VISTOS:
1. El escrito de 3 de abril de 2000 y sus
anexos, mediante el cual la señora Delia Revoredo Marsano de Mur (en
adelante “la señora Revoredo”) sometió a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”),
al amparo de los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”)
y 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), una
solicitud de medidas provisionales a su favor y de su esposo, señor
Jaime Mur Campoverde, relativas al caso del Tribunal Constitucional
referente a Perú (en adelante “el Estado”), en trámite ante la Corte.
En dicho escrito, la señora Revoredo solicitó a la Corte
a. Que en tanto se
ventile el Proceso sobre la Restitución de los Magistrados del Tribunal
Constitucional, el Estado Peruano se abstenga de hostilizar[la] directamente
o de hostilizar a [su] cónyuge, valiéndose del control y manipulación
que ejerce sobre los jueces y tribunales.
b. Que, específicamente,
se suspenda el proceso judicial instaurado en [su] contra por supuestos
delitos de Apropiación Ilícita, Estafa y Delito contra la Fe Pública
ante el Décimo Quinto Juzgado Especializado en los Delitos Comprendidos
en la Resolución Administrativa No. 744-CME-PJ -Exp. No. 1607-2000
hasta que sea resuelto el proceso de restitución a mi función como
Magistrada Constitucional.
c. Que,
se garantice a los esposos Delia Revoredo de Mur y Jaime Mur Campoverde,
su derecho a la protección judicial de sus intereses patrimoniales,
permitiendo a su empresa Corporación de Productos Alimenticios Nacionales
PYC S.A. el recurso legal para impugnar judicialmente un laudo arbitral
adverso.
2. Los argumentos en los cuales la señora
Revoredo fundamentó la solicitud de medidas provisionales son los
siguientes:
a. Que durante el proceso que conoció como
miembro del Tribunal Constitucional de su país, en el cual se examinó
la acción de inconstitucionalidad respecto de una ley “interpretativa”
de la Constitución Política del Estado que permitía al actual Presidente
del Perú postularse para un tercer período presidencial consecutivo,
tres de los siete magistrados actuantes, que sostuvieron la inconstitucionalidad
de aquélla “ley interpretativa”, fueron destituidos y sufrieron “todo
tipo de presiones: ofertas, amenazas, hostigamientos”.
b. Que, por lo que a ella respecta, como
al no poder ser procesada ni condenada, en razón de su inmunidad constitucional,
los ataques se centraron en su marido, reabriéndose un proceso que
ya se había archivado por un supuesto contrabando de un vehículo.
Dentro de este período, ella y su marido sufrieron ataques contra
sus bienes e interceptación telefónica, además de actos de injerencia
en la actividad empresarial de su marido.
c. Que luego de su destitución como Magistrada
del Tribunal Constitucional fue designada como Decana del Colegio
de Abogados de Lima y Presidenta de la Junta de Decanos de los Colegios
de Abogados del Perú y encargada por entidades de la sociedad civil
para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos por la injerencia del Poder Ejecutivo en las funciones constitucionales
de otros órganos del Estado. A
consecuencia de ello, fue informada de que su marido iba a ser condenado
“y que se haría efectiva su detención”, razón por la cual salieron
al exilio.
d. Que luego de declaraciones del Presidente
del Perú refiriéndose negativamente a la honorabilidad de los esposos
Mur, éstos decidieron renunciar al asilo y regresar al Perú.
e. Que a raíz de un reciente pronunciamiento
público firmado por ella con diversos ciudadanos a fin de constituir
un Frente en Defensa de la Democracia, se han dado los siguientes
hechos: se reactivó un proceso penal por el cual se pretende impedirle
salir del país, se le exige el pago de una caución de 20.000 soles
y se pide a los registros públicos una lista de sus bienes con fines
de embargo; y una sociedad comercial de su marido fue vencida en un
proceso arbitral y tanto éste como el resto de los recursos de impugnación
presentados fueron tramitados irregularmente con el fin de perjudicarlos.
f. Que todas las anteriores actuaciones
contra ella tendrían el doble objeto de, por una parte, privarla de
su libertad y de sus bienes y, por otra, impedirle su restitución
al Tribunal Constitucional por estar legalmente impedida.
g. Que el Gobierno utiliza problemas de índole
familiar o societaria para, a través de jueces o fiscales, imponer
sanciones judiciales arbitrarias que amenazan el honor y la libertad
de las personas involucradas.
3. La resolución del Presidente de 7 de abril
de 2000, en cuya parte considerativa señaló
4. Que,
de [las] disposiciones [de los artículos 63.2 de la Convención Americana
y 25.1 y 25.4 del Reglamento de la Corte], resulta claro que la Corte,
o, en su caso, su Presidente, puede actuar de oficio en casos de extrema
gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
La Corte ya lo ha hecho anteriormente (Resolución de 15 de enero de
1988, Medidas Provisionales en los casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís
Corrales, y Godínez Cruz, considerandos cuarto y quinto). Al no
estar la Corte en sesión, su Presidente tiene la facultad de adoptar
medidas urgentes, de oficio, en tales casos de extrema gravedad y
urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
[...]
5. Que el artículo
1.1 de la Convención señala el deber que tienen los Estados Partes
de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
[...]
7. Que los antecedentes
presentados en este caso revelan prima facie una amenaza a la integridad de la señora Revoredo. El
estándar de apreciación prima
facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades
de protección, han llevado a esta Corte a ordenar medidas provisionales
en distintas ocasiones (cfr.,
inter alia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso
Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando quinto; Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de junio de 1999,
Medidas Provisionales en el caso Cesti Hurtado, considerando cuarto;
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de
mayo de 1999, Medidas Provisionales en el
caso James y Otros, considerando octavo; Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998, Medidas
Provisionales en el caso Clemente Teherán y otros, considerando
quinto; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 22 de julio de 1997, Medidas Provisionales en el caso Álvarez y Otros, considerando quinto;
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 16 de agosto de 1995, Medidas Provisionales en el caso Blake, considerando cuarto; Resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26
de julio de 1995, Medidas Provisionales en el caso Carpio Nicolle, considerando cuarto; Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de junio de 1995,
Medidas Provisionales en el caso
Carpio Nicolle, considerando quinto; Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 1994, Medidas Provisionales
en el caso Caballero Delgado y Santana, considerando tercero; y Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de junio de 1994,
Medidas Provisionales en el caso
Colotenango, considerando quinto).
9. Que, en este particular,
como ya ha afirmado esta Corte, “es responsabilidad del Estado adoptar
medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén
sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente en
relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos
de supervisión de la Convención Americana” (cfr.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de
noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso
Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando séptimo).
10. Que
el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos
nacionales (derecho procesal interno) en general, es preservar los
derechos de las partes en controversia, asegurando que la futura sentencia
de fondo no sea perjudicada por las acciones de ellas pendente
lite.
11. Que
el propósito de las medidas provisionales, en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, va más allá, por cuanto, además de su carácter
esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales,
en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.
[...]
13. Que,
de acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento, el Presidente de la
Corte está facultado únicamente para dictar medidas urgentes necesarias
a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales que pueda
adoptar la Corte en su próximo período de sesiones (cfr.
inter alia, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 10 de febrero de 1998 en el caso
Paniagua Morales y otros y Vásquez y otros; y Resolución del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 1997,
Medidas Provisionales en el caso
Cesti Hurtado).
Y en cuya
parte dispositiva decidió
1. Requerir al Estado
que adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para asegurar
eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia
Revoredo Marsano de Mur, peticionaria en el caso del Tribunal
Constitucional en conocimiento de esta Corte, con el objeto de
que puedan tener los efectos pertinentes las medidas provisionales
que en su caso resuelva ordenar la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
2. Requerir al Estado
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informen detalladamente,
a más tardar el 25 de abril de 2000, sobre la situación de la señora
Delia Revoredo Marsano de Mur, con el objeto de que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos decida oportunamente al respecto.
3. Requerir al Estado
que presente a la Corte, a más tardar el 25 de abril de 2000, un informe
sobre las medidas tomadas en virtud del punto resolutivo 1 de la presente
resolución, para ponerlo en conocimiento del Tribunal en el próximo
período de sesiones, y que continúe informando sobre las mismas cada
seis semanas.
4. Requerir
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus
observaciones sobre los informes suministrados por el Estado, dentro
de los treinta días siguientes a su notificación.
4. El escrito de la Comisión de 20 de abril
de 2000, mediante el cual solicitó a la Corte que “[r]atifique las
medidas [urgentes] dictadas por el Presidente de la Corte el 7 de
abril de 2000 en favor de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur”.
5. La no presentación por parte del Estado,
ni dentro del plazo otorgado ni con posterioridad a éste, de los informes
requeridos en los puntos resolutivos 2 y 3 de la resolución del Presidente
de la Corte de 7 de abril de 2000.
CONSIDERANDO:
1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención
Americana desde el 28 de julio
de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención
Americana dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”,
la Corte podrá, en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento,
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
3. Que, en los términos del artículo 25.1
del Reglamento de la Corte,
[e]n cualquier estado del procedimiento, siempre que se
trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario
para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio
o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que
considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
4. Que el artículo 1.1 de la Convención señala
el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y
libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
5. Que la resolución del Presidente de 7
de abril de 2000 fue adoptada conforme a derecho y ajustada al mérito
de los hechos y circunstancias que justificaron la adopción de medidas
urgentes y que esta Corte la ratifica en todos sus términos.
6. Que la Comisión ha pedido a este Tribunal
mantener las medidas provisionales en el presente caso, por cuanto
“[l]a extrema gravedad y urgencia de la situación, ha quedado de manifiesto
en el relato de los hechos”.
7. Que la solicitud de medidas provisionales
está relacionada con el caso del Tribunal Constitucional, en trámite ante la Corte.
9. Que la Corte ha establecido que es responsabilidad
del Estado “adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las
personas que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna
aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos
ante los órganos de supervisión de la Convención Americana”.
10. Que esta Corte ya ha hecho notar a algunos
Estados las omisiones en que han incurrido respecto a su obligación
de adoptar providencias atinentes a las medidas provisionales ordenadas
por el Tribunal.
11. Que el Estado ha omitido presentar, hasta
la fecha, el informe urgente que le fuere requerido por la Resolución
del Presidente de 7 de abril de 2000, tanto sobre las medidas adoptadas
para asegurar eficazmente la integridad física, psíquica y moral de
la señora Delia Revoredo Marsano de Mur como sobre la situación de
ésta.
12. Que el incumplimiento por parte del Estado
es especialmente grave dada la naturaleza jurídica de las medidas
provisionales, que buscan la prevención de daños irreparables a las
personas en situación de extrema gravedad y urgencia.
13. Que, tal y como lo ha señalado este Tribunal,
“[l]os Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento
de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos
derechos internos.
14. Que la disposición establecida en el artículo
63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción,
por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene este
Tribunal, ya que “el principio básico del derecho de la responsabilidad
del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, [ha señalado
que] los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de
buena fe (pacta sunt servanda)”.
15. Que, asimismo, el Estado tiene la obligación
de investigar los hechos que motivan esta solicitud de medidas provisionales
con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones
pertinentes.
POR
TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de
las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 25 de su Reglamento,
RESUELVE:
1. Ratificar la resolución
del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7
de abril de 2000, en todos sus términos, y, por consiguiente, requerir
al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger la integridad
física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur,
a fin de evitarle daños irreparables.
2. Requerir al Estado y a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que informen detalladamente, a más tardar el 14
de septiembre de 2000, sobre la situación de la señora Delia Revoredo
Marsano de Mur y, en lo referente al Estado, que informe además sobre
las medidas adoptadas para su protección, tal y como lo debió haber
hecho el 25 de abril de 2000, de conformidad con la resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de
abril de 2000.
3. Requerir al Estado que investigue los actos
que dieron lugar a la adopción
de las presentes medidas provisionales y que sancione a los responsables.
4. Requerir al Estado que, a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, presente informes sobre
las medidas provisionales adoptadas en el presente caso cada dos meses.
5. Requerir a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que remita a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sus observaciones sobre dichos informes del Estado, en un
plazo no mayor de seis semanas contadas desde su recepción.
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco
Gómez
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García
Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A.
Cançado Trindade
Presidente
Manuel E.
Ventura Robles
Secretario
