Vistos:
1. El escrito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) de 30 de mayo de 2000
y sus anexos, mediante el cual sometió a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), de acuerdo con los artículos
63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de
la Corte, una solicitud de medidas provisionales a favor de personas
haitianas y dominicanas de origen haitiano que se encuentran sujetas
a la jurisdicción de República Dominicana (en adelante “el Estado”
o “República Dominicana”) que corren el riesgo de ser “expulsadas”
o “deportadas” colectivamente (en adelante “las presuntas víctimas”),
en relación con el caso No. 12.271,
actualmente en trámite ante la Comisión.
2. El escrito de la Comisión de 13 de junio
de 2000 mediante el cual sometió un addendum
a su solicitud de medidas provisionales (supra
1) e informó que había tomado conocimiento de la identidad de algunas
de las supuestas víctimas, quienes habían consentido para que se las
nombrase en el contexto de la solicitud.
3. La Resolución del Presidente de la Corte
de 16 de julio de 2000 por medio de la cual convocó al Estado y a
la Comisión a una audiencia pública que se celebraría en la sede de
la Corte el día 8 de agosto de 2000, a partir de las 10:00 horas,
con el propósito de que la Corte escuchara sus puntos de vista sobre
los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud de medidas
provisionales.
4. El escrito de la Comisión de 21 de julio
de 2000, en el cual acreditó a las personas que la representarían
en la audiencia pública (supra
3), propuso a los señores Solange Pie y R.P. Pedro Ruquoy como expertos
para rendir informes en la misma y solicitó a la Corte su consentimiento
para exhibir durante dicha audiencia un vídeo con testimonios de las
presuntas víctimas.
5. El escrito de la Comisión Interamericana
de 25 de julio de 2000 en el que expresó la necesidad de contar con
los dos peritos ofrecidos por ella debido a las siguientes razones:
a)
Los peritos ofrecidos ilustrarán sobre la situación de los
“domínico-haitianos y haitianos” que viven en República Dominicana;
tratarán sobre la práctica de “expulsiones” a las que son sometidos;
brindarán información sobre la frecuencia y modalidad de las “expulsiones”
de los últimos ocho meses y las consecuencias de las “expulsiones
y deportaciones”;
b)
Las declaraciones de los peritos brindarán a la Corte elementos
de particular valor informativo para mejor comprender el contexto
dentro del cual se ha planteado la solicitud de medidas provisionales;
c)
El Padre Pedro Ruquoy ha trabajado desde hace más de dos décadas
con la comunidad haitiana y domínico-haitiana en República Dominicana. Desde su trabajo puede aportar una singular perspectiva sobre las
condiciones de vida de las presuntas víctimas; y
d)
La señora Solange Pie, Directora del Movimiento de Mujeres
Domínico-Haitianas, ha trabajado durante más de 14 años con la población
haitiana y domínico-haitiana; su actividad laboral la ha expuesto
a la realidad de las presuntas víctimas y ha realizado investigaciones
sobre la situación de los “expulsados y deportados” de República Dominicana.
6. La comunicación del Estado de 1 de agosto
de 2000 mediante la cual acreditó a las personas que lo representarían
en la audiencia pública y objetó el ofrecimiento de “peritos” hecho
por la Comisión en base a los siguientes fundamentos:
a)
La señora Solange Pie es la Directora del Movimiento de Mujeres
Domínico-Haitianas, entidad que ha sido la fuente principal de información
de la que se han nutrido los peticionarios y la Comisión; es una persona
ampliamente conocida en República Dominicana por su participación
como activista en el tema de los inmigrantes haitianos y aparece como
peticionaria en otro caso ante la Comisión estrechamente ligado al
caso que ha dado lugar a la presente solicitud;
b)
El R.P. Pedro Ruquoy es fundador y miembro del Centro Puente,
entidad que se destaca como una de las instituciones más interesadas
en todo lo que concierne a la situación de los inmigrantes haitianos
en República Dominicana, jugando en muchas ocasiones un papel activo
en materia de denuncias contra las autoridades dominicanas; y
c)
Con base en lo anterior, los “peritos” propuestos por la Comisión
son partes interesadas en el caso y no técnicos, expertos o profesionales
independientes que puedan ofrecer informaciones y juicios totalmente
objetivos e imparciales de conformidad con los requisitos del artículo
49 del Reglamento de la Corte y del artículo 19 de su Estatuto.
7. El escrito de la Comisión de 4 de agosto
de 2000 en el que respondió a la objeción planteada por el Estado
(supra 6) y reiteró la necesidad de contar
con los dos peritos ofrecidos por ella en la audiencia pública.
Considerando:
1. Que la Comisión ha señalado a este Tribunal
que el Padre Pedro Ruquoy y la señora Solange Pie rendirían declaraciones
acerca de la situación de las presuntas víctimas y de la alegada práctica
de “expulsiones” y sus consecuencias, con el fin de ilustrar el contexto
dentro del cual ha planteado la presente solicitud.
2. Que el objeto de las declaraciones del
Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange Pie no se relaciona con
temas técnicos o especializados respecto de los cuales este Tribunal
requeriría el dictamen de peritos.
3. Que el artículo 44. 1 del Reglamento de
la Corte señala, sin embargo, que la Corte podrá “[p]rocurar de oficio
toda prueba que considere útil. En
particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título,
a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime
pertinente.”
4. Que, de acuerdo a las manifestaciones
del Estado y de la Comisión, tanto el Padre Pedro Ruquoy como la señora
Solange Pie han trabajado con las presuntas víctimas y percibido directamente
las circunstancias y las condiciones en que viven, por lo cual este
Tribunal dispone la comparecencia de ambos para oír sus declaraciones
en calidad de testigos.
5. Que el hecho de que una persona tenga
un interés directo en el resultado del proceso o haya participado
como peticionario en el trámite ante la Comisión, no constituye una
causa de impedimento para rendir declaraciones ante esta Corte, la
cual en su práctica ha inclusive admitido testimonios de la víctima
y de sus familiares (Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia
de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33; Corte I.D.H., Corte I.D.H.,
Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No.
34; Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre
de 1997. Serie C No. 35; Corte I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24
de enero de 1998. Serie C No. 36;
Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y otros.
Sentencia de 8 de marzo de 1998.
Serie C No. 37; Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros.
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63).
Por Tanto:
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos
de conformidad
con el artículo 63.2 de la Convención Americana y los artículos 25,
44.1 y 45 del Reglamento de la Corte,
Resuelve:
1. Citar al Padre Pedro Ruquoy para que,
a partir de las 10:00 horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a rendir declaración
testimonial sobre la alegada práctica de “expulsiones y deportaciones”
de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República
Dominicana.
2. Citar a la señora Solange Pie para que,
a partir de las 10:00 horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a rendir declaración
testimonial sobre la alegada práctica de “expulsiones y deportaciones”
de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República
Dominicana.
3. Solicitar al Estado de República Dominicana
que facilite la salida de su territorio y la entrada al mismo del
Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange Pie, citados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial
en relación con la presente solicitud de medidas provisionales.
4. Establecer que esta citación se rige por
los términos del artículo 45 del Reglamento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, de acuerdo con el cual la parte que propone una
prueba debe correr con los gastos que ella ocasione.
Redactada en español e
inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica,
el 7 de agosto de 2000.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Alirio Abreu
Burelli
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
