Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago, Sentencia del 1 de septiembre, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 80 (2001).
En el caso Hilaire,
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el
Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:*
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;
Hernán Salgado Pesantes, Juez;
Alirio Abreu Burelli, Juez;
Sergio García Ramírez, Juez, y
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario adjunto;
de acuerdo con el artículo
36.6 de su Reglamento[1]
(en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre la excepción
preliminar interpuesta por el Estado de Trinidad y Tobago (en adelante “el
Estado” o “Trinidad y Tobago” ).
I
INTRODUCCIÓN
DE LA CAUSA
1. El presente caso fue sometido a la Corte
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana” o “la Comisión”) el 25 de mayo de 1999. La demanda de la Comisión tiene su origen en
la denuncia número 11.816 (Haniff Hilaire), recibida en la Secretaría de ésta
el 9 de octubre de 1997.
II
HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA
2. La Comisión Interamericana expuso en su
demanda los hechos en que se fundamenta.
En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos y las pretensiones
de la demanda que son relevantes para la consideración de la excepción preliminar:
El Estado de Trinidad y
Tobago ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención Americana” o “la Convención”) por sentenciar al señor Haniff
Hilaire (en adelante “el señor Hilaire”) a una “pena de muerte obligatoria”
y, por lo tanto, por violar los derechos consagrados en los artículos: 4.1,
5.1, 5.2, 5.6, 7.5 y 25; todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención.
Asimismo, el Estado ha violado el artículo 2 que establece la obligación de
adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para hacer
efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención, en relación
con el artículo 25 de la misma (infra
16).
La Comisión Interamericana
fundamenta sus alegatos, inter alia,
con los siguientes hechos:
1.
El 29 de mayo de 1995 el señor Hilaire fue condenado,
junto con sus dos co-imputados, la señora Indravani Ramjattan y el señor Denny
Baptiste, por el asesinato del señor Alexander Jordan, ocurrido el 13 de febrero
de 1991. Dicha condena fue emitida
por la Primera Sala Penal de Port of Spain Assizes, Trinidad y Tobago;
2.
El señor Alexander Jordan era el cónyuge, bajo el derecho
consuetudinario, de la señora Indravani Ramjattan, quien “[d]e acuerdo con
lo que consta en autos” era víctima de maltrato doméstico a manos del señor
Jordan;
3.
“Debido en parte a la naturaleza abusiva del matrimonio”,
se desarrolló una relación entre la señora Ramjattan y el señor Baptiste y
ella quedó embarazada del señor Baptiste. Cuando su esposo descubrió la situación, la siguió maltratando,
consecuencia de lo cuál ella huyó del hogar con sus dos hijos y se mudó a
la casa del señor Baptiste. El señor
Hilaire también vivía con el señor Baptiste y durante el tiempo que estuvo
con estos, la señora Ramjattan les confió la situación de maltrato doméstico
de la que era objeto;
4.
Posteriormente, el señor Jordan descubrió donde estaba
su esposa, irrumpió en la casa del señor Baptiste y la llevó con él a su casa,
donde la mantuvo prácticamente secuestrada. La señora Ramjattan pudo enviar un mensaje al señor Hilaire, implorándole
que la rescatara. En consecuencia,
los señores Hilaire y Baptiste fueron a la casa del señor Jordan “con intenciones
de golpearlo”. La golpiza tuvo consecuencias
mucho más graves de las previstas, a raíz de lo cual el señor Jordan murió;
5.
No consta en autos prueba alguna de que el señor Hilaire
tuviera algún antecedente penal o tendencia a reincidir;
6.
El señor Hilaire y sus co-imputados fueron encontrados
culpables de homicidio de acuerdo con la Ley de Delitos Contra la Persona de Trinidad y Tobago y el 29 de mayo
de 1995, el juez de la causa “se vio obligado a imponer a los acusados la
pena de muerte” de acuerdo con la sección 4 de dicha ley, declarando lo siguiente:
“El jurado llegó a la conclusión de que los reos eran culpables de
homicidio. La sentencia de esta Corte contra cada uno
de [ellos] exige que sean trasladados a una penitenciaría y luego al lugar
de ejecución, donde morirán en la horca.
Que Dios se apiade de sus almas”;
7.
El 29 de mayo de 1995 el señor Hilaire solicitó venia
para apelar su condena ante la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago.
Dicha demanda fue desestimada el 7 de noviembre de 1996.
El 30 de octubre de 1997 el señor Hilaire interpuso una petición en
la que solicitó venia especial para apelar su condena ante el Comité Judicial
del Privy Council en Londres, el cual desestimó
dicha petición el 6 de noviembre de 1997. El señor Hilaire presentó una segunda solicitud de venia especial
para apelar ante el Comité Judicial del Privy
Council en Londres alrededor del 25 de enero de 1999. Esta segunda petición fue también desestimada
el 3 de febrero de 1999;
8.
La Ley de Delitos
Contra la Persona provee una definición de “homicidio”, permite que un
jurado considere ciertas circunstancias del asesinato determinantes para establecer
si el acusado debe ser encontrado culpable del delito de homicidio o de un
delito menor, impone la pena de muerte en caso de que el acusado sea encontrado
culpable de asesinato, pero no permite al juez o al jurado considerar las
circunstancias personales del acusado o del delito;
9.
La Constitución de Trinidad y Tobago establece un Comité
Consultivo de Indulto, que tiene a su cargo estudiar y hacer recomendaciones
al Ministro de Seguridad Nacional sobre si un delincuente sentenciado a muerte
debe beneficiarse de la discreción presidencial del indulto en virtud de la
Constitución mencionada. La ley no establece criterio alguno para ejercer las funciones del
Comité o la discreción presidencial, y el delincuente no tiene derecho legal
alguno a formular exposiciones ante el Comité para presentar, recibir o impugnar
las pruebas que el Comité considere pertinente tomar en cuenta. La facultad de indulto es un acto de clemencia
que no es materia de derecho alguno y por tanto, de revisión judicial.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
3. El 9 de octubre de 1997 la firma británica
Simmons & Simmons (en adelante “los peticionarios”), presentó ante la
Comisión una denuncia contra Trinidad y Tobago, en nombre del señor Haniff
Hilaire. El 16 de octubre de 1997
la Comisión abrió el caso No. 11.816, remitió al Estado las partes pertinentes
de la denuncia y solicitó una respuesta. La Comisión también le solicitó al Estado, en virtud del artículo
29.2 de su Reglamento, que suspendiera la ejecución del señor Hilaire hasta
tener la oportunidad de examinar el caso y adoptar una decisión.
4. El 30 de octubre de 1997 los peticionarios
informaron a la Comisión que estaban a la espera de una decisión del Comité
Judicial del Privy Council sobre
la demanda del señor Hilaire de venia especial para apelar. El 6 de noviembre de ese año, los peticionarios
informaron a la Comisión que se había negado al señor Hilaire venia para apelar
ante el Privy Council.
5. El 19 de diciembre de 1997 el Estado envió
sus observaciones a la denuncia haciendo referencia al fondo. El 12 de enero
de 1998 dichas observaciones se remitieron a los peticionarios, quienes enviaron
sus propias observaciones el 25 de febrero del mismo año.
El 16 de marzo de 1998 la Comisión remitió al Estado las observaciones
mencionadas y le solicitó una respuesta.
6. Igualmente, el 19 de diciembre de 1997
los peticionarios suministraron a la Comisión un escrito complementario en
el que aportaron nuevas pruebas, así como jurisprudencia y demás información
que fundamentaba la admisibilidad de la petición y especificaron las reparaciones
que procuraban en nombre del señor Hilaire. El escrito fue transmitido al Estado el 12
de enero de 1998 y éste presentó sus observaciones el 1 de abril del mismo
año. Dichas observaciones fueron remitidas
a los peticionarios el 13 de mayo de 1998. El 24 de junio de 1998 los peticionarios enviaron sus observaciones,
las cuales fueron transmitidas al Estado el 13 de julio de 1998 y la Comisión
solicitó una respuesta.
7. El 25 de septiembre de 1998 la Comisión
aprobó el Informe No. 43/98 en el cual se pronunció sobre la admisibilidad
de la petición. El 23 de octubre del
mismo año, la Comisión remitió el mencionado Informe al Estado y a los peticionarios,
y se puso a disposición de las partes con miras a procurar una solución amistosa
del asunto.
8. El 28 de septiembre de 1998 los peticionarios
presentaron un segundo escrito complementario, el cual fue transmitido al
Estado el 6 de octubre del mismo año, con una solicitud de respuesta.
9. Alrededor del 12 de febrero de 1999
los peticionarios presentaron un tercer escrito complementario con anexos
y alrededor del 12 de marzo del mismo año enviaron escritos adicionales a
la Comisión. El 5 de abril de 1999
la Comisión remitió las partes pertinentes de los escritos complementarios
y solicitó al Estado su respuesta. El
Estado no presentó respuesta a dicha solicitud.
10. El 21 de abril de 1999 la Comisión aprobó
el Informe sobre el fondo No. 66/99, el cual transmitió al Estado el 26 de
abril de 1999. En la parte dispositiva
de dicho Informe, la Comisión recomendó al Estado que:
1.
Garantice al peticionario un remedio efectivo
que incluya la consideración de una pronta liberación o conmutación de la
pena y compensación;
2.
Adopte las medidas legislativas o de otra
índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se imponga de conformidad
con los derechos y libertades garantizados por la Convención; [y que]
3.
Adopte las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias para garantizar que el derecho dispuesto en el
artículo 7.5 de la Convención a un juicio dentro de un plazo razonable o a
ser liberado, tenga efecto en Trinidad y Tobago, incluido un recurso efectivo
ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra actos
que violen ese derecho.
11. El 18 de mayo de 1999 el Estado envío a
la Comisión la respuesta a dicho Informe.
12. El 23 de mayo de 1999 la Comisión Interamericana,
de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana, decidió presentar
el caso ante la Corte.
IV
MEDIDAS PROVISIONALES[2]
13. El 10 de julio de 1998, con anterioridad a la presentación de la demanda, la
Comisión solicitó a la Corte la ampliación de las medias provisionales en
el asunto James y otros que el Presidente
había ordenado el 27 de mayo de 1998 y la Corte había ratificado el 14 de
junio del mismo año, a efectos de incluir dentro de dichas medidas provisionales
al señor Hilaire. La Comisión consideró que las circunstancias del señor Hilaire
eran similares a la de los reclusos para los cuales regían las medidas provisionales
en Trinidad y Tobago y que la ejecución del señor Haniff Hilaire era inminente
y por tanto, se veía expuesto a un daño irreparable.
14. El 13 de julio de 1998 el Presidente de
la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó al Estado, inter alia, que tomara todas las medidas necesarias para preservar
la vida del señor Hilaire a fin de que la Corte pudiera examinar la pertinencia
del pedido de ampliación de las medidas provisionales presentado por la Comisión.
El 29 de agosto de 1998, el pleno de la Corte ratificó la Resolución del Presidente
de 13 de julio de 1998 en relación con el señor Hilaire, entre otros[3].
15. Desde esa fecha, el Estado ha presentado
los informes relevantes acerca de la situación del señor Hilaire y la Comisión
ha enviado sus observaciones a dichos informes del Estado.
V
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
16. El 25 de mayo
de 1999 la Comisión Interamericana interpuso su demanda en los siguientes
términos:
[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita respetuosamente
a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare que el
Estado ha violado la Convención, establezca reparaciones por dichas violaciones
y determine las costas y gastos que deberán otorgarse a los representantes
de las víctimas.
1.
Declaraciones de las violaciones
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos respetuosamente solicita que la Honorable Corte Interamericana
de Derechos Humanos:
Dictamine que la República de Trinidad y Tobago es
responsable de la violación de los derechos del [señor] Hilaire:
2.
A no ser privado arbitrariamente de su vida,
en violación del artículo 4.1 de la Convención Americana.
3.
A que se respete su integridad física, mental
y moral, en violación del artículo 5.1 de la Convención Americana.
4.
A no ser sometido a un castigo o trato cruel,
inhumano o degradante, en violación del artículo 5.2 de la Convención Americana.
En concordancia con la violación del artículo 1.1 de
la Convención Americana;
Dictamine que el Estado de Trinidad y Tobago es responsable
de la violación del artículo 5.6, conjuntamente con el artículo 1.1 de la
Convención Americana, al no tener como objetivo esencial el castigo impuesto
al [señor] Hilaire su reforma y readaptación social;
Dictamine que el Estado de Trinidad y Tobago es responsable
de la violación del derecho del [señor] Haniff Hilaire a ser juzgado dentro
de un plazo razonable o ser liberado, en contravención del artículo 7.5, conjuntamente
con el artículo 1.1 de la Convención Americana;
Dictamine que, al no adoptar las medidas legislativas
y de otra índole necesarias para hacer efectivo el derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable o a ser liberado, de acuerdo con el artículo 7.5 de
la Convención, el Estado de Trinidad y Tobago ha violado la obligación que
le impone el artículo 2 de dar vigencia legal interna a la Convención, así
como el derecho del [señor] Hilaire a la protección judicial, consagrado en
el artículo 25, conjuntamente con el artículo 1.1 de la Convención.
5.
Reparaciones
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos respetuosamente solicita que la Honorable Corte Interamericana
de Derechos Humanos:
Instruya al Estado de Trinidad y Tobago para que conceda
al peticionario una reparación efectiva que incluya la pronta liberación o
la conmutación de la sentencia y una compensación;
Instruya al Estado de Trinidad y Tobago para que adopte
las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que la
pena de muerte se imponga en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados
por la Convención;
Instruya al Estado de Trinidad y Tobago para que adopte
las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar la vigencia
en Trinidad y Tobago del derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención
a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser liberado, incluyendo un recurso
efectivo ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra
actos violatorios de ese derecho.
6.
Compensación
La Comisión ha solicitado que
la Honorable Corte exija que el Estado de Trinidad y Tobago repare las consecuencias
de las violaciones que son objeto de esta demanda.
El artículo 63.1 de la Convención Americana dispone:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada.
Es[a] Honorable Corte ha declarado
que el artículo 63.1 de la Convención codifica una norma del derecho consuetudinario
y constituye uno de los principios fundamentales de éste. (Caso Aloboetoe,
Sentencia del 10 de Septiembre de 1993, párr. 43). La obligación de otorgar una reparación por una violación puede
dar lugar a una serie de medidas para reparar las consecuencias. El Estado debe, en la medida de lo posible,
restablecer el statu quo ante, que
en el caso presente puede lograrse mediante la conmutación de la sentencia
de muerte del peticionario y ajustar la legislación interna de Trinidad y
Tobago en consecuencia. Si ya no es
posible restablecer el statu quo ante,
las consecuencias deben ser reparadas mediante otros medios. Por lo tanto, la Comisión procura obtener una
decisión de la Corte sobre una compensación a la víctima a raíz de la violación
por el Estado de los derechos que le otorga la Convención.
7.
Costas y gastos
La Comisión procura una determinación de la Corte en
relación con las costas y gastos incurridos por los representantes de las
víctimas durante la tramitación del caso ante los tribunales internos y ante
los órganos del sistema interamericano.
17. La Comisión designó como delegados a los
señores Jean Joseph Exumé, Robert K. Goldman y Nicholas Blake, y como asesores
jurídicos a los señores David J. Padilla y Brian D. Tittemore. Asimismo, la Comisión acreditó en calidad de
asistentes a los señores Peter Carter y Owen Davies y a la señora Andrea Dahlberg.
18. El 11 de junio de 1999 la Secretaría de
la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda
realizado por el Presidente de la Corte, la notificó, junto con sus anexos,
al Estado. El mismo día la Secretaría,
siguiendo instrucciones del Presidente, comunicó al Estado el derecho a designar
juez ad hoc, en virtud de los artículos
18 del Reglamento y 10.3 del Estatuto de la Corte (en adelante “el Estatuto”).
19. El 16 de agosto de 1999 Trinidad y Tobago
interpuso una excepción preliminar a la competencia contenciosa de la Corte
en este caso y requirió una prórroga de 2 meses para la presentación de sus
argumentos legales. Asimismo, solicitó
a la Corte que convocara a una audiencia especial sobre la excepción preliminar
de acuerdo con el artículo 36.6 del Reglamento y que suspendiera el trámite
de fondo hasta que la Corte emitiera una decisión en relación con la excepción
preliminar.
20. El 19 de agosto de 1999 la Secretaría acusó
recibo de la comunicación del Estado de 16 de agosto y le informó a éste y
a la Comisión que el Presidente de la Corte había otorgado una prórroga hasta
el 15 de octubre de 1999 para que Trinidad y Tobago presentara sus argumentos
legales en relación con la excepción preliminar interpuesta. A la vez, les
informó que la solicitud del Estado de audiencia especial y suspensión del
trámite de fondo sería considerado en su XLV Período Ordinario de Sesiones.
21. El 1 de octubre de 1999 la Corte emitió
una Resolución en los siguientes términos:
1. Otorgar a la República de Trinidad
y Tobago una prórroga para la presentación de su contestación a la demanda
en el caso Hilaire hasta el 15 de diciembre de 1999, en vista de las circunstancias
particulares del […] caso.
2. Rechazar la solicitud de la República
de Trinidad y Tobago de posponer el procedimiento de fondo en el caso Hilaire
hasta que se decida la excepción preliminar.
3. Continuar la consideración del
caso Hilaire en su etapa procesal vigente.
4. Comisionar al Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para que convoque, en su debido momento,
a la República de Trinidad y Tobago y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a una audiencia pública sobre la excepción preliminar en el caso Hilaire
a ser celebrada en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
22. El 15 de octubre de 1999 el Estado presentó
sus argumentos de derecho en relación con la excepción preliminar respecto
a la competencia de la Corte en el presente caso.
23. El 20 de octubre de 1999 la Secretaría de
la Corte transmitió a la Comisión Interamericana los argumentos del Estado
en relación con la excepción preliminar interpuesta. La Comisión respondió el 19 de noviembre de 1999.
24. El 16 de junio de 2000 el Presidente de
la Corte resolvió convocar a las partes a una audiencia pública que se celebraría
en la sede de la Corte el 10 de agosto de 2000, para escuchar los alegatos
sobre la excepción preliminar.
25. La audiencia pública tuvo lugar en la sede
de la Corte en la fecha prevista.
Comparecieron:
por la República de Trinidad
y Tobago
Russell Martineau, S.C.;
Howard Stevens, abogado; y
Peter Pursglove,
abogado y consejero legal en el Ministerio del Procurador General y de Asuntos
Legales.
por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
Robert K.
Goldman, delegado;
Nicholas Blake,
Q. C., delegado; y
Brian Tittemore,
asesor legal.
26. El 7 de mayo de 2001 la Secretaría recibió
de la Comisión copias de dos decisiones relativas a casos sobre la imposición
de la “pena de muerte obligatoria”, emitidas por el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas y la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental.
Estas decisiones fueron transmitidas al Estado el 15 de mayo de 2001.
Asimismo, el 13 de diciembre de 1999 y 10 de agosto de 2000 los señores
Vaughan Lowe y Carlos Vargas Pizarro, respectivamente, presentaron escritos
en calidad de amici curiae.
VI
COMPETENCIA
27. Trinidad y Tobago depositó su instrumento
de ratificación a la Convención Americana el 28 de mayo de 1991. Ese mismo
día, el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte.
28. El 26 de mayo de 1998 Trinidad y Tobago
denunció la Convención y de acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia
tuvo efecto un año más tarde, el 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente
caso ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la denuncia hecha
por el Estado. Por lo tanto, esta
Corte es competente, en los términos de los artículos 78.2 y 62.3 de la Convención,
para conocer el presente caso y dictar sentencia sobre la excepción preliminar
presentada por el Estado.
VII
EXCEPCIÓN
PRELIMINAR:
INADMISIBILIDAD
DE LA DEMANDA E INCOMPETENCIA DE LA CORTE
29. En su excepción preliminar, Trinidad y Tobago
sostuvo que la Corte Interamericana no es competente para conocer del caso
en virtud de tres argumentos principales:
I. La demanda,
en cuanto alega un incumplimiento del artículo 4.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, es inadmisible por aplicación del artículo 46.1.b
de la misma.
II. La segunda reserva del Estado
excluye [la] competencia de la Corte en este caso.
III. Alternativamente, el Estado
nunca ha reconocido la competencia de la Corte.
30. La Corte pasa a considerar los argumentos
presentados por el Estado en el caso sub
judice.
A. INADMISIBILIDAD
DE LA DEMANDA
Alegatos
escritos del Estado
31. El Estado indicó que el artículo 46 de la
Convención Americana establece:
1.
Para que una petición o comunicación presentada
conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
[…]
b. que sea presentada
dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado
en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva[.]
32. Según Trinidad y Tobago, uno de los alegatos
en la demanda de la Comisión es que la imposición de la pena de muerte en
el presente caso constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención.
Este argumento no fue invocado en la denuncia original ni en la denuncia
complementaria presentadas por el peticionario ante la Comisión, sino en una
“segunda denuncia complementaria” interpuesta ante ésta el 28 de septiembre
de 1998.
33. Dicha “segunda denuncia complementaria”
fue presentada pasados diez meses desde la decisión final en el fuero interno;
es decir, fuera del período de los seis meses consagrado en el artículo 46.1.b
y posterior al Informe de la Comisión sobre la admisibilidad de la denuncia
y la denuncia complementaria, el cual tiene fecha de 25 de septiembre de 1998.
Además, contiene un argumento que el peticionario pudo haber planteado
en su denuncia y en su denuncia complementaria y por lo tanto, el alegato
concerniente al artículo 4.1 de la Convención es inadmisible de conformidad
con el artículo 46.1.b de la misma. Por
las razones anteriores, debe considerársele como una nueva denuncia requiriendo
de esta forma una decisión separada sobre admisibilidad.
En este sentido, el Estado sostuvo que el día aceptado por la Comisión
como el día en que se desestimó la apelación del señor Hilaire ante el Privy Council y que constituyó el último recurso, fue el 6 de noviembre
de 1997. Por consiguiente, el período
límite de seis meses para presentar la denuncia ante la Comisión expiró el
5 de mayo de 1998.
Alegatos
escritos de la Comisión
34. La Comisión Interamericana expresó que debía
impedirse al Estado disputar temas de admisibilidad en relación con el presente
caso, en virtud de que en el proceso ante la Comisión Interamericana, Trinidad
y Tobago “renunció a su derecho a objetar la admisibilidad de la denuncia
por lo que respecta a la regla del agotamiento de los recursos internos y
presentó observaciones respecto al fondo del caso”. Alegó que las circunstancias mediante las cuales
la Comisión determinó la violación del artículo 4.1 son conformes con la Convención,
el Estatuto y el Reglamento de la Comisión.
35. Cuando los peticionarios presentaron
la denuncia ante la Comisión no alegaron una violación específica del artículo
4.1. No obstante, en la “segunda denuncia
complementaria” de 28 de septiembre de 1998, los peticionarios invocaron la
violación del artículo 4.2 de la Convención con respecto al señor Hilaire.
Fue la Comisión, a través del Informe del artículo 50, quien determinó
que el Estado había violado el artículo 4.1 de la Convención, basada en la
denuncia original de los peticionarios, razón por la cual dicha violación
debe ser conocida por la Corte.
36. La Comisión consideró que el período de
seis meses estipulado en el artículo 46.1.b de la Convención no es aplicable
a la violación del artículo 4.1 en razón de que la legislación del Estado
no provee el debido proceso legal para la protección de los derechos violados. Lo anterior, de conformidad con el artículo
46.2.a de la Convención, el cual establece que las disposiciones de los incisos
1.a y 1.b del artículo en mención no se aplicarán cuando “no exista en la
legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para
la protección del derecho o los derechos que se alega han sido violados”.
37. En el presente caso, la Comisión consideró
violado el artículo 4.1 de la Convención con base en el hecho de que el señor
Hilaire fue condenado a la “pena de muerte obligatoria”. El artículo 6 de la Constitución de Trinidad
y Tobago[4]
impide a los individuos la impugnación de las leyes que estaban vigentes como
parte del derecho interno de Trinidad y Tobago antes de la entrada en vigor
de la Constitución. La “pena de muerte
obligatoria” por el delito de homicidio era parte del derecho interno de Trinidad
y Tobago antes de la entrada en vigor de la Constitución y, por lo tanto,
resulta inimpugnable ante los tribunales.
Alegatos
orales del Estado
38. En la audiencia pública celebrada ante la
Corte, Trinidad y Tobago refutó los argumentos expuestos por la Comisión en
su escrito. El Estado indicó que las
doctrinas sobre renuncia y estoppel
no se aplican en el presente caso debido a que la “segunda denuncia complementaria”
fue sometida fuera del plazo de los seis meses. Asimismo, alegó que la Comisión decidió la
admisibilidad de la petición con base en la primera denuncia, y posteriormente
consideró que había una violación del artículo 4.1 con base en la “segunda
denuncia suplementaria”. Finalmente, indicó que en Trinidad y Tobago existe
el debido proceso legal y que la Constitución del Estado consagra el derecho
a no ser privado arbitrariamente de la vida.
Alegatos
orales de la Comisión
39. En la referida audiencia, la Comisión manifestó
que la regla de seis meses respecto del agotamiento de los recursos internos,
establecida en el artículo 46.1.b puede ser renunciada expresa o tácitamente.
En el presente caso, el Estado no refutó la admisibilidad de la petición
y esa conducta debe ser considerada como una renuncia irrevocable; en consecuencia,
debe ser impedido de disputarla ante la Corte.
De la misma forma, indicó que el peticionario sólo está obligado a
presentar en su denuncia los hechos o la situación que
fundamenten una posible violación de sus derechos de acuerdo con la
Convención y no está obligado a nombrar los artículos específicos que considere
violados. Finalmente, la Comisión
alegó que la legislación interna de Trinidad y Tobago no garantiza el debido
proceso legal para la protección de los derechos alegados y que la “pena de
muerte obligatoria” para el delito de homicidio no puede ser cuestionada ante
los tribunales según la Constitución del Estado.
Consideraciones
de la Corte
40. La Convención
Americana establece en su artículo 46.1 los requisitos necesarios para que
una petición sea admitida por la Comisión Interamericana. Asimismo, el artículo 32 del Reglamento de
la Comisión, vigente al momento de la presentación inicial de la denuncia
ante ésta, dispone los elementos que debe contener la petición al momento
de su presentación. Ni el artículo
46.1 ni el artículo 32 exigen que el o los peticionarios especifiquen los
artículos que consideran les han sido violados.
Más aún, el artículo 32.c del Reglamento de la Comisión[5]
establece la posibilidad de que “no se haga una referencia específica al artículo
presuntamente violado” y, el inciso (b) del artículo 46 mencionado hace referencia
al plazo para la interposición de la denuncia.
41. En la denuncia
original, los peticionarios plantearon los hechos en los que basaron sus alegatos
de violaciones a la Convención. Estos
no estaban obligados a invocar cuáles disposiciones específicas de la Convención
fueron violadas para justificar su planteamiento. En escritos posteriores, los peticionarios
se refirieron a los mismos hechos, agregando ciertas consideraciones legales.
En suma, la denuncia original contenía todos los hechos que podían
ser relevantes para una determinación legal.
42. Por ello, y
a la luz de las garantías consagradas tanto en la Convención Americana de
Derechos Humanos como en los Reglamentos y Estatutos que rigen a los órganos
del Sistema Interamericano, la Corte considera que la interpretación adecuada
consiste en que cuando hay alegatos adicionales de derecho, sobre los mismos
hechos esenciales, como se invoca en la denuncia original del peticionario,
dicho alegato no puede desecharse por la mera falta de invocación de un artículo
específico de la Convención. Ello
se debe a que el artículo 32.c del Reglamento de la Comisión, vigente al momento
de la interposición de la denuncia ante ésta, expresamente indica la posibilidad
de que “no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado”
para que una denuncia sea tramitada ante ésta. Por lo tanto, la Corte
considera que debe desestimar el primer argumento de la excepción preliminar
interpuesta por el Estado en lo que se refiere a la admisibilidad de la demanda.
B. INCOMPETENCIA
DE LA CORTE
Alegatos
escritos del Estado
43. Según lo señalado por Trinidad y Tobago,
el instrumento de adhesión de la Convención de fecha 3 abril de 1991, depositado
por el Estado el 28 de mayo de 1991, reconoce la competencia contenciosa de
la Corte pero sujetando ese reconocimiento a una “reserva”. La “reserva” del Estado enuncia que
[c]on respecto al [a]rtículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República
de Trinidad y Tobago, reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en
que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la
Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que una sentencia
de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes
de ciudadanos particulares.
44. El Estado señaló que el artículo 75 de la
Convención establece que la misma sólo puede ser objeto de reservas conforme
a las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969
(en adelante “la Convención de Viena”). Al
respecto, el artículo 19 de la misma señala que
[u]n Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos:
1.
que la reserva esté prohibida por el tratado;
2.
que el tratado disponga que únicamente pueden
hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o
3.
que, en los casos no previstos en los apartados
a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado.
45. Asimismo, el Estado mencionó que según
lo señalado por la Corte en la Opinión Consultiva sobre El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada
en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OC-2/82),
la reseña al artículo 75 de la Convención Americana tenía la intención de
ser una referencia al párrafo c) del artículo 19 de la Convención de Viena
y que “sólo tiene sentido si se entiende como autorización expresa destinada
a permitir a los Estados cualesquiera reservas que consideren apropiadas,
siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el objeto y fin del tratado. Como tales, se puede decir que ellas se rigen
por el artículo 20.1 de la Convención de Viena y, consecuentemente, no están
sujetas a la aceptación de ningún otro Estado Parte” [6].
46. El Estado indicó que la “reserva” fue hecha
en relación con la aceptación de la competencia de la Corte y se limita al
artículo 62 de la Convención Americana. Según
Trinidad y Tobago, el artículo 62 de la Convención es una cláusula facultativa
que los Estados pueden libremente “aceptar o rechazar”. Aquellos Estados que la aceptan y así lo declaran
están expresamente autorizados a hacerlo sujetos a condiciones. La misma Convención autoriza a que se establezcan
restricciones al momento de aceptar la competencia de la Corte conforme al
artículo 62, lo que no afecta el disfrute o ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención. Por tanto, dado que la “reserva” no niega el ejercicio de alguno
de los derechos consagrados en la Convención, la misma puede considerarse
compatible con el objeto y fin de ésta.
47. Trinidad y Tobago expresó que la Convención
Americana no contiene una disposición paralela al artículo 64.c (sic) de la Convención Europea[7]
y que, de hecho, los redactores de la Convención Americana prefirieron apoyarse
en las disposiciones de la Convención de Viena, la cual “no prohíbe” (sic) la formulación de reservas de carácter
general.
48. Agregó el Estado que la Constitución de
Trinidad y Tobago es y fue, al momento de ratificar la Convención, compatible
con la misma. La “reserva” del Estado
no puede ser interpretada como contraria al objeto y fin de la Convención;
ésta se relaciona únicamente con el procedimiento facultativo contenido en
el artículo 62 de la Convención, lo que en ningún modo afecta los derechos
sustantivos consagrados en ella. La
“reserva”, tal y como está planteada, de ninguna manera limita las obligaciones
asumidas por el Estado de conformidad con la Convención en relación con los
individuos sujetos a su jurisdicción.
49. Asimismo, Trinidad y Tobago sostuvo
que en el supuesto de que la Corte declare que la “reserva” del Estado es
incompatible con el objeto y fin de la Convención Americana, en relación con
el artículo 62 de la Convención, el efecto de tal determinación sería el anular
e invalidar ab initio la declaración
del Estado por medio de la cual aceptó la competencia contenciosa de la Corte.
50. El Estado agregó que en su Opinión Consultiva
sobre las Reservas a la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito
de Genocidio (1951), la Corte Internacional de Justicia señaló
que
[…] si un Estado parte en la Convención objeta una reserva por considerarla
incompatible con el objeto y fin de la Convención, puede de hecho considerar
que el Estado autor de la reserva no es parte en la Convención […]
51. El Estado señaló que bajo el ordenamiento
jurídico de Trinidad y Tobago, es el Poder Legislativo quien dicta las leyes.
El Ejecutivo no puede, al momento de ratificar un tratado, alterar
las leyes de la República o incurrir en incumplimiento constitucional.
Por esta razón, el Ejecutivo, a la hora de acceder a la Convención
y aceptar la competencia contenciosa de la Corte, conforme al artículo 62,
estableció la “reserva”. En ese mismo
sentido, el Estado denunció la Convención en mayo de 1998, en virtud de la
necesidad de acatar los enunciados de la Constitución de la República de Trinidad
y Tobago.
52. Si la “reserva” del Estado fuere, por algún
motivo, considerada inválida, no significaría que el Estado hubiese declarado,
ilimitadamente, su aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.
Por el contrario, queda claro que el Estado nunca tuvo la intención
de aceptar, en su totalidad, la competencia de la Corte. Si la “reserva” es inválida, la declaración
fue inválida y el Estado no presentó nunca su declaración.
Alegatos
escritos de la Comisión
53. La Comisión sostuvo que la frase impugnada
en la declaración de aceptación del Estado a la competencia de la Corte, debe
considerarse inválida en virtud de que no es posible determinar con exactitud
su naturaleza o alcance. Es excesivamente
vaga y no debe interpretarse de manera que afecte la competencia de la Corte
para juzgar sobre casos contra el Estado. Indicó que si se le debe atribuir un sentido, deberá ser interpretada
de manera de regular el efecto legal de las sentencias de la Corte, y no la
competencia de la Corte para juzgar sobre casos contra el Estado.
54. La Comisión señaló que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas ha indicado que las reservas a tratados sobre derechos
humanos tienen que ser específicas y transparentes para que de esta manera
los tribunales, individuos bajo la jurisdicción del Estado que hace la reserva
y los otros Estados partes puedan saber cuáles obligaciones de derechos humanos
han o no sido asumidas. De esta forma,
la frase contenida en la “reserva” del Estado parece tener la intención de
modificar el grado de aceptación del Estado a la competencia contenciosa de
la Corte, pues de la lectura de la frase resulta difícil entender las restricciones
que el Estado ha pretendido establecer a las obligaciones asumidas en virtud
del artículo 62 de la Convención.
55. Además, la frase puede ser interpretada
en diversos sentidos. Por ejemplo,
puede entenderse que la Corte está impedida para conocer y dictar sentencia
en relación con alegatos de violación de un derecho consagrado por la Convención,
si el mismo no se encuentra protegido por la Constitución del Estado.
Alternativamente, se puede interpretar que “aunque la Corte tiene competencia
para conocer y decidir un asunto, las sentencias de la Corte deben ser compatibles
con ciertas secciones no estipuladas de la Constitución de Trinidad y Tobago”.
56. La Comisión señaló que el Estado se basa
únicamente en la primera parte de su declaración para concluir que la Corte
no tiene competencia. Destacó que
el Estado no hace referencia a la parte de la declaración que dice “y siempre
que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos
o deberes existentes de ciudadanos particulares”, y consideró que es evidente
que el Estado reconoce específicamente en esta segunda parte de la declaración
que la Corte tiene competencia para emitir sentencias en casos contra Trinidad
y Tobago. “Puede ser entonces que, tomando la primera
y segunda partes de la declaración juntas, el Estado estuviera preocupado
de que el darle efecto a las sentencias de la Corte en Trinidad y Tobago no
tuviera un efecto adverso sobre los derechos existentes de los ciudadanos,
privarlos de derechos que ya disfrutaban o imponerles deberes a los que no
estaban sujetos”.
57. El término podría interpretarse en el sentido
de que dado que en la Constitución no hay disposición alguna que expresamente
prohíba al Estado aceptar la competencia de la Corte, el reconocimiento de
dicha competencia es completo y eficaz. En este sentido, el Estado no sugiere
que haya disposiciones de la Constitución de Trinidad y Tobago que prohíban
al Estado aceptar la competencia de la Corte.
58. En virtud de las diversas interpretaciones
posibles de la frase, ésta resulta tan ambigua que su significado y alcance
van a depender de la decisión subjetiva del Estado respecto de cuáles disposiciones
de la Constitución son “relevantes” y en qué sentido la aceptación de la competencia
de la Corte debe ser “compatible” con dichas disposiciones.
La frase, por lo tanto, privaría la exclusiva autoridad de la Corte
para determinar su propia competencia, razón por la cual dicha frase es inválida.
59. La Comisión, además, señaló que la frase
contenida en la declaración de aceptación del Estado como está y como es interpretada
por el mismo, no está autorizada por los artículos 62 ni 75 de la Convención
y es incompatible con el objeto y fin de ésta.
60. De conformidad con el artículo 62.2 de la
Convención, la “declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición
de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos”. La “reserva” del Estado no estipula requerimiento
de reciprocidad, limitaciones temporales, ni define los casos específicos
respecto de los cuales la Corte aplicará su competencia.
61. En un segundo lugar, y de conformidad con
el artículo 75 de la Convención y, específicamente el artículo 19 de la Convención
de Viena, la “reserva” del Estado no está permitida, en virtud de que la misma
es contraria al objeto y fin de la Convención. Asimismo, la “reserva” resulta contraria a
los principios generales del Derecho Internacional.
62. Finalmente, la frase, tal y como la
ha interpretado el Estado, limitaría las facultades de la Corte para interpretar
y aplicar ciertas disposiciones de la Convención en todos los casos ante la
Corte contra Trinidad y Tobago, al permitir al Tribunal interpretar y aplicar
los derechos consagrados en la Convención sólo en la medida en que dichos
derechos se encuentren protegidos en la Constitución del Estado.
63. La Comisión consideró que la posición del
Estado ignora el hecho de que es responsabilidad de la Corte, y no del Estado,
determinar si el derecho interno del Estado, incluyendo la Constitución, es
compatible con los derechos protegidos por la Convención. Indicó que la Corte
Interamericana ha enfatizado que el tema de la competencia para un caso en
particular es materia que decide la Corte solamente, no los Estados partes.
Esto se extiende claramente a la interpretación de las frases contenidas
en las declaraciones de aceptación, de conformidad con el artículo 62 de la
Convención, de varios Estados partes.
64. En las circunstancias mencionadas, interpretar
el artículo 62 de la Convención Americana autorizando los términos de aceptación
del Estado contravendría el artículo 29.a de la Convención, al permitir, efectivamente,
al Estado violar los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la misma respecto del señor
Hilaire. El Estado ha interpretado
su declaración de manera de impedir a la Corte considerar los aspectos específicos
de la “pena de muerte obligatoria”.
65. Asimismo, la Comisión sostuvo que se
puede separar la frase impugnada del instrumento de aceptación, por parte
del Estado, de la competencia contenciosa de la Corte, por lo que se debe
considerar que el Estado aceptó la
competencia contenciosa de la Corte independientemente de la restricción “sólo
en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes
de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago”.
66. La Convención protege los derechos humanos
de los individuos sujetos a la jurisdicción de los Estados partes, por lo
que la “reserva” del Estado debe ser interpretada de manera que fortalezca,
no que debilite este régimen y, por lo tanto, aumente y no disminuya la protección
de los derechos humanos en todo el hemisferio.
67. Separar la frase impugnada de la declaración
de aceptación del Estado, en lugar de anular la declaración in toto, sirve para asegurar los derechos
humanos fundamentales del señor Hilaire y de los individuos en situaciones
similares quienes de otra manera no tendrían recursos internos efectivos de
protección.
68. Trinidad y Tobago fue el único Estado
parte al momento de su aceptación, que estableció condiciones de esta naturaleza
para la aceptación de la competencia de la Corte. Por el contrario, la mayoría ha aceptado la
competencia de la Corte incondicionalmente. Es un principio de Derecho Internacional y
un “precepto fundamental subyacente en la Convención Americana”, que los Estados
no pueden invocar su derecho interno como justificación de no cumplir un tratado.
Sin embargo, esto es lo que el Estado pretende a través de su interpretación
de la frase impugnada.
69. La Comisión Interamericana argumentó que
la Corte puede seguir el razonamiento
de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Europea”),
en el caso Loizidou vs. Turquía,
el cual declaró que las restricciones ratione
loci pueden ser separadas de las declaraciones de aceptación, de manera
que se considere que el Estado ha aceptado la competencia contenciosa de la
Corte independientemente de la restricción “sólo en la medida en que el reconocimiento
sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de la República
de Trinidad y Tobago”.
Alegatos
orales del Estado
70. El Estado sostuvo en la audiencia pública
realizada ante la Corte, que Trinidad y Tobago tuvo la intención de aceptar
la competencia de la Corte limitadamente y que nunca aceptó ni tuvo la intención
de aceptar la totalidad de la competencia de ésta. Lo anterior porque en Trinidad y Tobago cualquier ley que sea contraria
a alguna disposición de la Constitución es inválida. Cualquier incompatibilidad entre la Constitución
y la Convención requeriría una enmienda de la Constitución del Estado y solamente
el Parlamento puede alterarla. En este sentido, el Ejecutivo, en nombre de Trinidad y Tobago, ratificó
la Convención e incluyó la “reserva”, en la declaración de la aceptación de
la competencia de la Corte.
71. Asimismo, indicó que la Corte solamente
tiene competencia si una disposición de la Convención no es incongruente con
la Constitución de Trinidad y Tobago, es decir, en cuanto a que no sea incompatible
con el significado que los tribunales del Estado le han dado a la parte relevante
de la Constitución.
72. El Estado sostuvo que la “reserva” es conforme
con el artículo 62 de la Convención Americana ya que ésta autoriza a hacer
reservas para casos específicos; y con el artículo 19 de la Convención de
Viena por cuanto dicha “reserva” es compatible con el objeto y fin de la Convención.
73. El Estado concluyó que los requisitos de
compatibilidad con el objeto y fin se refieren al objeto y fin de la Convención
y no de la Corte; el reconocimiento de la competencia de la Corte es opcional
según la Convención Americana; el presente caso trata meramente sobre la competencia
de la Corte y no sobre el retiro de la competencia ni sobre la denuncia de
la Convención; no afecta la competencia supervisora de la Comisión Interamericana;
el Derecho Internacional reconoce las reservas, y esto se encuentra expresamente
establecido en el párrafo 25 de la Opinión Consultiva de la Corte sobre El
Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (OC-2/82); y, la “reserva” del Estado no priva
a la Corte de decidir si tiene competencia o no.
74. Finalmente, el Estado alegó que la
“reserva” es clara, compatible con el objeto y fin de la Convención y que
fue hecha al momento de la aceptación, por lo tanto forma parte de los términos
de aceptación del Tratado por parte de Trinidad y Tobago. En caso de que se considere que ésta no es
clara o no es compatible con la Convención, es evidente que la intención del
Estado no fue aceptar la competencia de la Corte incondicionalmente.
Alegatos
orales de la Comisión
75. En la audiencia pública ante la Corte, la
Comisión presentó varios argumentos generales: en primer lugar, indicó que
ha sido largamente establecido que la Corte es quien debe determinar su propia
competencia; en segundo lugar, en la determinación de la naturaleza de su
competencia y el significado que se le debe otorgar a cualquier declaración,
la Corte se guía por la naturaleza de la Convención como un instrumento de
derechos humanos y procura darle efectos prácticos al objeto de la misma;
y, por último, la Corte ha desarrollado jurisprudencia específica, en relación
con las declaraciones que pretenden restringir su competencia.
76. Asimismo, la Comisión Interamericana
indicó que una vez aceptada la competencia de la Corte, ésta no puede ser
removida o modificada por un acto unilateral del Estado. Agregó que en la declaración del Estado de
1991, éste tuvo la intención de reconocer la competencia de la Corte en todos
los asuntos relacionados con la interpretación de la Convención y no pretendió
excluirlo de dicha competencia. Indicó que alternativamente, cualquier restricción
que pretenda limitar la competencia de la Corte para interpretar la Convención
con referencia a disposiciones vagas e indefinidas en alguna ley nacional,
no está permitida por la Convención ni por los principios aplicables del Derecho
Internacional.
77. Por último, indicó que en caso de que haya
habido un reconocimiento de la competencia de la Corte, sujeto a restricciones
impermisibles, dichas restricciones deben ser separadas del resto del instrumento
de aceptación y el reconocimiento permanece intacto y efectivo, a menos que
el Estado se retire del sistema de la Convención como un todo.
Consideraciones
de la Corte
78. La cuestión de la pretendida “reserva” con
que el Estado de Trinidad y Tobago acompañó su aceptación de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana, debe ser resuelta por este Tribunal.
La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el
poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia (compétence
de la compétence/Kompetenz-Kompetenz).
79. Incumbe a la Corte darle a la declaración
del Estado, como un todo, una interpretación de acuerdo con los cánones y
la práctica del Derecho Internacional en general, y del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos en particular, y que proporcione el mayor grado de
protección a los seres humanos bajo su tutela.
80. La Corte no puede abdicar de esta prerrogativa,
que además es un deber que le impone la Convención Americana, para ejercer
sus funciones según el artículo 62.3 de la misma. Dicha disposición establece que “[l]a Corte
tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación
y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido,
siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores,
ora por convención especial”.
81. Como este mismo Tribunal lo ha mencionado
en las sentencias sobre competencia en los Casos del Tribunal Constitucional
e Ivcher Bronstein:
La competencia de la Corte no puede estar condicionada por hechos distintos
a sus propias actuaciones. Los instrumentos
de aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo
62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los Estados que la presentan,
del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. Una objeción o cualquier otro acto interpuesto por el Estado con
el propósito de afectar la competencia de la Corte es inocuo, pues en cualesquiera
circunstancias la Corte retiene la compétence de la compétence, por ser maestra de su jurisdicción[8].
82. Al interpretar la Convención conforme a
su objeto y fin, la Corte debe actuar de tal manera que se preserve la integridad
del mecanismo previsto en el artículo 62.1 de la Convención. Sería inadmisible subordinar tal mecanismo
a restricciones que hagan inoperante el sistema tutelar de los derechos humanos,
previsto en la Convención y, por lo tanto, la función jurisdiccional de la
Corte.
83. Como esta Corte ha señalado en los Casos
del Tribunal
Constitucional e Ivcher Bronstein
[l]os Estados partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento
de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos.
Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales,
tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa
del Tribunal. Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo
de protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que
la garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes
el carácter especial de los tratados de derechos humanos […] y su implementación
colectiva[9].
84. Según el artículo 31.1 de la Convención
de Viena de 1969
[u]n tratado deberá interpretarse
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
85. La tarea de la Corte en esta etapa es decidir
por lo que hace al presente caso, si la “reserva” planteada por Trinidad y
Tobago tiene el efecto de excluir la competencia de la Corte en la forma alegada
por el Estado.
86. Como se ha visto, la pretendida “reserva”
tiene dos partes. La primera se orienta a limitar el reconocimiento de la
competencia contenciosa de la Corte, en el sentido de que dicho reconocimiento
sólo valdrá como tal en la medida en que “sea compatible con las secciones
pertinentes” de la Constitución de Trinidad y Tobago. Estas expresiones admiten
muchas interpretaciones. Sin embargo, para la Corte es claro que no puede
dárseles un alcance de acuerdo con el cual constituyan un impedimento para
que este Tribunal juzgue si el Estado violó o no alguna disposición de la
Convención. La segunda parte de la
pretendida restricción condiciona el “reconocimiento” del Estado de la competencia
contenciosa de la Corte a que las sentencias de ésta “no contravenga[n], establezca[n]
o anule[n] derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares” (sic).
Nuevamente, además de que el significado preciso de esta condición no es claro,
es indudable que no puede ser utilizado con el propósito de suprimir la competencia
de la Corte para conocer y decidir una demanda en relación con una supuesta
violación de las obligaciones convencionales del Estado.
87. Al respecto,
el artículo 62 incisos 1 y 2 de la Convención Americana dispone:
1.
Todo Estado parte puede, en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención,
o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
2.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente,
o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.
Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien
transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte.
88. Esta Corte observa que el instrumento de
aceptación, por parte de Trinidad y Tobago, de la competencia contenciosa
del Tribunal, no encuadra en las hipótesis previstas en el artículo 62.2 de
la Convención Americana. Tiene un
alcance general, que termina por subordinar la aplicación de la Convención
al derecho interno de Trinidad y Tobago en forma total y según lo dispongan
sus tribunales nacionales. Todo esto
implica que este instrumento de aceptación es manifiestamente incompatible
con el objeto y fin de la Convención. Por lo tanto, no existe en el citado
artículo disposición alguna que faculte a Trinidad y Tobago para formular
la restricción que hizo.
89. Una interpretación de la Convención Americana
“de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”,
lleva a esta Corte a considerar que un Estado parte en la Convención sólo
puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones
del propio tratado[10].
90. El artículo 29.a de la Convención Americana
establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el
sentido de “permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”. De esta manera, no
tendría sentido suponer que un Estado que decidió libremente su aceptación
a la competencia contenciosa de la Corte, haya pretendido en ese mismo momento
evitar que ésta ejerza sus funciones según lo previsto en la Convención.
Por el contrario, la sola aceptación del Estado conlleva la presunción
inequívoca de que se somete a la competencia contenciosa de la Corte.
91. El efecto del tercer alegato del Estado
sería limitar su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
en forma total, con consecuencias negativas para el ejercicio de los derechos
protegidos por la Convención.
92. La declaración efectuada por el Estado de
Trinidad y Tobago, facultaría a éste para decidir en cada caso concreto el
alcance de su propia aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
en detrimento del ejercicio de la función contenciosa del Tribunal. Además, concedería al Estado la potestad discrecional
para decidir qué asuntos puede conocer la Corte, lo que privaría el ejercicio
de la competencia contenciosa del Tribunal de toda eficacia.
93. Asimismo, aceptar la declaración a
la que se hace referencia, en los términos propuestos por el Estado, conduciría
a una situación en que la Corte tendría como primer parámetro de referencia
la Constitución del Estado y sólo subsidiariamente la Convención Americana,
situación que acarrearía una fragmentación del orden jurídico internacional
de protección de los derechos humanos y haría ilusorios el objeto y el fin
de la Convención.
94. La Convención Americana, así como los demás
tratados de derechos humanos, se inspira en valores comunes superiores (centrados
en la protección del ser humano), está dotada de mecanismos específicos de
supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva,
consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza
especial, que la diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan
intereses recíprocos entre los Estados partes y son aplicados por éstos, con
todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos
jurídicos internacional e interno[11].
95. Al respecto, esta Corte ha señalado, en
su Opinión Consultiva sobre El Efecto
de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (OC-2/82), que
[…] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular,
la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional,
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales
de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos,
los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien
común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción[12].
96. Dicho criterio coincide con la jurisprudencia
de otros órganos jurisdiccionales internacionales[13].
97. Asimismo, como esta Corte ha advertido en los Casos del Tribunal Constitucional
e Ivcher Bronstein
[h]ay que descartar cualquier analogía entre, por un lado, la práctica
estatal permisiva desarrollada bajo el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, y, por otro lado, la aceptación de la cláusula
facultativa de la competencia obligatoria de esta Corte, teniendo presentes
el carácter especial, así como el objeto y propósito de la Convención Americana.
En este sentido se ha pronunciado igualmente la Corte Europea de Derechos
Humanos, en su sentencia sobre excepciones preliminares en el caso Loizidou
vs. Turquía (1995), en relación con la cláusula facultativa de su jurisdicción
obligatoria (artículo 46 de la Convención Europea, anteriormente a la entrada
en vigor, el 01.11.1998, del Protocolo XI a la Convención Europea), fundamentando
su posición en el carácter de “tratado normativo” (law-making treaty) de la Convención Europea[14].
98. En vista de lo anterior, la Corte considera
que Trinidad y Tobago no puede prevalerse de las limitaciones formuladas en
su instrumento de aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo
establecido en el artículo 62 de la Convención Americana, por cuanto dicha
limitación es incompatible con el objeto y fin de la Convención.
Por lo tanto, la Corte considera que debe desestimar el segundo y tercer
argumentos de la excepción preliminar interpuesta por el Estado en lo que
se refiere a la competencia de la Corte.
VIII
PUNTOS RESOLUTIVOS
99. Por tanto,
LA CORTE
DECIDE
por unanimidad,
1. Desestimar en su totalidad la excepción
preliminar interpuesta por el Estado.
2. Continuar con el conocimiento y la
tramitación del presente caso.
3. Comisionar a su Presidente para que,
en su oportunidad, convoque al Estado y a la Comisión Interamericana a una
audiencia pública sobre el fondo del caso, por realizarse en la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4. Notificar esta Sentencia al Estado
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los Jueces
Cançado Trindade, Salgado Pesantes y García Ramírez hicieron conocer a la
Corte sus Votos Razonados, los cuales se acompañan a esta Sentencia.
Redactada en español y
en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día
1 de septiembre de 2001.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Alirio Abreu
Burelli Sergio García Ramírez
Carlos Vicente
de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario