VISTOS:
1. El escrito de 3 de abril de 2000 y sus anexos,
mediante el cual la señora Delia Revoredo Marsano (en adelante “la señora
Revoredo”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), al amparo de los artículos
63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
“la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de
la Corte (en adelante “el Reglamento”), una solicitud de medidas provisionales
a su favor y de su esposo, señor Jaime Mur Campoverde, relativas al
caso del Tribunal Constitucional referente a Perú (en adelante “el Estado”),
en trámite ante la Corte. En dicho escrito, la señora Revoredo solicitó
a la Corte
a. Que en tanto se ventile el Proceso sobre la Restitución
de los Magistrados del Tribunal Constitucional, el Estado Peruano se
abstenga de hostilizar[la] directamente o de hostilizar a [su] cónyuge,
valiéndose del control y manipulación que ejerce sobre los jueces y
tribunales.
b. Que, específicamente, se suspenda el proceso judicial
instaurado en [su] contra por supuestos delitos de Apropiación Ilícita,
Estafa y Delito contra la Fe Pública ante el Décimo Quinto Juzgado Especializado
en los Delitos Comprendidos en la Resolución Administrativa No. 744-CME-PJ-Exp.
No. 1607-2000 hasta que sea resuelto el proceso de restitución a [su]
función como Magistrada Constitucional.
c. Que, se garantice a los esposos Delia Revoredo
de Mur y Jaime Mur Campoverde, su derecho a la protección judicial de
sus intereses patrimoniales, permitiendo a su empresa Corporación de
Productos Alimenticios Nacionales PYC S.A. el recurso legal para impugnar
judicialmente un laudo arbitral adverso.
2. La Resolución del Presidente de 7 de abril de
2000, en cuya parte dispositiva decidió:
1. Requerir al Estado que adopte
sin dilación cuantas medidas sean necesarias para asegurar eficazmente
la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano
de Mur, peticionaria en el caso del Tribunal
Constitucional en conocimiento de esta Corte, con el objeto de que
puedan tener los efectos pertinentes las medidas provisionales que en
su caso resuelva ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Requerir al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que informen detalladamente, a más tardar el 25 de abril de 2000, sobre
la situación de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur, con el objeto
de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos oportunamente al
respecto.
3. Requerir al Estado que presente a la Corte, a más tardar el 25 de abril
de 2000, un informe sobre las medidas tomadas en virtud del punto resolutivo
1 de la presente resolución, para ponerlo en conocimiento del Tribunal
en el próximo período de sesiones, y que continúe informando sobre las
mismas cada seis semanas.
4. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente
sus observaciones sobre los informes suministrados por el Estado, dentro
de los treinta días siguientes a su notificación.
3. La Resolución de la Corte de 14 de agosto de 2000
mediante la cual decidió:
1.
Ratificar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 7 de abril de 2000, en todos sus términos, y, por
consiguiente, requerir al Estado que adopte las medidas necesarias para
proteger la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo
Marsano de Mur, a fin de evitarle daños irreparables.
2. Requerir al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que informen detalladamente, a más tardar el 14 de septiembre de 2000,
sobre la situación de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur y, en
lo referente al Estado, que informe además sobre las medidas adoptadas
para su protección, tal y como lo debió haber hecho el 25 de abril de
2000, de conformidad con la resolución del Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 7 de abril de 2000.
3. Requerir al Estado que investigue los actos que dieron lugar a la adopción
de las presentes medidas provisionales y que sancione a los responsables.
[...]
4. La Sentencia sobre este caso dictada por la Corte
el 31 de enero de 2001.
5. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión”) de 2 de febrero de 2001, en el cual
manifestó que “si bien [...] se ha producido un cambio de política en
el país, las medidas cautelares correspondientes a los procesos judiciales
iniciados en contra de la Dra. Delia Revoredo de Mur, aún no han concluido,
razón por la cual dichas medidas resulta importante mantenerlas a la
fecha”.
6. El escrito del Estado de 27 de febrero de 2001
en el que indicó que ha realizado las acciones necesarias para cumplir
con la Sentencia de 31 de enero de 2001 y con las medidas provisionales
adoptadas por la Corte el 14 de agosto de 2000. Asimismo, señaló que ha tomado medidas para erradicar la manipulación
política en el Poder Judicial, lo cual ha creado las “condiciones favorables
para la resolución de los procesos que actualmente se tramitan” ante
dicho poder. Por otro lado, manifestó
que el 17 de noviembre de 2000 el Congreso del Perú restituyó a los
señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano
en sus puestos como magistrados del Tribunal Constitucional y el 26
de febrero de 2001 se sostuvo una reunión con esta última con el propósito
de coordinar el cumplimiento de la Sentencia sobre el fondo.
Por lo dicho, y en consideración de que no subsiste el supuesto
de extrema gravedad y urgencia, concluyó que “actualmente no existe
ninguna amenaza contra la integridad de la señora Revoredo” y solicitó
la suspensión de las medidas provisionales en el presente caso.
CONSIDERANDO:
1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana
desde el 28 de julio 1978 y reconoció la competencia de la Corte el
21 de enero de 1981, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana
dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá,
en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento, tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes.
3. Que las medidas provisionales tienen un carácter
excepcional, motivo por el cual son dictadas en función de las necesidades
de protección y, una vez dictadas, deben mantenerse siempre y cuando
subsistan los requisitos básicos mencionados en el considerando anterior.
4. Que los cambios suscitados en el Perú y los desarrollos
acaecidos en el caso del Tribunal Constitucional, en particular la reincorporación
de la señora Revoredo como magistrada del Tribunal Constitucional, llevan
a concluir a este Tribunal que no existen circunstancias de “extrema
gravedad y urgencia” y la probabilidad de daño irreparable requeridos
por el artículo 63.2 de la Convención y que, por lo tanto, han terminado
las razones que motivaron a que esta Corte dictara medidas provisionales
en el presente caso. Las manifestaciones de la Comisión Interamericana
(supra Vistos 5) en el sentido
de que aún existen procesos judiciales pendientes no tienen relación
con el objeto de las medidas provisionales aprobadas por la Corte el
14 de agosto de 2000 en su punto resolutivo 1 y además no constituyen
circunstancias de extrema gravedad y urgencia que ameriten el mantenimiento
de las actuales medidas provisionales.
POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones que
le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 25 de su Reglamento,
RESUELVE:
1. Levantar las medidas provisionales ordenadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución de 14 de
agosto de 2000 a favor de Delia Revoredo Marsano.
2. Comunicar la presente Resolución al Estado del
Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Archivar el expediente.
Antônio
A. Cançado Trindade
Presidente
Máximo
Pacheco Gómez Hernán Salgado Pesantes
Alirio
Abreu Burelli Sergio García Ramírez
Carlos
V. de Roux Rengifo
Manuel
E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio
A. Cançado Trindade
Presidente
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
