Caso
Las Palmeras, Sentencia del 6 de diciembre de 2001,
Corte I.D.H. (Ser. C) No. 90 (2001).
En el caso Las Palmeras,
la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”),
integrada de la siguiente manera*:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;
Hernán Salgado
Pesantes, Juez;
Alirio Abreu
Burelli, Juez;
Sergio García
Ramírez, Juez, y
Julio A. Barberis, Juez ad hoc;
presente, además**,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario,
de acuerdo con los artículos
29 y 55 de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente
Sentencia sobre el fondo de la cuestión en la controversia entre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión
Interamericana”) y el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”).
I
Introducción
de la Causa
1. El presente caso fue sometido a la Corte
por la Comisión Interamericana el 6 de julio de 1998. La demanda de la Comisión tiene su origen en
una denuncia (N° 11.237) recibida en su secretaría y fechada en Bogotá el
27 de enero de 1994.
2. La Comisión Interamericana expuso en su
demanda los hechos en que funda su reclamación.
El 23 de enero de 1991 el Comandante Departamental de la Policía de Putumayo ordenó a miembros de la Policía Nacional llevar a cabo una operación armada en la localidad de Las Palmeras, Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo. La Policía Nacional fue apoyada por efectivos del Ejército.
En la mañana de ese mismo día, se encontraban en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de las clases y dos trabajadores que reparaban un tanque séptico. Estos eran Julio Milciades Cerón Gómez y Artemio Pantoja. En un terreno lindero se hallaban los hermanos Wilian Hamilton y Edebraes Norverto, ambos Cerón Rojas, ordeñando una vaca. El maestro Hernán Javier Cuarán Muchavisoy estaba por llegar a la escuela.
Las fuerzas del Ejército abrieron fuego desde un helicóptero e hirieron al niño Enio Quinayas Molina, en ese entonces de seis años, quien se dirigía a la escuela.
La Policía detuvo en la escuela y en sus alrededores al maestro Cuarán Muchavisoy, a los trabajadores Cerón Gómez y Pantoja, a los hermanos Wilian Hamilton y Edebraes Cerón y a otra persona no identificada que podría ser Moisés Ojeda o Hernán Lizcano Jacanamejoy. La Policía Nacional ejecutó extrajudicialmente por lo menos a seis de estas personas.
Los miembros de la Policía Nacional y del Ejército realizaron numerosos esfuerzos para justificar su conducta. En este orden de ideas, vistieron con uniformes militares los cadáveres de algunas de las personas ejecutadas, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios testigos del caso. Igualmente, la Policía Nacional presentó siete cadáveres como pertenecientes a subversivos muertos en un presunto enfrentamiento. Entre esos cadáveres se encontraban seis cuerpos de las personas detenidas por la Policía y un séptimo, cuyas circunstancias de muerte no han sido esclarecidas.
Como consecuencia de los hechos descritos, se iniciaron procesos de carácter disciplinario, administrativo y penal. El proceso disciplinario realizado por el Comandante de la Policía Nacional de Putumayo se falló en cinco días y se absolvió a todos los que participaron en los hechos de la localidad de Las Palmeras. Asimismo, se iniciaron dos procesos contencioso administrativos en los que se reconoció expresamente que las víctimas del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado y que el día de los hechos estaban realizando sus tareas habituales. Estos procesos permitieron comprobar que la Policía Nacional ejecutó extrajudicialmente a las víctimas cuando se encontraban en estado de indefensión. En cuanto al proceso penal militar, después de siete años aún se encontraba en la etapa de investigación y todavía no se había acusado formalmente a alguno de los responsables de los hechos.
3. La Comisión Interamericana expuso el petitorio
de su demanda en los términos siguientes:
[L]a Comisión solicita respetuosamente a la Honorable Corte que:
Concluya y declare que el Estado
de Colombia ha violado el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de
la Convención, y el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, en perjuicio
de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades
Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas y William Hamilton Cerón Rojas y, de otra
persona (quien puede ser Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda).
Establezca
las circunstancias de la muerte de una séptima persona presuntamente fallecida
en combate (Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda), a fin de determinar
si se ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención
y el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949.
Concluya
y declare que el Estado de Colombia ha violado los artículos 8 y 25 de la
Convención en perjuicio de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán,
Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón
Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejo[y], y Moisés Ojeda, y de sus familiares.
Concluya
y declare que como consecuencia de las violaciones a los derechos a la vida,
a la protección y garantías judiciales, el Estado de Colombia también ha violado
su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención,
conforme al artículo 1.1. de aquélla.
Ordene al Estado de Colombia:
a) Que lleve a cabo una investigación
judicial rápida, imparcial y efectiva, de los hechos denunciados y sancione
a todos los responsables.
b) Que identifique exactamente si
la otra persona ejecutada extrajudicialmente el 23 de enero de 1991 por miembros
de la Policía Nacional fue Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda.
Asimismo, se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado de
Colombia realizar una investigación seria con el fin de aclarar las circunstancias
en las cuales falleció la séptima víctima fatal sobre cuya muerte la Comisión
no se pronunció.
c) Que otorgue una reparación integral
a los familiares de las víctimas, entre otras, el pago de una indemnización
justa (deducido lo ya pagado por concepto de indemnización monetaria en los
casos contencioso administrativos de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier
Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas y William
Hamilton Cerón Rojas) y la recuperación de la memoria histórica de las víctimas.
d) Que adopte las reformas necesarias
a los reglamentos y programas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia,
a fin de que se conduzcan todas las operaciones militares de acuerdo con los
instrumentos internacionales y la costumbre internacional, aplicables a los
conflictos armados de carácter interno.
e) Se imponga al Estado Colombiano
el pago de las costas y gastos en que han incurrido los familiares de las
víctimas para litigar este caso en el ámbito interno así como ante la Comisión
y la Corte, y los honorarios razonables de sus abogados.
II
Competencia
4. Colombia es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 31 de julio de 1973. El 21 de junio de 1985 reconoció la competencia contenciosa de esta
Corte. Por lo tanto, este Tribunal
es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”),
para conocer sobre el fondo del presente caso.
III
Procedimiento
ante la Comisión
5. El 27 de enero de 1994 la Comisión recibió
una denuncia por supuestas violaciones de derechos humanos en agravio de los
señores Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milciades
Cerón Gómez, Edebraes Norverto Cerón Rojas, Wilian Hamilton Cerón Rojas, una
persona no identificada, que podría ser Moisés Ojeda o Hernán Lizcano Jacanamejoy,
y otra persona que tampoco ha sido identificada y que murió en circunstancias
desconocidas. El 16 de febrero siguiente
la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y solicitó
la correspondiente respuesta.
6. El Estado respondió el 25 de mayo de 1994.
El escrito fue transmitido a los peticionarios, quienes presentaron
su réplica el 21 de julio de 1994. El 31 de agosto siguiente la Comisión trasladó
ésta a Colombia, que dio respuesta el 22 de diciembre. Tanto los peticionarios como el Estado remitieron
a la Comisión otros escritos relativos a la situación de las investigaciones
y los procesos judiciales internos, y aquélla transmitió las partes pertinentes
a cada contraparte.
7. El 8 de octubre de 1996 la Comisión celebró
una audiencia en la que las partes formularon verbalmente sus argumentos acerca
de los hechos y el derecho aplicable al presente caso.
8. El 20 de febrero de 1998 la Comisión aprobó
el Informe No. 10/98 de conformidad con el artículo 50 de la Convención y
lo transmitió al Estado el 6 de marzo del mismo año. En la parte dispositiva de dicho Informe, la
Comisión recomendó:
119. Que el Estado colombiano emprenda una investigación seria, imparcial
y efectiva de los hechos denunciados, para poder aclarar los hechos del 23
de enero de 1991 y determinar en todos sus detalles en un relato oficial las
circunstancias y la responsabilidad en las violaciones cometidas.
120. Que el Estado de Colombia someta a los procesos judiciales pertinentes,
a todos los responsables de las violaciones a efectos de que sean sancionados.
121. Que el Estado de Colombia adopte medidas para reparar debidamente las
violaciones comprobadas, incluida una indemnización compensatoria a los familiares
de las víctimas que aún no la hayan recibido.
9. El 12 de mayo de 1998 la Comisión recibió
una nota del Estado, mediante la cual éste solicitó un plazo adicional de
45 días para responder al Informe No. 10/98. El 14 de los mismos mes y año la Comisión manifestó a las partes
que había concedido al Estado un plazo adicional de diez días.
10. El 26 de mayo de 1998 el Estado formuló
una propuesta de solución amistosa, que fue transmitida por la Comisión a los peticionarios, quienes presentaron
sus observaciones el 29 del mismo mes. En esa propuesta, el Estado señaló que no compartía “en su totalidad”
las consideraciones y conclusiones del Informe No. 10/98, particularmente
en lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos y a la aplicación
de normas de Derecho internacional humanitario. Asimismo, indicó que proponía la creación de un comité de impulso
de la investigación penal.
11. El 2 de junio de 1998 el Estado y los peticionarios
comunicaron a la Comisión que habían convenido un plazo de 30 días para iniciar
negociaciones destinadas a alcanzar una solución amistosa y suspender el curso
de los plazos del artículo 51.1 de la Convención Americana.
12. El 1 de julio de 1998 los peticionarios
informaron a la Comisión que no existían, por el momento, condiciones para
alcanzar una solución amistosa, y solicitaron que continuara el trámite del
caso y se reanudara el curso de los plazos suspendidos. Dicha información fue transmitida al Estado.
13. El 6 de julio de 1998 la Comisión presentó
el caso ante la Corte Interamericana (supra, párr.1).
IV
Procedimiento
ante la Corte
14. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman y Carlos Ayala Corao, y como asesores a la señora Verónica Gómez y al señor David Padilla. Asimismo, la Comisión acreditó en calidad de asistentes y peticionarios a la señora Luz Marina Monzón y a los señores Gustavo Gallón y Carlos Rodríguez, y como asistentes al señor Pablo Saavedra Alessandri y a la señora Viviana Krsticevic.
15. El 14 de julio de 1998 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó, junto con sus anexos, al Estado, y le informó sobre los plazos para contestarla, oponer excepciones preliminares y designar su representación en el proceso.
16. El 14 de agosto de 1998 Colombia designó
como agente a la señora Marcela Briceño-Donn y como agente alterno al señor
Héctor Adolfo Sintura Varela.
17. El 14 de septiembre de 1998 Colombia interpuso
cinco excepciones preliminares[1].
El 21 de septiembre de 1998 la Secretaría notificó a la Comisión Interamericana
el escrito sobre interposición de excepciones, al que ésta respondió el 5
de noviembre de 1998.
18. El 11 de diciembre de 1998 el Presidente
invitó a Colombia a designar juez ad
hoc, en razón de que el Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo, de nacionalidad
colombiana, se excusó de conocer el presente caso, de acuerdo con los artículos
19 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte.
19. El 15 de diciembre de 1998 Colombia presentó
su escrito de contestación de la demanda, mediante el cual reconoció expresamente
su responsabilidad por la violación del artículo 4 de la Convención en razón
de la muerte de Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Artemio Pantoja Ordóñez,
Julio Milciades Cerón Gómez, Wilian Hamilton Cerón Rojas y Edebraes Norverto
Cerón Rojas. Además, señaló que no
aceptaba su responsabilidad por la muerte de las otras dos personas, NN/Moisés
y Hernán Lizcano Jacanamejoy. Se refirió
a los diversos procesos iniciados con motivo de los hechos expuestos: disciplinario,
administrativo, penal militar y penal ordinario. Respecto al proceso penal militar, afirmó que,
en la fase inicial de la investigación, se encontraron dificultades para la
recolección de las pruebas; y que el procedimiento ante esta jurisdicción
en sí mismo no es violatorio de los derechos humanos. Para estimar el período de duración del proceso desde la ocurrencia
de los hechos, debía tenerse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Admitió que se presentaron irregularidades
en la investigación, pero expresó que no puede descalificarse la totalidad
de las actuaciones judiciales a partir de entonces por esa razón y que los
familiares de las víctimas no se vieron impedidos de acceder a un “recurso
efectivo”. Agregó que el proceso penal
ordinario está en curso y se están investigando las circunstancias en que
murieron las siete personas, así como los presuntos responsables de los hechos.
Finalmente, señaló que las reparaciones dadas en los procesos administrativos
se ajustan a los parámetros de la Convención y que las costas ya fueron definidas
en dichos procesos.
20. El 12 de enero de 1999 el Estado nombró
como Juez ad hoc al señor Julio
A. Barberis.
21. El 18 de marzo de 1999 la Comisión solicitó la celebración de otros actos del procedimiento escrito, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento. El 3 de junio de 1999, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría otorgó plazo a la Comisión y al Estado para la presentación de un escrito de réplica y de dúplica, respectivamente.
22. El 9 de agosto de 1999 la Comisión presentó
su réplica. En ella solicitó a la
Corte que:
Concluya y declare que el Estado de Colombia ha violado el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, y los principios recogidos en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, en perjuicio de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas y William Hamilton Cerón Rojas y N/N Moisés.
Establezca
las circunstancias de la muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy a fin de determinar
si se ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención
a la luz de las obligaciones del artículo 1.1 y los principios recogidos en
el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949.
Concluya
y declare que el Estado de Colombia ha violado los artículos 8 y 25 de la
Convención en perjuicio de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán,
Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón
Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y N/N Moisés y de sus familiares.
Concluya
y declare que como consecuencia de las violaciones a los derechos a la vida,
a la protección y garantías judiciales, el Ilustre Estado también ha violado
su obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención,
conforme al artículo 1.1 de aquélla.
Ordene al Estado de Colombia:
a) Que
lleve a cabo una investigación judicial rápida, imparcial y efectiva, de los
hechos denunciados, y sancione a todos los responsables.
b) Que establezca la identidad de N/N Moisés, ejecutado el 23 de enero
de 1991 por miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado de
Colombia realizar una investigación seria con el fin de aclarar las circunstancias
en las cuales falleció […] Hernán Lizcano Jacanamejoy.
c) Que otorgue una reparación integral
a los familiares de las víctimas, entre otras, el pago de una indemnización
justa (deducido lo ya pagado por concepto de indemnización monetaria en los
casos contencioso administrativos de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier
Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas y William
Hamilton Cerón Rojas) y la recuperación
de la memoria histórica de las víctimas.
d) Que adopte las reformas necesarias
a los reglamentos y programas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia,
a fin de que se conduzcan todas las operaciones militares de acuerdo con los
instrumentos internacionales y la costumbre internacional, aplicables a los
conflictos armados de carácter interno.
e) Se imponga al Estado Colombiano
el pago de las costas y gastos en que han incurrido los familiares de las
víctimas para litigar este caso en el ámbito interno así como ante la Comisión
y la Corte, y los honorarios razonables de sus abogados.
23. El 11 de noviembre de 1999 Colombia hizo
llegar al Tribunal su escrito de dúplica, en el cual afirmó que las nuevas
expresiones introducidas por la Comisión en su réplica no se refieren a la
contestación de la demanda y tienen la intención de reformular las peticiones
planteadas en el capítulo X de la demanda.
En este sentido, para el Estado son las peticiones iniciales las que
seguirán delimitando la materia de la controversia. Agregó que al Estado no le resulta claro que, para satisfacer las
exigencias del sistema interamericano de protección de derechos humanos, tenga
que buscarse un único mecanismo en el ámbito interno. Por el contrario, se trata de que los Estados, frente a una posible
violación, dispongan lo necesario para poner en funcionamiento los mecanismos
idóneos para garantizar la vigencia de los derechos en discusión y efectuar
las reparaciones a que haya lugar. También
indicó que la Corte Constitucional de Colombia reconoció en 1994, en un caso
distinto al sub judice, el derecho
de los accionantes a acceder al proceso ante la justicia penal militar, y
que en los procesos en trámite en dicha sede se han admitido solicitudes de
constitución en parte civil. Por último,
señaló que los análisis y conclusiones de la Comisión respecto de Hernán Lizcano
Jacanamejoy y NN/Moisés resultan de utilidad para las autoridades estatales.
24. El 4 de febrero de 2000 la Corte dictó sentencia
sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado demandado[2].
25. El 23 de abril de 2001 el Presidente resolvió
convocar a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede
de la Corte el 28 de mayo de 2001 para escuchar a los testigos y peritos ofrecidos
por éstas.
26. La audiencia pública tuvo lugar en la sede
de la Corte en la fecha prevista.
Comparecieron ante la Corte:
Por la República de Colombia:
Marcela Briceño-Donn, agente; y
Héctor Adolfo Sintura Varela, agente alterno.
Por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos:
Robert K. Goldman, delegado;
Verónica Gómez,
asesora;
Viviana Krsticevic,
asistente;
Luz Marina
Monzón Cifuentes, asistente;
Carlos Rodríguez
Mejía, asistente; y
Roxana Altholz,
asistente.
Comparecieron
también los testigos y peritos ofrecidos por las partes.
27. El 30 de mayo de 2001 la Corte ordenó la
exhumación de los restos mortales de los presuntos fallecidos Hernán Lizcano
Jacanamejoy y NN/Moisés. El 15 de
junio de 2001 el Presidente resolvió designar al señor Daniel Michael O´Donnell
para que presenciara, en nombre de la Corte, dicha exhumación. La diligencia de exhumación y los correspondientes
exámenes de los restos de Lizcano Jacanamejoy se realizaron del 24 al 30 de
junio de 2001. El 14 y 21 de agosto de 2001 se recibieron,
respectivamente, el Informe arqueológico de excavación realizado en el Cementerio
de Mocoa, Putumayo y el Informe del análisis antropológico y el examen médico forense de los restos de
Hernán Lizcano Jacanamejoy.
28. El Informe
del análisis antropológico y el examen médico forense recomendó que se efectuaran
estudios de los residuos de disparo encontrados en los restos óseos de Hernán
Lizcano Jacanamejoy mediante espectrometría de masas acoplada inductivamente
a plasma. La Corte siguió esta recomendación
de los peritos y el 7 de septiembre de 2001 ordenó la pericia sugerida.
Dispuso además que ésta fuera realizada por los peritos del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Nacional de Colombia.
El 28 de septiembre de 2001 la Comisión manifestó que consideraba pertinente
que el señor Héctor Daniel Fernández estuviera presente en la pericia como
“observador de la diligencia”. El
mismo día, la Secretaría hizo saber a la Comisión que el Presidente había
autorizado “la participación del señor Héctor Daniel Fernández en calidad
de observador en la pericia”.
El 22 de octubre de 2001
fue presentada la pericia que contiene los resultados de los análisis de residuos
de disparo encontrados en los restos óseos de Hernán Lizcano Janacamejoy.
29. El 2 de noviembre de 2001 la Comisión hizo
llegar a la Corte su escrito de alegatos finales, que contiene como anexo
un “informe pericial” firmado por el señor Héctor D. Fernández acerca del
estudio realizado sobre los restos óseos de Hernán Lizcano Jacanamejoy por
el “método de análisis por espectrometría de absorción atómica”. El 13 de noviembre de 2001 el Estado, dentro
del plazo otorgado por el Presidente, presentó sus observaciones a dicho “informe
pericial”.
El escrito sobre alegatos
finales consta de dos capítulos principales: en el primero se sostiene que
Colombia es responsable por la muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy, en tanto
que el segundo afirmó que el Estado es responsable por la violación del derecho
a la protección judicial de las siete víctimas.
En cuanto al primer capítulo,
la Comisión analizó la pericia antropológica y médico forense, la de residuos
de disparo y la “pericia” del señor Fernández. Este último afirmó claramente que Hernán Lizcano
Jacanamejoy “al momento de recibir los disparos se encontraba en posición
‘arrodillado’ ”. El alegato atacó
luego los testimonios obrantes en el expediente y en los procesos agregados
a éste que sostienen que la víctima murió en combate. La Comisión manifestó que, al no haber investigado
debidamente la muerte de Lizcano Jacanamejoy, el Estado es responsable de
su vida. Por último, la Comisión dijo
que la forma en que Lizcano Jacanamejoy habría sido muerto es similar a la
utilizada en aquella época por las fuerzas de seguridad colombianas.
El capítulo segundo está
dedicado al examen de los inconvenientes y obstrucciones opuestos por el Estado
en cuanto a la obtención de las pruebas necesarias para el esclarecimiento
de los hechos, la manipulación de las investigaciones, la intimidación a los
familiares de las víctimas y la actuación de la justicia militar. En este sentido, la Comisión expresó:
Todas estas circunstancias permiten concluir, con fundamento en las pruebas
aportadas a la Corte, que el Estado no cumplió con su deber de garantizar
la debida protección judicial y acceso a un recurso idóneo para las víctimas
y sus familiares quienes se vieron en completo estado de indefensión frente
a la acción de agentes del Estado.
30. El 2 de noviembre de 2001 el Estado presentó
su escrito de alegatos finales y sus conclusiones son las siguientes:
el Gobierno de Colombia solicita a la Honorable Corte
que declare
a.
que no se ha vulnerado el derecho a la vida,
consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en perjuicio de HERNÁN LIZCANO JACANAMEJOY;
b.
que no se han vulnerado los artículos 8 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de las siete
personas incluidas en el presente caso y de sus familiares;
c.
que acoja el reconocimiento de responsabilidad
del Estado frente a la violación del artículo 4 de la Convención, en conexión
con el 1.1, en razón de la muerte de HERNÁN JAVIER CUARÁN MUCHAVISOY, ARTEMIO
PANTOJA ORDÓÑEZ, JULIO MELCÍADES CERÓN GÓMEZ, WILLIAM HAMILTON Y EDEBRAES
NORBERTO CERÓN ROJAS Y NN MOISÉS OJEDA; y
d.
que apoye la acción de las autoridades judiciales
colombianas encargadas de la investigación y juzgamiento de los responsables,
ya que su gestión ha sido, a pesar de las múltiples dificultades y de la complejidad
de la situación interna, eficaz en el presente caso.
