VISTOS:
1. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) de 19 de
junio de 1998.
2. La Resolución de la Corte de 29 de enero de 1999
mediante la cual decidió
1. Requerir
al Estado de Colombia que mantenga las medidas necesarias para proteger
la vida e integridad personal de los señores Rosember Clemente Teherán,
Armando Mercado, Nilson Zurita, Edilberto Gaspar Rosario, Dorancel Ortiz,
Leovigildo Castillo, Santiago Méndez, Zoila Riondo, Saúl Lucas, José Guillermo
Carmona, Celedonio Padilla, Eudo Mejía Montalvo, Marcelino Suárez Lazaro,
Fabio Antonio Guevara, José Luis Mendoza, Misael Suárez Estrada, Ingilberto
M. Pérez, Martín Florez, Jacinto Ortíz Quintero, Juan Antonio Almanza
Pacheco, José Carpio Beltrán y Luis Felipe Álvarez Polo, a fin de evitarles
daños irreparables, en estricto cumplimiento de la obligación de respeto
y garantía de los derechos humanos que tiene contraída de acuerdo con
el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Requerir
al Estado de Colombia que investigue los hechos denunciados que dieron
origen a las presentes medidas con la finalidad de obtener resultados
eficaces que lleven a descubrir a los responsables y sancionarlos.
3. Requerir al Estado de Colombia que investigue la veracidad
de la posible vinculación de personas protegidas por las medidas provisionales
con grupos ilegales, especialmente la posible participación de los señores
Rosember Clemente Teherán (concejal), Juan Carlos Casado (alcalde) y Marcelino
Suárez (cacique) en grupos armados paramilitares.
4. Requerir al Estado
que escuche la opinión de los peticionarios y les informe sobre el avance
en la implementación de las medidas dictadas por la Corte.
5. Requerir al Estado
de Colombia que, en su próximo informe, incluya información sobre las
medidas adoptadas en relación con los puntos resolutivos de la presente
resolución.
6. Requerir al Estado
de Colombia que continúe presentando sus informes sobre las medidas provisionales
tomadas cada dos meses y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de
seis semanas a partir de su recepción.
3. El escrito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
de 10 de diciembre de 1999, en el cual solicitó a la Corte levantar las
medidas provisionales ordenadas por la Corte debido a que “ya no resulta[ba]
indicado a la luz del artículo 63(2) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”.
4. El décimo
informe del Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”)
de 14 de enero de 2000, por medio del cual aportó datos sobre la situación
de los beneficiarios de las medidas y suministró información enviada por
la Fiscalía General de la Nación acerca de
cuatro procesos que se investigan en la Unidad de Derechos Humanos
relacionadas con el presente caso. A
su vez, el Estado presentó una declaración del señor Saúl Lucas, beneficiario
de las medidas, en la que afirmó no ser víctima de amenazas y solicitó
que su nombre fuera retirado de la lista de amenazados.
5. La nota de la Secretaría de la Corte de 21 de
enero de 2000 mediante la cual requirió a la Comisión suministrar datos
que fundamentaran debidamente su solicitud (supra
3).
6. El escrito de la Comisión de 28 de enero de 2000
en el cual reiteró a la Corte su solicitud de levantamiento de las medidas
provisionales y manifestó que:
a) la solicitud
de las medidas provisionales formulada el 18 de marzo de 1998 se basó
en la denuncia sobre graves hechos de violencia sufridos por algunos miembros
de la Comunidad Indígena Zenú entre 1994 y 1998 y que forman parte del
contexto que llevó a la apertura del caso No. 11.858 ante la Comisión;
b) desde
que fueron dictadas las medidas, hace ya aproximadamente 22 meses, la
Comisión no ha logrado verificar la ocurrencia efectiva de nuevos hechos
que justifiquen el mantenimiento de las medidas otorgadas por la Corte;
y
c) los peticionarios
no han logrado mantener contacto con las personas protegidas por las medidas
y han admitido que no se encuentran en condiciones de producir la información
requerida.
7. La comunicación del Presidente de la Corte de
2 de febrero de 2000 en la que indicó a la Comisión que la situación por
ella descrita
genera[ba] preocupación en [el] Tribunal puesto que no
c[ontaba] con información fidedigna que pu[diera] determinar si la situación
de riesgo para los beneficiarios ha[bía] cesado o, si por el contrario,
persist[ía].
En la misma solicitó a la Comisión que, a fin de que la Corte tuviera
los elementos necesarios para considerar el fundamento de la solicitud
de levantamiento de medidas provisionales, informara detalladamente, una
vez que estableciera contacto con las personas protegidas, sobre el estado
de las medidas y la situación de dichas personas.
8. La nota de la Secretaría de la Corte de 2 marzo
de 2000 en la cual solicitó a la Comisión el envío de sus observaciones
al décimo informe del Estado (supra
4) y le reiteró la solicitud del Presidente de la Corte (supra 7).
9. El undécimo informe de Colombia de 15 de marzo
de 2000 por medio del cual manifestó que
[...] en relación con la investigación por el homicidio
de Carlos Arturo Solano Berna, Sergio Manuel Santero Bacilo y Dagoberto
Santero Bacilo, el 22 de diciembre [de 1999] se [había] orden[ado] la
imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en contra
de Francisco Enrique Villalba Hernández, por el delito de homicidio agravado
en concurso de hechos punibles homogéneos y tentativa de homicidio.
10. La nota de la Comisión 27 de marzo de 1999 (rectius
2000) en la que expresó que
[...] debido a las circunstancias puestas en conocimiento
de la Honorable Corte en las comunicaciones del 5 de noviembre de 1999,
10 de diciembre de 1999 y 28 de enero de 2000, la Comisión no cuenta con
la información necesaria para la preparación de observaciones al informe
del Ilustre Estado de Colombia en el caso de referencia. La Comisión ha
reiterado su solicitud de información a los peticionarios y hará llegar
las observaciones correspondientes tan pronto como cuente con la información
necesaria para proceder a formularlas.
11. El duodécimo informe del Estado de 29 de junio
de 2000 en el que señaló que el Programa de Protección de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por conducto de H&S
Comunicaciones Ltda., entregó equipos de comunicaciones para la seguridad
y protección de la Comunidad Indígena Zenú en octubre de 1998. También informó que, en mayo de 1999, el Comité
de Reglamentación y Evaluación de Riesgos solicitó a la Policía Nacional
información relacionada con las acciones adelantadas por esa entidad para
verificar el funcionamiento de dichos equipos, la cual sería transmitida
a la Corte tan pronto como fuera posible.
Finalmente, agregó que, de acuerdo con la información proporcionada
por ese Ministerio, no habían sido recibidas con posterioridad solicitudes
adicionales y concretas de protección por parte de la Comunidad Indígena
Zenú.
CONSIDERANDO:
1. Que Colombia es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 31 de julio de 1973 y que el 21 de junio de 1985 aceptó
la competencia de la Corte.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana
dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en
los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud
de la Comisión, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que, en los términos del artículo 25.1 del Reglamento
de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se
trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia
de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes,
en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el
deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades
reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
5. Que es responsabilidad del Estado adoptar medidas
de seguridad para todos los ciudadanos, compromiso que debe extremarse
aún más en relación con quienes estén involucrados en procesos tramitados
ante órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos,
destinados a determinar la violación o no de derechos contemplados en
la Convención Americana.
6. Que el Estado y la Comisión tienen la obligación de investigar e
informar a la Corte Interamericana acerca de la situación de las personas
protegidas.
7. Que ni la Comisión Interamericana ni el Estado
han presentado a la Corte razones suficientes que indiquen que la “situación de extrema gravedad y urgencia”
ha cesado, por lo que este Tribunal considera que no se justifica el levantamiento
de las medidas provisionales.
POR
TANTO:
LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones
que le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 25 de su Reglamento.
DECIDE:
1. Requerir al Estado de Colombia que mantenga todas
las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de
los señores Rosember Clemente Teherán, Armando Mercado, Nilson Zurita,
Edilberto Gaspar Rosario, Dorancel Ortiz, Leovigildo Castillo, Santiago
Méndez, Zoila Riondo, Saúl Lucas,
José Guillermo Carmona, Celedonio Padilla, Eudo Mejía Montalvo, Marcelino
Suárez Lazaro, Fabio Antonio Guevara, José Luis Mendoza, Misael Suárez
Estrada, Ingilberto M. Pérez, Martín Florez, Jacinto Ortíz Quintero, Juan
Antonio Almanza Pacheco, José Carpio Beltrán y Luis Felipe Álvarez Polo,
a fin de evitarles daños irreparables, en estricto cumplimiento de la
obligación de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene contraída
de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
2. Requerir al Estado de Colombia que continúe investigando
los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la
finalidad de obtener resultados eficaces que lleven a descubrir a los
responsables y sancionarlos.
3. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos información
detallada respecto al estado de las medidas provisionales y a la situación
de todas las personas protegidas, una vez que establezca contacto con
ellas.
4. Requerir al Estado de Colombia que continúe presentando
cada dos meses sus informes sobre las medidas provisionales tomadas, y
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones
a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Carlos Vicente
de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
