1. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) de 3 de octubre
de 2000, mediante el cual sometió a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte” o
“la Corte Interamericana”), de acuerdo con los artículos 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento
de la Corte, una solicitud de medidas provisionales en favor de los habitantes
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Departamento de Antioquía,
República de Colombia, con el fin de que se proteja su vida e integridad
personal, en relación con el caso No. 12.325, actualmente en trámite ante
la Comisión.
2. Que, en dicho escrito, la Comisión expresó que
los residentes de dicha comunidad “han sido objeto de graves actos de
violencia y hostigamiento por parte de grupos paramilitares de la zona”,
de los que serían también responsables miembros del Ejército de Colombia.
En particular, la Comisión comunicó a la Corte que ha sido informada del
“asesinato de 47 de [los] miembros [de la comunidad] en un período de
nueve meses”. Por su gravedad, a continuación se reseñan algunos de los
hechos que la Comisión detalló en su solicitud de medidas provisionales:
2.1. El 29 de diciembre de 1997, hacia las 15 horas,
miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional retuvieron a Antonio
Tuberquia, Blanca Libia Guzmán y Heriberto Usuga, cuando, en compañía
de otras personas, iban a recoger cacao. Los separaron de sus compañeros,
los golpearon saltando sobre ellos, les colocaron trapos mojados en la
cara y los acusaron de ser guerrilleros.
2.2. El 6 de febrero de 1998, hacia las 10:20 horas,
cuando se desplazaban entre San José de Apartadó y la vereda La Unión,
Joaquin Graciano, de 55 años, Jesús Emilio Tuberquia, de 35 años, Arnulfo
Tuberquia, de 14 años y Ovidio Tuberquia, de 16 años, fueron retenidos
por miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional y miembros de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (en adelante “las ACCU”), quienes
los desnudaron e hicieron tender en el piso. Luego les “colocaron revólveres
y machetes en el cuello y les [dijeron] que los iban a matar”.
2.3. El 12 de febrero de 1998, hacia las 17 horas,
miembros de la XVII Brigada del Ejército Nacional retuvieron y amenazaron
con cuchillos en la vereda Arenas Altas a Manuel Zapata, de 50 años.
2.4. El 15 de febrero de 1998, entre las 17:30 y las
19 horas, en la vereda Arenas Altas, miembros de las XVII Brigada del
Ejército Nacional acompañados por paramilitares de las ACCU retuvieron
a José Eusebio Caro, de 38 años de edad, y a su padre, Ramón Emilio Velez,
de 78 años, a quienes tuvieron amarrados durante toda la noche y golpearon,
acusándolos de ser guerrilleros; los golpearon; les dieron puntapiés;
les daban golpes con los fusiles y los acusaban de “ser guerrilleros”.
Ese mismo día, otro grupo de soldados de la XVII Brigada del Ejército
Nacional retuvo a Hubert Galvis y a Consuelo, su esposa, quienes recibieron
el mismo trato de los mencionados anteriormente y además les incendiaron
su casa y mataron sus animales. También el 15 de febrero, a las 17 horas,
otros soldados de la XVII Brigada del Ejército retuvieron a Luis Hernando
Goez, de 34 años de edad, a quien amarraron de pies y manos y simularon
ejecutar.
2.5. El 7 de marzo de 1998, a las 8 horas, miembros
de la Brigada XVII del Ejército Nacional, conjuntamente con miembros de
las ACCU, torturaron y asesinaron en la vereda Caño Seco a Reynaldo Lara
Ramos, de 60 años de edad, a Miguel Lara, de 17 años de edad, y a Juanita
Osorio De Lara, de 58 años de edad.
2.6. El 13 de marzo de 1998, hacia las 15 horas fue
asesinado, por miembros de las ACCU, Gerardo Hidalgo, integrante de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de 58 años de edad, cuando salía
de dicha comunidad en un vehículo público de transporte.
2.7. El 19 de marzo de 1998, aproximadamente a las
14 horas, en la vereda La Unión, miembros de la XVII Brigada del Ejército
Nacional “retuvieron, golpearon y ultrajaron” a Gildardo Tuberquia.
2.8. El 26 de marzo de 1998, hacia las 12 horas, miembros
de la XVII Brigada del Ejército Nacional dispararon contra la casa de
una familia de la vereda Alto Bonito, hiriendo gravemente a Argemiro Jiménez,
de 52 años, a su esposa Rosmira Tabares, de 38 años, y a sus hijos Navier
Antonio, de 7 años, Jorge, de 13 años, y Dorey, de 4 años.
2.9. El 9 de abril de 1998, un contingente de la XVII
Brigada del Ejército Nacional llegó a la vereda Arenas Altas, hacia las
8 horas, disparó contra Darío Goez, de 42 años, quien se encontraba en
su casa en compañía de otras personas, hiriéndolo. Luego fue sacado del
lugar por los militares. Su cadáver, hallado posteriormente, fue reportado
como perteneciente a un guerrillero muerto en combate.
2.10. El 4 de abril de 1999, a las 23:15 horas, un grupo
de hombres vestidos de civil y armados con pistolas y granadas ingresó al territorio de la comunidad y asesinó
a Aníbal Jiménez, Daniel Pino y Gabriel Graciano, este último de 16 años.
Otras dos personas fueron heridas de gravedad.
2.11. El 9 de agosto de 1999, a las 10:00 horas, un
grupo de 30 hombres armados, entre ellos un teniente y varios paramilitares,
ingresaron a la casa de Eduard Morales, a quien golpearon y amenazaron
de muerte acusándolo de ser desertor de la guerrilla. Un vecino que se
encontraba en el lugar, Luis Hidalgo, también fue golpeado.
2.12. El 19 de febrero de 2000 fueron asesinados, en
el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, Albeiro Montoya,
Luis Ciro y Alfonso Jiménez, Mario Urrego y Uvaldo Quintero, por un grupo
de 20 hombres uniformados con prendas militares
y que portaban armas AK, Galil y R–15.
2.13. El 10 de marzo de 2000 un campesino de la vereda
El Gas, corregimiento de San José de Apartadó, encontró la casa de un
vecino quemada, al propietario muerto, y al resto de la familia, la esposa
y cinco hijos, desaparecidos. De acuerdo con algunas autoridades locales
el crimen fue cometido por los paramilitares.
2.14. El 13 de mayo de 2000, hacia las 16:00 horas aproximadamente,
Josmen Benitez, de 23 años, fue obligado a bajarse de un vehículo del
servicio público de transporte en el que se dirigía a San José de Apartadó
y posteriormente asesinado en el barrio Policarpa de Apartadó, por cinco
paramilitares vestidos de civil.
2.15. El 8 de junio de 2000, hombres con sus rostros
cubiertos por pasamontañas, presuntamente militares o paramilitares, vestidos
con prendas militares y utilizando fusiles AK, fusilaron a seis integrantes
de la Comunidad de San José de Apartadó.
2.16. El 8 de julio de 2000 un grupo de aproximadamente
20 encapuchados asesinó a Rigoberto Guzmán, Elodino Rivera, Diofanor Correa,
Humberto Sepúlveda, Pedro Zapata y Jaime Guzmán, y retuvo a otros campesinos.
Antes de salir de la vereda, los agresores incendiaron la casa comunitaria
donde estaba el teléfono. Al día siguiente, integrantes de la Brigada
XVII junto con paramilitares ingresaron a la casa de Manuel Herrera, saquearon
la vivienda, hurtaron bienes familiares y amenazaron tanto a él como a
toda la comunidad.
2.17. El 16 de julio de 2000, Fredy Mazo, joven de aproximadamente
18 años, fue sacado en horas de la noche del corregimiento de San José
de Apartadó, y su cuerpo apareció en los alrededores con signos visibles
de haber sido macheteado.
2.18. El viernes 25 de agosto de 2000, aproximadamente
a las 15:20 horas, personas armadas que se habrían identificado como pertenecientes
a las autodefensas campesinas, hicieron detener el vehículo de servicio
público que se dirigía hacia San José de Apartadó y obligaron a Ignacio
Arenas a descender de él. A eso de las 16:20 horas, un grupo de campesinos
que se dirigía hacia San José de Apartadó observó en la orilla de la carretera
el cadáver de Arenas con un tiro en la cabeza.
2.19. El martes 19 de septiembre de 2000, a las 13:45
horas, un grupo de cinco paramilitares vestidos de civil y armados, junto
con una mujer, interceptaron un vehículo de servicio público obligando
a Luis Enrique Usuga a bajarse de él. Su cadáver, que presentaba un impacto
de bala en la cabeza y otro en la espalda, apareció en el barrio La Chinita
de Apartadó.
2.20. El viernes
22 de septiembre de 2000, a las 17.00 horas, los paramilitares obligaron
a Miguel Domico Bailarín a bajarse del vehículo de servicio público en
el que viajaba. Su cadáver apareció en la Finca El Bajo del Oso con un
tiro en el cuerpo. Al lado de éste se encontró el cuerpo sin vida de una
mujer que también había sido retenida en el mismo retén paramilitar. De
acuerdo con la Comisión,
la mujer [era] una guerrillera herida [de quien] ‘los
delegados [del Comité Internacional de la Cruz Roja] estaban realizando
la evacuación cuando su vehículo fue interceptado por tres miembros de
las AUC. A pesar de la oposición del CICR que durante una hora negoció
intentando salvaguardar la vida de la persona evacuada, los tres hombres
la sacaron del vehículo y obligaron a los delegados a abandonar el lugar’.
2.21. El 23 de septiembre de 2000, aproximadamente a
las 17:30 horas, seis hombres armados ingresaron a una casa del casco
urbano de San José de Apartado y secuestraron a Luz Analia Arenas Román,
de 20 años, Hernando Arenas, de 18, y Duver Antonio Román, de 15, los
que posteriormente fueron asesinados.
3. Que, con base en los hechos reseñados, la Comisión
solicitó a la Corte “que se pronuncie en favor del dictado de medidas
provisionales con el fin de proteger la vida y la integridad personal
de los miembros de la Comunidad de San José de Apartadó” y realizó ciertas
solicitudes particulares, las que se detallan a continuación:
1. Que las medidas de protección sean acordadas de común acuerdo entre
el Estado y los miembros de la Comunidad y los peticionarios.
En este sentido, y con el fin de asegurar su efectividad y pertinencia,
debe tenerse en consideración la compatibilidad de las medidas de seguridad
ofrecidas con el carácter de la experiencia de la Comunidad de Paz, dado
que la protección personal y armada de estas personas puede poner en peligro
los principios de neutralidad colectiva y zona humanitaria que informan
su propia existencia y generar respuestas violentas por parte de los actores
armados de la región.
2. Que se refuerce y se de verdadera efectividad al mecanismo político
instrumentado mediante la Vicepresidencia de la República, con el fin
de restablecer la confianza entre la Comunidad de Paz y las autoridades
del lugar.
3. Que se fortalezcan las medidas de prevención y protección de la Comunidad
en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Red de Solidaridad Social que incluyen
la provisión de radios de corta frecuencia para San José de Apartadó y
las otras veredas donde se ha producido el retorno de personas desplazadas;
la instalación de reflectores para la iluminación de los alrededores del
casco urbano; la iluminación exterior nocturna del casco urbano y la vereda
de la Unión; la instalación de un sistema de alarmas; el arreglo de la
carretera entre Apartadó y San José; y el arreglo de sistema telefónico
entre el corregimiento y las veredas.
4. Que, como parte esencial del proceso de control y eliminación de la
violencia en contra de la Comunidad de San José de Apartadó, se adopten
medidas eficaces para investigar los graves actos de violencia e intimidación
cometidos contra sus miembros a fin de juzgar y sancionar a los responsables.
4. Que la Comisión Interamericana
dictó, el 17 de diciembre de 1997, medidas cautelares en favor de la población
de San José de Apartadó conforme al artículo 29 de su Reglamento las que,
sin embargo, no habrían logrado detener la violencia desatada “contra
los miembros de la comunidad y los actos de hostigamiento [que] amenazan
de manera grave y continua el derecho a la vida y la integridad personal
de las personas protegidas”.
Considerando:
1. Que Colombia es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia de la
Corte, conforme al artículo 62 de la Convención, el 21 de junio de 1985.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana
dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en
los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud
de la Comisión, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que en los
términos del artículo 25.4 del Reglamento de la Corte:
[s]i la Corte no estuviere reunida, el presidente,
en consulta con la comisión permanente y, de ser posible, con los demás
jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte las providencias urgentes
necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales
que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.
4. Que los antecedentes aportados por la Comisión
en su solicitud demuestran prima
facie una situación de extrema gravedad y urgencia en cuanto a los
derechos a la vida e integridad personal de los señores Ricardo Quintero,
Filinardo Quintero, Senover Quintero, Albeiro Antonio Guzmán, Luz Fany
Sepúlveda, Cristian Camilo Guzmán, Jesus Montoya, Ernestina Tuberquia,
Carlos Hernando Tuberquia, Milorei Tuberquia, Herman Tuberquia, Edier
Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa Ema Alvarez, Andrea Alvarez, Rosalba Zapata,
Leidi Zapata, Joaquin Escobar, Yazmin Guzmán, Yeison Guzmán, Nayivi Guzmán,
Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza, Rosmeri Guzmán, Alba Quintero, Derlis
Quintero, Jader David, Amparo David, Morelia Guzmán, Elicer Guzmán, Rosa
Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy Areiza, Clara Areiza, Denis Guzmán,
Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber Guzmán, Rosa Tuberquia, Jesus Emilio
Tuberquia, Flora Danys Tuberquia, Arlenis Tuberquia, Alvaro Zapata, Rosalba
Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca Zapata, Wilmer Zapata, Willian Guzmán,
Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda, Winer Guzmán, Yesica Guzmán, Arlevis
Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán, Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán, Marielli
Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango, Marina Sánchez, Ferney Sánchez,
Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa Quintero, Carlos Sánchez, Bladimir
Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán, Paola Guzmán, Yaidis Guzmán,
Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja, María Holguín, Consuelo
Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli Guzmán, Leidi Guzmán,
Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina Sánchez, Leonel David,
Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis David, María Sánchez,
Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean David, Mauricio David,
Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana Jesusa Tuberquia, María
Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia, Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia, Aleida Tuberquia,
Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio
Tuberquia, Libia Guzmán, Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario
Guzmán, Bienvenida Mazo, Dania Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda,
Juan Gregorio Guzmán, Jaime Guzmán, Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra
Guzmán, Amparo Guzmán, Liliana Guzmán, Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon
Deives Guzmán, Antonio Areiza, Liliana Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza,
Danilea Areiza, Ricardo Pineda, María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin
Guzmán, Alba Lucia Giraldo, Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli
Giraldo, Marcela Guzmán, Libardo Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán,
Zoila Tuberquia, Ovidio Usuga, Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan
Guzmán, Ricaurte Sepúlveda, Valentina Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz
Dary Tuberquia, Laidin Sepúlveda, Consuelo Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro
Usuga, Didier Usuga, Fidelina Sepúlveda, Edilia Quintero, Ramiro Rueda,
María Quintero, Yorladis Rueda, Yorman Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza,
Alicia Guzmán, Otoniel Guzmán, Alba Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán,
Francisco Higuita, Nohemi Tuberquia, Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia,
Heider Higuita, Deison Higuita, Francisco Higuita, Miro David, Uber Areiza,
Teresa Guzmán, Jhon Guzmán, Beyanira Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia,
Angela Guzmán, Luis Tuberquia, Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia,
Yulie Guzmán y Norber Sepúlveda.
5. Que la Comisión Interamericana ha solicitado al
Estado la adopción de medidas cautelares, las que no han producido los
efectos de protección buscados y que, por el contrario, los hechos ocurridos
recientemente hacen presumir que la integridad y la vida de los miembros
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó están en grave riesgo.
En consecuencia, se presentan circunstancias que hacen necesario requerir
al Estado la adopción de medidas urgentes para evitar a dichas personas
daños irreparables.
6. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el
deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, incluidos, en el presente caso,
los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
7. Que esta Corte ha considerado en otras oportunidades
indispensable individualizar las personas que corren peligro de sufrir
daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección; es, además, de esperarse que las medidas
de protección adoptadas por el Estado en cumplimiento de las resoluciones
dictadas por la Corte o su Presidente beneficien a otras personas de la
misma comunidad que puedan encontrarse en igual situación de vulnerabilidad
y riesgo.
8. Que, como ya ha afirmado esta Corte, “es responsabilidad
del Estado adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas
que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente
en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos
de supervisión de la Convención Americana.”
9. Que el propósito de las medidas provisionales,
en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general,
es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que
la futura sentencia de fondo no sea perjudicada por las acciones de ellas
pendente lite.
10. Que el propósito de las medidas provisionales, en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, va más allá, por cuanto, además de su carácter
esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales,
en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.
11. Que el caso al que se refiere la solicitud de
la Comisión no se encuentra en conocimiento de la Corte en cuanto al fondo
y, por lo tanto, la adopción de medidas urgentes no implica una decisión
sobre el fondo de la controversia existente entre los peticionarios y
el Estado. Al adoptar medidas urgentes,
esta Presidencia está garantizando únicamente que la Corte pueda ejercer
fielmente su mandato convencional.
Por tanto:
El Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos,
en uso de
las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento, después de haber
consultado a todos los jueces de la Corte,
resuelve:
1. Requerir al Estado de la Colombia que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal de los señores Ricardo Quintero, Filinardo Quintero,
Senover Quintero, Albeiro Antonio Guzmán, Luz Fany Sepúlveda, Cristian
Camilo Guzmán, Jesus Montoya, Ernestina Tuberquia, Carlos Hernando Tuberquia,
Milorei Tuberquia, Herman Tuberquia, Edier Tuberquia, Ramon Zapata, Rosa
Ema Alvarez, Andrea Alvarez, Rosalba Zapata, Leidi Zapata, Joaquin Escobar,
Yazmin Guzmán, Yeison Guzmán, Nayivi Guzmán, Yadira Guzmán, Reynaldo Areiza,
Rosmeri Guzmán, Alba Quintero, Derlis Quintero, Jader David, Amparo David,
Morelia Guzmán, Elicer Guzmán, Rosa Ema Zapata, Pedro Luis Areiza, Fredy
Areiza, Clara Areiza, Denis Guzmán, Derli Guzmán, Arelis Guzmán, Yuber
Guzmán, Rosa Tuberquia, Jesus Emilio Tuberquia, Flora Danys Tuberquia,
Arlenis Tuberquia, Alvaro Zapata, Rosalba Aguirre, Deyanira Aguirre, Blanca
Zapata, Wilmer Zapata, Willian Guzmán, Blanca Lilia Areiza, Lubian Sepúlveda,
Winer Guzmán, Yesica Guzmán, Arlevis Guzmán, Braian Guzmán, Nely Guzmán,
Yandy Guzmán, Adolfo Guzmán, Marielli Guzmán, Marely Guzmán, Mario Durango,
Marina Sánchez, Ferney Sánchez, Patricia Durango, Wilder Durango, Rosa
Quintero, Carlos Sánchez, Bladimir Sánchez, Didier Sánchez, Mirlenis Guzmán,
Paola Guzmán, Yaidis Guzmán, Hector Areiza, Liris Moreno, Jose Luis Borja,
María Holguín, Consuelo Guzmán, Alexander Guzmán, Carlos Guzmán, Araseli
Guzmán, Leidi Guzmán, Javier Sánchez, Blanca Nury Guzmán, Yei Carolina
Sánchez, Leonel David, Amparo Sánchez, Edwin David, Luz Denys David, Alexis
David, María Sánchez, Esteban David, Marlovi David, Juliana David, Yirlean
David, Mauricio David, Antonio Guzmán, María Urrego, Erica Guzmán, Ana
Jesusa Tuberquia, María Tuberquia, Amparo Tuberquia, Arnulfo Tuberquia,
Jobernai Sánchez, Anibal Tuberquia,
Aleida Tuberquia, Natalia Tuberquia, Fabian Tuberquia, Antonio Tuberquia,
Libia Guzmán, Norberto Tuberquia, Edier Tuberquia, Dario Guzmán, Bienvenida
Mazo, Dania Guzmán, Jeiner Guzmán, María Sepúlveda, Juan Gregorio Guzmán,
Jaime Guzmán, Genito Guzmán, Dairo Guzmán, Sandra Guzmán, Amparo Guzmán,
Liliana Guzmán, Monica Guzmán, Ledis Guzmán, Jhon Deives Guzmán, Antonio
Areiza, Liliana Areiza, Queli Areiza, Olanier Areiza, Danilea Areiza,
Ricardo Pineda, María Dolores Ususga, Fredy Pineda, Edwin Guzmán, Alba
Lucia Giraldo, Alfenis Cardona, Luz María Gomez, Marveli Giraldo, Marcela
Guzmán, Libardo Guzmán, Senubia Higuita, Diomedes Guzmán, Zoila Tuberquia,
Ovidio Usuga, Jarido Usuga, Luis Eduardo Usuga, Ivan Guzmán, Ricaurte
Sepúlveda, Valentina Sepúlveda, Bernardo Sepúlveda, Luz Dary Tuberquia,
Laidin Sepúlveda, Consuelo Usuga, Aldemar Quintero, Albeiro Usuga, Didier
Usuga, Fidelina Sepúlveda, Edilia Quintero, Ramiro Rueda, María Quintero,
Yorladis Rueda, Yorman Rueda, Jarlin Rueda, Uber Areiza, Alicia Guzmán,
Otoniel Guzmán, Alba Guzmán, Jair Guzmán, Yudi Guzmán, Francisco Higuita,
Nohemi Tuberquia, Marlobe Higuita, Edilson Tuberquia, Heider Higuita,
Deison Higuita, Francisco Higuita, Miro David, Uber Areiza, Teresa Guzmán,
Jhon Guzmán, Beyanira Areiza, Davidson Areiza, Ramon Tuberquia, Angela
Guzmán, Luis Tuberquia, Miladis Tuberquia, Luis Albeiro Tuberquia, Yulie
Guzmán y Norber Sepúlveda.
2. Requerir al Estado de Colombia que presente a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos un primer informe sobre las
medidas adoptadas en un plazo de 15 días después de que le sea notificada
la presente resolución y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que presente sus observaciones sobre dicho informe dentro del plazo de
15 días a partir de la recepción de ese documento.
3. Convocar a la Comisión Interamericana y al Estado
de Colombia a una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2000, a las 10:00 horas, con
el propósito de escuchar sus puntos de vista sobre los hechos y circunstancias
que motivaron la adopción de las presentes medidas urgentes.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
