionales se apoyaron en estudios efectuados
por terceras personas.
Los pocos expertos presentados por [l]a Comisión,
que podrían tener algún conocimiento directo del reclamo de ancestralidad
de Awas Tingni, reconocieron el carácter preliminar y, por lo tanto, no conclusivo
de sus ensayos. No teniendo carácter conclusivo, tales estudios no pueden
ser tenidos como evidencia científica para sustentar una acusación de falta
de titulación de tierras ancestrales.
102. En relación con lo anterior, la Corte tiene
criterio discrecional para valorar las declaraciones y dictámenes que se le
presenten. Con este fin, el Tribunal
hará una adecuada valoración de la prueba, según la regla de la “sana crítica”.
VII
Hechos Probados
103. Del examen de los documentos, las declaraciones
de los testigos, los dictámenes de los peritos y las manifestaciones del Estado
y de la Comisión, en el curso del presente proceso, esta Corte considera probados
los siguientes hechos:
a. la Comunidad Awas Tingni es una comunidad
indígena de la etnia Mayagna o Sumo, asentada en la Costa Atlántica de Nicaragua,
Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN);
b. la organización administrativa de la RAAN
se encuentra constituida por un Consejo Regional, un Coordinador Regional,
autoridades municipales y comunales, y otros órganos correspondientes a la
subdivisión administrativa de los municipios;
c. en su organización,
la Comunidad Awas Tingni cuenta con una Junta Directiva cuyos miembros son:
el Juez del Pueblo, el Síndico, el Suplente del Síndico y el Responsable del
Bosque. Estos miembros son elegidos por una asamblea constituida por todos
los miembros adultos de la Comunidad y responden directamente a esta asamblea;
d. la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
se encuentra conformada por más de seiscientas personas;
e. los miembros de la Comunidad subsisten
de la agricultura familiar y comunal, de la recolección
de frutas y plantas medicinales,
la caza y la pesca. Estas actividades,
así como el uso y goce de la tierra que habitan, son llevadas a cabo dentro
de un espacio territorial de acuerdo con un esquema de organización colectiva
tradicional;
f.
existen “traslapes” o sobreposiciones de las tierras comunales reclamadas
por las comunidades indígenas de la Costa Atlántica.
Algunas comunidades alegan derechos sobre las mismas tierras reclamadas
por la Comunidad Awas Tingni; Además, el
Estado sostiene que parte de las tierras reclamadas por la Comunidad Awas
Tingni son de su propiedad;
g.
la Comunidad no tiene un título real de propiedad sobre las tierras
que reclama;
h. el 26 de marzo de 1992 se firmó un contrato
para el manejo integral del bosque entre la Comunidad Awas Tingni y Maderas
y Derivados de Nicaragua, S.A. (MADENSA);
i. en mayo de 1994 la Comunidad, MADENSA
y el MARENA firmaron un “Convenio de Aprovechamiento Forestal”, mediante el
cual este último se comprometió a facilitar la “definición” de las tierras
comunales y a no menoscabar las aspiraciones territoriales de la Comunidad;
Concesión
para aprovechamiento de madera otorgada a la empresa SOLCARSA
j. el 5 de enero de 1995 el Servicio Forestal
Nacional del MARENA aprobó el plan de manejo forestal presentado por SOLCARSA
para el aprovechamiento de madera “en la zona del Río Wawa y Cerro Wakambay”.
En marzo de 1995 dicho plan fue presentado al Consejo Regional de la
RAAN. El 28 de abril de 1995 el Coordinador
Regional de la RAAN y la empresa SOLCARSA suscribieron un convenio, y el 28
de junio del mismo año la Junta Directiva del Consejo Regional de la RAAN,
mediante resolución No. 2-95, reconoció ese convenio y avaló el inicio de
operaciones forestales en la zona de Wakambay, conforme con lo establecido
en el plan de manejo forestal;
k.
el 13 de marzo de 1996 el Estado, a través del MARENA, otorgó una concesión por 30 años a la empresa SOLCARSA para el manejo y aprovechamiento forestal
en un área de aproximadamente 62.000 hectáreas ubicadas en la RAAN, entre los municipios de Puerto Cabezas y Waspam;
l.
SOLCARSA fue sancionada mediante
Resolución Ministerial No. 02-97, adoptada por el MARENA el 16 de mayo
de 1997, por haber realizado cortes ilegales de árboles “en el sitio de la
comunidad de Kukalaya” y por haber ejecutado obras sin el permiso ambiental;
m. el 27 de febrero de 1997 la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la
concesión otorgada a SOLCARSA, por no haber sido aprobada por el pleno del
Consejo Regional de la RAAN (infra
párr. 103.q.iii). Posteriormente,
el Ministro del MARENA solicitó al Consejo Regional de la RAAN que aprobara
la referida concesión;
n. el 9 de octubre de 1997 el Consejo Regional
de la RAAN resolvió: a) “[r]atificar la Disposición Administrativa No. 2-95
del 28 de junio de 1995, firmada por la Junta Directiva del Consejo Regional
Autónomo y el Coordinador Regional de la [RAAN]” , mediante la cual se aprobó
la concesión forestal a favor de la empresa SOLCARSA; b) “[s]uspender el Convenio
existente entre el Gobierno Regional y [SOLCARSA], suscrito el 28 de [a]bril
de 1995”, y c) “[r]atificar [...] el Contrato de Manejo y Aprovechamiento
Forestal, suscrito entre el Ministro del MARENA y [...] SOLCARSA, el 13 de
marzo de 1996”;
Diligencias
administrativas de la Comunidad Awas Tingni
ñ.
el 11 de julio de 1995 María Luisa Acosta Castellón, en representación
de la Comunidad, presentó una carta al Ministro del MARENA, mediante la cual solicitó que no se avanzara en el otorgamiento
de la concesión a la empresa SOLCARSA sin que hubiera un acuerdo con la Comunidad.
Además, manifestó que el MARENA tenía el deber de “facilitar la definición
de las tierras comunales y [...] no menoscabar
[...] las aspiraciones territoriales de la Comunidad”, en virtud de
que así se estipuló en el convenio firmado en mayo de 1994 por la Comunidad,
MADENSA y el MARENA (supra párr. 103. i);
o. en marzo de 1996 la Comunidad presentó
un escrito ante el Consejo Regional de la RAAN, mediante el cual solicitó
“que el Consejo Regional inici[ara] un proceso de estudio que llev[ara] a
una demarcación territorial adecuada” con la participación de la Comunidad
Awas Tingni y de las otras comunidades interesadas, “con el fin de asegurar
sus derechos de propiedad en sus tierras comunales ancestrales”, y que “impid[iera]
el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales
dentro del área en cuestión sin el consentimiento previo de la Comunidad”. Con dicho fin propusieron que se realizara:
a) una evaluación del estudio etnográfico presentado por la Comunidad y, de
ser necesario, un estudio suplementario; b) un proceso de concertación entre
la Comunidad Awas Tingni y las comunidades aledañas sobre los límites de sus
tierras comunales; c) una identificación de las tierras estatales en el área;
y d) una “delimitación de las tierras comunales de Awas Tingni”. La Comunidad
manifestó que la solicitud se presentaba “en razón de la falta de recursos
administrativos disponibles dentro del ordenamiento legal nicaragüense a tr[a]vés
del cual comunidades indígenas puedan asegurar [los] derechos de propiedad
sobre sus tierras comunales”;
Diligencias
y actuaciones judiciales
p. Primer recurso de amparo interpuesto
por la Comunidad Awas Tingni y sus dirigentes:
p.ii) el 19 de septiembre de 1995 la Sala
de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de Matagalpa declaró
inadmisible “por improcedente” el recurso de amparo, basándose en que la Comunidad
había consentido tácitamente el otorgamiento de la concesión, en virtud de
que la recurrente dejó transcurrir, antes de presentar dicho recurso, los
treinta días contados “desde que la acción u omisión haya llegado a su conocimiento”,
conforme a la Ley de Amparo. Dicho Tribunal consideró que la recurrente tuvo
conocimiento de las acciones del MARENA desde antes del 11 de julio de 1995,
fecha en la que dirigió una carta al Ministro del MARENA (supra párr. 103.ñ);
p.iii) el 21 de septiembre de 1995 María Luisa
Acosta Castellón, en su carácter de apoderada especial de Jaime Castillo Felipe,
Marcial Salomón Sebastián y Siriaco Castillo Fenley, representantes de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, interpuso un recurso de amparo por la
vía de hecho ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual expresó que
la Comunidad y sus miembros no habían consentido el proceso de la concesión;
que el recurso “se present[ó] contra acciones que se esta[ban] cometiendo
en la actualidad [, ya que d]iariamente la Comunidad y sus miembros t[enían]
conocimiento de nuevas violaciones”, y que, en consecuencia, los treinta días
para presentar el recurso de amparo “se podrían […] empezar a contar [a] partir
de la última violación de la que los miembros de la Comunidad [tuvieran] conocimiento”;
p.iv) el 27 de febrero de 1997 la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso
de amparo por la vía de hecho, con base en las mismas consideraciones sostenidas
por la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de
Matagalpa (supra párr. 103.p.ii);
q.
