Caso Constantine y Otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia del 1 de septiembre de 2001, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 82 (2001).
En el caso Constantine
y otros,
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el
Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;
Hernán Salgado Pesantes, Juez;
Oliver Jackman, Juez;
Alirio Abreu Burelli, Juez;
Sergio García Ramírez, Juez, y
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario adjunto;
de acuerdo con el artículo
36 de su Reglamento[1]
(en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre la excepción
preliminar interpuesta por el Estado de Trinidad y Tobago (en adelante “el
Estado” o “Trinidad y Tobago”).
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1. El presente caso fue sometido a la Corte
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana” o “la Comisión”) el 22 de febrero de 2000. La demanda de la Comisión tiene su origen en
las denuncias números 11.787 (George Constantine), 11.814 (Wenceslaus James),
11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 11.853 (Keiron Thomas),
11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas),
12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel Winchester), 12.052 (Martin Reid),
12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad),
12.076 (Wayne Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon),
12.111 (Vijay Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram
y Joey Ramiah), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard) y 12.141
(Steve Mungroo), recibidas en la Secretaría de ésta entre julio de 1997 y
febrero de 1999.
II
HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA
2. La Comisión Interamericana expuso en su
demanda los hechos en que se fundamenta.
En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos y las pretensiones
de la demanda que son relevantes para la consideración de la excepción preliminar:
El Estado de Trinidad y
Tobago es responsable de la violación de los siguientes artículos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o
“la Convención”) (infra 18):
4.1, 5.1, 5.2, y 8.1, por
sentenciar a George Constantine, Wenceslaus James, Denny Baptiste, Clarence
Charles, Keiron Thomas, Anthony Garcia, Wilson Prince, Darrin Roger Thomas,
Mervyn Edmund, Samuel Winchester, Martin Reid, Rodney Davis, Gangadeen Tahaloo,
Noel Seepersad, Wayne Matthews, Alfred Frederick, Natasha De Leon, Vijay Mungroo,
Phillip Chotalal, Joey Ramiah y Naresh Boodram, Nigel Mark, Wilberforce Bernard
y Steve Mungroo (en adelante “las supuestas víctimas”) a una “pena de muerte
obligatoria”;
4.1, 5.1 y 5.2, por aplicación
de la pena de muerte a una de las supuestas víctimas mientras su caso se encontraba
pendiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
4.6, por no proporcionarles
a las veinticuatro supuestas víctimas un derecho efectivo a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena;
7.5 y 8.1, en razón de
la demora en el proceso penal de diecisiete de las supuestas víctimas;
25 y 2, por no adoptar
las medidas legislativas y de otro carácter necesarias para hacer efectivo
el derecho a ser juzgados ante un tribunal competente dentro de un plazo razonable,
en perjuicio de esas mismas diecisiete supuestas víctimas, de acuerdo con
los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención;
5.1 y 5.2, en razón de
las condiciones de detención de dieciséis de las supuestas víctimas;
8.2.c, por no haber dado
a conocer a una de las supuestas víctimas, antes del juicio, una declaración
testimonial de alto valor probatorio y con ello, no habérsele concedido los
medios adecuados para la preparación de su defensa;
8.2.d y 8.2.e, por haber
denegado a una de las supuestas víctimas la posibilidad de defenderse personalmente
o contar con asistencia letrada de su elección en el curso de su apelación
ante la Corte de Apelaciones de Trinidad y Tobago;
8.1 y 25, por no poner
a disposición de nueve de las supuestas víctimas una asistencia letrada efectiva
para iniciar acciones constitucionales ante los tribunales internos en relación
con su procesamiento penal;
todos en relación con el
artículo 1.1 de la Convención.
La Comisión Interamericana
fundamenta sus alegatos, inter alia,
en los siguientes hechos:
1.
El 17 de febrero de 1995 el señor George Constantine
(Caso 11.787) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Elsa Constantine;
2.
El 21 junio de 1996 el señor Wenceslaus James (Caso
11.814) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Siewdath Ramkissoon;
3.
El 29 de mayo de 1995 el señor Denny Baptiste (Caso
11.840) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Alexander Jordan;
4.
El 16 de marzo de 1989 el señor Clarence Charles (Caso
11.851) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Roger Charles;
5.
El 27 de julio de 1994 el señor Keiron Thomas (Caso
11.853) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Wayne Gerry Williams;
6.
El 30 de octubre de 1996 el señor Anthony Garcia (Caso
11.855) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Cyril Roberts;
7.
El 26 de noviembre de 1996 el señor Wilson Prince (Caso
12.005) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Ida Sebastien Richardson;
8.
El 9 de noviembre de 1995 el señor Darrin Roger Thomas
(Caso 12.021) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Chandranath Maharaj;
9.
El 10 de diciembre de 1990 el señor Mervyn Edmund (Caso
12.042) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Minerva Sampson;
10.
El 4 de marzo de 1997 el señor Samuel Winchester (Caso
12.043) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Esma Darlington;
11.
El 15 de noviembre de 1995 el señor Martin Reid (Caso
12.052) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Fabrina Alleyne;
12.
El 31 de enero de 1997 el señor Rodney Davis (Caso
12.072) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Nicole Bristol;
13.
El 26 de mayo de 1995 el señor Gangadeen Tahaloo (Caso
12.073) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Janetta Peters;
14.
El 7 de febrero de 1997 el señor Noel Seepersad (Caso
12.075) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por los homicidios de Candace Scott y Karen Sa Gomes;
15.
El 16 de noviembre de 1988 el señor Wayne Matthews
(Caso 12.076) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Norris Yorke;
16.
El 29 de septiembre de 1997 el señor Alfred Frederick
(Caso 12.082) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Rahiman Gopaul;
17.
El 9 de noviembre de 1995 la señora Natasha De Leon
(Caso 12.093) fue condenada y sentenciada a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Chandranath Maharaj;
18.
El 13 de diciembre de 1996 el señor Vijay Mungroo (Caso
12.111) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Edmund Mitchell;
19.
El 13 de diciembre de 1996 el señor Phillip Chotalal
(Caso 12.112) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Edmund Mitchell;
20.
El 27 de noviembre de 1996 los señores Joey Ramiah
y Naresh Boodram (Caso 12.129) fueron condenados y sentenciados a una “pena
de muerte obligatoria” en la horca, por los homicidios de Anthony Curtis Greenridge
y Steven Sandy; adicionalmente, el señor Joey Ramiah fue sentenciado a muerte
bajo la Ley de Delitos Contra la Persona
en relación con Dole Chaddee y el 4 de junio de 1999, el Estado ejecutó al
señor Ramiah por esta segunda causa;
21.
El 11 de noviembre de 1997 el señor Nigel Mark (Caso
12.137) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Bhagirath Singh;
22.
El 22 de enero de 1996 el señor Wilberforce Bernard
(Caso 12.140) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria”
en la horca, por el homicidio de Ramnarine Saroop;
23.
El 13 de diciembre de 1996 el señor Steve Mungroo (Caso
12.141) fue condenado y sentenciado a una “pena de muerte obligatoria” en
la horca, por el homicidio de Edmund Mitchell;
24.
