Caso Haitianos y Dominicanos de Haitiano en la Republica Dominicana, Resolución de la Corte de 14 de septiembre de 2000, Corte I.D.H. (Ser. E) (2000).
Vistos:
1. El escrito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
de 30 de mayo de 2000 y sus Anexos, mediante el cual sometió a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte
Interamericana”), de acuerdo con los artículos 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la
Convención Americana”) y 25 del Reglamento de la Corte, una solicitud
de medidas provisionales a favor de personas haitianas y dominicanas
de origen haitiano que se encuentran sujetas a la jurisdicción de la
República Dominicana (en adelante “el Estado” o “la República Dominicana”)
que corren el riesgo de ser “expulsadas” o “deportadas” colectivamente
(en adelante “las presuntas víctimas”), en relación con el caso No.
12.271, actualmente en trámite ante la Comisión.
2. Que, en dicho escrito, la Comisión indicó
como hechos los que se resumen a continuación:
a)
el 12 de noviembre de 1999 la Comisión recibió una denuncia sobre
“expulsiones masivas” de las presuntas víctimas que efectuaba el Estado
en el curso de ese mes. Diez
días después, el 22 de noviembre de 1999, la Comisión emitió una medida
cautelar y solicitó a la República Dominicana cesar las “expulsiones
masivas” y que, en caso de que éstas procedieran, las realizara satisfaciendo
los requisitos del debido proceso;
b)
el 7 de diciembre de 1999 el Estado rechazó la medida cautelar,
señaló los procedimientos legales aplicables a las “repatriaciones”
implementados por la Dirección General de Migración e informó sobre
la elaboración de un nuevo anteproyecto de Ley Migratoria y sobre conversaciones
sostenidas con el Gobierno de Haití.
Por último, afirmó que no se estaban produciendo “repatriaciones
colectivas” en la República Dominicana;
c)
el ritmo de “deportaciones” se redujo luego de noviembre de 1999;
sin embargo, el 10 de marzo y el 5 de mayo de 2000 los peticionarios
reiteraron su denuncia ante la Comisión, afirmando que había un promedio
de 2.000 “deportaciones” por mes desde noviembre de 1999, y que en abril
de 2000 se había notado un incremento en el ritmo de estas “deportaciones”;
d)
las “expulsiones” se realizan mediante redadas colectivas, sin
procedimiento legal que permita identificar adecuadamente la nacionalidad
de los “expulsados”, ni su status migratorio, ni sus vínculos familiares;
simplemente, son separados de sus hogares, sin previo aviso, sin permitirles
llevar sus pertenencias. Las autoridades migratorias seleccionan a las
personas a ser deportadas por el color de la piel;
e)
los peticionarios calculan que más de 20.000 individuos fueron
“expulsados o deportados” durante noviembre de 1999.
Las autoridades dominicanas emplean fuerza excesiva para asegurar
que las presuntas víctimas obedezcan sus órdenes, incluyendo abuso sexual
de mujeres; los niños sufren
daño psicológico, el temor los impide salir de sus casas; las mujeres de los que son “deportados” tienen que sobrevivir sin
nada;
f)
el 3 de diciembre de 1999 los Gobiernos de Haití y de la República
Dominicana suscribieron un acuerdo por el cual este último se comprometía
a notificar a las autoridades haitianas sobre cualquier acto de deportación
de una persona de nacionalidad haitiana, acuerdo que, según los peticionarios,
no ha sido cumplido por el Estado; y
g)
la práctica de “deportaciones” y “expulsiones” afecta a dos grupos: trabajadores haitianos documentados e indocumentados
y dominicanos de origen haitiano que residen en territorio dominicano
documentados e indocumentados;
y, con base en lo anterior,
solicitó a la Corte que
[...] adopte las medidas provisionales para
que el Estado... suspenda las expulsiones-deportaciones masivas de que
están siendo objeto los haitianos y dominicanos de origen haitiano por
parte de las autoridades dominicanas, toda vez que éstas ponen en riesgo
la vida y la integridad física de los deportados, así como de los familiares
que son separados, especialmente los menores de edad que quedan abandonados[;]
[...] adopte las medidas provisionales para
que el Estado establezca procedimientos que permitan verificar los casos
en donde no procede la deportación, de aquellos casos en que sí procede. En caso de proceder a la expulsión o deportación
de personas que se encuentran en territorio dominicano, éstas deberán
satisfacer plenamente los requisitos del debido proceso, incluyendo
plazo mínimo de notificación, acceso a miembros de la familia, audiencias
adecuadas y decisiones adoptadas legalmente por las autoridades competentes. En todos los casos, las deportaciones deberán
realizarse de manera individual y no en forma masiva.
3. El escrito de la Comisión de 13 de junio
de 2000, mediante el cual sometió un Addendum
a su solicitud de medidas provisionales (supra
1) e informó que había tomado conocimiento de la identidad de algunas
de las presuntas víctimas, quienes habían consentido para que se las
nombrase en el contexto de la solicitud.
De esta manera, la Comisión describió algunas de las circunstancias
específicas de los señores Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez Charles,
Antonio Sension, Janty Fils-Aime, Berson Gelim, William Medina Ferreras[1]
y de la señora Andrea Alezy así como las de algunos de sus familiares y solicitó a la Corte que adoptara las
medidas necesarias para
[p]ermitir el regreso inmediato de las personas
nombradas arriba que se encuentran actualmente en Haití[2];
[p]roteger a las personas nombradas arriba
y que se encuentran en [la] República Dominicana, de toda acción de
detención o deportación motivada en su origen racial o nacional o sospecha
de no ser ciudadanos[3];
[p]ermitir a todos los nombrados [supra]
establecer contacto con sus familias, especialmente sus hijos menores
de edad, para regularizar su situación de manutención, salud y escolaridad
a la brevedad posible[;]
[...] instar al Gobierno dominicano a establecer
procedimientos adecuados para la detención y determinación de medidas
de deportación de extranjeros deportables, incluida la celebración de
audiencias para demostrar el derecho que pueda asistir a las personas
a permanecer en territorio dominicano o, en su defecto, para comunicarse
con sus familias y empleadores a efectos de regularizar el cobro de
salarios y la protección de su propiedad y efectos personales.
4.
La Resolución
del Presidente de la Corte de 16 de junio de 2000, por medio de la cual
convocó al Estado y a la Comisión a una audiencia pública que se celebraría
en la sede de la Corte Interamericana el día 8 de agosto de 2000, a
partir de las 10:00 horas, con el propósito de que la Corte escuchara
sus puntos de vista sobre los hechos y circunstancias que motivaron
la solicitud de medidas provisionales.
5. El escrito de la Comisión de 21 de julio
de 2000, en el cual acreditó a las personas que la representarían en
la audiencia pública (supra
4), propuso a los señores Solange Pierre y R.P. Pedro Ruquoy como “expertos”
para rendir informes en la misma y solicitó a la Corte su consentimiento
para exhibir durante dicha audiencia un vídeo con testimonios de las
presuntas víctimas.
6. El escrito de la Comisión Interamericana
de 25 de julio de 2000, mediante el cual presentó su posición respecto
de su ofrecimiento de “peritos” y señaló a la Corte la necesidad de
contar con ambos.
7. La comunicación del Estado de 1º de agosto
de 2000, mediante la cual acreditó a las personas que lo representarían
en la audiencia pública y objetó el ofrecimiento de “peritos” hecho
por la Comisión.
8. El escrito de la Comisión Interamericana
de 4 de agosto de 2000, en el que respondió a la objeción planteada
por el Estado y reiteró la necesidad de contar con los dos “peritos”
ofrecidos por ella para la audiencia pública.
9. La Resolución de la Corte de 7 de agosto
de 2000, en la que consideró
1.
[q]ue la Comisión ha señalado a este Tribunal que el Padre Pedro
Ruquoy y la señora Solange Pie[rre] rendirían declaraciones acerca de
la situación de las presuntas víctimas y de la alegada práctica de “expulsiones”
y sus consecuencias, con el fin de ilustrar el contexto dentro del cual
ha planteado la presente solicitud[;]
2.
[q]ue el objeto de las declaraciones del Padre Pedro Ruquoy y
de la señora Solange Pie[rre] no se relaciona con temas técnicos o especializados
respecto de los cuales este Tribunal requeriría el dictamen de peritos[;]
3.
[q]ue el artículo 44. 1 del Reglamento de la Corte señala, sin
embargo, que la Corte podrá “[p]rocurar de oficio toda prueba que considere
útil. En particular, podrá oír en calidad de testigo,
perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaración
u opinión estime pertinente”[;]
4.
[q]ue, de acuerdo a las manifestaciones del Estado y de la Comisión,
tanto el Padre Pedro Ruquoy como la señora Solange Pie[rre] han trabajado
con las presuntas víctimas y percibido directamente las circunstancias
y las condiciones en que viven, por lo cual este Tribunal dispone la
comparecencia de ambos para oír sus declaraciones en calidad de testigos[;
y]
5.
[q]ue el hecho de que una persona tenga un interés directo en
el resultado del proceso o haya participado como peticionario en el
trámite ante la Comisión, no constituye una causa de impedimento para
rendir declaraciones ante esta Corte, la cual en su práctica ha inclusive
admitido testimonios de la víctima y de sus familiares (Corte
I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie
C No. 33; Corte I.D.H., Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Sentencia
de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34; Corte I.D.H., Caso Suárez
Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35; Corte
I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36;
Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y otros.
Sentencia de 8 de marzo de 1998.
Serie C No. 37; Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros.
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63)[4][;]
y decidió
1.
[c]itar al Padre Pedro Ruquoy para que, a partir de las 10:00
horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial sobre la alegada
práctica de “expulsiones y deportaciones” de personas haitianas y dominicanas
de origen haitiano en [la] República Dominicana[;]
2.
[c]itar a la señora Solange Pie[rre] para que, a partir de las
10:00 horas del día 8 de agosto de 2000, comparezca ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial sobre la alegada
práctica de “expulsiones y deportaciones” de personas haitianas y dominicanas
de origen haitiano en [la] República Dominicana[;]
3.
[s]olicitar al Estado de [la] República Dominicana que facilite
la salida de su territorio y la entrada al mismo del Padre Pedro Ruquoy
y de la señora Solange Pie[rre], citados por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a rendir declaración testimonial en relación con
la presente solicitud de medidas provisionales[; y]
4.
[e]stablecer que esta citación se rige por los términos del artículo
45 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
acuerdo con el cual la parte que propone una prueba debe correr con
los gastos que ella ocasione.
10. La audiencia pública sobre la presente solicitud
celebrada en la Corte Interamericana el 8 de agosto de 2000 en la que
comparecieron
por la República Dominicana:
Servio Tulio Castaños,
agente;
Danilo Diaz, agente alterno;
Flavio Darío Espinal, asistente;
Rhadys Abreu de Polanco,
asistente;
Wenceslao Guerrero-Pou,
asistente;
Teresita Torres García,
asistente;
Claudia Blonda, asistente
y
Oscar Iván Peña, asistente.
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Juan Méndez, delegado;
Bertha Santoscoy, abogado;
Roxanna Altholz, asesora;
Katie Fleet, asesora;
Cathie Powell, asesora;
Arturo Carrillo, asesor
y
Luguely Cunillera, asesora.
Testigos presentados por la Comisión Interamericana:
Padre Pedro Ruquoy y
Solange Pierre
11. Los alegatos de la Comisión presentados
en la referida audiencia pública, los que se resumen a continuación:
a) La Comisión reconoce que la política inmigratoria
de cada Estado es una decisión soberana suya; sin embargo, la misma
tiene límites. Así, de conformidad
con la Convención Americana, esta política no puede afectar los derechos
de los nacionales a salir, a entrar del país y a fijar residencia en
cualquier lugar del mismo; esta política debe reconocer a los extranjeros
con status legal el derecho a no ser deportados, sino por decisión fundada
en la ley y debe prohibir la expulsión colectiva de extranjeros, con
o sin status legal. Asimismo,
la política inmigratoria debe garantizar para cada caso una decisión
individual con las garantías del debido proceso; debe respetar el derecho
a la vida, a la integridad física y psíquica, a la familia y el derecho
de los niños a obtener medidas especiales de protección.
Por último, la ejecución de dicha política no puede resultar
en tratos crueles, inhumanos y degradantes, ni en discriminaciones por
razones de raza, color, religión o sexo;
b) la Comisión dictó medidas cautelares el
21 de noviembre de 1999 y, hasta la fecha, no ha habido cambio alguno
en la práctica de las autoridades dominicanas de deportar y expulsar
a personas haitianas y dominicanas de origen haitiano.
Esta práctica, realizada de manera arbitraria, sumaria y sin
garantías, sigue siendo dirigida contra individuos cuyo color de la
piel es “negro”. Por ser negros, se sospecha de ser haitianos
y, por ser haitianos, se presume que son ilegales y se les expulsa. La práctica referida produce daños y perjuicios
de enorme magnitud para las personas haitianas y dominicanas de origen
haitiano, quienes viven en continuo temor de ser deportadas o expulsadas;
c) la presente solicitud se hace a favor
de un grupo determinado, aunque innominado, debido a que la práctica
del Estado no permite distinguir entre miembros individuales del grupo,
a que éstos no se presentan individualmente por el temor en que viven
y, a que el sistema interamericano de derechos humanos no estaría capacitado
para procesar denuncias individuales de cada miembro;
d) ni la letra ni el espíritu del artículo
63.2 de la Convención Americana impiden o restringen a que el daño irreparable
sea un daño a la vida, a la integridad o a algún otro derecho. Existe, entonces, la necesidad de reconocer
que otros derechos consagrados en la Convención sean objeto de una protección
semejante a la que hasta la fecha se le ha otorgado a la vida y a la
integridad personal;
e) los testigos que comparecieron en la audiencia
pública ante la Corte tienen justificados temores, y el interrogatorio
del Estado en la referida audiencia pública no permitió alejar dichos
temores; y
f) la Comisión continúa dispuesta al diálogo
constructivo con las autoridades dominicanas con el objeto de llegar
a soluciones permanentes.
12. Los alegatos del Estado presentados en la
misma audiencia pública, los que se resumen a continuación:
a) En la República Dominicana existe un procedimiento
de deportación que garantiza el debido proceso y el tratamiento individualizado
de los casos de deportación. El
Estado ha tomado muy seriamente las repatriaciones de ciudadanos haitianos
que se encuentran ilegalmente dentro de su territorio, razón por la
cual ha hecho un esfuerzo sostenido, en colaboración con el Gobierno
haitiano, para mejorar cada vez más los mecanismos de repatriación con
un espíritu de protección de derechos. Asimismo, el Estado reconoce
que cualquier mecanismo o procedimiento es siempre perfectible;
b) las autoridades de migración han invitado
públicamente y en reiteradas ocasiones a las organizaciones no gubernamentales
de la República Dominicana para que observen las distintas fases del
proceso de deportación, pero este llamado no ha tenido acogida por dichas
organizaciones;
c) la República Dominicana está obligada
a mantener una política de retorno y expulsión permanente, pero es necesario
precisar que el número de personas que son repatriadas no compensa ni
remotamente el número de personas que entran al país ilegalmente. Si se acogiera la presente solicitud, se estaría
amarrando a un Estado que ha durado cuatro años esforzándose en avanzar
en materia de derechos humanos y en el problema migratorio que tiene;
d) el problema de Haití es un problema de
la comunidad internacional y, sobretodo, de los países más ricos; la
República Dominicana tiene grandes limitaciones económicas, grandes
niveles de pobreza y no puede cargar sola sobre sus hombros la realidad
económica, social, ambiental, política, institucional y de seguridad
que vive el pueblo haitiano; y
e) es necesario identificar a las personas
a favor de las cuales se solicitan medidas provisionales; sin embargo,
la República Dominicana está en la mejor disposición de examinar cualquier
caso individual en el que se alegue una violación de derechos, a fin
de corregir cualquier exceso en el que se haya podido incurrir y tomar
medidas en el mismo contexto en que avanza hacia un perfeccionamiento
de los mecanismos de repatriación.
13. Las declaraciones rendidas por los testigos
durante la referida audiencia pública, las que se resumen a continuación:
a) Testimonio del Padre Pedro Ruquoy, sacerdote
católico, miembro de una comunidad religiosa misionera en la República
Dominicana.
Declaró sobre el proceso
de repatriaciones forzadas en la República Dominicana. Dicho proceso se realiza muy rápido. En la mayoría de los casos, las personas son
encaminadas a la frontera en autobuses, sin poder comunicarse con sus
familiares, sin previa notificación, sin poder traer sus pertenencias
y sin poder presentarse ante alguna autoridad competente para probar
su status. El criterio utilizado para seleccionar a las
personas que van a ser expulsadas es el color de la piel y su forma
de hablar. Además, algunas de
las personas expulsadas son dominicanos que tienen su cédula, pero les
dicen que dichas cédulas son falsas.
Las presuntas víctimas viven en constante temor; algunas veces,
las repatriaciones son conducidas de
noche y las personas son sometidas a abusos, incluyendo las mujeres.
En una ocasión, reportó por escrito estas situaciones al Presidente
de la República Dominicana, pero no recibió respuesta. Indicó que, como él vive en la zona fronteriza, cada día lo visitan
un promedio de 12 personas expulsadas que quieren regresar a su lugar.
Por último, señaló que entiende y apoya que cada país tenga derecho
de repatriar a personas que se encuentran ilegalmente en su territorio,
pero que no está de acuerdo con la forma en que la República Dominicana
trata a estas personas en el momento de repatriarlas.
b) Testimonio de la señora Solange Pierre, trabajadora
social, Directora del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas.
Declaró sobre el proceso
de repatriaciones forzadas en la República Dominicana. Los militares
armados entran violentamente a las casas de las personas y las llevan
directamente a Haití. Dichas
expulsiones separan a las familias, causan traumas y graves consecuencias
en la población general, sobretodo en las mujeres y en los niños.
Además, muchas de las personas expulsadas llevan 20-30 años en
la República Dominicana y ya han perdido los lazos con Haití; muchos
no hablan el idioma, no tienen las costumbres haitianas y cuando llegan
a Haití, se encuentran en un lugar completamente desconocido. Existen casos de violaciones sexuales en el contexto de las expulsiones.
Aproximadamente trabaja con siete comunidades o “bateyes”, comunidades
pequeñas que carecen de luz, agua y servicios básicos. Manifestó que las expulsiones se dan sin previo
aviso. Expresó que hay legisladores
y personas del Gobierno que pidieron, a través de los medios de comunicación,
que ella fuera detenida, investigada y expulsada y, asimismo, sus hijos
y su familia han sido atemorizados.
Finalmente, agregó que la práctica de las expulsiones continúa
hasta la fecha.
14. El escrito sometido por la República Dominicana,
al finalizar la audiencia pública ante la Corte, y sus Anexos, por medio
de los cuales alegó que
a) la Comisión se precipitó en su solicitud
de medidas provisionales porque no esperó la respuesta del Estado ni
usó los medios y mecanismos de que disponía para comprobar la denuncia
de los peticionarios;
b) la deportación de extranjeros que se encuentran
ilegalmente en territorio dominicano es un “derecho irrenunciable e
innegociable del Estado dominicano pues el mismo constituye uno de los
atributos fundamentales de su soberanía”, consagrado en su ordenamiento
jurídico, el cual no viola ningún tratado o convención que el Estado
haya firmado o ratificado;
c) en la República Dominicana existe un procedimiento
de deportación que garantiza el debido proceso y el tratamiento individualizado
de los casos de deportación. Dicho
procedimiento consiste en tres etapas que son: detención e identificación,
investigación y depuración y, por último, verificación y confirmación;
d) antes de deportar a una persona, las autoridades
competentes establecen con precisión su identidad y su status jurídico
en el Estado para distinguir las personas pasibles de ser deportadas
de las que no lo son. Las personas
a ser deportadas están sujetas a una verificación final previa a su
entrega a las autoridades haitianas, en la cual participan los Cónsules
haitianos;
e) la República Dominicana ha hecho un esfuerzo
sostenido en establecer mecanismos de repatriación de haitianos con
la debida protección de derechos, compromiso que se ha manifestado en
los últimos años mediante una profundización en las relaciones de colaboración
entre el Gobierno dominicano y el Gobierno haitiano a través de la firma
de distintos convenios de cooperación sobre esta materia;
f) no es cierto que “la vida e integridad
física de un alto número de personas” esté en peligro en la República
Dominicana;
g) el número de repatriados mensualmente
debe analizarse en el contexto de la inmigración masiva de ciudadanos
haitianos hacia territorio dominicano; aún así, las estadísticas de
la Dirección General de Migración señalan que en ningún mes las repatriaciones
alcanzaron la cifra de 1.000 personas;
h) la República Dominicana tiene serias dificultades
para absorber un número indefinido y constante de refugiados en razón
de sus propias limitaciones, toda vez que éste es un problema que hay
necesidad de resolver dentro de una coyuntura global;
i) la identidad de las personas que corren
peligro de padecer daños irreparables debe ser revelada para la adopción
de medidas provisionales; medidas tomadas en relación con personas innominadas
solo inhabilitarían al Estado dominicano a ejercer su derecho de protección
de su frontera y de controlar el status legal de las personas que ingresan
a su territorio o habitan en él; y
j) en cuanto a las personas mencionadas
en el Addendum de la Comisión
de 13 de junio de 2000 (supra
3), dos de ellas, Rafaelito Pérez Charles no reside ni ha residido
en los últimos 51 años en la Comunidad señalada por la Comisión[5],
y Berson Gelim no aparece registrado entre los deportados de la República
Dominicana.
Por último, el Estado se
refirió a las circunstancias particulares de las demás personas señaladas
en el referido Addendum de
la Comisión, solicitó a la Corte que rechazara la presente solicitud,
y expresó “su disposición de rectificar y someter a la ley a los responsables
en relación a cualquier caso en que se compruebe que ha habido algún
exceso o un desconocimiento de derechos en perjuicio del extranjero”.
15. La comunicación de la Comisión de 11 de
agosto de 2000, mediante la cual
a)
objetó el escrito presentado por el Estado al finalizar la audiencia
pública (supra 14);
b)
indicó, en respuesta a una cuestión planteada por el Presidente
de la Corte en la audiencia pública, que su solicitud de medidas provisionales
era una acción popular (actio popularis); y
c) solicitó medidas provisionales también
para los dos testigos que declararon en la referida audiencia pública.
16. La Resolución de la Corte
de 18 de agosto de 2000 en la que resolvió
1.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que adopte, sin
dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal de Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Andrea Alezy, Janty
Fils-Aime y William Medina Ferreras[;]
2.
[r]equerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con carácter de urgencia, que informe detalladamente a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, a más tardar el 31 de agosto de 2000, acerca de
la situación actual de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim en relación
con las afirmaciones divergentes de las partes sobre estas dos personas[;]
3.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que se abstenga
de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio
Sension[;]
4.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que permita el
retorno inmediato a su territorio de Janty Fils-Aime y William Medina
Ferreras[;]
5.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que permita,
a la mayor brevedad, la reunificación familiar de Antonio Sension y
Andrea Alezy con sus hijos menores en la República Dominicana[;]
6.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que colabore
con Antonio Sension para obtener información sobre el paradero de sus
familiares en Haití o en la República Dominicana[;]
7.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que, en el marco
de los convenios de cooperación pertinentes entre la República Dominicana
y Haití, investigue la situación de Janty Fils-Aime y William Medina
Ferreras bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, para agilizar los resultados de dichas investigaciones[;]
8.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que continúe
dando seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades
competentes en relación a Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez Charles,
Antonio Sension, Andrea Alezy y Berson Gelim[;]
9.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que adopte, sin
dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal del Padre Pedro Ruquoy y de la señora Solange Pierre, testigos
en la audiencia pública de 8 de agosto de 2000[;]
10.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que suministren a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos información detallada sobre la situación de los
miembros de las comunidades o “bateyes” fronterizos que puedan estar
sujetos a repatriaciones forzadas, deportaciones o expulsiones[;]
11.
[r]equerir al Estado de la República Dominicana que informe a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses a partir
de la notificación de la presente resolución, sobre las medidas provisionales
que haya adoptado en cumplimiento de la misma[; y]
12.
[r]equerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que presente sus observaciones a los informes del Estado de la República
Dominicana dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
17. El escrito de la Comisión de 31 de agosto
de 2000 en el que informó a la Corte acerca de la situación actual de
Rafaelito Pérez Charles y de Berson Gelim de la siguiente manera:
a) Rafaelito Pérez Charles
La Comisión aseguró que
nació y fue criado en la Comunidad del Batey siete, Neyba, República
Dominicana; ha sido deportado forzosamente una vez sin que se le diera
la oportunidad de probar su nacionalidad dominicana; y actualmente no
vive en la Comunidad del Batey siete porque tiene temor de ser deportado
nuevamente así como temor por su vida debido a su denuncia ante la Comisión. Manifestó que los supuestos funcionarios del
Gobierno que visitaron la referida Comunidad fueron informados que Rafaelito
Pérez Charles nació, fue criado y vivía hasta muy recientemente en el
Batey siete y que el Gobierno basa su alegación respecto a Rafaelito
Pérez Charles en la presunta declaración de Adolfo Encarnación, quien
ha desmentido lo aseverado por el Estado.
Adjuntó copias de las declaraciones juradas de la madre de Rafaelito
Pérez Charles, señora María Esthel Medina Matos, del Primer Alcalde
Pedeaneo de la Comunidad del Batey siete, señor Eristen González González,
y de los Segundos Alcaldes Pedeaneos de la Comunidad del Batey siete,
señores Adolfo Encarnación y Saint Foir José Louis.
b) Berson Gelim
La Comisión reiteró que
las autoridades dominicanas no mantienen un control adecuado de las
“deportaciones y expulsiones arbitrarias” que llevan a cabo, razón por
la cual Berson Gelim, entre muchas otras “víctimas de esta política”,
no aparece registrado en actas oficiales de inmigración.
Adjuntó dos declaraciones firmadas por él personalmente, la última
tomada el 26 de junio de 2000, con el fin de actualizar la petición
de medidas provisionales que “demuestran que Berson Gelim fue expulsado
arbitrariamente de la República Dominicana”.
Por último, la Comisión
solicitó a la Corte que “adopte urgentemente
las siguientes medidas provisionales”:
a.
[o]rdenar [... a]l Estado de la República Dominicana que se abstenga
de deportar o expulsar de su territorio a Rafaelito Pérez Charles;
b.
[o]rdenar [... a]l Estado de la República Dominicana que permita
el retorno inmediato a su territorio de Berson Gelim, y [que] permit[a]
que se re[ú]na con su hijo, a quien no ha visto desde que fue expulsado;
c.
[s]olicitarle al Estado de la República Dominicana que adopte
las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de Rafaelito
Pérez Charles y Berson Gelim; [y]
d.
Solicitarle al Estado de la República Dominicana que adopte cuantas
medidas sean necesarias para que Rafaelito Pérez Charles, Berson Gelim,
y las otras víctimas individualizadas puedan formular sus denuncias
y declaraciones nacional e internacionalmente sin presiones ni represalias.
18. La nota de la Secretaría de la Corte de
1º de septiembre de 2000 mediante la cual, siguiendo instrucciones del
Presidente, solicitó a la República Dominicana que enviara, con carácter
de urgencia, sus observaciones al escrito de la Comisión del 31 de agosto
de 2000 a más tardar el 12 de septiembre del mismo año.
El Estado no presentó observaciones a dicho escrito dentro del
plazo estipulado.
Considerando:
1. Que la República Dominicana es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 19 de abril de 1978 y reconoció
la competencia de la Corte, conforme al artículo 62 de la Convención,
el 25 de marzo de 1999.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención
establece que
[e]n casos de extrema gravedad y urgencia,
y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas,
la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes.
Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
podrá actuar a solicitud de la Comisión.
3. Que, en los términos del artículo 25.1
y 25.4 del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre
que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia
de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
[...]
[s]i la Corte no estuviere reunida, el presidente,
en consulta con la comisión permanente y, de ser posible, con los demás
jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte las providencias
urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales
que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.
4. Que los antecedentes presentados por la
Comisión en su solicitud y sus informes acerca de la situación actual
de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim demuestran prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia en cuanto
a los derechos a la vida, integridad personal, y circulación y residencia
de dichas personas, así como al derecho a la protección especial de
los niños en la familia, en el caso de Berson Gelim[6]. El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación
de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a esta
Corte a ordenar medidas provisionales en distintas ocasiones.[7]
5. Que el artículo 1.1 de la Convención estipula
el deber de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
6. Que es responsabilidad de la República
Dominicana adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas
que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente
en relación con quienes estén vinculados por procesos ante los órganos
de supervisión de la Convención Americana.
7. Que el caso al que se refiere la solicitud
de la Comisión no se encuentra en conocimiento de la Corte en cuanto
al fondo, y, por lo tanto, la adopción de medidas urgentes no implica
una decisión sobre el fondo de la controversia existente entre los peticionarios
y el Estado. Al adoptar medidas
urgentes, esta Presidencia está garantizando únicamente que la Corte
pueda ejercer fielmente su mandato convencional[8].
Por Tanto:
El Presidente de la Corte
Interamericana
de Derechos Humanos,
con fundamento
en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 25.4 de su
Reglamento, después de haber consultado a todos los jueces de la Corte,
Resuelve:
1. Requerir al Estado de la República Dominicana
que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger
la vida e integridad personal de Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim,
con el objeto de que puedan tener los efectos pertinentes las medidas
provisionales que en su caso resuelva ordenar la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
2. Requerir al Estado de la República Dominicana
que se abstenga de deportar o expulsar de su territorio a Rafaelito
Pérez Charles.
3. Requerir al Estado de la República Dominicana
que permita el retorno inmediato a su territorio de Berson Gelim, inclusive
para hacer posible, de este modo, que se reúna con su hijo.
4. Requerir al Estado de la República Dominicana
que, en su primer informe sobre las medidas provisionales ordenadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de agosto de 2000,
informe también sobre las medidas urgentes que haya adoptado en cumplimiento
de la presente Resolución, para ponerlo en conocimiento del Tribunal
en el próximo período de sesiones.
5. Requerir a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que presente sus observaciones al informe del Estado
de la República Dominicana dentro de un plazo de seis semanas a partir
de su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
[1] Su
verdadero nombre es Wilner Yan, según el escrito del Estado de 8 de
agosto de 2000, acompañado del Anexo de 19 julio de 2000 del Director
General de Migración de la República Dominicana, presentados al final
de la audiencia pública realizada ante la Corte Interamericana el
8 de agosto de 2000.
[2] Según el escrito
de la Comisión, la señora Andrea Alezy y los señores Janty Fils-Aime,
Berson Gelim y William Medina Ferreras fueron “expulsados” o “deportados”
de la República Dominicana y se encuentran actualmente en Haití.
[3] Según el escrito de la Comisión,
los señores Rafaelito Pérez Charles y Antonio Sension se encuentran
actualmente en la República Dominicana en constante riesgo de ser
“deportados” o “expulsados”. El
señor Benito Tide Méndez “[h]a regresado o se apresta a regresar”
a la República Dominicana, luego de haber sido “expulsado” a fines
de 1999. Sin embargo, durante la audiencia pública de 8 de agosto de 2000
la Comisión confirmó que el señor Benito Tide Méndez se encuentra
en la República Dominicana.
[4] Este
Tribunal ha seguido la misma práctica en la etapa de reparaciones
(Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art.
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27
de noviembre de 1998. Serie C No. 42; Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44).
[5] La Comisión se refirió a la Comunidad
Neyba, Batey 7.
[6]
cfr. artículos
4, 5, 22, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
respectivamente.
[7]
cfr., inter alia, Caso Tribunal Constitucional, Medidas Provisionales,
Resolución de 7 de abril de 2000;
Caso Digna Ochoa y Plácido y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie E No. 2; Caso
Cesti Hurtado, Medidas Provisionales,
Resolución de 3 de junio de 1999.
Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 27 de mayo de 1999.
Serie E No. 2; Caso Clemente Teherán y otros, Medidas Provisionales, Resolución de 19 de junio de 1998. Serie E No. 2; Caso Alvarez y otros, Medidas Provisionales, Resolución de 22 de julio de 1997. Serie E No. 2; Caso Blake, Medidas Provisionales,
Resolución de 16 de agosto de 1995.
Serie E No. 1; Caso Carpio
Nicolle, Medidas Provisionales, Resolución de 26 de julio de 1995. Serie E No. 1; Caso Carpio Nicolle, Medidas Provisionales, Resolución de 4 de junio de 1995. Serie E No. 1; Caso Caballero Delgado y Santana, Medidas Provisionales, Resolución de 7 de diciembre de 1994. Serie E No. 1 y Caso Colotenango, Medidas Provisionales, Resolución de 22 de junio de 1994. Serie E No. 1.
[8]
cfr. Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 19 de junio de 1999.
Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 11 de mayo de 1999.
Serie E No. 2; Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 22 de julio de 1998.
Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales, Resolución de 13 de julio
de 1998. Serie E No. 2; Caso
James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 29 de junio de 1998.
Serie E No. 2; y Caso James y otros, Medidas Provisionales,
Resolución de 27 de mayo de 1998.
Serie E No. 2.
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