Recurso de amparo interpuesto por miembros del Consejo Regional de
la RAAN:
q.i) el 29 de marzo de 1996 Alfonso Smith
Warman y Humberto Thompson Sang, miembros del Consejo Regional de la RAAN,
interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa,
en contra de Claudio Gutiérrez, Ministro del MARENA, y Alejandro Láinez, Director
de la Administración Forestal Nacional del MARENA, por haber “firmado y avalado”
la concesión forestal a SOLCARSA, sin que ésta hubiera sido discutida y evaluada
en el pleno del Consejo Regional de la RAAN, en violación del artículo 181
de la Constitución Política de Nicaragua. En dicho recurso solicitaron la
suspensión de la implementación de la concesión firmada y la anulación de
la misma;
q.ii) el 9 de abril de 1996 la Sala de lo
Civil del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa admitió el recurso de amparo
interpuesto, ordenó ponerlo en conocimiento del Procurador General de la República,
ordenó prevenir a los funcionarios contra quienes se dirigía el recurso para
que presentaran sus informes sobre lo actuado a la Corte Suprema de Justicia
y emplazó a las partes para que se apersonaran ante este último órgano “para
hacer uso de sus derechos”. Finalmente,
denegó la solicitud de suspender el acto impugnado;
q.iii) mediante sentencia No. 12 de 27 de
febrero de 1997 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto y resolvió que la concesión
era inconstitucional ya que “no fue aprobada por el Consejo Regional [de la
RAAN], sino por la Junta Directiva del mismo,
y por el Coordinador Regional de la [RAAN]”, en violación del artículo
181 de la Constitución Política de Nicaragua;
q.iv) el 22 de enero de 1998 Humberto Thompson
Sang, miembro del Consejo Regional de la RAAN, presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, mediante el cual solicitó la ejecución de la sentencia
No. 12 dictada el 27 de febrero de 1997;
q.v) el 3 de febrero de 1998 la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución mediante
la cual ordenó poner en conocimiento del Presidente de la República el incumplimiento
de la Sentencia No. 12 de 27 de febrero de 1997 por parte del Ministro del
MARENA, con el fin de que ordenara a este último el debido cumplimiento de
dicha sentencia y, además, ordenó informar a la Asamblea Nacional al respecto;
q.vi) mediante oficio de 16 de febrero de
1998, el Ministro del MARENA comunicó al Gerente General de SOLCARSA que debía
ordenar “la suspensión de toda acción” que estuviera relacionada con el contrato
de otorgamiento de concesión forestal, en virtud de que dicho contrato había
quedado “sin efecto y valor alguno”, de conformidad con la sentencia No. 12
de 27 de febrero de 1997 de la Corte Suprema de Justicia;
r.
Segundo recurso de amparo interpuesto por miembros de la Comunidad
Awas Tingni:
r.i) el 7 de noviembre de 1997 María Luisa
Acosta Castellón, en representación de Benevicto
Salomón Mclean, Siriaco Castillo Fenley, Orlando Salomón Felipe y Jotam López
Espinoza, quienes comparecieron en
nombre propio y en representación de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni,
interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones
de la Sexta Región de Matagalpa, en contra de Roberto Stadhagen Vogl, Ministro
del MARENA, Roberto Araquistain, Director General del Servicio Forestal Nacional
del MARENA, Jorge Brooks Saldaña, Director de la Administración Forestal Estatal
(ADFOREST) del MARENA, y de Efraín Osejo y otros, miembros de la Junta Directiva
del Consejo Regional de la RAAN durante los períodos 1994-1996 y 1996-1998.
En dicho recurso se solicitó que: a) se declarara nula la concesión a SOLCARSA,
por haber sido otorgada y ratificada con desconocimiento de los derechos y
garantías constitucionales de la Comunidad Awas Tingni; b) se ordenara a la
Junta Directiva del Consejo Regional de la RAAN que diera trámite a la solicitud
presentada en marzo de 1996 con el fin de que “impulsar[a] un proceso para
lograr el reconocimiento y [c]ertificación oficial de los derechos de propiedad
de la Comunidad sobre sus tierras ancestrales”; c) se ordenara “a los funcionarios
del MARENA no impulsar el otorgamiento de una concesión para la explotación
de [r]ecursos [n]aturales en el área concesionada a SOLCARSA, sin estar definida
la tenencia de las tierras dentro del área o sin haberse concertado con Awas
Tingni y cualquier otra Comunidad que tenga un reclamo fundado sobre tierras
comunales dentro del área”, y d) se suspendiera el acto impugnado;
r.ii) el 12 de noviembre de 1997 la Sala
de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de Matagalpa admitió
el recurso de amparo; denegó la solicitud de los recurrentes de suspender
el acto porque “aparentemente el acto est[aba] consumado”; ordenó poner lo
resuelto en conocimiento del Procurador General de la República, así como
notificar a los funcionarios recurridos para que presentaran sus informes
sobre lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia, y emplazó a las partes
para que se apersonaran ante dicho órgano “para hacer uso de sus derechos”;
r.iii) el 14 de octubre de 1998 la Sala de
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “improcedente por
extemporáneo el recurso de amparo”, fundamentada en que los recurrentes dejaron
transcurrir, sin interponerlo, los treinta días contados desde que el acto
llegó a conocimiento de la parte agraviada.
Consideró, al respecto, la mencionada Sala, que el 13 de marzo de 1996
se firmó la concesión y los recurrentes tuvieron conocimiento de ésta en fecha
próxima a su firma;
s.
desde 1990 no se han titulado tierras a comunidades indígenas en Nicaragua;
t.
el 13 de octubre de 1998 el Presidente de Nicaragua presentó a la Asamblea
Nacional el proyecto de “Ley Orgánica que Regula el Régimen de Propiedad Comunal
de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica y BOSAWAS”, que pretende
“implementar las disposiciones contenidas en los [a]rtículos 5, 89, 107 y
180 de la Constitución Política” por considerar que dichas disposiciones “requieren
de la existencia de un instrumento legal, que regule de manera específica
la delimitación y titulación de las tierras comunitarias indígenas, para materializar
los principios por ellas establecidos” .
A la fecha en que se dicta la presente Sentencia, el referido proyecto de
ley no ha sido aprobado como ley en Nicaragua.
VIII
Violación del Artículo
25
Protección
Judicial
Alegatos de la Comisión
104. En cuanto al artículo 25 de la Convención,
la Comisión alegó que:
a) a pesar de estar consagrada en la Constitución
Política de Nicaragua (artículos 45 y 188) y en la legislación nicaragüense
(Ley No. 49 o Ley de Amparo), la institución del amparo ha sido absolutamente
inefectiva para prevenir que el Estado permita que la empresa extranjera SOLCARSA
destruya y explote las tierras que por años le han pertenecido a la Comunidad
Awas Tingni;
b) los peticionarios recurrieron ante
el órgano jurisdiccional previsto por la ley con el objeto de buscar un remedio
judicial que los amparara contra actos violatorios de sus derechos constitucionales.
El órgano jurisdiccional debe razonar sus conclusiones, y debe determinar
la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que da origen al
recurso judicial, tras un procedimiento de prueba y debate sobre esa alegación. El recurso judicial fue ineficaz, ya que no
reconoció la violación de derechos, no amparó al reclamante en su derecho
afectado, ni le proveyó una reparación adecuada. El tribunal judicial eludió
decidir sobre los derechos del peticionario y le impidió gozar del derecho
a un remedio judicial en los términos del artículo 25 de la Convención;
c) casi un año después de haber sido admitido
el segundo recurso de amparo, la Corte Suprema de Justicia falló en contra
del recurso sin pronunciarse sobre el fondo, ya que consideró que los peticionarios
se limitaban a impugnar el otorgamiento inicial de la concesión, concluyendo
en relación con ello que el recurso era extemporáneo, cuando en realidad dicho
recurso impugnaba la falta de respuesta a la demanda territorial por parte
de la Comunidad y la “supuesta” ratificación de la concesión por el Consejo
Regional de la RAAN en 1997;
d) la protección judicial se relaciona
con la obligación de los Estados partes de garantizar que las autoridades
competentes cumplan con las decisiones judiciales, de conformidad con el artículo
25.2.c de la Convención. Sin embargo,
en el único caso comprendido dentro de los hechos de este proceso, en que
fue decidido el recurso de amparo, el Estado ignoró la decisión judicial emitida
a favor de las comunidades indígenas, violando el mencionado artículo de la
Convención. Además, el fallo de la
Corte Suprema de Justicia se basó en la omisión del requisito procesal establecido
en el artículo 181 de la Constitución Política y no amparó los derechos de
propiedad referentes al área objeto de la concesión;
e) las autoridades nicaragüenses debieron
oportunamente cumplir la sentencia de 27 de febrero de 1997 y, en consecuencia,
suspender en forma urgente y rápida todo acto declarado inconstitucional,
a fin de evitar que SOLCARSA cometiera daños irreparables en las tierras de la Comunidad
Awas Tingni. Sin embargo, no procedieron
así. La Comunidad sufrió por dos años
la vigencia de una concesión maderera que atentaba contra su tenencia tradicional
de la tierra y de los recursos naturales;
f) la Comisión fue informada el 6 de mayo
de 1998 sobre la suspensión de la concesión otorgada a SOLCARSA, año y medio
después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara dicha suspensión y después
de que la Comisión aprobara el Informe de conformidad con el artículo 50 de
la Convención;
g) la respuesta de Nicaragua al Informe
de la Comisión constituye una aceptación de responsabilidad internacional,
en cuanto reconoce sus obligaciones, al señalar que está en proceso de dar
cumplimiento a las recomendaciones planteadas en ese informe;
h) Nicaragua no permite que los indígenas
accesen al Poder Judicial, por lo que los discrimina;
i) en Nicaragua no existe ningún procedimiento
o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indígena, específicamente
la de las comunidades de la Costa Atlántica. La
inexistencia de un mecanismo efectivo para la titulación y demarcación de
las tierras indígenas se ve claramente en el caso de Awas Tingni. La complejidad del asunto de ninguna
manera da excusa al Estado para no cumplir por años con lo que es su deber,
de acuerdo con la Convención Americana, ni para considerar a las tierras indígenas
no tituladas como tierras estatales, ni para otorgar concesiones a compañías
extranjeras en esas tierras. Aún después de que el Estado se comprometió,
en su “Constitución de 1986”, a garantizar la propiedad comunal de las comunidades
indígenas, ha transcurrido un período extenso sin que ello haya sido llevado
a la práctica en relación con Awas Tingni y muchas otras comunidades indígenas;
j) los representantes de Awas Tingni han
hecho varias gestiones en relación con la titulación de sus tierras, ante
las autoridades del Estado que han tenido alguna competencia pertinente, incluso
ante el INRA, institución que fue señalada por Nicaragua como la autoridad
que tenía potestad de titular tierras comunales indígenas. Por otro lado, en el contrato tripartito firmado
entre la Comunidad, el MARENA y MADENSA, se disponía que el MARENA se comprometía
a reconocer provisionalmente el derecho de propiedad de la Comunidad sobre
el área de aprovechamiento forestal y a facilitar un proceso de titulación
a favor de la Comunidad. Sin embargo,
el MARENA no lo cumplió. Asimismo,
en marzo de 1996 la Comunidad presentó una solicitud de titulación ante el
Consejo Regional de la RAAN, pero nunca obtuvo respuesta y, por el contrario,
al año siguiente el Consejo dio su aval a la concesión a la empresa SOLCARSA
sin haberla consultado. Por último,
la Comunidad se reunió con el Presidente de Nicaragua en febrero de 1997,
para oponerse a la concesión y solicitarle ayuda para los mismos fines; sin
embargo, de dicha reunión no emanó ningún acto concreto que beneficiara a
la Comunidad;
k) al promover la concesión a SOLCARSA,
el Estado se rehusó a tomar en cuenta a la Comunidad y la tenencia tradicional
de la tierra que ella ejercía; Nicaragua consideró que el área de la concesión
era tierra estatal;
l) la Comunidad no goza de un título formal
u otro instrumento de reconocimiento de un derecho sobre la tierra donde vive
y desarrolla sus actividades culturales y de subsistencia, a pesar de que
lo ha solicitado por años al Estado. Desde 1987 Nicaragua no ha otorgado titulación
alguna a favor de comunidades indígenas. La situación de la Comunidad ha persistido a pesar de los esfuerzos
realizados desde 1991 para lograr la demarcación y la titulación de su tierra
tradicional. El Estado ha sido negligente y arbitrario frente a las solicitudes
de titulación de la Comunidad;
m) el principio del estoppel impide que el Estado alegue que
la Comunidad no tiene ningún reclamo legítimo basado en la tenencia tradicional
o histórica, ya que esa alegación es contraria a las posiciones sostenidas
por él ante la Comisión y ante la Comunidad en varias oportunidades;
n) para los pueblos indígenas, el acceso
a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo es de especial importancia
en relación con el goce de sus derechos humanos, dadas las condiciones de
vulnerabilidad en que normalmente se encuentran por razones históricas y por
sus circunstancias sociales actuales. En este caso, se violó el artículo 25
de la Convención en tres sentidos: la demora injustificada de los procesos
ante los tribunales; el rechazo de los recursos interpuestos por la Comunidad,
y el incumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la concesión;
y
ñ) el otorgamiento de la concesión a SOLCARSA
y la omisión de la adopción de medidas estatales que permitan garantizar los
derechos de la Comunidad Awas Tingni sobre la tierra y los recursos naturales,
de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y ocupación, violaron los
artículos 1 y 2 de la Convención.
Alegatos
del Estado
105. Por su parte, en cuanto al artículo 25 de
la Convención, el Estado alegó que:
a) no puede establecerse que en el derecho
nicaragüense haya operado un silencio legislativo que impida el reclamo del
derecho reconocido por la Constitución Política. Existe un marco legal para
conducir el proceso de titulación de las comunidades indígenas en el país,
ante el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), que fue ignorado
por la Comunidad. Este marco jurídico
fue establecido por la Ley No.14, “Reforma a la Ley de Reforma Agraria” de
11 de enero de 1986. El Estado ha
titulado a 28 comunidades indígenas al amparo de esta ley. No consta en los
archivos del INRA solicitud alguna de titulación presentada por la Comunidad;
b) no se ha negado el reconocimiento de
un derecho en relación con el cual simplemente no se han presentado solicitudes
ante las autoridades nacionales. La Comunidad Indígena Awas Tingni nunca
presentó petición formal de titulación ante los tribunales de justicia. No
puede culparse a la Corte Suprema de Justicia por no haber proveído un remedio
judicial que nunca fue solicitado. Las pretensiones de la Comunidad estaban
todas relacionadas con la impugnación de la concesión forestal otorgada a
SOLCARSA;
c) la Comunidad presentó una solicitud
ambigua y oscura al Consejo Regional de la RAAN para que le ayudase a llenar
un vacío normativo supuestamente existente en la materia. Con ello pretendió
obviar los procedimientos de titulación indígena, además de crear confusión
o conflicto de competencias entre las autoridades de la Administración Central
y de los Gobiernos Regionales de la Costa Atlántica;
d) el 7 de noviembre de 1997 la Comunidad
planteó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia aduciendo la
responsabilidad estatal por el silencio administrativo causado por la falta
de resolución del Consejo Regional de la RAAN, al desviar la atención de la
cuestión fundamental, aduciendo que la Comunidad no ha presentado petición
alguna de titulación de sus supuestas tierras ancestrales ante las autoridades
competentes, lo cual equivale a ausencia de pretensión procesal;
e) la Comunidad ha obviado los procedimientos
internos en el derecho nicaragüense, reclama tierras que no son ancestrales
y, mediante el mecanismo de la presión judicial internacional, pretende que
se desconozcan los intereses de terceros en la zona;
f) la Comunidad Awas Tingni ejerció deficientemente
el derecho de petición de titulación de tierras, considerando que lo hacía
valer por el hecho de impugnar la concesión forestal otorgada en las tierras
que reclama:
1. Cuando el
procedimiento administrativo de otorgamiento de la concesión forestal estaba
aún pendiente de ser resuelto y las autoridades del MARENA hicieron público,
durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 1995, el aviso de dicha circunstancia,
para que los terceros interesados pudieran oponerse, la Comunidad se abstuvo
de formular objeción alguna a dicho otorgamiento, convirtiéndolo en un acto
consentido.
2. Una vez otorgada
la concesión forestal a la empresa SOLCARSA, la Comunidad no hizo uso del
recurso de amparo dentro del plazo establecido en el ordenamiento jurídico.
Con esta grave omisión, absolutamente imputable a la parte recurrente, perdió
la posibilidad de que se revisaran judicialmente las decisiones administrativas
relacionadas con la concesión.
3. La Comunidad
impugnó negligentemente la resolución judicial que denegó el amparo al que
se refiere el punto anterior, mediante la interposición de otro recurso de
amparo por la vía de hecho, en el que omitió pedir la suspensión del acto
administrativo en el que se otorgaba la concesión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tuvo que limitarse a conocer
lo estrictamente planteado por el recurrente (principio de estricto derecho
en la revisión).
4. Estando aún
pendiente de resolución el recurso por la vía de hecho, la Comunidad tampoco
impugnó la concesión forestal por la vía del recurso de inconstitucionalidad,
teniendo la oportunidad de hacerlo. Esta es otra expresión de ejercicio negligente
de su derecho de petición. La Comunidad tuvo que depender de la acción de
un tercero para obtener lo que fue incapaz de obtener. La obligación de agotar
los recursos de la jurisdicción interna recae exclusivamente en el peticionario,
el cual no puede desligarse de su obligación procesal por los recursos interpuestos
por terceros;
5. En cuanto
a la petición de nulidad de la concesión forestal otorgada a SOLCARSA, el
sistema judicial nicaragüense demostró ser efectivo proveyendo el remedio
judicial solicitado, con la declaratoria de nulidad de dicha concesión. Quienes
no demostraron ser efectivos fueron los asesores de la Comunidad Awas Tingni
que no interpusieron ningún recurso de inconstitucionalidad en contra de esta
concesión, como sí lo hicieron algunos concejales del Consejo Regional de
la RAAN. Respecto al supuesto cumplimiento
tardío de la sentencia que declaró la nulidad de la concesión, hay que tener
en cuenta que el Estado solicitó a SOLCARSA la suspensión de la concesión
poco tiempo después de la expedición de dicha sentencia. Adicionalmente, no
hay claridad sobre la relevancia de este tema, toda vez que el recurso que
dio lugar a esa sentencia fue interpuesto por un tercero, reclamando la inconstitucionalidad
de una concesión otorgada en áreas que Awas Tingni reclama, sin haber demostrado
ancestralidad ni propiedad;
g) el derecho de Awas Tingni a la titulación
de las tierras no ancestrales que ocupa estaría sujeto a lo que el Estado determine, previa consulta a dicha
Comunidad;
h) la Comisión ha dicho que Nicaragua
da la excusa de que no se ha titulado a la Comunidad Awas Tingni porque el
reclamo territorial presentado por esta última es complejo. Sin embargo, no se ha resuelto dicho reclamo
porque Awas Tingni no ha demostrado reunir los requisitos necesarios para
fundamentar ese reclamo, en particular el de la ocupación ancestral de las
tierras ancestrales; e
i) el Estado ha impulsado iniciativas importantes
en materia de titulación de las tierras comunales de las comunidades indígenas
de la Costa Atlántica.
*
* *
Consideraciones
de la Corte
106. El artículo 25 de la Convención señala que:
1. Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la […]
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes
se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
107.
El artículo 1.1 de la Convención establece que
[l]os Estados partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
108. Por su parte, el artículo 2 de la Convención
determina que
[s]i en el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades.
109. La Comisión alega, como punto fundamental,
la falta de reconocimiento por parte de Nicaragua de los derechos de la Comunidad
Awas Tingni, y más concretamente, la ineficacia de los procedimientos establecidos
en la legislación para hacer efectivos estos derechos de las comunidades indígenas
y la falta de demarcación de las tierras poseídas por dicha Comunidad.
Agrega la Comisión que, pese a múltiples gestiones efectuadas por la
Comunidad, aún no ha logrado un reconocimiento estatal a la propiedad comunal
y, más aún, se ha visto perjudicada por una concesión maderera otorgada a
una compañía llamada SOLCARSA en las tierras ocupadas por esta comunidad.
110. Por su parte, el Estado alega, básicamente,
que la Comunidad tiene pretensiones desproporcionadas, puesto que su posesión
no tiene carácter ancestral, que aspira a que se le titulen tierras que son
también reclamadas por otras comunidades indígenas de la Costa Atlántica de
Nicaragua, y que nunca ha presentado petición formal de titulación ante las
autoridades competentes. Asimismo,
Nicaragua sostiene que existe un marco legal que regula el procedimiento de
titulación de comunidades indígenas bajo la competencia del Instituto Nicaragüense
de Reforma Agraria (INRA). En cuanto
a la concesión para el aprovechamiento de madera otorgada a SOLCARSA, señala
que la Comunidad Awas Tingni no sufrió ningún perjuicio, ya que esta concesión
no se ejecutó y más bien fue declarada inconstitucional.
111. La Corte ha señalado que el artículo 25 de
la Convención ha establecido, en términos amplios,
la obligación a cargo de los Estados de ofrecer,
a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo
contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que
la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos
en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución
o por la ley.
112. Asimismo, la Corte ha reiterado que
el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales “constituye uno de los pilares
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho
en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
113.
Además, la Corte ha señalado que
la inexistencia de un recurso efectivo contra
las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una
transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación
tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse
que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución
o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
114. Este Tribunal ha afirmado, asimismo, que para
que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que
los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad.
115. En el presente caso, el análisis del artículo
25 de la Convención debe hacerse desde dos perspectivas. En primer lugar debe analizarse si existe o
no un procedimiento para la titulación de tierras que reúna las características
ya señaladas y, en segundo lugar, debe establecerse si los recursos de amparo
presentados por miembros de la Comunidad fueron resueltos de conformidad con
dicho artículo 25.
a) Existencia
de un procedimiento para la titulación y demarcación de tierras indígenas:
116. El artículo 5 de la Constitución Política
de Nicaragua de 1995 establece que:
Son principios de la nación nicaragüense,
la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el
pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento a las distintas formas
de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación.
[…]
El Estado reconoce la existencia de los pueblos
indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la
Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura,
tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos
locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras
y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley.
Para las comunidades de la Costa Atlántica, se establece el régimen
de autonomía en la [...] Constitución.
Las diferentes formas de propiedad: pública,
privada, asociativa, cooperativa y comunitaria deberán ser garantizadas y
estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro
de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social.
117. Además, el artículo 89 de dicha Constitución
señala que:
Las Comunidades de la Costa Atlántica son
parte indisoluble del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos
y tienen las mismas obligaciones.
Las Comunidades de la Costa Atlántica tienen
el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional;
dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos
locales conforme a sus tradiciones.
El Estado reconoce las formas comunales de
propiedad de las tierras de la Comunidad de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute
de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
118. Por su parte, el artículo 180 de la mencionada
Constitución señala que:
Las
Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse
bajo las formas de organización social que correspondan a sus tradiciones
históricas y culturales.
El
Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales,
la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus
autoridades y representantes.
Asimismo
garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.
119. La Ley No. 28 publicada el 30 de octubre de
1987 en La Gaceta No. 238, Diario Oficial de la República de Nicaragua, regula
el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Al respecto, establece que:
Arto. 4.
Las Regiones en donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica
gozan, dentro de la unidad del Estado Nicaragüense, de un Régimen de Autonomía
que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y demás,
consignados en la Constitución Política.
[…]
Arto. 9. En
la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros
recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerán los derechos
de propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en justa proporción
a sus habitantes mediante acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno
Central.
120. El Decreto No. 16-96 de 23 de agosto de 1996,
referente a la creación de la Comisión Nacional para la Demarcación de las
Tierras de las Comunidades Indígenas en la Costa Atlántica determina que “el
Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades
en la Costa Atlántica”, y señala que “se hace necesario establecer una instancia
administrativa adecuada para iniciar el proceso de demarcación de las tierras
tradicionales de las comunidades indígenas”. Con este propósito, el decreto asigna a dicha
comisión nacional, entre otras funciones, las de identificar las tierras que
tradicionalmente han ocupado las diferentes comunidades indígenas, realizar
un proceso de análisis geográfico que determine las áreas comunales y las
estatales, elaborar un proyecto de demarcación y gestionar el financiamiento
para dicho proyecto.
121. Por su parte, la Ley No. 14 publicada el 13
de enero de 1986 en La Gaceta No. 8, Diario Oficial de la República de Nicaragua,
llamada “Reforma a la Ley de Reforma Agraria”, establece en su artículo 31
que:
El Estado dispondrá de las tierras necesarias
para las comunidades miskitas, Sumos, Ramas y demás etnias del Atlántico de
Nicaragua, con el propósito de elevar su nivel de vida y contribuir al desarrollo
social y económico de la [N]ación.
122. Con base en lo anterior, la Corte considera
evidente la existencia de una normativa que reconoce y protege la propiedad
comunal indígena en Nicaragua.
123. Ahora bien, pareciera que el procedimiento
para la titulación de tierras ocupadas por grupos indígenas no está claramente
regulado en la legislación nicaragüense.
Según el Estado, el marco jurídico para conducir el proceso de titulación
de las comunidades indígenas en el país es el establecido en la Ley No. 14,
“Reforma a la Ley de Reforma Agraria”, y dicho proceso debe adelantarse ante
el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA). La Ley No. 14 establece los procedimientos
para garantizar la propiedad de la tierra a todos aquellos que la trabajan
productiva y eficientemente, después de disponer que pueden declararse “afectas” a la reforma agraria las propiedades
en abandono, ociosas, deficientemente explotadas, las tierras dadas en arriendo
o cedidas bajo cualquier otra forma de modalidad, las tierras que no están
siendo trabajadas directamente por sus dueños, sino por campesinos en mediería,
aparcería, colonato, precarismo u otras formas de explotación campesina, y
las tierras que están siendo trabajadas por cooperativas o campesinos organizados
bajo cualquier otra modalidad asociativa. Sin embargo, considera esta Corte que dicha
Ley No. 14 no establece un procedimiento específico para la demarcación y
la titulación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo
a sus características particulares.
124. También del resto del acervo probatorio
del presente caso se desprende que el Estado no dispone de un procedimiento
específico para la titulación de la tierra comunal indígena. Varios de los testigos y peritos (Marco Antonio
Centeno Caffarena, Galio Claudio Enrique Gurdián Gurdián, Brooklyn Rivera
Bryan, Charles Rice Hale, Lottie Marie Cunningham de Aguirre, Roque de Jesús
Roldán Ortega) que comparecieron ante la Corte en la audiencia pública sobre
el fondo del presente caso (supra
párrs. 62 y 83), manifestaron que en Nicaragua hay un desconocimiento general,
una incertidumbre de qué debe hacerse y ante quién debe gestionarse una petición
de demarcación y de titulación.
125. Además, en el documento de marzo de
1998, titulado “Diagnóstico general sobre la tenencia de la tierra en las
comunidades indígenas de la Costa Atlántica”, realizado por el Central American and Caribbean Research Council,
y aportado por el Estado en el presente caso (supra párrs. 64, 65, 80 y 96), se reconoce, en su Marco General, “[…]la
ausencia de una legislación que asigne al INRA las facultades específicas
para titular las tierras comunales indígenas” y se señala que es posible que
la existencia de “ambigüedades legales haya […] contribuido a la marcada lentitud
de la respuesta del INRA a las demandas indígenas por la titulación comunal”.
Dicho diagnóstico agrega que
[…]existe una incompatibilidad entre las leyes
específicas de Reforma Agraria sobre la cuestión de la tierra indígena y el
ordenamiento legal del país. Ese problema
implica confusión legal y conceptual, y contribuye a la ineficacia política
de las instituciones encargadas de resolver este tema.
[…]
[…]en Nicaragua el problema es que no existen
leyes que permitan concretar los principios constitucionales, o [que] cuando
existen las leyes (caso de la Ley de Autonomía) no ha habido suficiente voluntad
política para lograr su reglamentación.
[…]
[Nicaragua] carece de una clara delimitación legal
sobre el estatus de las tierras nacionales en relación con las tierras comunales
indígenas.
[…]
[…] más allá de la relación entre tierra nacional
y comunal, el concepto mismo de tierra comunal indígena adolece de una definición
clara.
126. Por otra parte, está probado que desde 1990
no se han titulado tierras a comunidades indígenas (supra párr. 103.s).
127. En razón de lo expuesto, esta Corte considera
que en Nicaragua no existe un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar
y titular las tierras comunales indígenas.
b)
Diligencias administrativas y judiciales:
128. Debido a la ausencia de legislación específica
y efectiva para el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas
y al hecho de que el Estado ha dispuesto de las tierras ocupadas por comunidades
indígenas mediante el otorgamiento de una concesión, el “Diagnóstico general
sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”
realizado por el Central American and Caribbean Research Council, señala que “se ha
recurrido en varias ocasiones al ‘recurso de amparo’, alegando que una concesión
estatal (normalmente a una empresa maderera) interfiere con los derechos comunales
de determinada comunidad indígena”.
129. Está probado que la Comunidad Awas Tingni
han realizado diversas gestiones ante varias autoridades nicaragüenses (supra párrs. 103.ñ, o, p, r), a saber:
1.
el 11 de julio de 1995 presentó una carta al Ministro
del MARENA, mediante la cual solicitó que no se avanzara en el otorgamiento
de la concesión a la empresa SOLCARSA sin que hubiera un acuerdo con la Comunidad;
2.
en marzo de 1996 presentó una solicitud ante el Consejo
Regional de la RAAN, con el propósito de que se le aseguraran los derechos
de propiedad sobre sus tierras comunales ancestrales, de acuerdo con la Constitución
Política de Nicaragua, y de que el Consejo Regional de la RAAN impidiera el
otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales
dentro del área sin el consentimiento de la Comunidad. Esta última presentó varias propuestas con
el fin de que delimitaran y reconocieran oficialmente sus tierras comunales
y se identificaran las tierras estatales en el área;
3.
el 11 de septiembre de 1995 interpuso un recurso de
amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, mediante el cual solicitó
que se suspendiera el “proceso de otorgamiento de la concesión solicitada
al MARENA por SOLCARSA” y que ordenara “a los agentes de SOLCARSA […] desalojar
las tierras comunales de Awas Tingni[,] donde actualmente adelantan trabajos
tendientes a iniciar la explotación de madera”, en virtud de que las acciones
y omisiones impugnadas “constitu[ían] violaciones de los artículos 5, 46,
89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, l[o]s cuales en su conjunto
garantizan los derechos de propiedad y de uso de las comunidades indígenas
sobre sus tierras comunales”. El 19
de septiembre de 1995 la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la
Sexta Región de Matagalpa declaró inadmisible “por improcedente” este recurso;
4.
el 21 de septiembre de 1995 interpuso un recurso de
amparo por la vía de hecho ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar
la resolución a que hace referencia el párrafo anterior. El 27 de febrero de 1997 la Corte Suprema declaró sin lugar ese
recurso; y
5.
el 7 de noviembre de 1997 presentó un recurso de amparo
ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de
Matagalpa, en contra del Ministro del MARENA, del Director General del Servicio
Forestal Nacional del MARENA, y de los miembros de la Junta Directiva del Consejo Regional de la RAAN durante los
períodos 1994-1996 y 1996-1998, mediante el cual solicitó, básicamente, que
se declarara nula la concesión a SOLCARSA y se ordenara a la Junta Directiva
del Consejo Regional de la RAAN que diera trámite a la solicitud presentada
en marzo de 1996 con el fin de que “impulsar[a] un proceso para lograr el
reconocimiento y [c]ertificación oficial de los derechos de propiedad de la
Comunidad sobre sus tierras ancestrales”.
El 12 de noviembre de 1997 este recurso fue admitido por dicha Sala,
la cual emplazó a las partes para que se apersonaran ante la Corte Suprema
de Justicia. El 14 de octubre de 1998
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “improcedente
por extemporáneo el recurso de amparo”.
130.
Además de dichas gestiones, el 29 de marzo de 1996 los señores Alfonso
Smith Warman y Humberto Thompson Sang, miembros del Consejo Regional de la
RAAN, interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de
Matagalpa, en contra del Ministro del MARENA y del Director de la Administración
Forestal Nacional del MARENA, por haber “firmado y avalado” la concesión forestal
a SOLCARSA sin que ésta hubiera sido discutida y evaluada en el pleno del
Consejo Regional de la RAAN, en violación del artículo 181 de la Constitución
Política de Nicaragua. El 9 de abril
de 1996 la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa admitió el
recurso de amparo interpuesto, ordenó ponerlo en conocimiento del Procurador
General de la República, denegó la solicitud de suspensión del acto impugnado,
lo remitió a la Corte Suprema de Justicia, previno a los funcionarios recurridos
que enviaran un informe escrito sobre lo actuado a la Corte Suprema de Justicia
y emplazó a las partes para que se apersonaran ante la Corte Suprema para
hacer uso de sus derechos. El 27 de
febrero de 1997 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto y resolvió que la concesión
era inconstitucional ya que no fue aprobada por el Consejo Regional de la
RAAN sino por la Junta Directiva del mismo y por el Coordinador Regional de
la RAAN. El 22 de enero de 1998 Humberto Thompson Sang
presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, mediante
el cual solicitó la ejecución de la Sentencia No. 12 dictada el 27 de febrero
de 1997. El 13 de febrero de 1998 la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución mediante la cual ordenó
poner en conocimiento del Presidente de Nicaragua el incumplimiento de la
Sentencia No. 12 de 27 de febrero de 1997 por parte del Ministro del MARENA,
con el fin de que ordenara a este último el debido cumplimiento de la misma
y, además, informa a la Asamblea Nacional de Nicaragua al respecto (supra
párr. 103. q).
131. En el marco del examen de los recursos sencillos,
rápidos y efectivos que contempla la disposición en estudio, esta Corte ha
sostenido que la institución procesal del amparo reúne las características
necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla
y breve. En el contexto nicaragüense, de conformidad con el procedimiento
establecido para los recursos de amparo en la Ley No. 49 publicada en la Gaceta
No. 241 de 1988, llamada “Ley de Amparo”, éste debe ser resuelto dentro de
45 días.
132. En el presente caso, el primer recurso de
amparo fue interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa el 11
de septiembre de 1995 y resuelto mediante decisión judicial del 19 de los
mismos mes y año, es decir, ocho días después.
Debido a que el trámite a dicho recurso fue denegado, el 21 de septiembre
de 1995 los representantes de la Comunidad interpusieron un recurso de hecho
ante la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo estipula el artículo 25 de
la Ley de Amparo. El 27 de febrero
de 1997 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar este recurso.
La Corte Interamericana observa que la primera de las aludidas resoluciones
judiciales fue dictada dentro de un plazo razonable.
Sin embargo, en la tramitación del recurso interpuesto mediante la
vía de hecho, transcurrió un año, cinco meses y seis días antes de que éste
fuera resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
133. El segundo recurso de amparo fue interpuesto
ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de
Matagalpa el 7 de noviembre de 1997, admitido por ésta el 12 de los mismos
mes y año, y resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia el 14 de octubre de 1998. Es
decir, transcurrieron 11 meses y siete días desde la interposición del recurso
hasta que fuera resuelto.
134. En razón de los criterios establecidos en
la materia por esta Corte y en consideración de los alcances de la razonabilidad
del plazo en procesos judiciales, puede afirmarse
que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron
de los amparos en este caso desconoció el principio de plazo razonable consagrado
en la Convención Americana. De acuerdo con los criterios de este Tribunal,
los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción
de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado.
135. Además, la Corte ya ha dicho que el artículo
25 de la Convención se encuentra íntimamente ligado con la obligación general
del artículo 1.1 de la misma, que atribuye funciones de protección al derecho
interno de los Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene
la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz,
así como la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de
sus autoridades judiciales.
136. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado
que
[e]l deber general del artículo 2 de la Convención
Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas
en la Convención. Por la otra, la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva
observancia de dichas garantías.
137. Como ya fue señalado, en este caso Nicaragua
no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan la delimitación,
demarcación y la titulación de las tierras de comunidades indígenas y no se
ciñó a un plazo razonable para la tramitación de los recursos de amparo interpuestos
por los miembros de la Comunidad Awas Tingni.
138. La Corte considera que es necesario hacer
efectivos los derechos reconocidos en la Constitución Política y en la legislación
nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el Estado debe adoptar en
su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana,
las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que
sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación
y titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas
Tingni, acorde con el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres
de ésta.
139. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que
el Estado violó el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio de
los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los
artículos 1.1 y 2 de la Convención.
IX
Violación del Artículo
21
Derecho
a la Propiedad Privada
Alegatos de la Comisión
140. En cuanto al artículo 21 de la Convención,
la Comisión alegó que:
a)
la Comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad sobre tierras
y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación
territorial ancestral. Estos derechos “existen aún sin actos estatales que
los precisen”. La tenencia tradicional
está ligada a una continuidad histórica, pero no necesariamente a un sólo
lugar y a una sola conformación social a través de los siglos. El territorio global de la Comunidad es poseído colectivamente y
los individuos y familias gozan de derechos subsidiarios de uso y ocupación;
b) los patrones tradicionales de uso y
ocupación territorial de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de
Nicaragua generan sistemas consuetudinarios de propiedad, son derechos de
propiedad creados por las prácticas y normas consuetudinarias indígenas que
deben ser protegidos, y que califican como derechos de propiedad amparados
por el artículo 21 de la Convención. El
no reconocer la igualdad de los derechos de propiedad basados en la tradición
indígena es contrario al principio de no discriminación contemplado en el
artículo 1.1 de la Convención;
c)
la Constitución Política de Nicaragua y el Estatuto de la Autonomía
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua reconocen derechos de propiedad
cuyo origen se encuentra en el sistema consuetudinario de tenencia de tierra
que ha existido tradicionalmente en las comunidades indígenas de la Costa
Atlántica. Además, los derechos de
la Comunidad se encuentran protegidos por la Convención Americana y por disposiciones
de otras convenciones internacionales en las cuales Nicaragua es parte;
d)
existe una norma de derecho internacional consuetudinario mediante la cual
se afirman los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales;
e)
el Estado no ha demarcado ni titulado las tierras comunales de la Comunidad
AwasTingni ni ha tomado otras medidas efectivas para asegurar los derechos
de propiedad de la Comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales;
f)
la vida de los miembros de la Comunidad depende fundamentalmente de
la agricultura, la caza y la pesca que realizan en áreas cercanas a sus aldeas.
La relación que la Comunidad mantiene con sus tierras y recursos se
encuentra protegida bajo otros derechos contemplados en la Convención Americana,
tales como el derecho a la vida, la honra y la dignidad, la libertad de conciencia
y de religión, la libertad de asociación, la protección a la familia, y el
derecho de circulación y residencia;
g) la Comisión Nacional para la Demarcación
de las Tierras de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica, creada
con el fin de elaborar un “Proyecto de Demarcación”, no ha contribuido a la
creación de un mecanismo para la demarcación de tierras de los indígenas que
cuente con una participación plena de estos;
h) la mayoría de los pobladores de Awas
Tingni llegaron en la década de 1940 al lugar en donde actualmente tienen
su asentamiento principal, provenientes de su lugar ancestral antiguo: Tuburús.
Se dio un movimiento de un lugar a otro dentro de su territorio ancestral;
los ancestros Mayagnas estuvieron ahí desde tiempos inmemoriales;
i) existen tierras que son compartidas
tradicionalmente por Awas Tingni y otras comunidades. El concepto de la propiedad
puede consistir en un dominio compartido o en derechos de acceso y uso, de
acuerdo con las costumbres de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica;
j) el Estado violó el artículo 21 de la
Convención al otorgarle a la compañía SOLCARSA la concesión para el corte
de madera en tierras tradicionalmente ocupadas por la Comunidad, concesión
que puso en peligro el goce de los derechos de las comunidades indígenas,
al considerar como tierras estatales todas aquellas que no se encuentran registradas
bajo un título formal de dominio;
k) los miembros de la Comunidad “ocupan
y utilizan una parte substancial del área de la concesión”. La concesión otorgada
a la compañía SOLCARSA puso en peligro los intereses económicos, la supervivencia
y la integridad cultural de la Comunidad y sus miembros. “[L]as operaciones forestales de SOLCARSA
[…] al llegar a las tierras usadas y ocupadas
por la Comunidad Awas Tingni, en particular, podrían haber causado
daño a los bosques de esta Comunidad”. La concesión y los actos estatales relacionados con ésta constituyen
una violación del derecho a la propiedad;
l) la complejidad del asunto no es excusa
para que el Estado no cumpla con sus obligaciones, y para que administre las
tierras indígenas no tituladas como tierras estatales;
m) el artículo 181 de la Constitución
Política de Nicaragua se refiere a la aprobación de concesiones por el Estado
con respecto a tierras bajo su dominio, y no al aprovechamiento de recursos
en tierras comunales. Con base en
este artículo, el MARENA y el Consejo Regional de la RAAN no se encuentran
facultados para autorizar el corte de madera en tierras privadas o comunales
sin el consentimiento del propietario;
n) el Estado debe adoptar medidas adecuadas
para demarcar la propiedad de la Comunidad y garantizar plenamente los derechos
de ésta sobre sus tierras y recursos;
ñ) en el presente caso se debe interpretar
la Convención Americana incluyendo los principios sobre los derechos colectivos
de los pueblos indígenas, en aplicación del artículo 29 de la Convención;
y
o) el otorgamiento de la concesión a SOLCARSA
y la omisión del Estado consistente en no tomar medidas que permitan garantizar
los derechos de la Comunidad Awas Tingni sobre la tierra y los recursos naturales,
de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y ocupación, violó los artículos
1 y 2 de la Convención.
Alegatos
del Estado
141. En cuanto al artículo 21 de la Convención,
el Estado alegó que:
a) existen “circunstancias particularizantes
que sitúan el presente reclamo fuera del ámbito ordinario del derecho indigenista”.
La Comunidad es un grupo reducido de indígenas resultante de una segregación
comunal y de desplazamientos geográficos sucesivos; su presencia en la región
no ha sido suficientemente documentada; se encuentra en posesión de tierras
que no tienen carácter ancestral y que han sido tituladas parcialmente a terceras
comunidades indígenas, o bien otras comunidades afirman tener un derecho de
posesión ancestral anterior al derecho alegado por Awas Tingni. Los reclamos de tierras de diferentes grupos
étnicos ha causado la existencia de un complejo conflicto de intereses, que
requiere de un cuidadoso examen de parte de las autoridades nacionales y un
delicado proceso de solución de esos conflictos que genere seguridad jurídica.
La Comunidad admitió que dentro de su
población se encuentran personas procedentes de la comunidad indígena de Tilba-Lupia,
la cual fue titulada por el Estado;
b) mediante la Ley No. 14 conocida como
“Reforma a la Ley de Reforma Agraria”, se estableció un marco legal para conducir
la titulación de la propiedad comunal indígena. Al amparo de esta ley “se
efectuaron numerosas titulaciones de tierras comunales indígenas”. Sin embargo,
la Comunidad no ha dirigido petición alguna de demarcación y titulación a
las autoridades gubernamentales competentes;
c) la Comunidad ha reconocido en diferentes
ocasiones haber sido titulada y lo señaló expresamente en el contrato que
celebró con la empresa MADENSA;
d) la Comisión no logró probar la presencia
de Awas Tingni en las tierras reclamadas con anterioridad al año 1945; la
misma Comunidad ha reconocido que la posesión de las tierras que reclama se
remonta a dicho año. El Estado considera
que se trata de un grupo que se desprendió de una comunidad indígena “madre”,
pero que reclama para sí una titulación separada e independiente sobre tierras
que no ha poseído en forma ancestral;
e) en este caso no opera la prescripción
adquisitiva ya que la Comunidad Mayagna ejerció una posesión “precaria”;
f) el
proceso de titulación indígena de las comunidades de la Costa Atlántica se
caracteriza por ser complejo, debido a las siguientes circunstancias: a) el
fenómeno de proliferación de las comunidades indígenas, como consecuencia
de la desmembración de grupos de éstas; b) el fenómeno de agrupación y reagrupación
de comunidades indígenas tituladas y no tituladas; c) el fenómeno del desplazamiento
de las comunidades indígenas para ocupar tierras que no son ancestrales; d)
el fenómeno de comunidades indígenas tituladas que reclaman tierras ancestrales
como si nunca hubieran sido tituladas, y e) grupos humanos que reclaman títulos
indígenas sin haber acreditado formalmente su condición de comunidad indígena
conforme a la ley;
g) la extensión superficial de las tierras
reclamadas por la Comunidad no guarda proporción con el número de miembros
de la Comunidad, por lo cual a ésta no le asiste el derecho en los términos
planteados en su reclamo. La Comunidad Mayagna dice estar conformada por aproximadamente
600 personas e irracionalmente pretende el otorgamiento de una extensión de
alrededor de 150,000 hectáreas, pretensión que excede las necesidades de subsistencia
de sus miembros. La biodiversidad de la zona no justifica los grandes desplazamientos
para la caza y la pesca que parece ser un argumento que está utilizando la
Comunidad para acrecer la superficie que está reclamando.
Además, un censo de 1995 indica que el número de miembros de la Comunidad
es de 576 personas, de las cuales solamente un 43% son mayagnas;
h) mediante las peticiones que la Comunidad
Awas Tingni presentó a autoridades incompetentes fue aumentando la superficie
reclamada, lo cual evidenció la mala fe de sus actuaciones y obstaculizó que
se lograra “un arreglo expedito”;
i) la concesión forestal otorgada a la compañía
SOLCARSA se limitó a áreas consideradas como tierras nacionales. Desde que se inició el proceso de titulación
en la Costa Atlántica el Estado ha dejado “corredores” o “zonas de bienes
nacionales” entre las comunidades indígenas cuyas tierras ya han sido tituladas.
Las autoridades nacionales del MARENA otorgaron una concesión forestal
en una fracción de un área tenida como “corredor de tierras nacionales”, y
ninguna de las comunidades la impugnó “por estar conscientes [de] que la misma
recaía sobre una fracción del corredor de tierras nacionales existente entre
ellas”. Sin embargo, la Comunidad
Mayagna reclama la totalidad de la superficie;
j) la concesión forestal otorgada a la empresa
SOLCARSA no produjo ningún daño a la Comunidad Mayagna y esta empresa no inició
actividades de explotación forestal derivadas de la concesión;
k) el “Convenio de Aprovechamiento Forestal”
suscrito por la Comunidad, la empresa MADENSA y las autoridades del MARENA,
“no constituye un precedente válido que prejuzgue la legitimidad del reclamo
de propiedad comunal” de la Comunidad Mayagna. Las actuaciones del MARENA –por su falta de
competencia en la materia- no pueden ser alegadas para pretender un reconocimiento
de la legitimidad de reclamos de titulación indígena, en virtud de que el
órgano competente para recibir y resolver tales reclamos es el INRA, actualmente
dependencia del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAF). La misma Comisión acepta que en dicho documento
“Nicaragua no reconoció posesión ancestral, [sino que] simplemente se comprometió
a facilitar la titulación de tierras ancestrales, lo cual presuponía la presentación
de un reclamo, en sede administrativa, en sede jurisdiccional, y la demostración
efectiva de la ancestralidad”; y
l) existe un marco legal y una autoridad
competente para conducir la titulación de las comunidades indígenas. Nicaragua ha impulsado iniciativas importantes
en materia de titulación de las tierras comunales de las comunidades indígenas
de la Costa Atlántica.
Consideraciones
de la Corte
142. El artículo 21 de la Convención Americana
establece que:
1. Toda
persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos
y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto
la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre,
deben ser prohibidas por la ley.
143. El artículo 21 de la Convención Americana
reconoce el derecho a la propiedad privada.
A este respecto establece: a) que “[t]oda persona tiene derecho al
uso y goce de sus bienes”; b) que tales uso y goce se pueden subordinar, por
mandato de una ley, al “interés social”; c) que se puede privar a una persona
de sus bienes por razones de “utilidad pública o de interés social y en los
casos y según las formas establecidas por la ley”; y d) que dicha privación
se hará mediante el pago de una justa indemnización.
144. Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas
cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte
del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles
e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto
inmaterial susceptible de tener un valor.
145. Durante el estudio y consideración
de los trabajos preparatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se reemplazó la frase “[t]oda persona tiene el derecho a la propiedad privada, pero la ley puede subordinar
su uso y goce al interés público” por la de “[t]oda persona tiene derecho
al uso y goce de sus bienes.
La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
Es decir, se optó por hacer referencia al “ uso y goce de los bienes” en lugar de “propiedad privada”.
146. Los términos de un tratado internacional de
derechos humanos tienen sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados
al sentido que se les atribuye en el derecho interno. Además, dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos
cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en
particular, a las condiciones de vida actuales.
147. A su vez, el artículo 29.b de la Convención
establece que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de
“limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o
de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.
148. Mediante una interpretación evolutiva
de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tomando
en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el
artículo 29.b de la Convención - que prohíbe una interpretación restrictiva
de los derechos - , esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención
protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros,
los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la
propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política
de Nicaragua.
149. Dadas las características del presente caso,
es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en
las comunidades indígenas. Entre los
indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se
centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia
tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha
relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida
y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual,
su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación
con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
150. Al respecto, la Ley No. 28 publicada el 30
de octubre de 1987 en La Gaceta No. 238, Diario Oficial de la República de
Nicaragua, que regula el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua, señala en su artículo 36 que:
La propiedad comunal la constituyen las tierras,
aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las Comunidades de
la Costa Atlántica, y están sujetas a las siguientes disposiciones:
1. Las
tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas
ni gravadas, y son imprescriptibles.
2. Los
habitantes de las Comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad
comunal y al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado.
151.
El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido
especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata.
Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar
para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la
propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad
y el consiguiente registro.
152.
Como ya fue señalado, Nicaragua reconoce la propiedad comunal de los
pueblos indígenas, pero no ha regulado el procedimiento específico para materializar
dicho reconocimiento, lo cual ha causado que desde 1990 no se hayan otorgado
títulos de esta naturaleza. Además,
en el presente caso, el Estado no se ha opuesto a la pretensión de la Comunidad
Awas Tingni de ser declarada propietaria, aunque se discuta la extensión del
área que ésta reclama.
153. La Corte considera que, conforme a lo establecido
en el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, los miembros de
la Comunidad Awas Tingni tienen un derecho de propiedad comunal sobre las
tierras donde actualmente habitan, sin perjuicio de los derechos de otras
comunidades indígenas. Sin embargo,
la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales existe tal
derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y demarcados por
el Estado. Esta situación ha creado
un clima de incertidumbre permanente entre los miembros de la Comunidad Awas
Tingni en cuanto no saben con certeza hasta dónde se extiende geográficamente
su derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde
pueden usar y gozar libremente de los respectivos bienes. En este entendido, la Corte estima que los
miembros de la Comunidad Awas Tigni tienen derecho a que el Estado,
1.
delimite, demarque y titule el territorio de propiedad
de la Comunidad; y
2.
se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice
esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que
los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o
su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes
ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los
miembros de la Comunidad.
En atención a lo anterior,
y teniendo presente el criterio adoptado por la Corte en aplicación del artículo
29.b de la Convención (supra párr.
148), la Corte estima que, a la luz del artículo 21 de la Convención, el Estado
ha violado el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de la
Comunidad Mayagna Awas Tingni, toda vez que no ha delimitado y demarcado su
propiedad comunal, y que ha otorgado concesiones a terceros para la explotación
de bienes y recursos ubicados en un área que puede llegar a corresponder,
total o parcialmente, a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación,
demarcación y titulación correspondientes.
154.
Unido a lo anterior, se debe recordar lo ya establecido por este Tribunal,
con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en el sentido
de que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos
en la Convención y a organizar el poder
público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Según las reglas del derecho de la responsabilidad
internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente
de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la Convención Americana.
155.
Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo
21 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.
X
Otros artículos de
la Convención Americana
156. En su escrito de alegatos finales la Comisión
alegó que dada la naturaleza de la relación que tiene la Comunidad Awas Tingni
con su tierra tradicional y los recursos naturales, el Estado es responsable
por la violación de otros derechos protegidos por la Convención Americana.
La Comisión manifestó que, al ignorar y rechazar la demanda territorial de
la Comunidad y al otorgar una concesión para aprovechamiento forestal dentro
de la tierra tradicional de la Comunidad sin consultar su opinión, “el Estado
violó una combinación” de los siguientes artículos consagrados en la Convención:
4 (Derecho a la Vida), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad); 12 (Libertad
de Conciencia y de Religión), 16 (Libertad de Asociación); 17 (Protección
a la Familia); 22 (Derecho de Circulación y de Residencia); y 23 (Derechos
Políticos).
*
* *
Consideraciones
de la Corte
157. Con respecto a la alegada violación de los
artículos 4, 11, 12, 16, 17, 22 y 23 de la Convención planteada por la Comisión
en su escrito de alegatos finales, la Corte ha considerado que aún cuando
la violación de algún artículo de la Convención no fuese alegada en el escrito
de demanda, ello no impide que la misma sea declarada por la Corte, si de
los hechos probados resulta que en efecto se produjo dicha violación.
Sin embargo, en el presente caso, la Corte se remite a lo resuelto en esta
misma Sentencia en relación con el derecho a la propiedad y el derecho a la
protección judicial de los miembros de la Comunidad Awas Tingni y, además,
desestima la violación de los derechos consagrados en los artículos mencionados
por cuanto en su escrito de alegatos finales la Comisión no la fundamentó.
XI
Aplicación del artículo 63.1
Alegatos
de la Comisión
158. En su escrito de demanda, la Comisión solicitó
a la Corte que, de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención, declarara
que el Estado está obligado a:
1.
Establecer un procedimiento jurídico, de acuerdo
a las normas legales internacionales y nacionales pertinentes, que tenga como
resultado la pronta demarcación y reconocimiento oficial específico de los
derechos de la Comunidad Awas Tingni sobre sus derechos y recursos naturales
comunales;
2.
Abstenerse de otorgar o considerar el otorgamiento
de cualquiera concesión para el aprovechamiento de recursos naturales en las
tierras usadas y ocupadas por Awas Tingni, hasta que la cuestión de la tenencia
de la tierra que afecta a Awas Tingni haya sido resuelta, o que se haya llegado
a un acuerdo específico entre el Estado y la Comunidad sobre el asunto;
3.
Pagar indemnización compensatoria y equitativa
por los daños pecuniarios y morales que la Comunidad ha sufrido por la falta
de reconocimiento estatal específico de sus derechos a tierras y recursos
naturales y por la concesión a SOLCARSA;[y]
4.
Pagar a la Comunidad Indígena por los costos
en que ésta incurrió para defender sus derechos ante las Cortes de Nicaragua
y los procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericana.
159. El 22 de agosto de 2001 la Comisión presentó
el escrito relativo a las reparaciones, costas y gastos, el cual había sido
solicitado el 31 de julio de 2001 por la Secretaría. El plazo para la presentación de dicho escrito
venció el 10 de agosto de 2001, de manera que éste fue recibido 12 días después
de vencido el término. Al respecto,
la Corte considera que el tiempo transcurrido no puede considerarse razonable,
según el criterio seguido por ella en su jurisprudencia. En las circunstancias del presente caso el
retardo no se debió a un simple error de cómputo del plazo. Además, los imperativos de seguridad jurídica
y equidad procesal exigen que los plazos sean observados,
salvo cuando lo impidan circunstancias excepcionales, lo cual no ocurrió en
el presente caso. En consecuencia,
la Corte rechaza, por haber sido presentado extemporáneamente, el escrito
de la Comisión de 22 de agosto de 2001 y, se abstiene de pronunciarse sobre
lo señalado en éste.
Alegatos
del Estado
160. Por su parte, el Estado
señaló, en sus escritos de contestación de la demanda y de alegatos finales,
que:
a) es improcedente cualquier reclamo indemnizatorio
derivado de la falta de titulación o del otorgamiento de la concesión forestal
a la empresa SOLCARSA, en virtud de que:
i) la concesión a SOLCARSA no produjo ningún daño
a la Comunidad. En su exposición de hechos la Comisión reconoce que no está
claro si se produjo el daño forestal en las áreas reclamadas por aquélla.
No se inició la ejecución de actividad
forestal derivada de la concesión otorgada a SOLCARSA, debido a que el Estado
no aprobó el Plan de Manejo Forestal para la explotación maderera. Sin embargo,
la empresa efectivamente causó daños forestales en la zona del Cerro Wakambay,
por cortes ilegales de madera realizados fuera del área de concesión forestal
que le fuera otorgada. La actuación ilegal de SOLCARSA, originada al margen
de la concesión, es una acción de particulares ajena a toda permisividad gubernamental,
que fue sancionada por las autoridades estatales;
ii) en su afán de determinar responsabilidades pecuniarias
en contra del Estado, la Comisión concluye que en todo caso estos daños se
causaron a terceras personas, las cuales no constituyen parte en este caso
ni han formulado reclamos contra el Estado, por lo que desconoce el carácter
subsidiario de la jurisdicción internacional;
iii) el reclamo de la Comunidad es desproporcionado
e irracional, y se refiere a una superficie que no ha poseído ancestralmente;
iv) la Comunidad no ha sido desplazada de las tierras
que reclama; y
v) no ha sido alterado el sistema de vida, creencias,
costumbres y patrones de producción de la Comunidad;
b) es improcedente cualquier reclamo indemnizatorio
derivado de la actuación de los tribunales de justicia, debido a que la Comunidad:
i) no solicitó judicialmente la titulación de sus
supuestas tierras ancestrales;
ii) no agotó los recursos de la jurisdicción interna;
iii) no observó una conducta diligente en sus actuaciones
procesales; y
iv) obtuvo la nulidad de la concesión forestal, “el
único remedio judicial solicitado”;
c) la alegada demora judicial que se imputa
a los tribunales nacionales no se tradujo en ningún tipo de daño moral o patrimonial
en perjuicio de la Comunidad, en virtud de que:
i) no fue desplazada ni sufrió invasión de las áreas
ocupadas;
ii) se ha mantenido dentro del área que reclama como
ancestral, “cazando, pescando, cultivando y visitando sus sitios sagrados”;
iii) no se alteró su sistema ancestral de vida (cohesión
social, valores, creencias, costumbres, estándares de salud y patrones productivos);
y
iv) no sufrió lucro cesante ni daño emergente;
d) el Estado demostró que ha realizado
avances considerables con respecto a la titulación de las comunidades indígenas
de la Costa Atlántica, tales como:
i) contratación de un estudio para diagnosticar la
situación de la tenencia de la tierra y las áreas reclamadas por aquéllas;
y
ii) elaboración de un anteproyecto de “Ley Especial
que Regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de
la Costa Atlántica y BOSAWAS”, y realización de un amplio proceso de consultas
con las comunidades, con el fin de mejorar sustantivamente el marco legal
e institucional existente; y
e) con base en las anteriores razones,
debe rechazarse la petición de reparación formulada por la Comisión.
161. En cuanto a las costas, en su escrito de alegatos
finales el Estado señaló que no debe ser condenado por este concepto por las
siguientes consideraciones, entre otras, que:
a) Nicaragua probó la buena fe de sus
alegatos;
b) el Estado demostró la insuficiencia
de las pruebas presentadas por la Comisión respecto de la posesión ancestral
de la Comunidad, así como el carácter excesivo y sobredimensionado de su reclamación
en perjuicio de terceros;
c) los costos del funcionamiento de la
Comisión y la Corte se financian con el presupuesto de la OEA;
d) “el acceso a la Comisión [y] la Corte
no está sujeto a ninguna tasa o arancel”;
e) el artículo 45 del Reglamento señala
que la parte que proponga una prueba correrá con los gastos que ella ocasione;
y
f) Nicaragua es uno de los Estados más
pobres del hemisferio y deberá comprometer sus escasos recursos, entre otros
destinos, en la financiación del costoso proceso de titulación y demarcación
de tierras a las comunidades indígenas.
*
* *
Consideraciones
de la Corte
162. El artículo 63.1 de la Convención Americana
establece que
[c]uando decida que hubo violación de un derecho
o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada.
163. En el presente caso, la Corte ya estableció
que Nicaragua violó los artículos 25 y 21 de la Convención en relación con
los artículos 1.1 y 2 de la misma. Al
respecto, este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia constante que es
un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.
164. Por la razón anterior,
de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, esta Corte considera que el Estado debe adoptar las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear
un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades
de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores,
usos y costumbres de éstas. Asimismo, como consecuencia de las violaciones
señaladas de los derechos consagrados en la Convención en el presente caso,
la Corte dispone que el Estado deberá proceder a delimitar, demarcar y titular
las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Awas Tingni, en
un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación, y tomando en consideración
el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de la Comunidad.
Mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras de
los miembros de la Comunidad, Nicaragua se debe abstener de realizar actos
que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen
con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso
o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan
sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni.
165. En el presente caso,
la Corte observa que la Comisión no probó que se hubiesen causado daños materiales
a los miembros de la Comunidad Mayagna.
166. La Corte estima que
la presente Sentencia constituye, per
se, una forma de reparación para los miembros de la Comunidad Awas Tingni.
167.
La Corte considera que debido a la situación en la cual se encuentran
los miembros de la Comunidad Awas Tingni por falta de delimitación, demarcación
y titulación de su propiedad comunal, el daño inmaterial ocasionado debe además
ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una indemnización pecuniaria. En las circunstancias del caso es preciso recurrir
a esta clase de indemnización fijándola conforme a la equidad y basándose
en una apreciación prudente del daño inmaterial, el cual no es susceptible
de una tasación precisa. Por lo expuesto y tomando en cuenta las circunstancias
del caso y lo decidido en otros similares, la Corte estima que el Estado debe
invertir, por concepto de reparación del daño inmaterial, en el plazo de 12
meses, la suma total de US$ 50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de América) en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad
Awas Tingni, de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la Comisión
Interamericana.
168.
En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde a este Tribunal
apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos por las gestiones
realizadas por la Comunidad ante las autoridades de la jurisdicción interna,
así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano.
Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad.
169.
A ese efecto, la Corte considera que es equitativo otorgar, por conducto
de la Comisión Interamericana, la suma total de US$ 30.000 (treinta mil dólares
de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos y costas en que incurrieron
los miembros de la Comunidad Awas Tingni y sus representantes, ambos causados
en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano
de protección. Para el cumplimiento
de lo anterior, el Estado deberá efectuar el respectivo pago en un plazo de
6 meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
*
* *
170. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante
el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente
en moneda nicaragüense, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio
entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos
de América, el día anterior al pago.
171. El pago del daño inmaterial así como de las
costas y gastos establecidos en la presente Sentencia no podrá ser objeto
de impuesto o tasa actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro. Además, en caso de que el Estado incurriese
en mora, deberá pagar un interés sobre la suma adeudada que corresponderá
al interés bancario moratorio en Nicaragua.
Finalmente, si por algún motivo no fuese posible que los beneficiarios
reciban los respectivos pagos o se beneficien de las respectivas prestaciones dentro del plazo indicado de doce
meses, el Estado deberá consignar los correspondientes montos a su favor en
una cuenta o certificado de depósito, en una institución financiera solvente,
en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nicaragüense,
en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación
y práctica bancarias. Si al cabo de
diez años el pago no es reclamado, la suma será devuelta, con los intereses
devengados, al Estado nicaragüense.
172. Conforme a su práctica
constante, la Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento integral
de la presente Sentencia. El proceso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.
XII
Puntos Resolutivos
173. Por tanto,
La Corte,
Por siete votos contra uno,
1. declara que el Estado
violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos
1.1 y 2 de la Convención, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 139
de la presente Sentencia.
Disiente
el Juez Montiel Argüello.
por siete votos contra
uno,
2. declara que el Estado
violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención,
de conformidad con lo expuesto en el párrafo 155 de la presente Sentencia.
Disiente el Juez Montiel
Argüello.
por
unanimidad,
3.
decide que el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad
con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias
para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación
de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario,
los valores, usos y costumbres de éstas, de conformidad con lo expuesto en
los párrafos 138 y 164 de la presente Sentencia.
por
unanimidad,
4.
decide que el Estado deberá delimitar, demarcar y titular las tierras
que corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
y abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa delimitación, demarcación
y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado,
o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia,
el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde
habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 153 y 164 de la
presente Sentencia.
por unanimidad,
5. declara que la presente
Sentencia constituye, per se, una
forma de reparación para los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni.
por siete votos contra
uno,
6.
decide, por equidad, que el Estado debe invertir, por concepto de reparación
del daño inmaterial, en el plazo de 12 meses, la suma total de US$ 50.000
(cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) en obras o servicios
de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni,
de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 167 de la
presente Sentencia.
Disiente
el Juez Montiel Argüello.
por siete votos contra
uno,
7.
decide, por equidad, que el Estado debe pagar a los miembros de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, por conducto de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la suma total de US$ 30.000 (treinta mil dólares de los
Estados Unidos de América) por concepto de gastos y costas en que incurrieron
los miembros de dicha Comunidad y sus representantes, ambos causados en los
procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano
de protección, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 169 de la presente
Sentencia.
Disiente el Juez Montiel Argüello.
por unanimidad,
8. decide que el Estado
debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada seis meses
a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe sobre las
medidas tomadas para darle cumplimiento.
por unanimidad,
9. decide que supervisará el cumplimiento
de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado
haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo.
Los Jueces Cançado Trindade,
Pacheco Gómez y Abreu Burelli hicieron conocer a la Corte su Voto Razonado
Conjunto, los Jueces Salgado Pesantes y García Ramírez hicieron conocer a
la Corte sus Votos Razonados, y el Juez Montiel Argüello hizo conocer a la
Corte su Voto Disidente, los cuales acompañan esta Sentencia.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez Carlos Vicente de Roux Rengifo
Alejandro
Montiel Argüello
Juez ad hoc
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario