Caso Ivcher Bronstein, Resolución de la Corte de 23 de noviembre de 2000, Corte I.D.H. (Ser. E) (2000).
Vistos:
1. La Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”)
de 21 de noviembre de 2000, en la que resolvió:
1. Requerir al Estado
del Perú que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias
para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho
a las garantías judiciales del señor Baruch Ivcher Bronstein, su esposa,
Noemí Even de Ivcher, y sus hijas, Dafna Ivcher Even, Michal Ivcher
Even, Tal Ivcher Even y Hadaz Ivcher Even[;]
2. Requerir al Estado
del Perú que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias
para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho
a las garantías judiciales de Rosario Lam Torres, Julio Sotelo Casanova,
José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín y Fernando Viaña Villa[;]
3. Requerir al Estado
del Perú que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
a más tardar el 5 de diciembre de 2000, sobre las medidas provisionales
que haya adoptado en cumplimiento de la presente resolución, y que,
a partir de entonces, continúe presentando sus informes cada dos meses[;]
y
4. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que presente sus observaciones a los informes del Estado del Perú
dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
2. El escrito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
de 22 de noviembre de 2000, mediante el cual solicitó a la Corte una
ampliación de las medidas provisionales ordenadas (supra 1) a favor de los señores Menachem
Ivcher Bronstein, hermano del señor Baruch Ivcher Bronstein, y Roger
González, funcionario de sus empresas.
Como fundamento a su solicitud, la Comisión manifestó que
ambos [señores] fueron comprendidos también en el proceso que se le siguió
a Productos del Paraíso S.A. (empresa de propiedad del señor Ivcher),
y ambos se encuentran en la condición de acusados para los que se
ha pedido prisión efectiva de doce años en la acusación fiscal y son
juzgados asimismo por contumacia por haberse sometido a ese proceso.
1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia
de la Corte, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de enero
de 1981.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención
Americana dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”,
la Corte podrá, en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento,
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que, en los términos del artículo 25.1
del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos
de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar
daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia
de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que el artículo 1.1 de la Convención señala
el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y
libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
5. Que los antecedentes presentados en la
solicitud de la Comisión así como las declaraciones de los testigos
y el perito rendidas en la sede de la Corte durante la audiencia pública
sobre el fondo del caso Ivcher Bronstein los días 20 y 21 de noviembre
de 2000, y los alegatos finales de la Comisión, permiten a la Corte
establecer prima facie la existencia de amenazas a los derechos a la integridad
personal y a las garantías judiciales de los señores Menachem Ivcher
Bronstein y Roger González. El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades
de protección, han fundamentado las medidas provisionales adoptadas
por esta Corte en distintas ocasiones[1].
6. Que es responsabilidad del Estado aplicar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén
sujetas a su jurisdicción.
7. Que el propósito de las medidas provisionales,
en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en
general, es preservar los derechos de las partes en controversia,
asegurando que la futura sentencia de fondo no sea perjudicada por
las acciones de ellas pendente lite.
8. Que el propósito de las medidas provisionales,
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, va más allá,
por cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen
efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar
daños irreparables a las personas.
1. Requerir al Estado del Perú que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad
física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales de
los señores Menachem Ivcher Bronstein y Roger González.
2. Requerir al Estado del Perú que, en su
primer informe sobre las medidas provisionales ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 21 de noviembre de 2000, informe
también sobre las providencias urgentes que haya adoptado en cumplimiento
de la presente Resolución, y, que a partir de entonces, continúe presentando
sus informes cada dos meses.
3. Requerir a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que presente sus observaciones a los informes
del Estado del Perú dentro de un plazo de seis semanas a partir de
su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
[1] (cfr., inter
alia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando quinto; Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de junio de
1999, Medidas Provisionales en el caso
Cesti Hurtado, considerando cuarto; Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 27 de mayo de 1999, Medidas Provisionales
en el caso James y Otros, considerando octavo; Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998, Medidas Provisionales
en el caso Clemente Teherán
y otros, considerando quinto; Resolución del Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de julio de 1997,
Medidas Provisionales en el caso
Alvarez y Otros, considerando quinto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de agosto de
1995, Medidas Provisionales en el caso Blake, considerando cuarto; Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
26 de julio de 1995, Medidas Provisionales en el caso Carpio Nicolle, considerando cuarto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de junio de
1995, Medidas Provisionales en el caso
Carpio Nicolle, considerando quinto; Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 1994, Medidas
Provisionales en el caso Caballero Delgado y Santana, considerando tercero; y Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de junio de
1994, Medidas Provisionales en el caso
Colotenango, considerando quinto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril de
2000, Medidas Provisionales en el caso
del Tribunal Constitucional, considerando séptimo; Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de
2000, Medidas Provisionales en el caso de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en la República
Dominicana, considerando quinto y noveno; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de octubre de
2000, Medidas Provisionales en el caso
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, considerando
cuarto).
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