Caso Blake, Resolución de la Corte de 2 de junio de 2001, Corte I.D.H. (Ser. E) (2001).
1.
La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 16 de agosto de 1995, mediante la cual adoptó
medidas urgentes en favor de Justo Victoriano Martínez Morales,
Floridalma Rosalina López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar
Ibal Martínez López y Sylvia Patricia Martínez López.
2.
La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante la Corte) de 22 de septiembre de 1995, que dispuso:
1. Ratificar la Resolución
del Presidente del 16 de agosto de 1995 y solicitar al Gobierno de
la República de Guatemala que mantenga las medidas provisionales en
favor de: Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina López
Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López y Sylvia
Patricia Martínez López.
2. Requerir al Gobierno
de la República de Guatemala que informe a la Corte, cada tres meses,
sobre las medidas provisionales tomadas.
3. Requerir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que remita a la Corte sus observaciones
sobre los informes del Gobierno de la República de Guatemala, dentro
del mes siguiente de haber sido notificada de éstos.
3.
La Resolución de la Corte de 18 de abril de 1997, en la cual
se resolvió:
1. Tomar
nota de las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala en cumplimiento
de la resolución de la Corte de 22 de septiembre de 1995.
2. Requerir al Estado
de Guatemala que amplíe las medidas adoptadas para que sean ofrecidas
a los señores Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina
López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López
y Sylvia Patricia Martínez López tanto cuando permanecen en su casa
de habitación como cuando se trasladan fuera de ella.
4.
La Resolución de la Corte de 18 de agosto de 2000, en la cual
se resolvió:
1. Requerir al Estado
de Guatemala que mantenga todas las medidas necesarias para proteger
la vida e integridad personal de Justo Victoriano Martínez Morales,
Floridalma Rosalina López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar
Ibal Martínez López y Sylvia Patricia Martínez López.
2. Requerir
al Estado de Guatemala que informe a la Corte sobre las medidas que
haya tomado para investigar las amenazas que hayan sufrido dichas
personas, de conformidad con la nota de Secretaría al respecto, con
la finalidad de obtener resultados eficaces que lleven a descubrir
a los responsables y sancionarlos.
3. Requerir al Estado
de Guatemala que continúe presentando cada seis meses sus informes
sobre las medidas provisionales adoptadas, y a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes
dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
5.
La nota de Secretaría de 26 de marzo de 2001, mediante la cual
solicitó a Guatemala la presentación del decimoséptimo informe sobre
las medidas provisionales en este caso, en razón de que el plazo para
hacerlo había vencido el 18 de febrero de 2001.
CONSIDERANDO:
1.
Que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde
el 25 de mayo de 1978 y aceptó la competencia obligatoria de la Corte
el 9 de marzo de 1987, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
2.
Que el artículo 63.2 de la Convención establece que la Corte
podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en
los asuntos que estén sometidos a su conocimiento y para ello requiere
que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se
haga necesario evitar daños irreparables a las personas [y que s]i
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
[la Corte] podrá actuar a solicitud de la Comisión.
3.
Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento
dispone que
1. En cualquier estado
del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad
y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a
las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar
las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos
del artículo 63.2 de la Convención.
4.
Que el artículo 1.1 de la Convención señala el deber que tienen
los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos
en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción.
5.
Que, como elemento esencial del deber de protección, el Estado
tiene la obligación de investigar las amenazas y hechos de intimidación
que hayan sufrido y puedan sufrir las personas protegidas y, en su
caso, sancionar a los responsables de los hechos que motivaron la
adopción de las medidas provisionales.
6.
Que el informe solicitado al Estado en la Resolución de este
Tribunal de fecha 18 de agosto de 2000 no fue presentado dentro del
plazo correspondiente y que la Corte, a través de su Secretaría, le
ha solicitado la remisión del mismo y se mantiene a la espera de esa
información.
7.
Que, consecuentemente, la Comisión no ha podido presentar sus
observaciones relacionadas con el cumplimiento de las medidas provisionales
dictadas en favor de Justo Victoriano Martínez Morales y sus familiares.
8.
Que este Tribunal considera oportuno mantener las medidas provisionales
adoptadas en este caso y solicitar información al Estado y a la Comisión
sobre el estado de cumplimiento de las mismas.
POR
TANTO:
LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
de conformidad con el artículo 63.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento,
RESUELVE:
1.
Requerir al Estado de Guatemala que mantenga todas las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad personal de Justo Victoriano
Martínez Morales, Floridalma Rosalina López Molina, Víctor Hansel
Morales López, Edgar Ibal Martínez López y Sylvia Patricia Martínez
López.
2.
Requerir al Estado de Guatemala que informe a la Corte, a más
tardar el 2 de julio de 2001, sobre las medidas adoptadas en el presente
caso, en particular las que hubiese tomado para investigar las amenazas
que hubieran sufrido dichas personas, con la finalidad de obtener
resultados eficaces que lleven a descubrir a los responsables y sancionarlos.
3.
Instruir a la Secretaría de la Corte que, una vez recibido
el informe del Estado, lo transmita a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
4.
Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que remita a la Corte sus observaciones sobre el informe mencionado
en el Resolutivo anterior, dentro del mes siguiente de haber sido
notificada de éste.
5.
Requerir al Estado de Guatemala que continúe presentando cada
seis meses sus informes sobre las medidas provisionales adoptadas,
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus
observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas
a partir de su recepción.
Antônio A. Cançado Trindade
Presidente
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio
A. Cançado Trindade
Presidente
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
[1] El Juez Máximo Pacheco Gómez informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en el LI Período Ordinario de Sesiones del Tribunal, por lo que no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución.
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