Vistos:
1. La Resolución del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 16 de agosto de 1995.
2. La Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 1995, que dispuso
1. Ratificar la Resolución
del Presidente del 16 de agosto de 1995 y solicitar al Gobierno de
la República de Guatemala que mantenga las medidas provisionales en
favor de: Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina López
Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López y Sylvia
Patricia Martínez López.
2. Requerir al Gobierno
de la República de Guatemala que informe a la Corte, cada tres meses,
sobre las medidas provisionales tomadas.
3. Requerir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que remita a la Corte sus observaciones
sobre los informes del Gobierno de la República de Guatemala, dentro
del mes siguiente de haber sido notificada de éstos.
3. La Resolución del Presidente de la Corte
de 18 de abril de 1997, en la cual se resolvió
1. Tomar nota de las
medidas adoptadas por el Estado de Guatemala en cumplimiento de la
resolución de la Corte de 22 de septiembre de 1995.
2. Requerir al Estado
de Guatemala que amplíe las medidas adoptadas para que sean ofrecidas
a los señores Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina
López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López
y Sylvia Patricia Martínez López tanto cuando permanecen en su casa
de habitación como cuando se trasladan fuera de ella.
4. El escrito del Estado de Guatemala (en
adelante “el Estado” o “Guatemala”) recibido en la Secretaría de la
Corte el 11 de mayo de 2000 mediante el cual presenta el noveno (rectius decimosexto) informe respecto de las medidas provisionales
adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Corte”) en el caso Blake. En dicho escrito manifiesta que desde
que la Corte dictó las medidas provisionales, el Estado ha cumplido
con éstas y ha mantenido informada a la Corte sobre la situación de
Justo Victoriano Martínez Morales, quien hasta la fecha no ha sido
objeto de ninguna amenaza o peligro real en relación con el presente
caso. Asimismo, por considerar
que el caso que dio origen a las medidas provisionales ha finalizado
en su totalidad ante el Sistema Interamericano; por haberse hecho
efectivo el pago indemnizatorio a favor de la familia Blake, y al
haber los Tribunales de Justicia condenado a uno de los responsables
de la muerte de Nicholas Chapman Blake, Guatemala solicitó a la Corte
dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas y el cese de
la obligación del Estado en tal sentido, principalmente sobre los
informes periódicos que se deben rendir a la Corte.
5. El escrito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
de 13 de junio de 2000, mediante el cual manifestó que considera que,
por ahora, las medidas provisionales ordenadas por la Corte deben
continuar “al menos en la forma en que el propio Estado describe en
su informe, es decir mediante el sistema de comunicación constante
entre la Oficina Regional de COPREDEH y el señor Justo V. Martínez,
los patrullajes que realiza la Policía Nacional Civil en los alrededores
de la vivienda del señor Martínez y la comunicación entre éste y el
Jefe Departamental de la Policía Nacional Civil”.
6. La nota de Secretaría de 21 de junio de
2000, por la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte,
se solicitó a la Comisión remitir los fundamentos por los cuales la
Comisión se opuso a la solicitud del Estado.
7. El escrito de la Comisión de 10 de julio
de 2000, mediante el cual expuso que considera que en el presente
caso no existe una vinculación causal entre el pago de la indemnización
que fijó la Corte y la adopción de las medidas de protección en favor
del señor Martínez y su familia, es decir, que dicho pago no constituye
per se impedimento alguno para que las amenazas puedan continuar en
el futuro. Además, que en
vista de que varias personas que participaron en los hechos delictivos
denunciados por la Comisión no han sido aún investigadas, aquélla
consideró que, por ahora, las medidas provisionales ordenadas deberían
continuar al menos en la forma que describe Guatemala. Por último,
en cuanto a los informes periódicos que el Estado debe presentar a
la Corte, la Comisión no tiene objeción alguna a que la presentación
de los mismos se efectúe cada seis meses.
8. La nota de Secretaría de 15 de agosto de
2000, mediante la cual solicitó a Guatemala la presentación de toda
información relacionada con
las investigaciones llevadas a cabo respecto de las amenazas sufridas
por el señor Justo Victoriano Martínez y su familia, que motivaron
la adopción de las presentes medidas provisionales.
CONSIDERANDO:
1. Que Guatemala es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 25 de mayo de 1978 y aceptó la competencia obligatoria
de la Corte el 9 de marzo de 1987, de acuerdo con el artículo 62 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención
establece que la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento y
para ello requiere que se trate de casos “de extrema gravedad y urgencia,
y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas
[y que s]i se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
[la Corte] podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
3. Que en relación con esta materia, el artículo
25 del Reglamento dispone que
1. En cualquier estado
del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad
y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a
las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar
las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos
del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que Guatemala ha solicitado a la Corte
el levantamiento de las medidas provisionales adoptadas en el presente
caso, por considerar que ha cumplido con éstas, ha mantenido informada
a la Corte sobre la situación de Justo Victoriano Martínez Morales,
quien -según indica- hasta la fecha no ha sido objeto de ninguna amenaza
o peligro real en relación con el presente caso y por considerar que
el mismo ha finalizado en su totalidad ante el Sistema Interamericano.
Además, solicitó el cese de la obligación de informar periódicamente
a la Corte sobre dichas medidas.
5. Que la Comisión Interamericana se opuso
a dicha solicitud por considerar que no existe ninguna relación causal
entre la adopción de las medidas y el pago por concepto de indemnización
a los familiares del señor Blake. Además, con respecto al plazo de
los informes, no se opuso a que el Estado informara a la Corte cada
seis meses.
6. Que el artículo 1.1 de la Convención señala
el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y
libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
7. Que, como elemento esencial del deber
de protección, el Estado tiene la obligación de investigar las amenazas
y hechos de intimidación que hayan sufrido y puedan sufrir las personas
protegidas y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos
que motivaron la adopción de las medidas provisionales.
8. Que la Corte, a través de su Secretaría,
ha solicitado al Estado la remisión de toda información relativa a
las investigaciones llevadas a cabo con respecto a las amenazas que
motivaron la adopción de las presentes medidas provisionales a favor
del señor Justo Victoriano Martínez y su familia, de lo cual esta
Corte se mantiene en espera.
9. Que en razón de la información solicitada
al Estado, esta Corte considera que no se justifica por ahora el levantamiento
de las medidas provisionales.
POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
de conformidad
con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento,
RESUELVE:
1. Requerir al Estado de Guatemala que mantenga
todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal
de Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina López Molina,
Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López y Sylvia Patricia
Martínez López.
2. Requerir al Estado de Guatemala que informe
a la Corte sobre las medidas que haya tomado para investigar las amenazas
que hayan sufrido dichas personas, de conformidad con la nota de Secretaría
al respecto, con la finalidad de obtener resultados eficaces que lleven
a descubrir a los responsables y sancionarlos.
3. Requerir al Estado de Guatemala que continúe
presentando cada seis meses sus informes sobre las medidas provisionales
adoptadas, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de
seis semanas a partir de su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
