Caso Haitianos y Dominicanos de Haitiano en la Republica Dominicana, Resolución de la Corte de 12 de noviembre de 2000, Corte I.D.H. (Ser. E) (2000).
Vistos:
1. La Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”)
de 18 de agosto de 2000 en la que resolvió
1. Requerir al Estado de la República Dominicana que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida
e integridad personal de Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Andrea
Alezy, Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras.
2. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con carácter de urgencia, que informe detalladamente a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, a más tardar el 31 de agosto de 2000, acerca
de la situación actual de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim en
relación con las afirmaciones divergentes de las partes sobre estas
dos personas.
3. Requerir al Estado de la República Dominicana que se abstenga
de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio
Sension.
4. Requerir al Estado de la República Dominicana que permita
el retorno inmediato a su territorio de Janty Fils-Aime y William
Medina Ferreras.
5. Requerir al Estado de la República Dominicana que permita,
a la mayor brevedad, la reunificación familiar de Antonio Sension
y Andrea Alezy con sus hijos menores en la República Dominicana.
6. Requerir al Estado de la República Dominicana que colabore
con Antonio Sension para obtener información sobre el paradero de
sus familiares en Haití o en la República Dominicana.
7. Requerir al Estado
de la República Dominicana que, en el marco de los convenios de cooperación
pertinentes entre la República Dominicana y Haití, investigue la situación
de Janty Fils-Aime y William Medina Ferreras bajo la supervisión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para agilizar los
resultados de dichas investigaciones.
8. Requerir al Estado de la República Dominicana que continúe
dando seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades
competentes en relación a Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez Charles,
Antonio Sension, Andrea Alezy y Berson Gelim.
9. Requerir al Estado de la República Dominicana que adopte,
sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida
e integridad personal del Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange
Pierre, testigos en la audiencia pública de 8 de agosto de 2000.
10. Requerir
al Estado de la República Dominicana y a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que suministren a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos información detallada sobre la situación de los miembros de
las comunidades o “bateyes” fronterizos que puedan estar sujetos a
repatriaciones forzadas, deportaciones o expulsiones.
11. Requerir
al Estado de la República Dominicana que informe a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cada dos meses a partir de la notificación de
la presente resolución, sobre las medidas provisionales que haya adoptado
en cumplimiento de la misma.
12. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que presente sus observaciones a los informes del Estado de la República
Dominicana dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
2. El escrito de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”
o “la Comisión”) de 31 de agosto de 2000 en el que comunicó a la Corte
la siguiente información acerca de la situación actual de Rafaelito
Pérez Charles y de Berson Gelim:
a) Rafaelito Pérez Charles
La Comisión aseguró que
nació y fue criado en la Comunidad del Batey siete, Neyba, República
Dominicana; ha sido deportado forzosamente una vez sin que se le diera
la oportunidad de probar su nacionalidad dominicana; y actualmente
no vive en la Comunidad del Batey siete porque tiene temor de ser
deportado nuevamente así como temor por su vida debido a su denuncia
ante la Comisión. Manifestó que los supuestos funcionarios del
Gobierno que visitaron la referida Comunidad fueron informados que
Rafaelito Pérez Charles nació, fue criado y vivía hasta muy recientemente
en el Batey siete y que el Gobierno basa su alegación respecto a Rafaelito
Pérez Charles en la presunta declaración de Adolfo Encarnación, quien
ha desmentido lo aseverado por el Estado.
Adjuntó copias de las declaraciones juradas de la madre de
Rafaelito Pérez Charles, señora María Esthel Medina Matos, del Primer
Alcalde Pedeaneo de la Comunidad del Batey siete, señor Eristen González
González, y de los Segundos Alcaldes Pedeaneos de la Comunidad del
Batey siete, señores Adolfo Encarnación y Saint Foir José Louis.
b) Berson Gelim
La Comisión reiteró que
las autoridades dominicanas no mantienen un control adecuado de las
“deportaciones y expulsiones arbitrarias” que llevan a cabo, razón
por la cual Berson Gelim, entre muchas otras “víctimas de esta política”,
no aparece registrado en actas oficiales de inmigración.
Adjuntó dos declaraciones firmadas por aquél, la última tomada
el 26 de junio de 2000, con el fin de actualizar la petición de medidas
provisionales que “demuestran que Berson Gelim fue expulsado arbitrariamente
de la República Dominicana”.
Por último, la Comisión
solicitó a la Corte que “adopte urgentemente
las siguientes medidas provisionales”:
a. [o]rdenar [... a]l
Estado de la República Dominicana que se abstenga de deportar o expulsar
de su territorio a Rafaelito Pérez Charles;
b. [o]rdenar [... a]l
Estado de la República Dominicana que permita el retorno inmediato
a su territorio de Berson Gelim, y [que] permit[a] que se re[ú]na
con su hijo, a quien no ha visto desde que fue expulsado;
c. [s]olicitarle al
Estado de la República Dominicana que adopte las medidas necesarias
para proteger la vida e integridad de Rafaelito Pérez Charles y Berson
Gelim; [y]
d. [s]olicitarle al
Estado de la República Dominicana que adopte cuantas medidas sean
necesarias para que Rafaelito Pérez Charles, Berson Gelim, y las otras
víctimas individualizadas puedan formular sus denuncias y declaraciones
nacional e internacionalmente sin presiones ni represalias.
3. La Resolución del Presidente de la Corte
de 14 de septiembre de 2000 , en cuya parte considerativa señaló:
1. Que la República
Dominicana es Estado Parte en la Convención Americana desde el 19
de abril de 1978 y reconoció la competencia de la Corte, conforme
al artículo 62 de la Convención, el 25 de marzo de 1999.
2. Que el artículo 63.2
de la Convención establece que
[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos
que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos
a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.
3. Que, en los términos
del artículo 25.1 y 25.4 del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos
de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de
parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
[...]
[s]i la Corte no estuviere reunida, el presidente, en consulta con la
comisión permanente y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá
del gobierno respectivo que dicte las providencias urgentes necesarias
a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después
pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.
4. Que los antecedentes
presentados por la Comisión en su solicitud y sus informes acerca
de la situación actual de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim demuestran
prima facie una situación de extrema gravedad
y urgencia en cuanto a los derechos a la vida, integridad personal,
y circulación y residencia de dichas personas, así como al derecho
a la protección especial de los niños en la familia, en el caso de
Berson Gelim
[1]
. El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación
de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a
esta Corte a ordenar medidas provisionales en distintas ocasiones.
[2]
5. Que el artículo 1.1
de la Convención estipula el deber de los Estados Partes de respetar
los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
6. Que es responsabilidad
de la República Dominicana adoptar medidas de seguridad para proteger
a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción; este deber
se torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados
por procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana.
7. Que el caso al que
se refiere la solicitud de la Comisión no se encuentra en conocimiento
de la Corte en cuanto al fondo, y, por lo tanto, la adopción de medidas
urgentes no implica una decisión sobre el fondo de la controversia
existente entre los peticionarios y el Estado.
Al adoptar medidas urgentes, esta Presidencia está garantizando
únicamente que la Corte pueda ejercer fielmente su mandato convencional
[3]
[;]
y
en cuya parte dispositiva decidió
1. Requerir al Estado
de la República Dominicana que adopte, sin dilación, cuantas medidas
sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de Rafaelito
Pérez Charles y Berson Gelim, con el objeto de que puedan tener los
efectos pertinentes las medidas provisionales que en su caso resuelva
ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Requerir al Estado
de la República Dominicana que se abstenga de deportar o expulsar
de su territorio a Rafaelito Pérez Charles.
3. Requerir al Estado
de la República Dominicana que permita el retorno inmediato a su territorio
de Berson Gelim, inclusive para hacer posible, de este modo, que se
reúna con su hijo.
4. Requerir al Estado
de la República Dominicana que, en su primer informe sobre las medidas
provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el 18 de agosto de 2000, informe también sobre las medidas urgentes
que haya adoptado en cumplimiento de la presente Resolución, para
ponerlo en conocimiento del Tribunal en el próximo período de sesiones.
5. Requerir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones
al informe del Estado de la República Dominicana dentro de un plazo
de seis semanas a partir de su recepción.
4. El primer informe del Estado de la República
Dominicana (en adelante “el Estado”) en el cual indicó que:
a) en la visita al Batey 7 de Neyba,
el Encargado del Departamento de Asuntos Haitianos de la Dirección
General de Migración fue informado que allí
no se conocía persona alguna de nombre Rafaelito Pérez Charles;
b) la Dirección General de Migración
no ha podido comunicarse con el señor Berson Gelim, quien se encuentra
en Haití, a efectos de corroborar sus declaraciones;
c)
en caso de que los señores Rafaelito Pérez Charles y Berson
Gelim “sean localizados y se comprueb[e] que ciertamente son Nacionales
Haitianos y su status en la República Dominicana es de
ilegales, ésto corresponde a una política de [E]stado y del derecho
soberano de los pueblos de expulsar de su territorio a cualquier extranjero
que se encuentre de manera ilegal”;
d)
en lo que se refiere a las demás personas protegidas por las
medidas provisionales, no se han producido deportaciones;
e)
no se ha recibido denuncia alguna del Padre Pedro Ruquoy y
de la señora Solange Pierre, pero ambos están protegidos en su vida
y en su integridad personal; y
f)
sólo existen bateyes en Barahona, en la frontera dominico-haitiana,
donde el 70% de la comunidad es dominicana y el 30% restante viene
en tiempo de zafra y bajo contratos.
Considerando:
1. Que la República Dominicana es Estado
Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 19 de abril
de 1978 y reconoció la competencia de la Corte, conforme al artículo
62 de la Convención, el 25 de marzo de 1999.
2. Que el artículo 63.2
de la Convención Americana dispone que, en casos de “extrema gravedad
y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a
las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos
a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, tomar las medidas provisionales
que considere pertinentes.
3. Que, en los términos del artículo 25.1
del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos
de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar
daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia
de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que el artículo 1.1 de la Convención señala
el deber de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
5. Que los antecedentes presentados por la
Comisión en su solicitud (supra
Vistos 2) demuestran prima
facie una situación de extrema gravedad y urgencia en cuanto a
los derechos a la vida, integridad personal, protección especial a
los niños en la familia y derecho de circulación y residencia de los
señores Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim.
6. Que la Corte ha establecido que es responsabilidad
del Estado “adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las
personas que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna
aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos
ante los órganos de supervisión de la Convención Americana”[4].
7. Que es el deber de la República Dominicana
continuar dando seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por
sus autoridades competentes para contactar y proteger a los señores
Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim.
8. Que la Resolución del Presidente de la
Corte de 14 de septiembre de 2000 fue ajustada al mérito de los hechos
y circunstancias y adoptada conforme a derecho, todo lo cual justificó
la adopción de medidas urgentes, y que esta Corte la ratifica en todos
sus términos.
Por Tanto:
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos,
en uso de
las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento,
Resuelve:
1. Ratificar la Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre
de 2000 y, por consiguiente, requerir al Estado de la República Dominicana
que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger
la vida e integridad personal de Rafaelito Pérez Charles y Berson
Gelim.
2. Requerir al Estado de la República Dominicana
que se abstenga de deportar o expulsar de su territorio a Rafaelito
Pérez Charles.
3. Requerir al Estado de la República Dominicana
que permita el retorno inmediato a su territorio de Berson Gelim para
posibilitar, entre otras cosas, que se reúna con su hijo.
4. Requerir
al Estado de la República Dominicana que continúe dando seguimiento
a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades competentes
en relación a Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim.
5. Requerir al Estado de la República Dominicana
que, en sus informes sobre las medidas provisionales ordenadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución de 18
de agosto de 2000, informe también sobre las medidas provisionales
que adopte en cumplimiento de la presente Resolución.
6. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus
observaciones a los informes del Estado de la República Dominicana
dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
[1] cfr. artículos
4, 5, 22, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
respectivamente.
[2] cfr., inter alia, Caso Tribunal Constitucional, Medidas Provisionales,
Resolución de 7 de abril de 2000;
Caso Digna Ochoa y Plácido y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie E No.
2; Caso Cesti Hurtado,
Medidas Provisionales, Resolución
de 3 de junio de 1999. Serie
E No. 2; Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 27 de mayo de 1999.
Serie E No. 2; Caso
Clemente Teherán y otros, Medidas
Provisionales, Resolución
de 19 de junio de 1998. Serie
E No. 2; Caso Alvarez y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 22 de julio de 1997.
Serie E No. 2; Caso Blake, Medidas Provisionales, Resolución de 16 de agosto de 1995. Serie E No. 1; Caso Carpio Nicolle, Medidas Provisionales, Resolución
de 26 de julio de 1995. Serie
E No. 1; Caso Carpio Nicolle,
Medidas Provisionales, Resolución
de 4 de junio de 1995. Serie
E No. 1; Caso Caballero Delgado y Santana, Medidas
Provisionales, Resolución
de 7 de diciembre de 1994. Serie
E No. 1 y Caso Colotenango, Medidas Provisionales,
Resolución de 22 de junio de 1994.
Serie E No. 1.
[3] cfr. Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 19 de junio de 1999.
Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 11 de mayo de 1999.
Serie E No. 2; Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 22 de julio de 1998.
Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales, Resolución de 13 de julio
de 1998. Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 29 de junio de 1998.
Serie E No. 2; y
Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 27 de mayo de 1998.
Serie E No. 2.
[4] cfr. inter
alia, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 28 de octubre de 1996, Medidas Provisionales en el caso Giraldo Cardona, considerando séptimo;
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 23 de marzo de 1998, en el caso Clemente
Teherán y otros, considerando séptimo; Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Medidas
Provisionales en el caso Digna
Ochoa y Plácido y otros, considerando séptimo; y Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
7 de abril de 2000, Medidas Urgentes en el caso del Tribunal
Constitucional, considerando noveno y supra
visto 9.
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