V
Consideración
Previa
31. En su escrito de dúplica, en la audiencia pública y en el alegato final
escrito, Colombia objetó que la Comisión haya modificado en la réplica algunos
de los términos de la petición formulada en la demanda. La Corte estima oportuno recordar en este sentido
lo decidido en su sentencia del 10 de septiembre de 1993 en el caso Aloeboetoe y otros que “en el procedimiento
ante un tribunal internacional una parte puede modificar su petición siempre
que la contraparte tenga la oportunidad procesal de emitir su opinión al respecto”[3]. Un criterio semejante seguirá la Corte en este
caso y, por lo tanto, siempre que la contraparte haya tenido oportunidad procesal
de emitir su opinión, considerará como definitivos los últimos alegatos presentados.
VI
Violación
del Artículo 4
Derecho
a la Vida
32. La Comisión solicita que la Corte concluya
y declare que Colombia ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo
4 de la Convención en perjuicio, en primer lugar, de cinco personas que identifica
con precisión: Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio
Milciades Cerón Gómez, Edebraes Norverto Cerón Rojas y Wilian Hamilton Cerón
Rojas.
La Comisión aportó al acervo
probatorio que consta ante la Corte copia de la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Nariño de 15 de abril de 1993 en que declaró responsable
a Colombia por la muerte de Artemio Pantoja Ordóñez y Hernán Javier Cuarán
Muchavisoy y la condenó, en consecuencia, al pago de daños y perjuicios morales
y materiales causados a sus familiares. Esta sentencia fue confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, el 14 de diciembre de 1993. A su vez, la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Nariño de 23 de febrero de 1995 declaró responsable a Colombia
por la muerte de Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraes Norverto Cerón Rojas
y Wilian Hamilton Cerón Rojas y la condenó, en consecuencia, al pago de daños
y perjuicios morales y materiales causados a sus familiares.
Esta decisión fue confirmada el 15 de enero de 1996 por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Dado que estas decisiones
judiciales eran conocidas por la Comisión cuando presentó su demanda el 6
de julio de 1998, cabe preguntarse qué fin persigue ésta cuando solicita a
la Corte que declare nuevamente que Colombia es responsable de la muerte de
las personas indicadas. La Comisión
parece entender que un tribunal interno sólo puede declarar la responsabilidad
interna del Estado y que la declaración de responsabilidad internacional corresponde
a un tribunal internacional. En este
sentido, la Comisión dice en el punto II de su réplica:
Los Tribunales en lo contencioso administrativo establecieron la responsabilidad
patrimonial del Estado a nivel interno
por la ejecución de cinco de estas víctimas (énfasis agregado).
En el punto II. A de ese
escrito, la Comisión reitera la misma frase y luego agrega:
En su Contestación del 26 de diciembre de 1998, el Ilustre Estado reconoció
su responsabilidad internacional
por la violación del artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio de
las mencionadas personas (énfasis agregado).
Por último, la Comisión
solicitó a la Corte que dé por concluida la controversia sobre la responsabilidad
del Estado por la violación del artículo 4 de la Convención.
33. La Convención Americana es un tratado multilateral
mediante el cual los Estados Partes se obligan a garantizar y a hacer efectivos
los derechos y libertades previstos en ella y a cumplir con las reparaciones
que se dispongan. La Convención es
la piedra fundamental del sistema de garantía de los derechos humanos en América.
Este sistema consta de un nivel nacional que consiste en la obligación
de cada Estado de garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención
y de sancionar las infracciones que se cometieren.
Ahora bien, si un caso concreto no es solucionado en la etapa interna
o nacional, la Convención prevé un nivel internacional en la que los órganos
principales son la Comisión y esta Corte.
Pero, como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana,
la protección internacional es “coadyuvante o complementaria de la que ofrece
el derecho interno de los Estados americanos”.
En consecuencia, cuando una cuestión ha sido resuelta definitivamente
en el orden interno según las cláusulas de la Convención, no es necesario
traerla a esta Corte para su “aprobación” o “confirmación”.
34. En el presente caso, el Consejo de Estado de Colombia ha decidido en última instancia que el Estado es responsable por la muerte de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraes Norverto Cerón Rojas y Wilian Hamilton Cerón Rojas. Las sentencias que así lo deciden no han sido objetadas en este aspecto por las partes. Por lo tanto, la responsabilidad de Colombia quedó establecida en virtud del principio de cosa juzgada.
* *
35. En el escrito de demanda, la Comisión se
refiere a una sexta víctima que fue asesinada en las mismas condiciones que
las otras personas y cuya identidad se desconoce.
En las pruebas que obran en el expediente figura como N.N./Moisés o
N.N./Moisés Ojeda. La agente de Colombia
reconoció en la audiencia pública del 28 de mayo de 2001 “que en este caso
se comprometió la responsabilidad estatal internacional derivada de la violación
del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón
de la muerte de NN/Moisés Ojeda”. La
Comisión tomó nota del reconocimiento y, de este modo, quedó concluida la
controversia sobre la responsabilidad respecto de la violación del derecho
a la vida de esta persona.
* *
36. La demanda expresa que en los hechos ocurridos
en Las Palmeras fueron muertas siete personas, siendo la séptima víctima Hernán
Lizcano Jacanamejoy. La Comisión expresó
que una de ellas murió presuntamente en combate, pero dudaba si se trata de
N.N./Moisés Ojeda o de Hernán Lizcano Jacanamejoy. Por esa razón, en la demanda solicita a la
Corte que
[e]stablezca las circunstancias de la muerte de una séptima persona, presuntamente fallecida en combate (Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda), a fin de determinar si [el Estado de Colombia] ha violado [en perjuicio de ella] el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención [...]
Al contestar la demanda,
Colombia reconoció su responsabilidad por la muerte de Hernán Javier Cuarán
Muchavisoy, Artemio Pantoja Ordóñéz, Julio Milciades Cerón Gómez y Wilian
Hamilton y Edebraes Cerón Rojas. Manifestó
también que, de las sentencias dictadas en el orden interno y del material
probatorio disponible, resulta que una de las siete víctimas de Las Palmeras
“murió en un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional”. Respecto de la otra persona, el Estado dijo
que no dispone de “elementos de juicio suficientes para definir si su muerte
constituyó o no una violación del derecho a la vida en los términos del artículo
4 de la Convención”.
La Comisión expresó en
su réplica que, con base en las pruebas aportadas por Colombia a esta causa,
ha llegado a la conclusión de que N.N./Moisés Ojeda fue ejecutado por miembros
de la Policía Nacional cuando se encontraba bajo su custodia. Además, manifestó que:
los testimonios de varios agentes del Estado que participaron en el operativo
confirman que las características físicas de la persona que habría aparentemente
muerto en combate no corresponden a las de N/N Moisés sino que se aproximan
más a las de Hernán Lizcano Jacanamejoy.
Si bien la Comisión invoca el testimonio de uno de los intervinientes en el operativo para afirmar que N.N./Moisés Ojeda fue la persona que fue ejecutada por las fuerzas de la Policía una vez capturada, también la Comisión pone en duda los testimonios de otros policías participantes en cuanto afirman que Hernán Lizcano Jacanamejoy murió en combate. En este sentido, la Comisión “considera que existen elementos para poner en duda la veracidad de este aspecto de los mencionados testimonios”. Más adelante, la Comisión dijo que no existen pruebas suficientemente precisas que confirmen la circunstancias de la muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy:
Con base a estas consideraciones respecto a la prueba disponible, la
Comisión considera que las circunstancias del fallecimiento de Hernán Lizcano
Jacanamejoy y, por lo tanto, la responsabilidad del Ilustre Estado por la
violación del artículo 4 en forma coextensiva con los principios recogidos
en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, no son aún claras.
La Comisión se reservó
el derecho de solicitar la exhumación del cuerpo de Hernán Lizcano Jacanamejoy
y la reconstrucción de los hechos a fin de analizar la trayectoria de los
disparos.
En su escrito de dúplica,
Colombia se limitó a expresar que los análisis y las conclusiones a las que
ha llegado la Comisión sobre la situación de N.N./Moisés Ojeda y Hernán Lizcano
Jacanamejoy resultan de mucha utilidad para sus autoridades, han sido objeto
de un detenido estudio y a ellas habría de referirse en la oportunidad procesal
correspondiente.
37. En la audiencia pública celebrada el día
28 de mayo de 2001, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación
del artículo 4 de la Convención respecto de la muerte de N.N. Moisés Ojeda.
En esa ocasión, y en cuanto
a la situación de Hernán Lizcano Jacanamejoy, la Comisión sostuvo primeramente
que los testimonios de los funcionarios policiales que participaron en el
operativo “no son creíbles” y analizó
otras pruebas allegadas a esta causa. La Comisión llamó la atención de la Corte acerca
de la trayectoria de las balas en el cuerpo de Hernán Lizcano Jacanamejoy,
según la autopsia efectuada que, a su criterio, “sugiere una ejecución extrajudicial”.
En cuanto a las pruebas relativas a la muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy,
la Comisión sostuvo:
Las circunstancias particulares del presente caso permiten invertir la
carga de la prueba, a fin de establecer la responsabilidad del Estado en la
violación del derecho a la vida del señor Hernán Lizcano, desde el punto de
vista muy especial del derecho internacional de los derechos humanos.
Colombia se valió principalmente
de las declaraciones testimoniales de Victoria Eugenia Yepes y Pedro Elías
Díaz Romero sobre las pruebas producidas en los procesos internos, la mayoría
de las cuales están agregadas al expediente, y su agente concluyó:
En consecuencia, frente a esta pretensión de esclarecimiento de los hechos, debe señalarse que la justicia
colombiana, como ha quedado demostrado, estableció y tal como lo presumía
la Comisión en su solicitud, que el señor Lizcano Jacanamejoy falleció en
combate y por ende, en manera alguna, su muerte puede comprometer la responsabilidad
internacional del Estado, como que no se trata de una ejecución sumaria o
extrajudicial.
38. Según se indicó precedentemente (supra párr. 27), la Corte dispuso la exhumación
de los restos de Hernán Lizcano Jacanamejoy y la realización de los exámenes
correspondientes -análisis antropológico y examen médico forense de sus restos
óseos-. El informe de estos análisis
expresa que la víctima recibió al menos dos disparos de armas de fuego.
En cuanto a la trayectoria de los disparos, señala:
A pesar de no poder determinarse en este caso la dirección precisa de
los disparos a partir de los restos óseos, en las piezas en que sí se observaron
posibles direcciones, las mismas concuerdan con lo descripto en la autopsia
[…]
Por otro lado, las trayectorias descriptas en la autopsia, en algunos
aspectos corroboradas y en otros admitidas como posibilidad por el
examen antropológico, llaman la atención en términos de hipótesis sobre el
modo o la manera de muerte, en primer lugar porque ambos disparos se describen
con dirección posteroanterior. En
particular, la dirección descripta en la autopsia sobre el disparo con entrada
en el cuello lateral derecho y con salida en la zona del hipocondrio derecho,
es fuertemente vertical, de arriba hacia abajo.
Esto supone posiblemente una posición de altura superior del tirador
sobre la víctima, ya sea que se encontrara a una altura superior en el terreno
o en el aire o que la víctima se encontrara en una posición física de flexión
en relación al tirador. Desde un punto
de vista médico-legal, la trayectoria de los disparos sugiere la posibilidad
de homicidio como manera de muerte.
En cuanto a la distancia de los disparos, desgraciadamente no están de
hecho mencionados en el protocolo de autopsia signos que puedan caracterizarla,
como negro de humo, tatuajes de pólvora, orla de contusión y quemadura, vestigios
de grasa del cañón del arma. El análisis
de los restos óseos no reveló tampoco ninguna información al respecto.
La pericia ordenada por
la Corte para analizar los residuos de proyectil de arma de fuego encontrados
en los restos de Hernán Lizcano Jacanamejoy efectuada, mediante la técnica
de espectrometría de masas acoplada inductivamente a plasma, no brindó mayores
precisiones sobre la forma cómo murió Lizcano Jacanamejoy. Sin embargo, la Comisión se ha valido de una
“pericia” elaborada por el señor Héctor Daniel Fernández, observador designado
en dicha pericia a propuesta de la Comisión, quien afirma de modo categórico
que “la víctima al momento de recibir los disparos se encontraba en posición
arrodillado”.
39. En su alegato final, la Comisión desarrolló
dos tesis sobre la responsabilidad de Colombia respecto de la muerte de Lizcano
Jacanamejoy. En primer lugar, sostuvo
que las pericias efectuadas constituyen una prueba contundente de que la víctima
fue ejecutada por agentes del Estado cuando estaba indefensa. En segundo término, e invocando varios precedentes
de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión afirma que Colombia es
responsable de la muerte de Lizcano Jacanamejoy por no haber realizado una
investigación seria de cómo ocurrieron los hechos.
Respecto de la responsabilidad
del Estado por haber omitido las investigaciones debidas, Colombia señaló
en su alegato final que se trata de una tesis sustentada en la jurisprudencia
de la Corte Europea de Derechos Humanos cuyo contexto normativo y situación
fáctica no son análogos al presente caso. En cuanto a la “pericia” del señor Fernández, el Estado la impugnó
en cuanto a su forma y fondo. Expresó,
entre otras cosas, que no se trata de una pericia proveniente de algún experto
designado por la Corte, que carece de valor probatorio y que la pericia en
la que el señor Fernández fue observador se funda en un estudio químico y
no es una pericia balística.
* *
40. En resumen, de acuerdo con lo expuesto en
estas actuaciones, la Comisión sostiene que Colombia es responsable por la
muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy con base en tres concepciones a saber: a)
la inversión del onus probandi que
exigiría que el Estado pruebe que no es responsable de la muerte de Lizcano
Jacanamejoy; b) la omisión de investigación
de los hechos ocurridos, que conduciría a la responsabilidad del Estado; y
c) las pruebas producidas, particularmente
las pericias.
La Corte examinará a continuación
cada una de las tesis expuestas.
41. a) Tal como ha sido expuesto precedentemente
(supra párrs. 35 y 36), la Comisión
ha ido modificando su tesis acerca de la norma aplicable en materia de onus
probandi a medida que el proceso se ha desarrollado.
En efecto, en su escrito
de demanda, la Comisión solicitó a la Corte que establezca las circunstancias
de la muerte de una séptima víctima, fallecida presuntamente en combate, a
fin de determinar si Colombia había violado el artículo 4 de la Convención
Americana. Esto significa que la Corte
debía investigar los hechos a fin de precisar las pruebas de la responsabilidad
de Colombia.
En la réplica, la Comisión
expresó que las circunstancias del fallecimiento de Hernán Lizcano Jacanamejoy
no eran claras y que, por lo tanto, tampoco lo era la responsabilidad de Colombia
respecto del artículo 4 de la Convención Americana. La tesis de la Comisión, como puede observarse,
comienza aquí a modificarse y da a entender que Colombia tendría que demostrar
su falta de responsabilidad.
No obstante, la tesis de
la Comisión aparece claramente expuesta en la audiencia pública sobre el fondo
de 28 de mayo de 2001. Ésta afirma
que debe haber aquí una inversión de la carga de la prueba debido a “las circunstancias
particulares del presente caso” y “desde el punto de vista muy especial del
derecho internacional de los derechos humanos”. La Comisión no especifica en qué consisten “las circunstancias particulares
del presente caso” ni tampoco qué es eso del “punto de vista muy especial
del derecho internacional de los derechos humanos”. El onus
probandi no es dejado a la libertad del juez, sino que está precisado
por las normas jurídicas en vigor. La
Comisión no ha invocado ningún tratado en que funda su pretensión ni tampoco
ha intentado probar la existencia de ninguna norma consuetudinaria general
o particular sobre la cuestión.
Es posible que un tribunal
determine, en un caso concreto, el grado de intensidad de la prueba requerida
para acreditar un hecho. Por lo tanto,
en estas circunstancias, y a fin de probar la responsabilidad de Colombia,
debe demostrarse que Hernán Lizcano Jacanamejoy fue ejecutado por agentes
estatales.
42. b) La segunda tesis desarrollada por
la Comisión consiste en afirmar que si el Estado no ha realizado una investigación
seria de los hechos ocurridos, debe asumir la responsabilidad por la muerte
de Lizcano Jacanamejoy. En este sentido,
la Comisión expresa en su alegato final:
Las omisiones del Estado en esta área constituyen violaciones
del derecho a la vida de la víctima sobre la base de la falta de una investigación
seria.
Anteriormente, la Comisión
ya había manifestado en la audiencia pública:
La responsabilidad por la violación del derecho a la vida, se compromete
asimismo por la falta de garantía de la protección de este derecho.
La Comisión considera que el hecho mismo de no haberse efectuado una
investigación profunda, efectiva e imparcial de los hechos, según lo establecido
en distintos artículos de la Convención Americana, viola la obligación afirmativa
del Estado de asegurar y proteger el derecho a la vida.
Ello en virtud de que la protección de este derecho no se limita únicamente
al momento de la fatalidad, no se limita únicamente a la obligación de respetar
este derecho sino que el Estado debe proveer un procedimiento ex post facto para establecer que los hechos que rodean un asesinato
perpetrado por sus agentes no han sido cometidos por los mismos.
La Corte estima que es
posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación
como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida[4],
pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los
casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma,
es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria. En el presente caso, no es posible afirmar
que no hubo una investigación seria de lo ocurrido. Hay dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de Colombia de 1993 y 1996, o sea, anteriores a la demanda,
que declaran al Estado responsable por los hechos sucedidos con respecto a
cinco de las víctimas (supra, párrs.
32 y 34). Si bien los acontecimientos
ocurrieron el 23 de enero de 1991, mientras la investigación se desarrolló
en la justicia penal militar hasta principios de 1998, el Estado no se empeñó
en esclarecer los hechos. A partir
de ese momento hubo una modificación importante de la situación al asumir
la investigación penal la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de la Nación, lo cual fue reconocido por la Comisión en la audiencia pública.
La investigación exigida
como requisito por la Comisión no puede ser idéntica a la que se lleva a cabo
en el presente proceso porque, si así fuere, aquella norma sería redundante
y carecería de sentido. A criterio
de la Corte, la investigación previa exigida como requisito por la Comisión
se ha realizado, lo cual excluye su eventual aplicación en el presente caso.
43. c) La muerte de Hernán Lizcano Jacanamejoy
es la única en este episodio que no fue objeto de una acusación penal por
parte de la justicia colombiana. La
Fiscalía General de la Nación llegó a la conclusión de que esta persona había
muerto en combate con miembros de la policía. Se funda para ello, entre otras pruebas, en las declaraciones indagatorias
del capitán Antonio Alonso Martínez, de los tenientes Jaime Alberto Peña Casas
y Rafael Ordóñez Merjech y de los agentes Elías Sandoval Reyes y Wilson Botina
Papamija, en la declaración del ex agente policial Pablo Lugo Herrera, en
las declaraciones de los campesinos Clodomiro Burgos Acosta y Leonardo Alvarado,
y en los testimonios de Isidoro Cuarán Muchavisoy y de una hermana de la víctima,
María Córdula Mora Jacanamejoy. Así lo expuso el señor Pedro Elías Díaz Romero
en la audiencia pública, quien fue coordinador de la Unidad de Derechos Humanos
de esa Fiscalía.
La Comisión Interamericana,
por el contrario, sostiene que Hernán Lizcano Jacanamejoy fue ejecutado por
las fuerzas colombianas. Esta trató
de objetar las pruebas producidas por el Estado. En este sentido, argumentó que los testimonios
de los agentes de la policía que participaron en el operativo no son creíbles.
Manifestó también que las autoridades estatales no habían recogido
casquillos ni balas en el lugar donde se dio muerte a Lizcano Jacanamejoy,
que no se habían tomado muestras de pólvora en las manos de la víctima para
saber si disparó un arma y que se habían omitido otras diligencias importantes.
Las pruebas
fundamentales sobre las que la Comisión basa su argumentación son las pericias
realizadas. Así lo expresan varios
pasajes de sus alegatos finales:
Según ya se adelantara, tanto el Informe Forense como el Peritaje Balístico
aportan evidencia contundente que demuestra que Hernán Lizcano Jacanamejoy
no falleció en un enfrentamiento. Por
el contrario, la víctima fue ejecutada en total estado de indefensión y por
lo tanto en forma arbitrariamente, mientras se encontraba bajo la custodia
del Estado.
[…]
La consideración de la trayectoria de los disparos establecida por los
peritos y el hecho de que Hernán Lizcano haya muerto arrodillado, descarta
toda posibilidad de explicar, según lo
alegó el Estado, la muerte de Hernán Lizcano como consecuencia de un enfrentamiento
armado. La Comisión considera que
los peritajes revelan en forma inequívoca que Hernán Lizcano no murió en un
enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional sino que fue ejecutado en
estado de indefensión al igual que las otras seis víctimas.
[…]
El resultado de las pericias forense y la balística, sumada a los claros
indicios de repetición del modus operandi
de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, indican de manera contundente
que Hernán Lizcano fue ejecutado en forma arbitraria, en violación del artículo
4 de la Convención Americana.
44. Corresponde ahora examinar las pericias
que sirven de fundamento a la Comisión.
La primera es el análisis
antropológico y examen médico forense ordenado por la Corte. La Comisión subraya principalmente un pasaje
que ha sido transcrito anteriormente en esta sentencia (supra párr. 38). El informe
se refiere a un disparo con entrada en el cuello lateral derecho y con salida
en la zona del hipocondrio derecho del cuerpo de Hernán Lizcano Jacanamejoy
que tiene una trayectoria fuertemente vertical, de arriba hacia abajo. Luego, la pericia explica las situaciones posibles
entre el tirador y la víctima que podrían haber hecho que el disparo describiera
esa trayectoria y dice:
Esto supone posiblemente una posición de altura superior del tirador
sobre la víctima, ya sea que se encontrara a una altura superior en el terreno
o en el aire o que la víctima se encontrara en una posición física de flexión
en relación al tirador.
Como puede observarse,
la frase da tres ejemplos posibles, pero los peritos no optan por ninguno
de ellos Tampoco dicen que esas tres
alternativas son las únicas, porque están dadas a título de ejemplo.
45. El 7 de septiembre de 2001, la Corte, atendiendo
las conclusiones de los autores del Informe antropológico y médico forense,
dispuso la realización de un estudio de los residuos de proyectil de arma
de fuego encontrados en los restos de Hernán Lizcano Jacanamejoy, el cual
fue realizado por análisis químico mediante la técnica de espectrometría de
masas acoplada inductivamente a plasma. Posteriormente,
la Comisión propuso como perito para participar en esos estudios al señor
Héctor Daniel Fernández. Finalmente,
el Presidente autorizó que el señor Fernández participara en calidad de observador
en la pericia (supra, párr. 28).
El señor Fernández elaboró
un “informe pericial” dirigido a la Comisión Interamericana, que fue presentado
como anexo al escrito de conclusiones de esta última. El señor Fernández dice:
Al evaluar detenidamente los resultados obtenidos, y ampliamente explicitados
en el informe respectivo (Misión de Trabajo QA-04590/2001) y fundándome en
principios técnico-científicos que rigen esta disciplina, me encuentro en
condiciones de realizar las siguientes consideraciones:
[…]
6.-La fractura del antebrazo izquierdo y heridas en la mano del mismo
lado, “corresponden de observación al mismo disparo enunciado como N° 1” según
mi criterio de observación, lo cual explicaría claramente que la víctima al
momento de recibir los disparos se encontraba en posición “ARRODILLADO”. Obviamente, el proyectil que produjo esta trayectoria
es el de punta “ojival”, explicable en la potencia y aerodinamia que le son
propias.
Por último, debo destacar que para realizar estas afirmaciones, las cuales
son de carácter categórico, me he basado en un exhaustivo análisis del informe
médico-legal, como así también del minucioso detalle aportado por el citado
informe del estudio de Espectrometría de Masas acoplada inductivamente a Plasma
(QA-04590/2001), cuyos cuadros descriptivos resultan por demás evidentes.
46. Un análisis de lo afirmado por el señor
Fernández muestra que sus dichos no se basan en ningún criterio lógico y que,
por lo tanto, carecen de valor como prueba.
* *
47. La Corte ha examinado detenidamente las
manifestaciones y argumentos expuestos por las partes y las pruebas producidas
por ellas. Las ha evaluado teniendo
en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar en que los hechos han ocurrido
y ha llegado a la conclusión de que no existen en estas actuaciones pruebas
suficientes que permitan afirmar que Hernán Lizcano Jacanamejoy fue ejecutado
por las fuerzas estatales en violación al artículo 4 de la Convención Americana.
VII
Violación de los Artículos
8 y 25
Garantías Judiciales y Protección Judicial
48.
En cuanto a la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención,
la Corte observa que como consecuencia de los hechos admitidos en el presente
caso es menester referirse y analizar los procesos internos.
* *
49. En relación con el procedimiento disciplinario, efectuado por la Oficina de Investigación y Disciplina del Comando del Departamento de Policía de Putumayo en contra de los miembros de la policía que participaron en el operativo, la Corte nota que el procedimiento duró cinco días desde que el oficial investigador inició la diligencia hasta que el comandante de policía, quien a su vez era el superior jerárquico de los agentes investigados, declaró cerrada la investigación y absolvió a los participantes de dicho operativo. En ese sentido, la Procuraduría Intendencial de Putumayo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de Derechos Humanos, el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y la Dirección General de Policía actuando como Juzgado de Primera Instancia, señalaron que el procedimiento disciplinario presentó irregularidades; se realizó en forma sumarísima; impidió el esclarecimiento de los hechos; y conllevó a la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato. Asimismo, la Corte observa que, en las circunstancias expuestas, el “juzgador” ejerció la doble función de juez y parte, lo cual no otorga a las víctimas o, en su caso, a sus familiares, las garantías judiciales consagradas en la Convención. La brevedad con que se tramitó este procedimiento disciplinario impidió el descargo de pruebas y únicamente la parte involucrada (los miembros de la policía) participó en el proceso.
50. En lo que refiere al proceso penal militar, éste se inició el 29 de enero de 1991 en el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar y fue tramitado en esta jurisdicción hasta el 25 de marzo de 1998, cuando la causa se trasladó a la jurisdicción penal ordinaria. En la jurisdicción militar, los jueces encargados de conocer la causa estaban adscritos a la Policía Nacional, institución a la que pertenecían las personas implicadas como autores materiales de los hechos. Además, la policía era parte del Ministerio de Defensa, Poder Ejecutivo.
51. Al respecto, el Tribunal ya ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar[5].
52. A su vez, esta Corte estima pertinente recordar, que la jurisdicción militar
se establece por diversas legislaciones
con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas.
Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los
militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus
funciones y bajo ciertas circunstancias [por lo que c]uando la justicia militar
asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria,
se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual,
a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la
justicia[6].
53. Como se ha dicho con anterioridad, el juez
encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente
e imparcial[7]. En el caso sub judice, las propias fuerzas armadas involucradas en el combate
contra las grupos insurgentes, son los encargados de juzgar a sus mismos pares
por la ejecución de civiles, tal y como lo ha reconocido el propio Estado. En consecuencia, la investigación y sanción
de los responsables debió recaer, desde un principio, en la justicia ordinaria,
independientemente de que los supuestos autores hayan sido policías en servicio
activo. Pese a lo anterior, el Estado
dispuso que la justicia militar fuera la encargada de la investigación de
los hechos acaecidos en Las Palmeras, la cual llevó adelante dicha investigación
durante más de 7 años -hasta el traslado de la causa a la justicia ordinaria-
sin obtener resultados positivos respecto de la individualización y condena
de los responsables.
54. En conclusión, la aplicación de la jurisdicción
militar en este caso no garantizó el debido proceso en los términos del artículo
8.1 de la Convención Americana, que regula el derecho de acceso a la justicia
de los familiares de las víctimas del caso.
55. Por otra parte, en cuanto al proceso penal ordinario, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Nación se avocó al conocimiento de la causa el 14 de mayo de 1998, luego de que la Procuradora 233 Judicial Primero Penal así lo solicitara al Inspector General de la Policía que actuaba como Juez de Primera Instancia, con el fin de que se juzgara a los presuntos responsables de la muerte de las víctimas del presente caso en la jurisdicción penal ordinaria. En lo que respecta a este proceso, es de suma importancia señalar que, a la fecha de la presente Sentencia, éste no se ha concluido, de manera que haya una resolución definitiva que identifique y sancione a los responsables. La investigación penal de dichos hechos lleva más de diez años, lo que demuestra que la administración de justicia no ha sido rápida ni efectiva.
56. Más aún, a pesar del tiempo transcurrido,
cabe resaltar que, si bien se han llevado a cabo los procesos anteriormente
señalados, lo cierto es que los mismos no han llevado a la determinación y
sanción de los responsables, lo que propicia una situación de impunidad. Esta Corte ha definido la impunidad como
la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos
por la Convención Americana, [bajo la obligación general del] Estado [de]
combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la
impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos
y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares[8].
57. La Corte observa que en el presente caso
las partes admitieron que los miembros de la policía implicados en los hechos
obstaculizaron o no colaboraron de una manera adecuada con las investigaciones
iniciadas con el fin de esclarecer el caso, ya que alteraron, ocultaron y
destruyeron prueba[9].
58. La Corte manifiesta, como lo ha hecho en
reiteradas ocasiones, que no basta con la existencia formal de los recursos
sino que éstos deben ser eficaces[10],
es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos
contemplados en la Convención[11].
Este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones
generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso
dado, resulten ilusorios[12]. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando
su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional
carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad[13] o porque falten los medios para ejecutar
sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación
de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la
decisión[14]. Esta
garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el
resguardo directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes
por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes
ejercen la reclamación en el orden interno[15]. Al respecto, este Tribunal también ha señalado
que “el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia
de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa
norma como en su espíritu”[16].
59.
Además, la Corte ha manifestado que:
del artículo 8 de la Convención
se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos,
o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar
en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos
y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación[17].
60. Asimismo, la Corte ha dicho que el
artículo 25.1 de la Convención incorpora el principio de la efectividad de
los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya el Tribunal ha señalado, según la Convención
[l]os Estados Partes se obligan
a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de
los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad
con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la
obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción[18].
61. De acuerdo con los
hechos admitidos en el presente caso, los familiares de las víctimas no contaron
con un recurso efectivo que les garantizara el ejercicio de sus derechos,
lo que dio lugar, entre otros resultados, a la falta de identificación de
los responsables en el trámite seguido en el fuero militar y ahora en el proceso
penal ordinario.
62. En lo que atañe al plazo del proceso penal, es importante indicar que el artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. En el presente caso, las partes presentaron los alegatos correspondientes y, al respecto, esta Corte se remite a lo establecido en su Sentencia sobre excepciones preliminares dictada el 4 de febrero de 2000, en la cual indicó que:
El Estado no ha dado ninguna explicación
satisfactoria acerca del trámite procesal desarrollado entre esa fecha y el
inicio de 1998. El silencio del Estado
debe ser apreciado tomando en cuenta que durante los siete primeros años el
trámite procesal no pasó de la etapa indagatoria. Colombia ha mencionado los avances que ocurrieron desde que la Unidad
de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación tomó a su cargo esta
causa. Pero el tema en cuestión no
es lo que sucedió en 1998, sino en los primeros siete años a partir de los
hechos. Este tiempo es más que suficiente
para que un tribunal dicte sentencia[19].
63. La Corte ha establecido el criterio de que un período de cinco años transcurrido desde el momento del auto de apertura del proceso rebasaba los límites de la razonabilidad[20]. Dicho criterio se aplica al presente caso.
64. Con fundamento en las consideraciones precedentes, es importante señalar que al hacer el estudio global del procedimiento en la jurisdicción penal interna, el cómputo del plazo desde el 29 de enero de 1991 -fecha en que se dictó el auto de apertura del proceso penal militar- hasta el 25 de marzo de 1998 -cuando se trasladó la causa a la jurisdicción penal ordinaria- y luego, desde el día 14 de mayo de 1998 cuando se dictó el auto de avocamiento del proceso por parte del Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación hasta la actualidad, en que todavía no se ha pronunciado una sentencia condenatoria, este Tribunal advierte que, en conjunto, el proceso penal ha durado más diez años, por lo que este período excede los límites de razonabilidad previstos en el artículo 8.1 de la Convención[21].
65. En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de estas últimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido.
66. Por las consideraciones aducidas este Tribunal declara que el Estado violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milciades Cerón Gómez, Wilian Hamilton Cerón Rojas, Edebraes Norverto Cerón Rojas, NN/ Moisés o NN/Moisés Ojeda y Hernán Lizcano Jacanamejoy.
VIII
Aplicación
del Artículo 63.1
67. La Comisión solicitó que se ordene al Estado
que otorgue una reparación a los familiares de las víctimas de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 63.1 de la Convención, mediante el pago de una
indemnización justa y ordene medidas de no repetición o de satisfacción. Además, solicitó que Colombia reforme los reglamentos
y programas de las fuerzas armadas para adecuarlos con las normas internacionales
aplicables a conflictos armados de carácter interno. Asimismo, pidió que se ordene al Estado el
pago de costas y gastos incurridos por los familiares de las víctimas para
litigar en el ámbito interno así como ante la Comisión y la Corte y los honorarios
razonables de sus abogados, aspectos que según la Comisión deben ser tratados
en la etapa de reparaciones.
68. Por su parte, el Estado afirmó que no está
clara la formulación de la solicitud por parte de la Comisión, particularmente
la referencia que hace a la deducción de lo ya pagado por concepto de indemnización
monetaria en los casos contencioso administrativos, al tomar en cuenta que
los familiares de Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Artemio Pantoja Ordóñez,
Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraes Noverto Cerón Rojas y Wilian Hamilton
Cerón Rojas, promovieron procesos contencioso administrativos y se condenó
al Estado a indemnizarles los perjuicios materiales y morales que sufrieron
como consecuencia de la muerte de las personas citadas.
En cuanto a N.N./Moisés manifestó que cumpliría lo que disponga la
Corte de acuerdo con la prueba allegada al proceso.
Agregó, que las costas derivadas de los procesos contencioso-administrativos
ya fueron definidas en las dos sentencias proferidas.
En materia penal explicó que no hay costas que reembolsar, ya que impera
el principio de gratuidad y los familiares de las víctimas no han promovido
actuaciones específicas dentro de la investigación en curso. En cuanto a las costas que genere el trámite
internacional, el Estado estará atento a lo que la Corte defina en su oportunidad.
Finalmente, expresó que la solicitud de la Comisión de reforma de los
reglamentos y programas de las fuerzas armadas no se ajusta a los términos
de la Convención.
* *
69. La Corte considera, de conformidad con el
artículo 63.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a investigar
los hechos que produjeron las violaciones. Inclusive, en el supuesto
de que las dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos
responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los
familiares de las víctimas a conocer integralmente lo sucedido.
70. Además, en el presente caso, la Corte
estima que es procedente abrir la etapa de reparaciones, para cuyos efectos
comisiona a su Presidente para que oportunamente adopte las medidas que sean
necesarias.
IX
Puntos
Resolutivos
71. Por
lo tanto,
LA CORTE
por unanimidad
DECLARA:
1. Que la responsabilidad del Estado por
la muerte de los señores Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy,
Julio Milciades Cerón Gómez, Wilian Hamilton Cerón Rojas y Edebraes Norberto
Cerón Rojas, correspondiente a la violación del artículo 4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, quedó establecida por las dos sentencias
definitivas de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de fechas 14 de diciembre de 1993 y 15 de enero de 1996.
DECIDE:
2. Que el Estado
es responsable por la muerte de N.N./Moisés o N.N./Moisés Ojeda en violación del artículo 4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
3. Que no existen
pruebas suficientes que permitan afirmar que Hernán Lizcano Jacanamejoy fue
ejecutado en combate o extrajudicialmente por agentes del Estado en violación
del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Que el Estado violó, en perjuicio de los
familiares de Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio
Milciades Cerón Gómez, Wilian Hamilton Cerón Rojas, Edebraes Norverto Cerón
Rojas, NN/ Moisés o NN/ Moisés Ojeda y Hernán Lizcano Jacanamejoy, el derecho
a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. Abrir la etapa de reparaciones, a cuyo
efecto comisiona a su Presidente para que oportunamente adopte las medidas
que fuesen necesarias.
Los Jueces Cançado Trindade
y Pacheco Gómez hicieron conocer a la Corte su Voto Razonado Conjunto, los
Jueces García Ramírez, Salgado Pesantes y Abreu Burelli hicieron conocer a
la Corte su Voto Razonado Conjunto y el Juez Barberis hizo conocer a la Corte
su declaración, los cuales acompañan a esta Sentencia.
Redactada en español y
en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día
6 de diciembre de 2001.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Alirio Abreu
Burelli Sergio García Ramírez
Julio A.
Barberis
Juez ad hoc
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario