Caso Ivcher Bronstein, Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2000, Corte I.D.H. (Ser. E) (2000).
Vistos:
1. El escrito de demanda presentado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”
o “la Comisión Interamericana”) a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) el 3
de marzo de 1999 en contra del Estado del Perú (en adelante “el Estado”
o “el Perú”) sobre el caso Ivcher Bronstein.
2. Las declaraciones de los testigos y el
perito rendidas durante la audiencia pública sobre el fondo del caso
Ivcher Bronstein celebrada en la Corte los días 20 y 21 de noviembre
de 2000 en la que comparecieron[2]
por la Comisión Interamericana:
Hélio Bicudo,
delegado;
Claudio Grossman,
delegado;
Christina
Cerna, asesora;
Santiago Canton,
asesor;
Debora Benchoam,
asesora;
Alberto Borea,
asistente;
Elliot Abrams,
asistente;
Viviana Krsticevic,
asistente; y
María Claudia
Pulido, asistente.
Testigos y Peritos propuestos
por la Comisión Interamericana:
Luis Iberico,
testigo;
Baruch Ivcher
Bronstein, testigo;
Fernando Viaña
Villa, testigo;
Julio Sotelo
Casanova, testigo;
Luis Pércovich
Roca, testigo;
Rosario Lam
Torres, testigo;
Samuel Abad
Yupanqui, perito;
Emilio Rodríguez
Larraín, testigo; y
Fernando Rospigliosi
Capurro, testigo.
3. Los alegatos finales expuestos por la
Comisión Interamericana durante la referida audiencia pública (supra 2).
Considerando:
1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia
de la Corte, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de enero
de 1981.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención
Americana dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”,
la Corte podrá, en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento,
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que, en los términos del artículo 25.1
del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos
de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar
daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia
de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que, de estas disposiciones, resulta claro
que la Corte puede actuar de oficio en casos de extrema gravedad y
urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
La Corte ya lo ha hecho anteriormente[3].
5. Que el artículo 1.1 de la Convención señala
el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y
libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
6. Que las declaraciones presentadas por
los testigos y el perito durante la audiencia pública de 20 y 21 de
noviembre de 2000, y los alegatos finales de la Comisión, permiten
a la Corte establecer prima facie la existencia de amenazas a
los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales
del señor Baruch Ivcher Bronstein, presunta víctima del caso, así
como a los de algunos miembros de su familia, ciertos funcionarios
de sus empresas y otras personas relacionadas con los hechos que dieron
origen al presente caso. El estándar de apreciación prima
facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades
de protección, han fundamentado las medidas provisionales adoptadas
por esta Corte en distintas ocasiones[4].
7. Que es responsabilidad del Estado aplicar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén
sujetas a su jurisdicción. Este
deber se torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados
a procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana.
8. Que el propósito de las medidas provisionales,
en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en
general, es preservar los derechos de las partes en controversia,
asegurando que la futura sentencia de fondo no sea perjudicada por
las acciones de ellas pendente lite.
9. Que el propósito de las medidas provisionales,
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, va más allá,
por cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen
efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar
daños irreparables a las personas.
Por Tanto:
en uso de
las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento,
Resuelve:
1. Requerir al Estado del Perú que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad
física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales del
señor Baruch Ivcher Bronstein, su esposa, Noemí Even de Ivcher, y
sus hijas, Dafna Ivcher Even, Michal Ivcher Even, Tal Ivcher Even
y Hadaz Ivcher Even.
2. Requerir al Estado del Perú que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad
física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales de
Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova, José Arrieta Matos, Emilio
Rodríguez Larraín y Fernando Viaña Villa.
3. Requerir al Estado del Perú que informe
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 5 de
diciembre de 2000, sobre las medidas provisionales que haya adoptado
en cumplimiento de la presente resolución, y que, a partir de entonces,
continúe presentando sus informes cada dos meses.
4. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus
observaciones a los informes del Estado del Perú dentro de un plazo
de seis semanas a partir de su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Carlos Vicente
de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
[1] El Juez Sergio García Ramírez informó
a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no pudo participar
de la deliberación ni la adopción de estas Medidas Provisionales.
[2] El Estado del Perú no compareció a la audiencia pública
de fondo en el presente caso celebrada en la sede de la Corte los
días 20 y 21 de noviembre de 2000, por lo que el Presidente de la
Corte leyó públicamente, al inicio de dicha audiencia, el artículo
27 del Reglamento de la Corte Interamericana, que se refiere al
“Procedimiento por Incomparecencia o Falta de Actuación”.
[3] Resolución de 15 de enero de 1988, Medidas Provisionales
en los casos Velásquez Rodríguez,
Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz, considerandos
cuarto y quinto; Resolución del Presidente de la Corte de 7 de abril
de 2000 en el caso del Tribunal
Constitucional, considerando cuarto.
[4] (cfr., inter
alia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando quinto; Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de junio de
1999, Medidas Provisionales en el caso
Cesti Hurtado, considerando cuarto; Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 27 de mayo de 1999, Medidas Provisionales
en el caso James y Otros, considerando octavo; Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998, Medidas Provisionales
en el caso Clemente Teherán
y otros, considerando quinto; Resolución del Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de julio de 1997,
Medidas Provisionales en el caso
Alvarez y Otros, considerando quinto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de agosto de
1995, Medidas Provisionales en el caso Blake, considerando cuarto; Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
26 de julio de 1995, Medidas Provisionales en el caso Carpio Nicolle, considerando cuarto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de junio de
1995, Medidas Provisionales en el caso
Carpio Nicolle, considerando quinto; Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 1994, Medidas
Provisionales en el caso Caballero Delgado y Santana, considerando tercero; y Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de junio de
1994, Medidas Provisionales en el caso
Colotenango, considerando quinto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril de
2000, Medidas Provisionales en el caso
del Tribunal Constitucional, considerando séptimo; Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de
2000, Medidas Provisionales en el caso de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en la República
Dominicana, considerando quinto y noveno; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de octubre de
2000, Medidas Provisionales en el caso
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considerando
cuarto).
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