En los 23 casos anteriores, las supuestas víctimas
fueron juzgadas por Trinidad y Tobago por el delito de homicidio, condenadas
y sentenciadas a muerte en la horca en virtud de la Ley de Delitos Contra la Persona. Una vez que el delincuente es encontrado
culpable de homicidio, la sección 4 de la mencionada ley “impone obligatoriamente
la pena de muerte”, estableciendo que “toda persona condenada por homicidio
sufrirá la muerte”;
25.
La Ley de Delitos
Contra la Persona provee una definición de “homicidio”, permite que un
jurado considere ciertas circunstancias del asesinato determinantes para establecer
si el acusado debe ser encontrado culpable del delito de homicidio, o de un
delito menor, impone la pena de muerte en caso de que el acusado sea encontrado
culpable de asesinato, pero no permite al juez o al jurado considerar las
circunstancias personales del acusado o del delito;
26.
Los procedimientos de revisión judicial internos respecto
de las condenas penales pueden adoptar dos formas: una apelación penal contra la condena o una
acción de inconstitucionalidad al amparo de la sección 14 de la Constitución.
El artículo 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago protege contra
la impugnación, en virtud de las secciones 4 y 5 de la misma, de toda reivindicación
contra una ley o una acción adoptada al amparo de ley vigente en 1976, fecha
de entrada en vigencia de la Constitución, que viole derechos fundamentales
consagrados en las secciones 4 y 5 de la Constitución.
Ello incluye todo argumento de que el acto ejecutivo de la materialización
de una sentencia de muerte pronunciada por un tribunal al amparo de una ley
vigente en 1976 abroga, restringe o infringe de alguna manera los derechos
o libertades constitucionales de un condenado;
27.
Además, la sección 4 de la Constitución de Trinidad
y Tobago sólo garantiza el derecho a un juicio justo y no a un juicio rápido,
dentro de un plazo razonable. Consecuentemente,
una prolongada demora previa al juicio en una causa penal no puede de por
sí plantear un problema en virtud de la Constitución de Trinidad y Tobago,
sino que es simplemente un factor a tener en cuenta por el Juez de la Primera
Instancia cuando evalúa la cuestión general de la justicia;
28.
La Constitución de Trinidad y Tobago establece un Comité
Consultivo de Indulto, que tiene a su cargo estudiar y hacer recomendaciones
al Ministro de Seguridad Nacional sobre si un delincuente sentenciado a muerte
debe beneficiarse de la discreción presidencial del indulto en virtud de la
Constitución mencionada. La ley no establece criterio alguno para ejercer las funciones del
Comité o la discreción presidencial, y el delincuente no tiene derecho legal
alguno a formular exposiciones ante el Comité para presentar, recibir o impugnar
las pruebas que el Comité considere pertinente tomar en cuenta. La facultad de indulto es un acto de clemencia
que no es materia de derecho alguno y por tanto, de revisión judicial.
III
PROCEDIMIENTO
ANTE LA COMISIÓN
3. Entre
julio de 1997 y abril de 1999 la Comisión recibió 23 peticiones de varias
firmas británicas de abogados (en adelante “los peticionarios”), en nombre
de 24 supuestas víctimas cuyos derechos habrían sido violados por el Estado. La Comisión inició el conocimiento de los hechos
materia de la presente demanda en diversas fechas comprendidas entre agosto
de 1997 y abril de 1999, tras lo cual abrió los casos 11.787, 11.814, 11.840,
11.851, 11.853, 11.855, 12.005, 12.021, 12.042, 12.043, 12.052, 12.072, 12.073,
12.075, 12.076, 12.082, 12.093, 12.111, 12.112, 12.129, 12.137, 12.140 y 12.141
y remitió al Estado las partes pertinentes de las denuncias y solicitó una
respuesta.
4. La Comisión recibió las respuestas del
Estado en los casos 11.787 (George Constantine), 11.814 (Wenceslaus James),
11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 11.853 (Keiron Thomas),
11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.052
(Martin Reid), 12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel
Seepersad), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay
Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Joey Ramiah y Naresh Boodram),
12.137 (Nigel Mark) y 12.140 (Wilberforce Bernard), en diversas fechas entre
diciembre de 1997 y octubre de 1999, y en los otros cuatro (12.021, 12.043,
12.076 y 12.141) el Estado no brindó a la Comisión observación alguna en relación
con las peticiones. En los 19 casos
en los que el Estado envío una repuesta, la Comisión decidió remitir las partes
pertinentes a los peticionarios, de acuerdo con el artículo 34.7 de su Reglamento
y les solicitó sus observaciones.
5. En 18 casos, los peticionarios enviaron
observaciones a la respuesta del Estado. La Comisión le remitió dichas comunicaciones
al Estado y le solicitó una respuesta. En dos casos, 11.814 (Wenceslaus James) y 11.840 (Denny Baptiste),
el Estado presentó réplicas a las observaciones de los peticionarios.
6. En ocho casos, 11.814 (Wenceslaus James),
11.840 (Denny Baptiste), 11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony Garcia),
12.005 (Wilson Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund)
y 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah), la Comisión recibió documentación
complementaria de los peticionarios y remitió las partes pertinentes al Estado.
En dos casos, 11.840 (Denny Baptiste) y 11.853 (Keiron Thomas), el
Estado presentó respuestas a la documentación complementaria de los peticionarios. En ambos, la Comisión remitió a los peticionarios
las partes pertinentes de la respuesta del Estado y los peticionarios presentaron
observaciones a ésta.
7. En su 103° Período de Sesiones, la Comisión
fijó audiencias orales en varios casos relacionados con reclusos condenados,
a las cuales no asistió el Estado. Asimismo,
durante el período de sesiones mencionado, los peticionarios en los casos
11.787 (George Constantine), 11.840 (Denny Baptiste), 12.005 (Wilson Prince),
12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel Winchester),
12.072 (Rodney Davis) y 12.075 (Noel Seepersad) presentaron a la Comisión
un escrito conjunto, fechado 17 de marzo de 1999.
Por comunicación de 15 de abril de 1999 la Comisión remitió al Estado
la documentación adicional de los peticionarios y le solicitó que formulara
observaciones.
8. Entre mayo de 1998 y marzo de 1999 la
Comisión aprobó los informes Nos. 36/98, 62/98, 45/98, 35/99, 36/99 y 37/99
en los casos 11.814, 11.840, 11.855, 12.005, 12.042 y 12.052. En dichos informes, la Comisión declaró la
admisibilidad de estas peticiones.
9. El
19 de noviembre de 1999 la Comisión aprobó el Informe No. 128/99, de conformidad
con el artículo 50 de la Convención y lo transmitió al Estado el 22 de noviembre
del mismo año. En dicho informe, la
Comisión estableció que los 17 casos restantes eran admisibles[2]
y en la parte dispositiva del informe la Comisión recomendó al Estado en relación
con los 23 casos que conforman esta demanda que[3]:
1.
Otorgue a las víctimas en los casos objeto
de [dicho] Informe una reparación efectiva que incluya la conmutación de la
pena y una indemnización;
2.
Otorgue a los familiares de Joey Ramiah (Caso
No. 12.129) una indemnización adecuada por las violaciones referidas, en [dicho
Informe], en relación con el [señor] Ramiah;
3.
Adopte las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para garantizar que la pena de muerte se imponga
en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Convención,
incluyendo, en particular, los artículos 4, 5 y 8;
4.
Adopte las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para garantizar que el derecho consagrado en el
artículo 4(6) de la Convención a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación
de la pena tenga efecto en Trinidad y Tobago;
5.
Adopte las medidas legislativas y de otra
índole necesarias para garantizar que el derecho a un juicio dentro de un
plazo razonable consagrado en los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención,
incluyendo recursos efectivos ante una corte o tribunal competente para obtener
protección contra actos que violen esos derechos tenga efecto en Trinidad
y Tobago;
6.
Adopte las medidas legislativas y de otra
índole necesarias para garantizar el derecho a ser oído, consagrado en el
artículo 8(1) de la Convención y el derecho a la protección judicial consagrado
en el artículo 25 de la misma tenga efecto en Trinidad y Tobago, en relación
con el recurso a acciones constitucionales.
10. Por comunicación de fecha 22 de enero de
2000 el Estado respondió a la solicitud de la Comisión de proporcionar información
sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones.
11. El
22 de febrero de 2000 la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo
51 de la Convención Americana, decidió presentar el caso ante la Corte.
IV
MEDIDAS PROVISIONALES
12. El 22 de mayo de 1998, con anterioridad
a la presentación de la demanda, la Comisión solicitó a la Corte la adopción
de medidas provisionales para preservar la vida y la integridad física de
Wenceslaus James y Anthony Garcia, entre otros[4].
13. Por Resolución de 27 de mayo de 1998 el
Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó la adopción de
las medidas solicitadas en el asunto James
y otros y el 14 de junio del mismo año, la Corte ratificó dicha Resolución.
14. El 29 de agosto de 1999 la Corte amplió
las medidas provisionales del asunto James
y otros a fin de incluir a Darrin Roger Thomas, Haniff Hilaire y Denny
Baptiste[5].
15. El 3 de mayo de 1999 la Comisión solicitó
a la Corte la ampliación de las medias provisionales en el asunto James y otros a efectos de incluir dentro
de las medidas de protección a 20 personas adicionales, a saber: Wilberforce
Bernard, Naresh Boodram, Joey Ramiah, Clarence Charles, Phillip Chotalal,
George Constantine, Rodney Davis, Natasha De Leon, Mervyn Edmund, Alfred Frederick,
Nigel Mark, Wayne Matthews, Steve Mungroo, Vijay Mungroo, Wilson Prince, Martin
Reid, Noel Seepersad, Gangadeen Tahaloo, Keiron Thomas y Samuel Winchester.
16. El 11 de mayo de 1999 el Presidente de la
Corte ordenó al Estado, inter alia,
que tomara todas las medidas necesarias para preservar las vidas de las
supuestas víctimas (supra 15), a
fin de que la Corte pudiera examinar la pertinencia del pedido de ampliación
presentado por la Comisión. El 25 de mayo de 1999 el pleno de la Corte ratificó
la Resolución del Presidente de 11 de mayo de 1999.
17. Desde esa fecha, el Estado ha presentado
los informes relevantes acerca de la situación de las personas protegidas
y la Comisión ha enviado sus observaciones a dichos informes del Estado.
V
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
18. El 22 de febrero
de 2000 la Comisión Interamericana interpuso su demanda en los siguientes
términos:
[L]a Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita respetuosamente
a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare que el
Estado ha violado la Convención, disponga la reparaciones correspondientes
y determine las costas y gastos que deben pagarse a los representantes de
las víctimas.
A. Declaraciones
de Violaciones
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos solicita respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana
de Derechos Humanos que:
Dictamine que la República
de Trinidad y Tobago es responsable de:
1. En los casos 11.787 (George Constantine),
11.814 (Wenceslaus James), 11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles),
11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.021
(Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel Winchester),
12.052 (Martin Reid), 12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075
(Noel Seepersad), 12.076 (Wayne Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093
(Natasha De Leon), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129
(Naresh Boodram y Joey Ramiah), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard)
y 12.141 (Steve Mungroo) el Estado es responsable por la violación de los
derechos previstos en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), en conjunción
con el artículo l(1) de la Convención
Americana, por la imposición obligatoria de la pena de muerte.
2. En el caso 12.129 (Naresh Boodram
y Joey Ramiah), el Estado es responsable de violar los derechos de la víctima
Joey Ramiah previstos en los artículos 4(1), 5(1) y 5(2) de la Convención,
en conjunción con el artículo l(1) de la Convención, en virtud de la ejecución
del [señor] Ramiah por aplicación de la pena de muerte obligatoria mientras
su caso se encontraba pendiente ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
3. En
los casos 11.787 (George Constantine), 11.814 (Wenceslaus James), 11.840 (Denny
Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony
Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn
Edmund), 12.043 (Samuel Winchester), 12.052 (Martin Reid), 12.072 (Rodney
Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076 (Wayne
Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay
Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah),
12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard) y 12.141 (Steve Mungroo),
el Estado es responsable de violar los derechos previstos en el artículo 4(6)
de la Convención, en conjunción con el artículo l(1) de la Convención, por
no haber brindado a esas víctimas un derecho efectivo a solicitar la amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena.
4. En los casos 11.787 (George Constantine), 11.840
(Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 12.005 (Wilson Prince), 12.021
(Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.072 (Rodney Davis), 12.073
(Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076 (Wayne Matthews), 12.082
(Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.112
(Phillip Chotalal), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard) y 12.141
(Steve Mungroo), el Estado es responsable de la violación de los derechos
de las víctimas a ser juzgadas dentro de un plazo razonable y a través de
juicio justo previstos por los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, en
concurrencia con violaciones del artículo l(1) de la Convención, debido a
las demoras en sus respectivos procesos penales.
5. En los casos 11.787 (George
Constantine), 11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 12.005 (Wilson
Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.072 (Rodney
Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076 (Wayne
Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay
Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce
Bernard) y 12.141 (Steve Mungroo), el Estado es responsable por la violación
del artículo 25 de la Convención, en conjunción con la violación de las obligaciones
que impone al Estado el artículo 2 de la Convención, y todo ello en conjunción
con la violación del artículo l(1) de la Convención, por no haber adoptado
medidas legislativas y de otro carácter necesarias para la realización del
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable conforme a lo previsto
por los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención.
6. En los casos 11.853 (Keiron
Thomas), 11.855 (Anthony Garcia), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.043 (Samuel Winchester), 12.072
(Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076
(Wayne Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.112
(Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Rarniah), 12.137 (Nigel
Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard) y 12.141 (Steve Mungroo), el Estado es
responsable por la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención,
en conjunción con violaciones del artículo l(1) de la Convención, debido a
las condiciones de detención de esas víctimas antes y después de sus condenas.
7. En el caso 12.052 (Martin
Reid), el Estado es responsable por la violación de los derechos previstos
en el artículo 8(2)(c) de la Convención, en conjunción con el artículo l(1)
de la Convención, por no haber dado a conocer a la víctima, antes del juicio,
una declaración testimonial de alto valor probatorio.
8. En el caso 11.853 (Keiron
Thomas), el Estado es responsable de la violación de los derechos de la víctima
previstos por los artículos 8(2)(d) y 8(2)(e) de la Convención, en conjunción
con el artículo l(1) de la Convención, por haber denegado a la víctima la
posibilidad de defenderse personalmente o contar con la asistencia letrada
de su elección en el curso de su apelación ante la Corte de Apelaciones de
Trinidad y Tobago.
9. En los casos 11.787 (George
Constantine), 12.005 (Wilson Prince), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.052 (Martin
Reid), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.093 (Natasha
De Leon), 12.112 (Phillip Chotalal) y 12.140 (Wilberforce Bernard), el Estado
es responsable por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención,
en conjunción con el artículo 1(1) de la Convención, por no haber puesto a
disposición de esas víctimas asistencia letrada necesaria para plantear recursos
constitucionales ante los tribunales internos en relación con sus respectivos
procesos penales.
B. Reparaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita
respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que:
Disponga que la República de Trinidad y Tobago conceda a las víctimas
de 21 casos que son objeto de la presente demanda, Caso[s] Nos. 11.787 (George
Constantine), 11.814 (Wenceslaus James), 11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence
Charles), 11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson
Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel
Winchester), 12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel
Seepersad), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay
Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah),
12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard), y 12.141 (Steve Mungroo)
un recurso efectivo, que incluya la conmutación de la pena y una indemnización.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago conceda a la víctima del
Caso 12.076 (Wayne Matthews), cuya sentencia de muerte el Estado ha acordado
conmutar, un recurso efectivo que incluya una indemnización.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago conceda a la víctima del
Caso 12.052 (Martin Reid) un recurso efectivo que incluya un nuevo juicio
conforme con la protección del debido proceso previsto en el artículo 8 de
la Convención o, si un nuevo juicio con esta protección no es posible, su
liberación.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago otorgue una adecuada indemnización
a los familiares de Joey Ramiah (caso 12.129) por las violaciones de derechos
aludidas en la Parte VII.B, que antecede, en lo referente al [señor] Ramiah.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago adopte las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias a fin de que la imposición de la
pena de muerte se realice en observancia de los derechos y libertades garantizados
en el marco de la Convención, incluidos, en especial, los artículos 4, 5 y
8.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago adopte las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para que se haga efectivo en Trinidad
y Tobago el derecho previsto en el artículo 4(6) de la Convención de solicitar
la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago adopte medidas legislativas
o de otro carácter con el fin de que se haga efectivo en Trinidad y Tobago
el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable conforme a lo previsto
por los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, inclusive a través de un recurso
efectivo ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra
actos que violen ese derecho.
Disponga que la República de Trinidad y Tobago adopte medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para que se haga efectivo en Trinidad
y Tobago el derecho a ser oído con las debidas garantías, previsto en el artículo
8(1) de la Convención, y el derecho a obtener protección judicial, previsto
en el artículo 25 de la Convención, en relación con la posibilidad de tramitar
recursos constitucionales.
C. Compensación
La Comisión ha solicitado a la Honorable Corte que
imponga al Estado de Trinidad y Tobago la obligación de reparar las consecuencias
de las violaciones de derechos objeto de la presente demanda.
El artículo 63(1) de la Convención Americana dispone:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada.
Es[a] Honorable Corte ha declarado que el artículo
63(1) de la Convención codifica una norma del derecho consuetudinario y constituye
uno de los principios fundamentales de éste. (Caso Aloboetoe,
Sentencia del 10 de setiembre de 1993, párr. 43). La obligación de otorgar una reparación por una violación puede
dar lugar a una serie de medidas para reparar las consecuencias. El Estado debe, en la medida de lo posible,
restablecer el statu quo ante, que
en el caso presente puede lograrse mediante la conmutación de la sentencia
de muerte del peticionario y ajustar la legislación interna de Trinidad y
Tobago en consecuencia. Si ya no es
posible restablecer el statu quo ante,
las consecuencias deben ser reparadas mediante otros medios. Por lo tanto, la Comisión procura obtener una
decisión de la Corte sobre una compensación a la víctima a raíz de la violación
por el Estado de los derechos que le otorga la Convención.
D. Costas y gastos
La Comisión solicita a la Corte que se pronuncie con
respecto a las costas y gastos incurridos por los representantes de las víctimas
durante el trámite de este caso ante los tribunales nacionales y los órganos
del sistema interamericano.
19. La Comisión designó como delegados a los
señores Robert K. Goldman y Nicholas Blake y como asesores jurídicos a los
señores David J. Padilla y Brian D. Tittemore. Asimismo, la Comisión acreditó
en calidad de asistentes a los señores Julian Knowles, Keir Starmer, Saul
Lehrfreund, Belinda Moffat, Yasmin Waljee y James Oury.
20. El 14 de abril de 2000 la Secretaría de
la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda
realizado por el Presidente de la Corte, la notificó, junto con sus anexos,
al Estado. El mismo día la Secretaría,
siguiendo instrucciones del Presidente, comunicó al Estado el derecho a designar
juez ad hoc, en virtud de los artículos
18 del Reglamento y 10.3 del Estatuto de la Corte (en adelante “el Estatuto”).
21. El 14 de junio de 2000 Trinidad y Tobago
interpuso una excepción preliminar a la competencia contenciosa de la Corte
en este caso. Al día siguiente, la Secretaría transmitió copia de dicha comunicación
a la Comisión Interamericana.
22. El 15 de julio de 2000 la Comisión respondió
al escrito sobre la interposición de la excepción preliminar por parte del
Estado, comunicación que fue transmitida a Trinidad y Tobago el día 17 de
julio del mismo año.
23. El 1 de septiembre de 2000 la Comisión Interamericana
renunció a que se convocara a una audiencia sobre la excepción preliminar
presentada por el Estado. El 5 de
septiembre de 2000, la Secretaría transmitió dicha comunicación al Estado
y el 12 de septiembre de 2000 le solicitó que presentara sus observaciones,
otorgándole plazo hasta el 29 de septiembre del mismo año.
24. El Estado no presentó sus observaciones
a la petición de la Comisión, a pesar de que la Secretaría le solicitó nuevamente
el envió de dichas observaciones el 2 de octubre de 2000.
25. El 9 de octubre de 2000 el Presidente de
la Corte emitió una Resolución en los siguientes términos:
1. Aceptar la solicitud de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de renunciar a la convocatoria de una audiencia
especial sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Trinidad
y Tobago en el presente Caso.
2. Continuar con la consideración
del Caso Constantine y otros en su etapa procesal vigente.
26. El 7 de mayo de 2001 la Secretaría recibió
de la Comisión copias de dos decisiones relativas a casos sobre la imposición
de la “pena de muerte obligatoria”, emitidas por el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas y la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental.
Estas decisiones fueron transmitidas al Estado el 15 de mayo de 2001.
VI
COMPETENCIA
27. Trinidad y Tobago depositó su instrumento
de ratificación a la Convención Americana el 28 de mayo de 1991.
Ese mismo día, el Estado reconoció la competencia contenciosa de la
Corte.
28. El 26 de mayo de 1998 Trinidad y Tobago
denunció la Convención y de acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia
tuvo efecto un año más tarde, el 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente
caso ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la denuncia hecha
por el Estado. Por lo tanto, esta Corte es competente, en los términos de
los artículos 78.2 y 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso
y dictar sentencia sobre la excepción preliminar presentada por el Estado.
VII
EXCEPCIÓN PRELIMINAR:
EXTEMPORANEIDAD DE LA “ACEPTACIÓN
DE LA COMPETENCIA”
DE LA CORTE E INCOMPETENCIA DE
LA CORTE
29.
En su excepción preliminar, Trinidad y Tobago
sostuvo que la Corte Interamericana no es competente para conocer del caso
en virtud de tres argumentos principales:
I. No hay
evidencia de que la Corte haya aceptado su competencia respecto del asunto
dentro del plazo de tres meses estipulado en el artículo 51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
II. La segunda reserva del Estado
excluye [la] competencia de la Corte en este caso.
III. Alternativamente, el Estado
nunca ha reconocido la competencia de la Corte.
30. La Corte pasa a considerar los argumentos
presentados por el Estado en el caso sub
judice.
A. EXTEMPORANEIDAD DE LA “ACEPTACIÓN DE LA
COMPETENCIA DE LA CORTE”
Alegatos del Estado
31. El Estado alegó que el artículo 51.1 de
la Convención establece que para que la Corte sea competente, el informe de
la Comisión no sólo ha de ser sometido ante ésta dentro del plazo de tres
meses después de la fecha de la transmisión del mencionado informe al Estado
involucrado, sino que también la Corte haya aceptado su competencia sobre
el asunto dentro de dicho plazo de tres meses.
32. Al respecto, el Estado argumentó que el
artículo 51.1 de la Convención Americana establece que
[s]i en el plazo de tres meses, a partir de la remisión
a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido
solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el
Estado interesado, aceptando su competencia,
la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su
opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. (énfasis
añadido)
33. Trinidad y Tobago afirmó que el Informe
Confidencial No. 128/99, conforme al artículo 50 de la Convención, fue remitido
al Estado el 22 de noviembre de 1999, en consecuencia, el período de tres
meses estipulado en el artículo 51.1 expiró el 22 de febrero de 2000, por
lo tanto, la Corte debió haber aceptado su competencia en relación con el
caso con anterioridad a esa fecha. Sin embargo, el Estado recibió notificación
de que la Corte había “aceptado competencia” hasta el 14 de abril de 2000.
Alegatos de la Comisión
34. La Comisión señaló que la frase “aceptando
su competencia” del artículo 51.1 de la Convención no puede ser interpretada
en el sentido de que exija que la Corte realice un acto expreso de aceptación
de su competencia en relación con cada demanda, y menos aún, que dicho acto
deba efectuarse dentro del plazo de tres meses mencionado en ese mismo artículo.
35. Asimismo, la Comisión sostuvo que la
interpretación del artículo 51.1 de la Convención presentada por el Estado
no estaría de acuerdo con el significado ordinario de los términos de la disposición
en su contexto, ni con el objeto y fin de la Convención. Sería incompatible con otras disposiciones
de la Convención, el Estatuto de la Corte, los procedimientos y la jurisprudencia
de la Corte.
36. Agregó que la interpretación del Estado
del artículo 51.1 de la Convención necesariamente obligaría a la Corte a hacer
determinaciones sobre su competencia para considerar un caso, dentro del mismo
plazo de tres meses que tiene la Comisión o un Estado para presentar el asunto
a la Corte. Una interpretación así no es viable porque inevitablemente no
daría el tiempo adecuado para presentar excepciones a la competencia, para
una audiencia sobre asuntos preliminares y para que la Corte haga una determinación
con respecto a su competencia en un caso.
La consecuencia sería que la Corte perdería su jurisdicción en la mayoría,
si no todos los casos, presentados ante ella. Una interpretación así del artículo
51.1 sería irracional en el contexto de la Convención como un todo y es claramente
incompatible con el objeto y fin de la Convención.
37. Por otro lado, la interpretación del artículo
51.1 en referencia a la aceptación por parte del Estado de la competencia
obligatoria de la Corte, según el artículo 62 de la Convención, es compatible
con el objeto y fin de la Convención, y es reforzado por ésta, el Estatuto
de la Corte, los procedimientos y la jurisprudencia constante de la Corte.
El artículo 61 de la Convención, por ejemplo, expresamente contiene
instrucciones para cumplir con lo establecido en los artículos 48 a 50, pero
no con lo dispuesto en el artículo 51, como condiciones que deben ser cumplidas
antes de que la Corte pueda considerar un caso. Del mismo modo, el artículo
2 del Estatuto define la adjudicación de la competencia en términos de los
artículos 61, 62 y 63, pero no del artículo 51 de la Convención.
38. Además, señaló que el artículo 36 del
Reglamento de la Corte provee un plazo de dos meses desde la fecha de notificación
de una demanda para que las partes puedan presentar excepciones preliminares
y otros treinta días para la presentación de escritos adicionales sobre excepciones
preliminares. El cronometraje de este procedimiento es claramente incompatible
con una interpretación del artículo 51.1 que señale que las excepciones preliminares
deben ser interpuestas dentro de los tres meses desde la fecha de transmisión
del informe del artículo 50 por parte de la Comisión. Asimismo, la Corte ha
determinado en su jurisprudencia que el artículo 51 de la Convención requiere
que un asunto sea presentado ante la Corte dentro del período de tres meses
conforme al artículo 51, pero nunca ha interpretado dicho artículo de forma
que requiera que la Corte determine su competencia sobre un caso dentro del
mismo período de tres meses.
39. Dada la urgencia de los asuntos presentados
en esta demanda ante la Corte, principalmente en cuanto a la legitimidad de
las ejecuciones pendientes, la Comisión
solicitó que no se le permitiera al Estado rechazar la competencia de la Corte
sobre el caso, basándose en una interpretación errónea del lapso procesal
establecido en el artículo 51 de la Convención.
Consideraciones
de la Corte
40. La Corte estima conveniente aclarar, en
vista de los alegatos del Estado, que lo que se practicó el 14 de abril de
2000 fue la notificación de la demanda (supra
20). Consecuentemente, no debe entenderse
que el plazo de tres meses establecido en el artículo 51.1 de la Convención
rige para actuaciones de la Corte en el ejercicio de su propia competencia,
pues ésta emana de la propia Convención Americana. Lo que el artículo 51.1 determina es un plazo para la presentación
de la demanda ante la Corte y no tiene relación directa con actos de la Corte
relativos a la determinación de su competencia. Cuando en el texto del artículo 51.1 se dice
“aceptando su competencia”, éste se refiere a la aceptación de la competencia
de la Corte por parte de un Estado
y no a las actuaciones por parte de la Corte en ejercicio de su competencia.
41. Por lo tanto, la Corte considera que debe
desestimar el primer argumento de la excepción preliminar interpuesta por
el Estado en lo que se refiere a la temporalidad de la “aceptación de competencia”
por parte de la Corte.
B. INCOMPETENCIA DE LA CORTE
Alegatos
del Estado
42. Según lo señalado por Trinidad y Tobago,
el instrumento de adhesión de la Convención de fecha de 3 de abril de 1991,
depositado por el Estado el 28 de mayo de 1991, reconoce la competencia contenciosa
de la Corte pero sujetando ese reconocimiento a una “reserva”. La “reserva” del Estado enuncia que
[c]on respecto al [a]rtículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República
de Trinidad y Tobago, reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en
que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la
Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que una sentencia
de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes
de ciudadanos particulares.
43. El Estado señaló que el artículo 75 de la
Convención establece que la misma sólo puede ser objeto de reservas conforme
a las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969
(en adelante “la Convención de Viena”). Al
respecto, el artículo 19 de la misma señala que
[u]n Estado podrá formular
una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado
o adherirse al mismo, a menos:
1.
que la reserva esté prohibida por el tratado;
2.
que el tratado disponga que únicamente pueden
hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o
3.
que, en los casos no previstos en los apartados
a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado.
44. Asimismo, el Estado mencionó que según
lo señalado por la Corte en la Opinión Consultiva sobre El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada
en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OC-2/82),
la reseña al artículo 75 de la Convención Americana tenía la intención de
ser una referencia al párrafo c) del artículo 19 de la Convención de Viena
y que “sólo tiene sentido si se entiende como autorización expresa destinada
a permitir a los Estados cualesquiera reservas que consideren apropiadas,
siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el objeto y fin del tratado. Como tales, se puede decir que ellas se rigen
por el artículo 20.1 de la Convención de Viena y, consecuentemente, no están
sujetas a la aceptación de ningún otro Estado Parte” [6].
45. El Estado indicó que la “reserva” fue hecha
en relación con la aceptación de la competencia de la Corte y se limita al
artículo 62 de la Convención Americana. Según Trinidad y Tobago, el artículo
62 de la Convención es una cláusula facultativa que los Estados pueden libremente
“aceptar o rechazar”. Aquellos Estados
que la aceptan y así lo declaran están expresamente
autorizados a hacerlo
sujetos a condiciones.
La misma
Convención autoriza a que
se establezcan restricciones al momento de aceptar la competencia de la Corte
conforme al artículo 62, lo que no afecta el disfrute o ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos en la Convención. Por tanto, dado que la “reserva” no niega el ejercicio de alguno
de los derechos consagrados en la Convención, la misma puede considerarse
compatible con el objeto y fin de ésta.
46. Trinidad y Tobago manifestó que de
conformidad con principios de Derecho Internacional universalmente reconocidos,
el ejercicio de la competencia de una Corte internacional con respecto a un
Estado, no es un derecho, sino un privilegio que sólo se puede ejercer con
el expreso consentimiento del Estado y el artículo 62 de la Convención refleja
esta posición.
47. Agregó el Estado que la Constitución de
Trinidad y Tobago es y fue, al momento de ratificar la Convención, compatible
con la misma. La “reserva” del Estado
no puede ser interpretada como contraria al objeto y fin de la Convención;
ésta se relaciona únicamente con el procedimiento facultativo contenido en
el artículo 62 de la Convención, lo que en ningún modo afecta los derechos
sustantivos consagrados en la Convención.
La “reserva”, tal y como está planteada, de ninguna manera limita las
obligaciones asumidas por el Estado de conformidad con la Convención en relación
con los individuos sujetos a su jurisdicción.
48. Asimismo, Trinidad y Tobago sostuvo
que en el supuesto de que la Corte declare que la “reserva” del Estado es
incompatible con el objeto y fin de la Convención Americana, en relación con
el artículo 62 de la Convención, el efecto de tal determinación sería el anular
e invalidar ab initio la declaración
del Estado por medio de la cual aceptó la competencia contenciosa de la Corte.
49. El Estado agregó que en su Opinión Consultiva
sobre las Reservas a la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito
de Genocidio (1951), la Corte Internacional de Justicia señaló
que
[…] si un Estado parte en la Convención objeta una reserva por considerarla
incompatible con el objeto y fin de la Convención, puede de hecho considerar
que el Estado autor de la reserva no es parte en la Convención […]
50. El Estado señaló que bajo el ordenamiento
jurídico de Trinidad y Tobago, es el Poder Legislativo quien dicta las leyes.
El Ejecutivo no puede, al momento de ratificar un tratado, alterar
las leyes de la República o incurrir en incumplimiento constitucional.
Por esta razón, el Ejecutivo, a la hora de acceder a la Convención
y aceptar la competencia contenciosa de la Corte, conforme al artículo 62,
estableció la “reserva”. En ese mismo
sentido, el Estado denunció la Convención en mayo de 1998, en virtud de la
necesidad de acatar los enunciados de la Constitución de la República de Trinidad
y Tobago.
51. Si la “reserva” del Estado fuere, por algún
motivo, considerada inválida, no significaría que el Estado hubiese declarado,
ilimitadamente, su aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.
Por el contrario, queda claro que el Estado nunca tuvo la intención
de aceptar, en su totalidad, la competencia de la Corte. Si la “reserva” es inválida, la declaración
fue inválida y el Estado no presentó nunca su declaración.
Alegatos
de la Comisión
52. La Comisión sostuvo que la frase impugnada
en la declaración de aceptación del Estado a la competencia de la Corte, debe
considerarse inválida en virtud de que no es posible determinar con exactitud
su naturaleza o alcance. Es excesivamente
vaga y no debe interpretarse de manera que afecte la competencia de la Corte
para juzgar sobre casos contra el Estado. Indicó que si se le debe atribuir un sentido, deberá ser interpretada
de manera de regular el efecto legal de las sentencias de la Corte, y no la
competencia de la Corte para juzgar sobre casos contra el Estado.
53. La Comisión señaló que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas ha indicado que las reservas a tratados sobre derechos
humanos tienen que ser específicas y transparentes para que de esta manera
los tribunales, individuos bajo la jurisdicción del Estado que hace la reserva
y los otros Estados partes puedan saber cuáles obligaciones de derechos humanos
han o no sido asumidas. De esta forma,
la frase contenida en la “reserva” del Estado parece tener la intención de
modificar el grado de aceptación del Estado a la competencia contenciosa de
la Corte, pues de la lectura de la frase resulta difícil entender las restricciones
que el Estado ha pretendido establecer a las obligaciones asumidas en virtud
del artículo 62 de la Convención.
54. Además, la frase puede ser interpretada
en diversos sentidos. Por ejemplo,
puede entenderse que la Corte está impedida para conocer y dictar sentencia
en relación con alegatos de violación de un derecho consagrado por la Convención,
si el mismo no se encuentra protegido por la Constitución del Estado. Alternativamente,
se puede interpretar que aunque la Corte tiene competencia para conocer y
decidir un asunto, las sentencias de la Corte deben ser compatibles con ciertas
secciones no estipuladas de la Constitución de Trinidad y Tobago.
55. La Comisión señaló que el Estado se basa
únicamente en la primera parte de su declaración para concluir que la Corte
no tiene competencia. Destacó que
el Estado no hace referencia a la parte de la declaración que dice “y siempre
que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos
o deberes existentes de ciudadanos particulares”, y consideró que es evidente
que el Estado reconoce específicamente en esta segunda parte de la declaración
que la Corte tiene competencia para emitir sentencias en casos contra Trinidad
y Tobago. Puede ser entonces que,
tomando la primera y segunda partes de la declaración juntas, el Estado estuviera
preocupado de que el darle efecto a las sentencias de la Corte en Trinidad
y Tobago no tuviera un efecto adverso sobre los derechos existentes de los
ciudadanos, privarlos de derechos que ya disfrutaban o imponerles deberes
a los que no estaban sujetos.
56. El término podría interpretarse en el sentido
de que dado que en la Constitución no hay disposición alguna que expresamente
prohíba al Estado aceptar la competencia de la Corte, el reconocimiento de
dicha competencia es completo y eficaz. En este sentido, el Estado no sugiere
que haya disposiciones de la Constitución de Trinidad y Tobago que prohíban
al Estado aceptar la competencia de la Corte.
57. En virtud de las diversas interpretaciones
posibles de la frase, ésta resulta tan ambigua que su significado y alcance
van a depender de la decisión subjetiva del Estado respecto de cuáles disposiciones
de la Constitución son “relevantes” y en qué sentido la aceptación de la competencia
de la Corte debe ser “compatible” con dichas disposiciones.
La frase, por lo tanto, privaría la exclusiva autoridad de la Corte
para determinar su propia competencia, razón por la cual dicha frase es inválida.
58. La Comisión, además, señaló que la frase
contenida en la declaración de aceptación del Estado no está autorizada por
los artículos 62 ni 75 de la Convención y es incompatible con el objeto y
fin de ésta.
59. De conformidad con el artículo 62.2 de la
Convención, la “declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición
de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos”. La “reserva” del Estado no estipula requerimiento
de reciprocidad, limitaciones temporales, ni define los casos específicos
respecto de los cuales la Corte aplicará su competencia.
60. En un segundo lugar, y de conformidad con
el artículo 75 de la Convención y, específicamente el artículo 19 de la Convención
de Viena, la “reserva” del Estado no está permitida, en virtud de que la misma
es contraria al objeto y fin de la Convención. Asimismo, la “reserva” resulta contraria a
los principios generales del Derecho Internacional.
61. Finalmente, la frase, tal y como la
ha interpretado el Estado, limitaría las facultades de la Corte para interpretar
y aplicar ciertas disposiciones de la Convención en todos los casos ante la
Corte contra Trinidad y Tobago, al permitir al Tribunal interpretar y aplicar
los derechos consagrados en la Convención sólo en la medida en que dichos
derechos se encuentren protegidos en la Constitución del Estado.
62. La Comisión consideró que la posición del
Estado ignora el hecho de que es responsabilidad de la Corte, y no del Estado,
determinar si el derecho interno del Estado, incluyendo la Constitución, es
compatible con los derechos protegidos por la Convención. Indicó que la Corte
Interamericana ha enfatizado que el tema de la competencia para un caso en
particular es materia que decide la Corte solamente, no los Estados partes.
Esto se extiende claramente a la interpretación de las frases contenidas
en las declaraciones de aceptación, de conformidad con el artículo 62 de la
Convención, de varios Estados partes.
63. En las circunstancias mencionadas, interpretar
el artículo 62 de la Convención Americana autorizando los términos de aceptación
del Estado contravendría el artículo 29.a de la Convención, al permitir, efectivamente,
al Estado violar la Convención respecto de las supuestas víctimas en este
caso. El Estado ha interpretado su
declaración de manera de impedir a la Corte considerar los aspectos específicos
de la “pena de muerte obligatoria”.
64. Asimismo, la Comisión sostuvo que se
puede separar la frase impugnada del instrumento de aceptación, por parte
del Estado, de la competencia contenciosa de la Corte, conservando la validez
y efectividad de dicho instrumento.
65. La Convención protege los derechos humanos
de los individuos sujetos a la jurisdicción de los Estados partes, por lo
que la “reserva” del Estado debe ser interpretada de manera que fortalezca,
no que debilite este régimen y, por lo tanto, aumente y no disminuya la protección
de los derechos humanos en todo el hemisferio.
66. Separar la frase impugnada de la declaración
de aceptación del Estado, en lugar de anular la declaración in toto, sirve para asegurar los derechos
humanos fundamentales de las supuestas víctimas y de los individuos en situaciones
similares quienes de otra manera no tendrían recursos internos efectivos de
protección.
67. Trinidad y Tobago indicó que es un
principio de Derecho Internacional y un “precepto fundamental subyacente en
la Convención Americana”, que los Estados no pueden invocar su derecho interno
como justificación de no cumplir un tratado.
Sin embargo, esto es lo que el Estado pretende hacer a través de su
interpretación de la frase impugnada.
68. La Comisión Interamericana argumentó que
la Corte puede seguir el razonamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos
(en adelante “la Corte Europea”), en el caso Loizidou vs. Turquía, el cual declaró que las restricciones ratione loci pueden ser separadas de las
declaraciones de aceptación, dejando intacta la aceptación de cláusulas facultativas.
Consideraciones
de la Corte
69. La cuestión de la pretendida “reserva” con
que el Estado de Trinidad y Tobago acompañó su aceptación de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana, debe ser resuelta por este Tribunal.
La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el
poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia (compétence
de la compétence/Kompetenz-Kompetenz).
70. Incumbe a la Corte darle a la declaración
del Estado, como un todo, una interpretación de acuerdo con los cánones y
la práctica del Derecho Internacional en general, y del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos en particular, y que proporcione el mayor grado de protección a los seres humanos
bajo su tutela.
71. La Corte no puede abdicar de esta prerrogativa,
que además es un deber que le impone la Convención Americana, para ejercer
sus funciones según el artículo 62.3 de la misma. Dicha disposición establece que “[l]a Corte
tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación
y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido,
siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores,
ora por convención especial”.
72. Como este mismo Tribunal lo ha mencionado
en las sentencias sobre competencia en los Casos del Tribunal Constitucional
e Ivcher Bronstein:
La competencia de la Corte no puede estar condicionada por hechos distintos
a sus propias actuaciones. Los instrumentos
de aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (artículo
62.1 de la Convención) presuponen la admisión, por los Estados que la presentan,
del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción.
Una objeción o cualquier otro acto interpuesto por el Estado con el
propósito de afectar la competencia de la Corte es inocuo, pues en cualesquiera
circunstancias la Corte retiene la compétence
de la compétence, por ser maestra de su jurisdicción[7].
73. Al interpretar la Convención conforme a
su objeto y fin, la Corte debe actuar de tal manera que se preserve la integridad
del mecanismo previsto en el artículo 62.1 de la Convención. Sería inadmisible subordinar tal mecanismo
a restricciones que hagan inoperante el sistema tutelar de los derechos humanos,
previsto en la Convención y, por lo tanto, la función jurisdiccional de la
Corte.
74. Como esta Corte ha señalado en los Casos
del Tribunal
Constitucional e Ivcher Bronstein
[l]os Estados partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento
de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos.
Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas
de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales,
tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa
del Tribunal. Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo
de protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que
la garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes
el carácter especial de los tratados de derechos humanos […] y su implementación
colectiva[8].
75. Según el artículo 31.1 de la Convención
de Viena de 1969
[u]n tratado deberá interpretarse
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
76. La tarea de la Corte en esta etapa es decidir
por lo que hace al presente caso, si la “reserva” planteada por Trinidad y
Tobago tiene el efecto de excluir la competencia de la Corte en la forma alegada
por el Estado.
77. Como se ha visto, la pretendida “reserva”
tiene dos partes. La primera se orienta a limitar el reconocimiento de la
competencia contenciosa de la Corte, en el sentido de que dicho reconocimiento
sólo valdrá como tal en la medida en que “sea compatible con las secciones
pertinentes” de la Constitución de Trinidad y Tobago. Estas expresiones admiten
muchas interpretaciones. Sin embargo, para la Corte es claro que no puede
dárseles un alcance de acuerdo con el cual constituyan un impedimento para
que este Tribunal juzgue si el Estado violó o no alguna disposición de la
Convención. La segunda parte de la
pretendida restricción condiciona el “reconocimiento” del Estado de la competencia
contenciosa de la Corte a que las sentencias de ésta “no contravenga[n], establezca[n]
o anule[n] derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares” (sic).
Nuevamente, además de que el significado preciso de esta condición no es claro,
es indudable que no puede ser utilizado con el propósito de suprimir la competencia
de la Corte para conocer y decidir una demanda en relación con una supuesta
violación de las obligaciones convencionales del Estado.
78. Al respecto, el artículo 62 incisos 1 y
2 de la Convención Americana dispone:
1.
Todo Estado parte puede, en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención,
o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
2.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente,
o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.
Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien
transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte.
79. Esta Corte observa que el instrumento de
aceptación, por parte de Trinidad y Tobago, de la competencia contenciosa
del Tribunal, no encuadra en las hipótesis previstas en el artículo 62.2 de
la Convención Americana. Tiene un
alcance general, que termina por subordinar la aplicación de la Convención
al derecho interno de Trinidad y Tobago en forma total y según lo dispongan
sus tribunales nacionales. Todo esto
implica que este instrumento de aceptación es manifiestamente incompatible
con el objeto y fin de la Convención. Por lo tanto, no existe en el citado
artículo disposición alguna que faculte a Trinidad y Tobago para formular
la restricción que hizo.
80. Una interpretación de la Convención Americana
“de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”,
lleva a esta Corte a considerar que un Estado parte en la Convención sólo
puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones
del propio tratado[9].
81. El artículo 29.a de la Convención Americana
establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el
sentido de “permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”. De esta manera, no tendría sentido suponer
que un Estado que decidió libremente su aceptación a la competencia contenciosa
de la Corte, haya pretendido en ese mismo momento evitar que ésta ejerza sus
funciones según lo previsto en la Convención.
Por el contrario, la sola aceptación del Estado conlleva la presunción
inequívoca de que se somete a la competencia contenciosa de la Corte.
82. El efecto del tercer alegato del Estado
sería limitar su reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
en forma total, con consecuencias negativas para el ejercicio de los derechos
protegidos por la Convención.
83. La declaración efectuada por el Estado de
Trinidad y Tobago, facultaría a éste para decidir en cada caso concreto el
alcance de su propia aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
en detrimento del ejercicio de la función contenciosa del Tribunal. Además, concedería al Estado la potestad discrecional
para decidir qué asuntos puede conocer la Corte, lo que privaría el ejercicio
de la competencia contenciosa del Tribunal de toda eficacia.
84. Asimismo, aceptar la declaración a
la que se hace referencia, en los términos propuestos por el Estado, conduciría
a una situación en que la Corte tendría como primer parámetro de referencia
la Constitución del Estado y sólo subsidiariamente la Convención Americana,
situación que acarrearía una fragmentación del orden jurídico internacional
de protección de los derechos humanos y haría ilusorios el objeto y fin de
la Convención.
85. La Convención Americana, así como los demás
tratados de derechos humanos, se inspira en valores comunes superiores (centrados
en la protección del ser humano), está dotada de mecanismos específicos de
supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva,
consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza
especial, que la diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan
intereses recíprocos entre los Estados partes y son aplicados por éstos, con
todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos
jurídicos internacional e interno[10].
86. Al respecto, esta Corte ha señalado, en
su Opinión Consultiva sobre El Efecto
de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (OC-2/82), que
[…] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular,
la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional,
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio
mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales
de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos,
los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien
común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción[11].
87. Dicho criterio coincide con la jurisprudencia
de otros órganos jurisdiccionales internacionales[12].
88. Asimismo, como esta Corte ha advertido en los Casos del Tribunal Constitucional e Ivcher
Bronstein
[h]ay que descartar cualquier analogía entre, por un lado, la práctica
estatal permisiva desarrollada bajo el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, y, por otro lado, la aceptación de la cláusula
facultativa de la competencia obligatoria de esta Corte, teniendo presentes
el carácter especial, así como el objeto y propósito de la Convención Americana.
En este sentido se ha pronunciado igualmente la Corte Europea de Derechos
Humanos, en su sentencia sobre excepciones preliminares en el caso Loizidou
vs. Turquía (1995), en relación con la cláusula facultativa de su jurisdicción
obligatoria (artículo 46 de la Convención Europea, anteriormente a la entrada
en vigor, el 01.11.1998, del Protocolo XI a la Convención Europea), fundamentando
su posición en el carácter de “tratado normativo” (law-making treaty) de la Convención Europea[13].
89. En vista de lo anterior, la Corte considera
que Trinidad y Tobago no puede prevalerse de las limitaciones formuladas en
su instrumento de aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo
establecido en el artículo 62 de la Convención Americana, por cuanto dicha
limitación es incompatible con el objeto y fin de la Convención.
Por lo tanto, la Corte considera que debe desestimar el segundo y tercer
argumentos de la excepción preliminar interpuesta por el Estado en lo que
se refiere a la competencia de la Corte.
VIII
PUNTOS RESOLUTIVOS
90. Por tanto,
LA CORTE
3)
DECIDE
por unanimidad,
1. Desestimar en su totalidad la excepción
preliminar interpuesta por el Estado.
2. Continuar con el conocimiento y la
tramitación del presente caso.
3. Comisionar a su Presidente para que,
en su oportunidad, convoque al Estado y a la Comisión Interamericana a una
audiencia pública sobre el fondo del caso, por realizarse en la sede de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4. Notificar esta Sentencia al Estado
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los Jueces
Cançado Trindade, Salgado Pesantes y García Ramírez hicieron conocer a la
Corte sus Votos Razonados, los cuales se acompañan a esta Sentencia.
Redactada
en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa
Rica, el día 1 de septiembre de 2001.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario